RLCS, Revista Latina de Comunicación Social
Revista Latina

[ Investigación ] [ financiada ]

| Forma de citar | Proceso editorial_Open Peer Review | agenda | metadatos | pdf | Presentación dinámica issuu | cc | Referencias | doi10.4185/RLCS-2012-960 |
ISSN 1138-5820 | RLCS # 67 | 2012 | b | epub | mobi
| htmlz + lit + lrf + pdb + pmlz + rb + snb + tcr + txtz |

Presunción de inocencia y deontología periodística: el ‘caso Aitana’

Presumption of innocence and journalistic ethics:
the ‘Aitana case’

Dr. Carlos Maciá-Barber [C.V.]. Profesor Titular de Periodismo, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) carlos.macia@uc3m.es

María-Ángeles Galván-Arias [C.V.]. Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo), Universidad CEU San Pablo (USP-CEU) marigelgalvan@gmail.com

Resumen: El 26 de noviembre de 2009, Aitana, de 3 años, fallecía en Arona (Tenerife). Las causas de su muerte apuntaban, según el informe médico, a la existencia de diversos politraumatismos causados por malos tratos, junto con lesiones vaginales y anales. Diego Pastrana, compañero sentimental de la madre, fue detenido. Explicó ante la Guardia Civil que las heridas eran fruto de un accidente en un parque infantil días antes. Una nota de prensa oficial anunciaba la imputación del joven. Los juicios paralelos mediáticos arrancaron de inmediato. Diego apareció esposado mientras la clase periodística repudiaba los hechos y condenaba al acusado. No faltaron altisonantes declaraciones de repulsa entre las autoridades públicas canarias. Con posterioridad, la autopsia descartó las presuntas –y erróneas– causas del fallecimiento. Diego, víctima de una depresión, fue hospitalizado. Días después, abandonó Canarias. En algún diario, los menos, se realizó examen de conciencia; algunos periodistas se disculparon; poco más. Tanto la perspectiva jurídica como la deontología periodística coinciden al trazar el obligado proceder en la cobertura informativa de esta clase de noticias. Preocupa la facilidad con que un reportero puede sesgar la realidad. Este estudio de caso en diarios españoles permite detectar posibles y probables fallas informativas desde múltiples perspectivas: uso impropio de los géneros periodísticos, insuficiente contraste de las fuentes informativas, estilo impreciso, tono y titulación sensacionalistas, disfunciones en la estructura del mensaje y empleo inadecuado de las imágenes.

Palabras clave: deontología periodística; ética; noticia; presunción de inocencia; prensa; España.

Abstract: On 26 November 2009, a 3–year old girl, Aitana, died in Arona, Tenerife. The cause of her death according to the medical report pointed towards the existence of various polytraumas caused by physical abuse, together with vaginal and anal injuries. Diego Pastrana, the mother’s partner, was arrested. He told the Guardia Civil officers that the injuries were the result of an accident in a children’s playground a few days before. An official press release announced that he had had been charged. Simultaneous trials –the real trial and the trial by media– began immediately. As Diego appeared in handcuffs, journalists en masse clamoured to deplore the events and condemn the accused. The public authorities of the Canary Islands also added their own high-sounding declarations of disgust. Four days later, the autopsy ruled out the presumed –and erroneous– cause of death. Diego, who suffers from depression, was admitted to hospital. He left the Canary Islands some days later. Some members of the media, the minority, turned the microscope on their own behaviour; a few journalists apologised. That was about the extent of it. The law and journalistic ethics agree in their view of how news coverage of this type of story must be approached. Yet the ease with which a reporter can distort reality is a serious cause for concern. This case–study in Spanish newspapers will thus enable us to identify potential and probable failures in news reporting from multiple perspectives: improper use of journalistic categories (news, opinion and interpretation), insufficient checking of news sources, imprecise style, tone and sensationalist headings, flaws in structuring the message and inadequate used of images.

Keywords: journalistic ethics; news; presumption of innocence; media; Spain.

Sumario: 1. Cronología del ‘caso Aitana’: el devenir de los hechos. 2. Objetivo. 3. Hipótesis. 4. Marco teórico. 4.1. La perspectiva legal: se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. 4.2. Los códigos deontológicos periodísticos condenan los juicios paralelos. 5. Metodología. 5.1. Selección de la muestra. 5.2. Tratamiento de los datos. 6. Trabajo empírico. 6.1. Dispar recurso a los géneros periodísticos. 6.2. Insuficiente contraste con las fuentes informativas. 6.3. Indebido empleo de las imágenes. 6.4. Recursos estilísticos del lenguaje incorrectos. 6.5. La autocrítica periodística: el reconocimiento de culpa. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía. 9. Notas.

Summary: 1. Chronology of the Aitana case: the course of events. 2. Objective. 3. Hypothesis. 4. Theoretical framework. 4.1. The legal perspective: a person is innocent until proven guilty. 4.2. Journalistic codes of ethics condemn parallel trials. 5. Methodology. 5.1. Selection of the sample. 5.2. Treatment of the data. 6. Empirical study. 6.1. Inconsistent use of journalistic categories. 6.2. Insufficient checking of news sources. 6.3. Improper use of images. 6.4. Inappropriate style and choice of language. 6.5. Journalistic self–criticism: accepting blame. 7. Conclusions. 8. Bibliography. 9. Notes.

Traducción realizada por Fiona Robb (traductora de inglés)

 

1. Cronología del ‘caso Aitana’: el devenir de los hechos

La tarde del 21 de noviembre de 2009, Aitana, de 3 años, sufrió un accidente en un parque infantil de Arona, al sur de Tenerife, mientras estaba al cuidado de Diego Pastrana, 24 años, albañil en paro, pareja sentimental de la madre, Belén García [1] (Cuadro 1). En el centro de salud de El Mojón, al que acudió junto con su cuñada Natalia para que atendieran a la pequeña en urgencias, el facultativo apreció un leve traumatismo nasal. Durante las próximas 72 horas la niña desarrollaría su vida habitual, aunque su rostro amoratado suscitara la lógica preocupación familiar

El día 24, tras abandonar el colegio, Aitana dio muestras de cansancio, sufrió varios vómitos y un desvanecimiento. Sobre las 22:00 horas, Diego la trasladó de nuevo al mismo centro médico. El doctor que la reconoció apreció signos de maltrato (traumatismos, quemaduras) y de abusos sexuales (desgarros anales y vaginales). Tras una parada cardiorrespiratoria, dada la gravedad del estado de la menor, se la trasladó de urgencia al Hospital de La Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), donde quedó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Conforme al protocolo de actuación ante casos de malos tratos, los facultativos dieron parte a la Policía.

Diego fue detenido por la Policía Judicial de la Guardia Civil y se le trasladó al cuartel de Playa de las Américas. Durante el preceptivo interrogatorio alegó que las heridas se debían a una caída de un columpio, versión corroborada por la madre y por una profesora de la niña, que la oyeron por boca de la propia Aitana. Diego ratificó íntegramente su testimonio en su declaración judicial.

Un primer informe médico descartó, de entrada, los abusos sexuales, aunque el dictamen de los cuatro doctores que atendieron a la niña persistía en que los hematomas, erosiones y edema cerebral tenían origen en un episodio de maltrato. Los días 25 y 26 la salud de Aitana se agravó y falleció tras no remontar una cuarta parada cardiorrespiratoria. El 27, Diego pasó a disposición judicial, acusado de homicidio y malos tratos.

El 28, la autopsia practicada al cadáver en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife descartó todos los indicios y desbarató todas las acusaciones: el estudio indicaba que las erosiones “no tienen las características esperadas de una quemadura y podrían deberse a un cuadro alérgico (por ejemplo, una crema)”. Tampoco se apreciaban “lesiones traumáticas a nivel genital ni anal, sugestivas de agresión sexual”. En conclusión, como recogía el auto de libertad provisional sin fianza y señalaba el informe forense, las lesiones apreciadas eran “enteramente compatibles con haberse producido por una caída presumiblemente accidental, de una antigüedad aproximada de unos 5-6 días”.

Cuadro 1. Secuencia cronológica del ‘caso Aitana’

t1
Fuente: elaboración propia

Diego quedó, por tanto, en libertad sin cargos. El 30 se le hospitalizó por depresión en la unidad de psiquiatría del hospital Nuestra Señora de la Candelaria. No acudió al entierro de la pequeña el 1 de diciembre en Parla (Madrid) y 48 horas después su familia anunció que el joven abandonaba la isla, agobiado por el acoso mediático.

2. Objetivo

El histórico ‘caso Alcásser’ conmocionó a la sociedad española en 1992 y mostró a las claras a la ciudadanía los excesos en que ciertos medios de comunicación, en especial audiovisuales (Arnau, 1998), incurrían en su presunto afán informativo (Consejo Audiovisual de Cataluña, 1997; Enguix, 2001: 51–68; Izaguirre, 2001: 93–104). Un descamino reiterado en los últimos tiempos en no pocas prácticas y mensajes periodísticos difundidos en prensa, radio, televisión y medios digitales sobre recientes muertes de menores (‘caso Mari Luz’, ‘caso Marta del Castillo’) o episodios de presuntos abusos sexuales (‘caso Arregui’, ‘caso Kárate’).

Es corriente —y una destacada disfunción— la creación de un mero efecto de realidad, hondamente peligroso: una precipitada versión de los medios, apenas contrastada ni verificada, que anida en los públicos de manera que resulta difícil o imposible cambiarla con posterioridad, cuando aparezcan nuevos y más fiables datos (Herrero, 2003: 87).

Ante ciertas coberturas periodísticas sobre los procesos judiciales o en torno a trágicos sucesos con relevancia penal, la opinión pública se cuestiona: ¿Se respeta la presunción de inocencia por el colectivo periodístico? ¿Cómo valoran los propios reporteros su actuación en este delicado ámbito? ¿Dónde se encuentra el límite de los denominados juicios paralelos que ofician los medios? ¿Cómo puede repararse una intromisión innecesaria en los derechos de los perjudicados?

El análisis detenido del ‘caso Aitana’, apenas abordado en la literatura científica (Rodríguez-Borges, 2010), que contempla la vertiente legal, deontológica y profesional de esta clase de coberturas informativas, iluminará el oscuro proceder periodístico en análogas situaciones.

Nuestro principal objetivo es tratar de delimitar y precisar las bondades y deficiencias del quehacer informativo de un segmento representativo de la prensa española sobre un caso paradigmático. Para alcanzar este propósito, se constituyen como fines secundarios:

    a) El estudio del respeto de la naturaleza y el propósito de los diversos géneros periodísticos por los reporteros.

    b) El análisis de la presencia y carácter de las fuentes informativas en los mensajes periodísticos en los diarios que se consideran.

    c) La investigación de las imágenes y los recursos fotoperiodísticos (presencia, empleo, encuadre, edición, retórica…).

    d) El examen de la composición de la titulación de las piezas periodísticas que integran la muestra de campo.

3. Hipótesis

En relación con el caso de estudio, existen suficientes indicios que apuntan con claridad a la comisión generalizada de un desvarío periodístico en significadas cabeceras de la prensa española de información general, así como en los principales periódicos gratuitos. No obstante, en aras de la probidad intelectual y la debida equidad en el juicio, conviene, además de contrastar la información que fundamente y confirme nuestra presunción principal, matizar y precisar la actuación de cada medio en particular. La hipótesis general se sustenta en las siguientes seis conjeturas puntuales (H):

H1: Presencia de juicios paralelos en la mayoría de los rotativos analizados.
H2: Irregular e inadecuado empleo del calificativo “presunto” en referencia al sospechoso.
H3: Aparición indebida de juicios de valor del reportero en géneros informativos e interpretativos (noticia, crónica, reportaje).
H4: Especulación infundada sobre hechos de la realidad. Deficiente contraste informativo.
H5: Difusión de fotografías que violan derechos fundamentales o normas deontológicas del periodismo.
H6: Escasas rectificaciones, correcciones y disculpas por los errores y deficiencias de la cobertura informativa consumada en los diferentes diarios.

4. Marco teórico

4.1.  La perspectiva legal: se es inocente hasta que se demuestre lo contrario

María-Luisa Cava-de-Llano (2009: 23), actual Defensora del Pueblo en funciones, escribió con tino a raíz del ‘caso Aitana’:

“En las democracias consolidadas tendemos a pensar que los derechos son un regalo que no hay que ganar cada día. Tendemos a pensar que siempre se han tenido, que no hubo que luchar por ellos; y que no hay que luchar ahora para preservarlos y garantizarlos en todo momento. Y, sin embargo, durante siglos, bastaba el dedo acusador de un instante para que la suerte de una persona estuviera echada”

En efecto, durante el Antiguo Régimen primó una perspectiva ética que buscaba mover al juez a la misericordia frente al rigor y la severidad imperantes en la época. Regía por entonces un sistema que contemplaba la semiculpabilidad del acusado, circunstancia que, unida a la desigualdad social reinante en y ante la ley, apenas posibilitaba aplicar el principio in dubio pro reo, pues ante la incertidumbre podía condenarse a una pena arbitraria. Estimado principio general del derecho, éste se considera consecuencia indudable del principio nulla poena sine crimine, nullum crimen sine culpa (no hay pena sin delito, ni delito sin culpa), esto es, la exigencia de que la condena vaya precedida de la certidumbre de la culpa, pues la duda en el ánimo del juzgador debe conducir a la absolución (Tomás-y-Valiente, 1987: 9−17).

Pese al humanitarismo de la Ilustración, no aparecerá la presunción de inocencia hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789. Y en España, hasta la Constitución de 1978 (art. 24.2), cuando se convierta en derecho fundamental de rango constitucional que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata [2]. La presunción de inocencia constituye un derecho público subjetivo de todo individuo, un elemento esencial de un ordenamiento objetivo de la comunidad en cuanto ésta se configure como marco de una convivencia humana, justa y pacífica (STC 25/1981, Fund. Jur. 5º) (Bravo, 2009: 33).

Sentenció ya el jurisconsulto romano Ulpiano que es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar a un inocente (satius est impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari): toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad se declare legalmente mediante sentencia firme de un juez, como establecen el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) (art. 6.2) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 48).

En definitiva, debe tratarse al acusado como si no hubiera cometido ninguna ilegalidad hasta que el Estado, a través de las autoridades responsables del ejercicio de la acción penal, aporte pruebas suficientes para que un tribunal independiente e imparcial lo declare culpable (Comisión de las Comunidades Europeas, 2006: 5; STC 157/1995, Fund. Jur. 2º). No obstante, las autoridades pueden informar públicamente de las investigaciones y expresar sospechas de culpabilidad (Krause contra Suiza, nº 7986/77, 13DR 73, 1978), siempre que la conjetura no sea una declaración de condena del acusado (Allenet de Ribemont contra Francia A 308, 1995, 37, 41) y se manifieste con discreción y prudencia.

El Tribunal Constitucional (TC), en su exigencia de veracidad informativa, señala la presunción de inocencia como un criterio que se considera para verificar la diligencia del periodista en el debido contraste de los hechos que se difunden (STC 219/1992). También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exige que los periodistas respeten el derecho del acusado a ser considerado presunto inocente (Dun Roy y Malaurie contra Francia, sentencia de 3 de octubre de 2000).

Semántica y jurídicamente no hay lugar para el presunto delincuente (Barata, 2009: 223−224). Por lo que resulta inadmisible calificar de delincuente a una persona en el momento de su detención. Gabriela Bravo, vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, a raíz del ‘caso Aitana’ (2009: 33), defendió como reiterada la “presunción de culpabilidad”, pues nunca se habla de un presunto inocente. Con el agravante, lamentaba, de que con la exhibición pública e impúdica de quien se condenó sin pruebas, la sociedad cree ciudadanos “de primera clase” y “de segunda”, en función del carácter de los hechos: solo para unos se pide respeto a su honor e imagen (por ejemplo, políticos encausados en casos de corrupción). Discriminación improcedente, salvo que el TC “consagre la ciudadanía de varias velocidades, claro”, ironizaba De-la-Serna, adjunto para relaciones internacionales de El Mundo, en un sentido artículo autocrítico (2009: 53).

Sería el ‘caso Aitana’, pues, una de esas “detenciones espectáculo” en que se exhibe al detenido engrilletado para que la sociedad lo juzgue y se desacredite ante su entorno familiar y social (Cava-de-Llano, 2009: 23). Escenas que socaban la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prescribe que, tanto la detención como la prisión provisional, deben practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio (art. 520.1).

La conclusión es clara, como sintetiza el jurista Alberto Jabonero (2009: 29): culpabilizar de inmediato a quien únicamente es detenido con indicios más o menos sólidos, implica, “además de una osadía que puede truncar la vida del afectado, la banalización del proceso penal y denota, en el fondo, la falta de verdadera convicción sobre los beneficios de respetar la presunción de inocencia”. El ‘caso Aitana’, con razón, devendría, pues, en nocivo paradigma.

4.2.  Los códigos deontológicos periodísticos condenan los juicios paralelos

Por juicio paralelo entendemos, siguiendo a Espín (1990),un conjunto de informaciones sobre un asunto sub iudice aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los medios de comunicación, mediante las que se efectúa una valoración sobre la regularidad legal y ética del comportamiento de personas implicadas en hechos sometidos a investigación judicial. Tal apreciación se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso. Pasado un tiempo, en el que han ido difundiéndose informaciones sobre los hechos acompañados de juicios de valor más o menos explícitos, editoriales y contribuciones de colaboradores, los afectados parecen ante la ciudadanía, o al menos ante un segmento de ella, como inocentes o culpables.

Sentencia Jiménez-de-Parga (2009: 3) que, además de no tener cabida en el Estado de Derecho, son irreparables los daños que se cometen con los juicios paralelos que culminan con un veredicto popular. No existiría tal cuando la investigación periodística descubre asuntos y situaciones ilegales que acaban con posterioridad en los tribunales, pues en tal caso los medios cumplen su función constitucional (Barrero, 2001: 173).

La normativa ética y los códigos deontológicos periodísticos abordan de modo sistemático el ámbito de la presunción de inocencia (Maciá, 2010: 111–128). Se exige al periodista respeto a este derecho fundamental tanto en las informaciones que difunde como en las opiniones que vierte [3] en relación a causas o procedimientos penales en curso [4]. De ahí que no haya que considerar a nadie autor de un delito mientras los tribunales no se pronuncien mediante sentencia firme de un juez al respecto, “porque el periodista cuenta una historia, no dicta sentencias” [5].

El respeto de la presunción de inocencia es un principio que el reportero y los medios deben observar con rigor [6], escrupulosamente [7] y de modo fehaciente [8], sin excepción [9]. Se persigue evitar al máximo el daño derivado del incumplimiento de su deber informativo. De ahí la importancia de que no se conculque en las diferentes situaciones en que una persona inculpada pueda encontrarse de modo sucesivo: detención, paso a disposición judicial, decisión judicial sobre la procedencia de encausar, vista oral y sentencia (cuando es absolutoria) [10]. Por consiguiente, resulta inexcusable una especial caución cuando se practican las primeras diligencias de investigación, pues no es extraordinario, como sucedió en el ‘caso Aitana’, que existan meras sospechas o indicios que no se ratifiquen con posterioridad (Orenes, 2009).

A tal fin, entre las premisas que se arbitran figura la de suprimir la identificación de familiares y amigos de personas acusadas o condenadas por un delito, salvo que su mención sea necesaria para que la información resulte completa y equitativa [11]. En la medida de lo posible, se apunta, siempre hay que evitar toda consecuencia dañosa para un detenido, encausado, acusado, su familia o las personas de su entorno, cualquiera que sea el tratamiento informativo [12]. Lo que implicaría omitir nombres, domicilios, ocupaciones o cualquier detalle identificativo.

La terminología puede ser determinante así como notoria la variabilidad de las denominaciones a las que se acude. A los detenidos deberá aplicárseles la fórmula de acusado, procesado o presunto autor de los hechos [13]; o las desupuesto, probable, posible o hipotético [14]; o “presunto culpable” y “sospechoso”[15].

Se aceptan, en algún caso, como salvedades al principio, el que sea público y notorio la autoría del delito o que el propio inculpado se haya declarado autor del mismo [16]; pero existen discrepancias [17], dado que confundir verosimilitud con verdad es un desliz capital.

No faltan códigos que, con mayor o menor acierto, propugnan evitar la difusión de fotografías de los afectados por el perjuicio que puede causarse a su imagen [18] al dificultar su reinserción social; ni siquiera en el caso de presuntos terroristas [19].

La normativa explicita la premisa de no caer en la dinámica de los juicios paralelos y evitar que la información que se difunde se convierta en una toma de postura a favor o en contra de las personas juzgadas [20].

La libertad con que se informa sobre los comportamientos irregulares o delictivos de un personaje público no permite calificativos ni insultos por muy reprobable que sea la conducta desde la perspectiva ética o jurídica [21]. Menos aún, con el ciudadano anónimo.

Como se verá, desde diversas tribunas, en sucesivos momentos y por diferentes medios, en el ‘caso Aitana’ se conculcaron de modo generalizado buen número de estos preceptos, inclusive los cardinales. La presente investigación, en el ámbito que se estudia, se orienta precisamente a vislumbrar el cómo y averiguar el porqué.

5. Metodología

5.1. Obtención de la muestra

Para estudiar el tratamiento informativo otorgado al ‘caso Aitana’ por la prensa de información general española tomamos como criterio de selección el ranking de medios impresos del Estudio General de Medios (EGM) (año móvil: abril 2009 a marzo 2010) que mide los lectores diarios en el periodo del acontecimiento. Se descarta la prensa deportiva y económica por su carácter especializado. Las cabeceras elegidas, en orden de importancia, son El País (2.022.000), El Mundo (1.330.000), El Periódico (765.000), Abc (756.000) y La Vanguardia (735.000). A la muestra se unen los periódicos gratuitos: 20 minutos (2.353.000), Qué (1.563.000) y ADN (1.341.000). En conjunto, los ocho rotativos abarcan 10.865.000 lectores, el 80,2% de la audiencia de los diarios de información general. Cuando existe, siempre se escogió para el análisis la edición de Madrid.

No obstante, consideramos asimismo textos periodísticos aislados, vinculados con la opinión, eminentemente especializada (editoriales, artículos, columnas de defensores del lector), que consideramos relevantes en la medida en que supongan un ejercicio de autocrítica periodística.

El periodo en que se tomó la muestra se corresponde con el que abarca la sucesión cronológica de los hechos que integran el ‘caso Aitana’ y los coletazos de su repercusión, tanto en el ámbito periodístico como en la esfera judicial (véase epígrafe 1): desde el 24 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2009, esto es, desde la hospitalización de Aitana hasta la publicación del último texto relevante de autocrítica publicado en los diarios considerados. Cabe destacar, de entrada, que debido a la temporalidad con que se editan, el impacto del suceso en la prensa gratuita resulta anormalmente reducido, como se aprecia en el número total de mensajes que analizamos.

En cuanto a los géneros periodísticos, consideramos los informativos (noticia), los interpretativos (reportaje, crónica, entrevista) y los de opinión (editorial, artículos, columna, cartas al director, ensayo...).

Tabla 1. ‘Caso Aitana’. Muestra analizada de mensajes periodísticos
t2
Fuente: elaboración propia

5.2.  Tratamiento de los datos

Con el conjunto de 61 mensajes periodísticos procedimos a un análisis de contenido que comprendió el estudio detenido de los principales rasgos de interés para el propósito que perseguía el trabajo empírico: 1. Determinar la adecuación del género periodístico empleado, en función del respeto en cada caso del propósito del mismo. 2. Verificar el uso y contraste de las fuentes informativas (calidad, cantidad y pertinencia). 3. Observar los rasgos estilísticos presentes en el lenguaje: características y tipología de la titulación. 4. Determinar el manejo de recursos gráficos: carácter y valoración.

Al tiempo, conforme los parámetros legales de la normativa vigente (véase epígrafe 4.1), se cotejó el debido respeto, en fondo y forma, del derecho a la presunción de inocencia. Simultáneamente, de modo análogo, pretendimos contrastar los principios enunciados en los códigos deontológicos profesionales y normativa similar (dictámenes, recomendaciones), que previamente analizamos (véase epígrafe 4.2). El propósito es valorar con precisión el respeto o violación de las pautas en el quehacer profesional de los reporteros.

Por último, conviene contrastar los contenidos propios de los mensajes de reflexión y autocrítica que elaboraron los periodistas, a título individual o de forma colectiva, que publicaron los diarios, para apreciar en qué grado se valoró la cobertura del ‘caso Aitana’ desde las entrañas de cada empresa periodística.

6. Trabajo empírico

6.1.  Dispar e irregular recurso a los géneros: superficialidad informativa

En relación con la peculiar relación entre el propósito y la forma con que se conforman los mensajes periodísticos, las peculiaridades que detectamos son:

    a) Es lógica la secuencia temporal en el empleo de los diversos géneros periodísticos, previsible en cumplimiento de sus respectivos propósitos y naturalezas: profusión de noticias en los primeros momentos; contextualización creciente mediante los géneros interpretativos (en especial, la crónica); y paulatino incremento de mensajes con opinión (Tabla 2).

    b) Es llamativa la carestía de contexto interpretativo. El porcentaje de mensajes de opinión e informativos es similar (42,7% frente a 39,3%) (Tabla 3). Por contra, la presencia de los géneros interpretativos es muy reducida (18%), mínima la del reportaje (3,3%) y nula aparición de entrevistas. En los géneros de opinión predomina la columna, con apenas un par de editoriales. Aunque poderosas en número (23%), las cartas al director se concentran en dos diarios: Abc y 20 minutos.

    c) La prensa gratuita prescinde de los géneros interpretativos. La noticia prima en El Periódico y, sobre todo, Abc. La Vanguardia, con una cobertura reducida, se inclina por la opinión. La mayor variedad de géneros corresponde a El Mundo, con clara querencia por la crónica, y El País, con la cobertura más equilibrada.
    Tabla 2. ‘Caso Aitana’. Géneros periodísticos (evolución por fechas)

t3
Fuente: elaboración propia

Tabla 3. ‘Caso Aitana’. Recurso a los géneros periodísticos (por cabecera)

 t4
Fuente: elaboración propia

6.2.  Insuficiente contraste con las fuentes informativas

El 25 de noviembre, a las 13:48 horas, se recibió en las redacciones una nota de prensa de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife en la que se informaba de la detención de un hombre acusado de causar lesiones y quemaduras a una niña de 3 años [22].

La información, de por sí, invitaba a pensar en una historia con suficientes ingredientes para convertirse en noticia de portada, máxime en un ámbito local.

La cobertura informativa inicial en la prensa canaria la ha estudiado con detalle Rodríguez-Borges (2010). Los errores de imprecisión, titulación aventurada, estilo sensacionalista, la falta de contraste informativo y la deficiente autocrítica profesional del canario Diario de Avisos son comunes con ciertos diarios de difusión nacional.

El reportero debe tener siempre presente que en asuntos judiciales existe una parte –generalmente la que acusa, denuncia o reclama– más inclinada a colaborar con los periodistas en un afán por ganarse a la opinión pública y al propio tribunal. Esta facilidad no debe desaprovecharse pero sin dejar de contrastar su versión.

Si la parte contraria, o sus representantes, declinan nuestra petición de información, se respetará su postura, siempre indicándolo con claridad en la noticia [23]. Sin olvidar que toda fuente siempre posee intereses, cualesquiera que sean su legitimidad y magnitud. 

Tabla 4. ‘Caso Aitana’. Presencia de las fuentes informativas

t5
Fuente: elaboración propia

En el caso analizado, cabría pensar en inicio en la existencia de un equilibrado contraste informativo, a la luz de la tipología y presencia de las diversas fuentes. Pero un desglose pormenorizado, que incluya la sucesión de los acontecimientos, los géneros empleados y el actuar de cada cabecera resulta clarificador del incorrecto proceder de algunos profesionales y las disfunciones colectivas en que incurrieron:

    a) Existe un abuso injustificado del recurso a la fuente anónima, en especial en las noticias iniciales sobre el suceso (“fuentes de…”) (17,7%). Un exceso que genera imprecisión y resta credibilidad al mensaje, pese a la aparente seriedad de la fuente–autoridad (Guardia Civil, Policía local, Consistorio, médica…). Básicamente, incurren en este error Abc y El Periódico.

    b) Es mayoritario el recurso a las fuentes institucionales (54,8%), bien anónimas, bien con atribución imprecisa (22,6%) o personal (14,5%). Ciertamente, en la cobertura de sucesos existen fuentes de referencia inexcusable que, como en este caso, consultan los periodistas. El problema surge por la ausencia de contraste y la precipitación en la difusión de la información. De hecho, en la persecución de la exclusiva, se reconoce abiertamente el manejo de filtraciones: “Los informes médicos que ayer obraban en poder de la Benemérita y cuyo contenido pudo conocer este diario...” (Abc). De ahí que un editorial de El País (2009: 24) significara que el error médico fuera amplificado luego por los medios de comunicación, escritos y digitales, que no solo, sin mayor comprobación, dieron por bueno el diagnóstico filtrado, sino que lo presentaron en algunos casos de la manera más truculenta.

    c) Existe una variada presencia de fuentes expertas de las áreas sanitarias, jurídicas y políticas. Sin embargo, aparecen concentradas en tres diarios (El País, El Mundo y El Periódico). La prensa gratuita las ignora, así como Abc y La Vanguardia, que apenas informó del asunto.
    d) Salvo 20 minutos, la prensa gratuita, aun cuando por su periodicidad cubrió el suceso en menor medida, apenas recurre a fuentes informativas, salvo la cita genérica institucional o, en su caso, la obligada referencia a otros medios de los que se nutre.

    e) La fuente protagonista es Plácido Alonso, abogado defensor de Diego Pastrana, con 18 apariciones. En segundo término, con similares magnitudes entre sí, la Consejería de Sanidad de Canarias, la Guardia Civil y el auto de libertad del magistrado Nelson Díaz. Todos los medios citaron a Canarias Radio por unas controvertidas declaraciones del encausado a la emisora, pero fue una fuente puntual.

    f) Destaca la omisión de fuentes vinculadas, directa o indirectamente, a la víctima (madre, familiares, docentes, vecinos, amigos). No es posible determinar las causas de esta ausencia, que podrían ser múltiples (negativa a declarar, inaccesibilidad, respeto a la intimidad, escasez de personal...).

El contraste informativo resultó pobre. Las inconsistencias son llamativas en ocasiones. Al informar de la puesta en libertad sin cargos de Diego, al que Abc tildó de asesino, el mismo reportero aludía a Aitana como la niña “a la que en un principio se señaló como víctima de malos tratos”. Luego aunque Pastrana no fuera tal, se abría la puerta a que el agresor pudiera ser otra persona, hipótesis que se contemplaba un día antes. Y la falta de contraste, notoria: Diego tiene 24 o 25 años, según los días, fuentes, reporteros o diarios.

Lo más grave, con todo, resulta la invención de hechos que nunca existieron: la falsedad, lo más opuesto al periodismo. Así, la inexistente confesión de las palizas a Aitana (Yoldi, 2009: 14): “El novio de la madre de Aitana reconoce las palizas” (El Mundo). Incluso no faltaron artículos fundamentados en esa irrealidad (Rahola, 2009: 31), aunque la verdad ya fuera otra cuando se publicaron. Porque las noticias provocan reacciones en el ciudadano y agitan a la sociedad es una práctica aterradora.

6.3.  Indebido empleo de las imágenes

Es probable que existan pocos casos periodísticos en prensa en los que la cobertura gráfica de un acontecimiento se base casi en exclusiva en una solitaria imagen y que, sin embargo, el carácter informativo, interpretativo o calificativo de la instantánea resulte innegable. Y todo, con la mera edición y tratamiento de un original. Porque a Diego Pastrana se le retrató una vez y se le caracterizó en decenas de ocasiones. En cada una, focalizando a conveniencia al sujeto, como se apreciará en la curiosa secuencia temporal–interpretativa.

Tabla 5. ‘Caso Aitana’. Cobertura gráfica periodística

t6
Fuente: elaboración propia

Las características de las fotografías a las que recurrió la prensa son las siguientes:

    a) Escasez global y desigualdad parcial. Durante el periodo analizado los diarios contemplados insertaron 24 imágenes, un número reducido dada la importancia de los medios y el impacto de la noticia. Se detecta un significativa desigualdad en la cobertura: nula (ADN, La Vanguardia), intermedia (El País, El Mundo, El Periódico) y opulenta (Abc, Qué!).

    b) Homogeneidad en la evolución de la información gráfica. Se aprecia una metamorfosis cronológica que enjuicia al personaje conforme se interpretan los hechos. Los estadios pasan de la culpabilidad de Diego a su inocencia para culminar en presentarle como víctima. 

La fuente casi exclusiva de las imágenes contribuye sin duda a este fenómeno. Las fotografías en que aparece el encausado proceden de la agencia Efe (63,6%); tan solo en las instantáneas relativas al funeral de Aitana varían ya las tomas y las autorías (16,7%).

    c) Tratamiento valorativo de edición. Conforme se desvela la inocencia del acusado van modificándose tanto el encuadre (eliminando personajes o elementos) como ocultándose la identidad del protagonista.

    d) Imaginería improcedente. La legislación francesa, por ejemplo, con buen juicio, prohíbe la difusión de imágenes de los detenidos en las que aparezcan esposados antes de ser juzgados, por lo que es frecuente que, o bien se ocultan los grilletes o las manos con alguna prenda o carpeta, bien se publican pixelando o difuminando la zona. El asunto suele retomarse cada cierto tiempo para generar discusión al respecto, con motivo de la detención de terroristas o de políticos encausados por corrupción. En otros sucesos, no suele cuestionarse tan fácilmente la cobertura gráfica.

Por el contrario, Diego fue exhibido esposado una y otra vez. Solo cuando se le empezó a considerar inocente y, sobre todo, víctima, desaparecieron bien el rostro (como modo de ocultar su identidad), inclusive recortando la cabeza al editar la fotografía. A los ojos de la ciudadanía, aparecer esposado junto a una pareja de agentes, a la salida del cuartel de la Guardia Civil, no suele significar otra cosa en la imaginería popular que ser culpable. Los reporteros –y sus cabeceras– participaron en la escenificación. Erróneo, injusto y cruel.

Diego, culpable (Figs. 1–3). Las fotografías iniciales del ‘caso Aitana’ mostraban al presunto autor, a las claras, revelando su identidad, esposado y acompañado de dos miembros de la Guardia Civil, a quienes sí se ocultaba digitalmente el rostro. La misma imagen difundida por Efe se encuadraba a conveniencia, por aparentes exigencias del diseño o para recalcar la sentencia dictada por el diario: Abc se centraba, por ejemplo, en la mirada del “asesino de una niña de tres años”. De ahí, el acercamiento y focalización en el rostro de Diego. La mera exhibición pública ya vulnera su imagen, daño al que contribuye la carga interpretativa de la custodia policial: el clásico prejuicio de “cuando se lo llevan, algo habrá hecho…”.

f1   f2    f3

Fig. 1: Abc                    Fig. 2: El Mundo             Fig. 3: El País
                                                                           El Periódico

Diego, inocente (Figs. 4–7). Se recurre a las imágenes de archivo ya publicadas, aunque en la edición se descubren ya indicios de intentar maquillar la imagen de Diego. El primer atisbo es la progresiva desaparición de los guardias civiles que le acompañaban cuando pasó a disposición judicial.

f4  f5   f6    f7

Fig. 4: Abc         Fig. 5: Abc              Fig. 6: El Mundo     Fig. 7: El Periódico
                20 minutos

Diego, víctima (Figs. 8–21). La cobertura gráfica del ‘caso Aitana’ da un vuelco. En primer lugar, las mismas fotografías de agencia extravían personajes (los agentes pierden protagonismo o, simplemente, se esfuman). Lo que suaviza la inevitable asociación policía-bienhechor frente a detenido-malhechor. En segundo término, se omite la imagen de las manos esposadas o, si éstas aparecen, se recorta el rostro otorgando el ansiado anonimato. Una tercera variante, en la misma línea exculpatoria, es la ocultación del rostro de Diego mediante técnicas informáticas. En cuarto lugar, incluso desaparece por completo el protagonista de manera física y se reproducen mensajes de apoyo proclamando su inocencia. Finalmente, entran en escena las imágenes de los familiares de Diego, que reflejan dolor y sufrimiento, durante el funeral de Aitana, momento en el que se vieron obligados todavía a reiterar la inocencia del joven.

f8            f9             f10f11

Fig. 8: El Mundo                 Fig. 9: 20 minutos                Fig. 10: El País

f12  f13

           Fig. 11: Qué!                                             Fig. 12: Abc                                  
f14f15f16

Fig. 13: El Periódico      Fig. 14: El Periódico          Fig. 15: Qué!
Qué!
f17   f18f19

          Fig. 16: Qué! Abc                                    Fig. 17: El País

f20    f21    f22

Fig. 18: Qué!                     Fig. 19: Abc                 Fig. 20: El Mundo

f23  Fig. 21: Qué!

 

 6.4. Recursos estilísticos del lenguaje incorrectos

No es infrecuente que ciertos titulares vayan más allá de lo que permite el texto (Pérez, 2010: 37-38), una práctica paradójica bastante común en el periodismo. Es este un campo donde, con claridad, se cometieron serios errores, como se apunta desde el ejercicio de la autocrítica (De-la-Serna, 2009: 53). Identificar los indicios con la realidad vulnera la presunción de inocencia.

Para empezar, los titulares informativos asertivos daban por ciertos unos acontecimientos bajo investigación, esto es, periodísticamente lo verosímil se convertía en verdad. Craso error. De manera sistemática tendió a omitirse en la titulación el término “presunto”, al que sí se recurre en el cuerpo del mensaje. Por ejemplo, una crónica periodística de Abc recurría al trato recurrente de la locución “presunto” hasta en seis ocasiones: una en la entradilla, otra en el pie de foto y cuatro en el cuerpo de la crónica. Sin embargo, titulaba: “Novio, canguro y asesino” (Álvarez, 2009: 29).

La incongruencia es generalizada por cuanto en la titulación se dio por sentado desde un inicio, no solo la culpabilidad de Diego, sino también por indubitados ciertos hechos que no existieron: asesinato (Abc), maltrato físico (El Mundo, El Periódico, Abc), abusos sexuales (El Periódico, 20 minutos, Qué!), confesión del acusado (El Mundo). De nuevo Abc destacó por su desatinado proceder. A las veinticuatro horas de sentenciar al inculpado, ignorando toda presunción de inocencia, el diario anunciaba en portada la noticia de la puesta en libertad sin cargos del “presunto agresor”.

Si el titular capta el interés del lector y resume la idea central del mensaje se comprende la gravedad de la incoherencia de pretender respetar la presunción de inocencia del detenido al tiempo que se proclama su culpabilidad: “El presunto autor de la muerte de la menor le pegó…” (El Mundo).

Y la opinión personal del autor no tiene cabida en las noticias. “La mirada del asesino de una niña de tres años”, titulaba Abc. “Un nuevo titular en la siniestra oleada de abusos a la infancia no espera a ser contrastado, hay que vomitarlo con urgencia, pedir cadena perpetua, incluso pena de muerte”, escribió en su columna Bonet (2009: 21).

La secuenciación temporal de la titulación del ‘caso Aitana’ muestra dos prácticas generalizadas erróneas (Cuadro 2):  a) enunciar las suposiciones o los indicios de lo acontecido como hechos reales indubitados; b) entremezclar de forma indiscriminada principios y estilos propios de titulación de diferentes géneros periodísticos, alterando la naturaleza y el propósito del titular del mensaje apropiado en cada caso.

Cuadro 2. Secuenciación temporal de la titulación del ‘caso Aitana’ [24]

t8
Fuente: elaboración propia


6.5. La autocrítica periodística: el reconocimiento de culpa 

Apreciar signos de maltrato o abusos sexuales donde no existieron apunta a la probable comisión de un error médico; fundamentar una acusación formal desde instancias policiales en esa apreciación, posiblemente también lo sea; movilizar a la sociedad desde las instancias institucionales para la condena y protesta por unos hechos que no existieron, una precipitación política. Errores encadenados para algunos (Pardellas y Gómez, 2009: 28). No para Juan-Manuel de-Prada (2009: 13), que en su columna negaba “una trágica concatenación de errores médicos, policiales y periodísticos” fruto de meras negligencias: el escarnio de Diego era el “producto de una gangrena moral que corrompe a la sociedad entera”. Las respectivas responsabilidades habrán de depurarse, como es de justicia, en las instancias oportunas por el procedimiento estipulado.

El ‘caso Aitana’ afloró tremendos desmanes y carencias en el quehacer periodístico cotidiano. Es del máximo interés porque ilustra el proceder del colectivo periodístico cuando se equivoca penosamente y vulnera los principios deontológicos profesionales, cuando no la legalidad. Aunque no en todos los diarios ni por todos los reporteros la asunción de culpa resuelva por igual los diversos descaminos

Se asume que se quebrantó a las claras el derecho a la presunción de inocencia que consagra el ordenamiento jurídico. “El caso Aitana destierra otra vez la presunción de inocencia, titulaba El Periódico de Aragón (02/12/2009), a raíz de la conmoción suscitada; o “pisoteada”, sentenciaba El País; o “atropellada” (El Periódico, La Vanguardia). Estamos, sin duda, ante un juicio paralelo (El País). Para el jurista Luis Martí-Mingarro, del Comité Deontológico de la FAPE, faltó autocontrol: “Se ha hecho una imputación personal y directa de una conducta delictiva especialmente denigrante hacia la que toda la sociedad siente una enorme repulsa”.

Al tiempo, se detectan en los rotativos reiteradas autoalabanzas, en el sentido de resaltar la “humildad” de los medios al reconocer sus equivocaciones, en palabras de Plácido Peña, abogado de Pastrana (Abc, El Mundo). El problema es que el razonamiento del jurista fue erróneo: los “medios han informado sobre lo que les han dicho”. Pero el periodista no es transmisor de las versiones interesadas de las fuentes ni portavoz personal ni institucional sino investigador en búsqueda de la verdad. Llama la atención la justificación del presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife, Juan Galarza: “Hemos ido a las fuentes oficiales a las que recurrimos normalmente, cumplimos escrupulosamente con el protocolo”. Y en algunos casos, acto seguido se dirigía el dedo acusador a quienes aún no habían mostrado arrepentimiento, las autoridades canarias (Abc).

“En cuanto se supo la verdad, los medios de comunicación reconocieron su error y Abc le pidió perdón”, explicó el director del diario madrileño (Expósito, 2009). Sí, en un blog mediante un video de un minuto de duración. Insuficiente a todas luces porque el daño moral causado a Diego Pastrana es de difícil reparación. Máxime cuando desde aquellas tribunas que más se ensañaron desde el error y el sensacionalismo se incumplió, de entrada, el principio de la proporcionalidad: destinar el mismo espacio para lavar la imagen que el que se dedicó para mancillarla. ¿Dónde está, entonces, el verdadero propósito de enmienda? No sirve enmascarar el traspié con la inserción de cuatro cartas de los lectores críticas con el diario (Abc), que se contrapesaron con dos de alabanza por el mea culpa posterior. El Mundo, en un editorial (2009: 3), tras arremeter contra médicos, Fuerzas de Seguridad e instituciones oficiales, zanjó el tema en dos líneas: “Los medios tampoco pueden presumir de nada, ya que la publicación de su imagen sólo sirvió para estigmatizarlo”.

O cuando El Periódico, aun reconociendo sus errores, intentó minimizar su actuación porque “la historia ocupó un espacio más modesto, con un enfoque más equilibrado” que el de Abc.

Esta cobertura periodística solo podría comprenderse por “una gangrena enquistada en el subconsciente social” que explicaría que los medios de comunicación, con desprecio de los códigos deontológicos que deben regir la pesquisa informativa, hayan dado por demostrada la culpabilidad del joven, dedicándole sus vituperios y anatemas”, sentenció De-Prada (2009: 13), juicio compartido por otros periodistas (Quadrado, 2009: 26). El secretario general de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Javier Arenas, pidió disculpas en nombre del colectivo: “Casos como éstos deben hacer reflexionar si no estamos yendo más allá de lo lógico, lo razonable, lo socialmente responsable y lo legal”.

¿Lágrimas de cocodrilo? Tal vez. “Sana autocrítica…, hasta que surja un nuevo caso y de nuevo vuelvan a caer en los mismos excesos” (Pérez-Oliva, 2009: 31). En efecto, mientras Diego seguía ingresado por una crisis de ansiedad y sedado por los medicamentos suministrados por los psiquiatras que le atendían, Canarias Radio, una emisora pública autonómica, difundió una entrevista previa grabada (extremo que el joven ignoraba), en la que desahogaba su ira y dolor (Rodríguez-Borges, 2010). Todo por la exclusiva, de la que no se sustrajo el eco de la prensa al reproducirlo (Abc, La Vanguardia, El País, El Periódico, 20 minutos, El Mundo).

Al tiempo, se desvelaba la actitud carroñera de un reportero de Medianews Canarias, que sirvió unas imágenes a la agencia Efe y la cadena Telecinco, en las que se apreciaba cómo instigaba a una mujer a que insultara a Diego a su llegada al juzgado. Incluso sugería el descalificativo: “¡Bandido!”. Puro sensacionalismo.

Con razón denunciaba Milagros Pérez-Oliva, Defensora del Lector de El País, que el ensañamiento mediático prosiguiera incluso después de revelarse la inocencia de Pastrana. Y compartimos su visión de que la cobertura de su diario fue la más correcta, proporcionada y adecuada, como confirma la comparación de las respectivas labores informativas.

Por desgracia, “la presunción de inocencia en la era digital está amenazada por la inmediatez y la perversión de fuentes. También por la desmemoria de la ética profesional”, sentencia Bonet (2009: 21). Así es.

7. Conclusiones

Del análisis de la cobertura periodística del ‘caso Aitana’ sobresalen ciertos rasgos en los diarios de mayor audiencia que deberían invitar a la seria reflexión sobre los métodos de trabajo y los postulados profesionales ante acontecimientos similares futuros:

    a) Presencia de juicios paralelos en la mayoría de los rotativos analizados. Como apuntó Josep Carles Rius, decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, además existió “juicio sumarísimo y sentencia”. Antípodas de la cobertura informativa fueron la de El País, por correcta, y la de Abc, un despropósito.

    b) Irregular empleo del término “presunto” al mencionar al sospechoso. En efecto, el vocablo apenas aparece en la titulación, y se conjuga simultáneamente la presunción con juicios de valor e intenciones concluyentes; e incluso esta voz se emplea con posterioridad a la proclamación oficial de la inocencia de Pastrana.
    c) Se confirma la aparición de juicios de valor de los reporteros en géneros informativos e interpretativos. En mensajes como la noticia, la crónica o el reportaje la opinión personal del reportero no le interesa al lector, que tampoco la espera o demanda (por ejemplo, “pequeño cuerpo”, “brutal agresión”, “mirada impasible”, “sobrecogedor”).
    d) Especulación infundada sobre hechos de la realidad. La interpretación está presente en la mayoría de los titulares de los diarios en los que se afirma como real un hecho que es incierto, atribuyendo un delito al sujeto inocente o recreando situaciones inexistentes o hechos inciertos. Por lo general, el contraste de las fuentes informativas es deficiente; su número, insuficiente; y su identificación, a veces nula. Y la homogeneidad informativa, abrumadora.
    e) Difusión de imágenes que violan derechos fundamentales o las normas deontológicas vigentes. La progresiva ocultación del rostro del inculpado, la desaparición de las manos engrilletadas, el recorte del acompañamiento policial constituyen muestras fehacientes del poder interpretativo y de opinión de la fotografía periodística. Exiguo respeto por el derecho a la imagen de Diego Pastrana.
    f) Escasas y desiguales rectificaciones, correcciones y disculpas en los diferentes diarios por la cobertura informativa consumada. Pese al reconocimiento generalizado del colectivo profesional por el pecado cometido, no faltan justificaciones ni autoalabanzas en la actuación ulterior. No se plantean ni defienden actuaciones concretas para evitar nuevos desatinos. Olvidaron el mejor remedio: buen reporterismo, o sea, periodismo.

* En este artículo se emplean las bases de datos creadas durante el proyecto de investigación “Ética y excelencia informativa. La deontología periodística frente a las expectativas de la ciudadanía en Madrid” (SEJ2006-05631-C05-03/SOCI) (2006–2010), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España (Plan Nacional de I+D+i 2004–2007) (códigos deontológicos, normas de autorregulación, libros de estilo, recomendaciones institucionales y documentación de campo sobre casos prácticos relacionados con el fotoperiodismo y la ética periodística).

8. Bibliografía

Álvarez, M. (2009): “Novio, canguro y asesino”, Abc, 28 de noviembre, p. 29.

Arnau, R. (1998): “La justicia en 625 líneas”, Revista Latina de Comunicación Social, 8, agosto. La Laguna (Tenerife): Universidad de la Laguna, recuperado el 10 de enero de 2011, en: http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/54arn.htm

Aznárez, J.J. (2009): “La crucifixión de Diego P.”, El País Domingo, 6 de diciembre, pp. 10−11.

Barata, F. (2009): “La devaluación de la presunción de inocencia en el periodismo”, Anàlisi, 39, pp. 217−236.

Barrero, A. (2001): “Cuando la prensa hace de juez”, Ámbitos. Revista Andaluza de Comunicación, pp. 171-189.

Belda, E. (2001): “La presunción de inocencia”, Parlamento y Constitución. Anuario, 5, pp. 179−204.

Bonet, J. (2009): “Diego K.”, La Vanguardia, 2 de diciembre, p. 21.

Bravo, G. (2009): “Presunción de inocencia y cultura democrática”, El País, 11 de diciembre, p. 33.

Cava-de-Llano, M.-L. (2009): “Diego Pastrana y la presunción de inocencia”, El Mundo, 3 de diciembre, p. 23.

Comisión de las Comunidades Europeas (2006): “La presunción de inocencia”, Libro verde COM (2006) 174 final, 26 de abril.

Consejo Audiovisual de Cataluña (1997): La celebració dels judicis i el seu tractament per televisió: informe sobre el tractament televisiu del judici del crim d' Alcàsser. Barcelona: CAC/Generalitat de Catalunya.

De-la-Serna, V. (2009): “Esa horrible presunción de culpabilidad”, El Mundo, 1 de diciembre, p. 53.

De-Prada, J.-M. (2009): “La muerte de Aitana”, Abc, 30 de noviembre, p. 13.

El Mundo (2009): “Alguien debe pagar por el linchamiento a Diego”. Editorial, 2 de diciembre, p. 3.

El País (2009): “Culpable inocente”. Editorial, 2 de diciembre, p. 24.

Enguix, S. (2001): “Efectos de los juicios paralelos del caso Alcásser y debate en torno a la libertad de expresión”. En J.V. Gavaldá; J.M. Bernardo y N. Pellisser (Eds.). Justicia y representación mediática. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 51–68.

Espín, E. (1990): “En torno a los llamados juicios paralelos y la filtración de noticias judiciales”, Revista del Poder Judicial, núm. Especial XIII, pp. 123−130.

Expósito, A. (2009): “Abc pide disculpas a Diego”, 30 de noviembre. Recuperado el 15 de mayo de 2010 en el blog El foco del director: http://www.abc.es/blogs/angel-exposito/public/post/abcpide-disculpas-a-diego-2440.asp

Gistau, D. (2009): “El gran carnaval”, 1 de diciembre, El Mundo, p. 22.

Herrero, C. (2003): Periodismo de sucesos y tribunales. Tratamiento informativo de la violencia social. Sevilla: Padilla Libros.

Izaguirre, T. (2001): “Telejuicios y juicios paralelos”. En J.V. Gavaldá; J.M. Bernardo y N. Pellisser (Eds.). Justicia y representación mediática. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 93–104.

Jabonero, A. (2009): “Mañana podemos ser nosotros”, El País, 1 de diciembre, p. 29.

Jiménez-de-Parga, M. (2009): “Los nefastos juicios paralelos”, Abc, 4 de agosto, p. 3.

Larraya, J.-M. (2007): “La presunción de inocencia”, El País, 24 de junio, p. 25.

Maciá, C. (2010): “El quehacer periodístico ante la presunción de inocencia”. En S. Alsius y F. Salgado (Eds.). La ética informativa vista por los ciudadanos. Contraste de opiniones entre los periodistas y el público. Barcelona: Editorial UOC, pp. 111−128.

Orenes, J.-C. (2009): “Presunción de inocencia, honor y libertad de información. A propósito de la sentencia del TEDH de 9 de abril de 2009 (PROV 2009, 167981”, Actualidad Jurídica Aranzadi, 787, 3 de diciembre, p. 1.

Pardellas, J.-M. y Gómez, R.-G. (2009): “Nada puede reparar al falso culpable”, El País, 1 de diciembre, pp. 28−29.

Pérez-Oliva, M. (2010): “Atados a la fuente judicial”, El País, 18 de abril, pp. 37–38.

----- (2009): “El ‘efecto villano’ del sensacionalismo”, El País, 6 de diciembre, pp. 31−32.

Quadrado, S. (2009): “Inocente”, La Vanguardia, 3 de diciembre, p. 26.

Rahola, P. (2009): “Hay momentos en que…”, La Vanguardia, 29 de noviembre, p. 31.

Rodríguez-Borges, R.-F. (2010): “¡Grítele, señora! El caso Aitana o la manipulación del acontecimiento informativo”, Espéculo. Revista de estudios literarios, 44. Recuperado el 15 de octubre de 2010 en: http://www.ucm.es/info/especulo/numero44/caitana.html

Tomás-y-Valiente, F. (1987): “«In dubio pro reo», libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia”, Revista Española de Derecho Constitucional, 20, mayo−agosto, pp. 9−34.

Yoldi, J. (2009): “Fracasar con estilo”, El País, 8 de diciembre, p. 14.

9. Notas

[1] Hechos que se recogen en el auto que decreta la libertad provisional sin fianza de Diego Pastrana emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 7 de Arona, el 28 de noviembre de 2009: Auto de libertad provisional sin fianza. Procedimiento: Diligencias Previas n° 2681/09. Recuperado el 12 de noviembre de 2010 en: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2009/11/28/autoarona.pdf

[2] Cfr. STC 31/1981, Fund. Jur. 2º, JC II, p. 213 y siguientes. A escala internacional la garantía se recoge en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1); el Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (art. 6.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966 (art. 14.2).

[3] Resolución 1.003 sobre ética del periodismo del Consejo de Europa (art. 22); Codi deontològic dels periodistes catalans (art. 10); Código Deontolóxico do Xornalismo Galego (art. 10); Libro de Estilo de Berria (art. 3.3); Barcelona TV. Llibre d’estil (art. 2.2.22) y Estatuto de Información de RTVE (art. 9.14).

[4] Resolución 1.003 sobre ética del periodismo del Consejo de Europa (art. 22); Codi deontològic dels periodistes catalans (art. 10); Código deontológico de la profesión periodística (Federación de Asociaciones de la Prensa de España) (art. 5); Código Deontolóxico do Xornalismo Galego (art. 10); Libro de Estilo de Abc (epígrafe difamación); Libro de Estilo de Canal Sur Televisión / Canal 2 Andalucía (art. 9.5); Libro de Redacción de La Vanguardia (art. 6.1.1); Libro de Estilo de Berria (art. 3.3); Estatuto de Redacción de El Periódico de Catalunya (art. 7); Estatuto de Redacción de la Agencia Efe (art. 11); Estatuto de Información de RTVE (art. 9.14); Recomanacions sobre el tractament informatiu de la immigració (Consejo Audiovisual de Cataluña) (CAC) (art. [A] 4); Recomanacions sobre el tractament informatiu de les tragèdies personals (CAC) (art. [C] 14); Tractament informatiu dels successos i les emergències (Colegio de Periodistas de Cataluña) (art. 11); Manual d’estil periodístic per a informacions sobre casos de violència domèstica o que afecten menors (Colegio de Periodistas de Cataluña) (art. 7); Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere en els Mitjans de Comunicació (Colegio de Periodistas de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona e Instituto Catalán de la Mujer) (art. 6); Recomendaciones para las buenas prácticas en la información sobre violencia de género (FAPE) (art. 10); Código para informar sobre la violencia de género de Público (art. 4); Recomanacions adreçades als mitjans audiovisuals per al tractament informatiu de les drogues (CAC) (art. 5) y Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Navarra para el tratamiento de noticias (art. 3 y 7)

[5] Libro de Estilo de Canal Sur Televisión/Canal 2 Andalucía (art. 9.1.7); Libro de Estilo de Berria (art. 3.3); Manual d’estil periodístic per a informacions sobre casos de violència domèstica o que afecten menors (Colegio de Periodistas de Cataluña) (art. 7) y Sugerencias sobre cómo informar sobre infancia y violencia (Centro Reina Sofía) (art. 7).

[6] Libro de Estilo de Vocento (art. 1.2.12.a).

[7] Codi deontològic dels periodistes catalans (art. 10); Barcelona TV. Llibre d’estil (art. 2.2.22); Estatuto de Redacción de El Periódico de Catalunya (art. 7); Estatuto de Información de RTVE (art. 9.14) y Código Deontolóxico do Xornalismo Galego (art. 10).

[8] Código deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid (art. 14.2).

[9] Principis d’actuació dels mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (2.1.4 [A]) y Estatuto de Redacción de la Agencia Efe (art. 11).

[10] Principis d’actuació dels mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (3.6.1).

[11] Código deontológico de la profesión periodística (FAPE) (art. 5.a) y Estatuto de Información de RTVE (art. 9.14).

[12] Libro de Estilo de Canal Sur Televisión/Canal 2 Andalucía (art. 9.5).

[13] Libro de Estilo de Telemadrid (art. 2.10.a) y Libro de Redacción de La Vanguardia (art. 6.1.1).

[14] Libro de Estilo de Canal Sur Televisión/Canal 2 Andalucía (art. 9.5.1).

[15] Libro de Redacción de La Vanguardia (art. 6.1.1).

[16] Libro de Estilo de Telemadrid (art. 2.10.a) y Libro de Redacción de La Vanguardia (art. 6.1.1).

[17] Libro de Estilo de Canal Sur Televisión/Canal 2 Andalucía (art. 9.5.1).

[18] Barcelona TV. Llibre d’estil (art. 2.2.22); Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere en els Mitjans de Comunicació (Colegio de Periodistas de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona e Instituto Catalán de la Mujer) (art. 6) y Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Navarra para el tratamiento de noticias (art. 5 y 7).

[19] Barcelona TV. Llibre d’estil (art. 2.2.22).

[20] Principis d’actuació dels mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (3.6.1) y Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Navarra para el tratamiento de noticias (art. 11).

[21] Libro de Estilo de Canal Sur Televisión/Canal 2 Andalucía (art. 9.5.1).

[22] La nota de prensa que la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil envió a los medios informativos se reproduce en el blog La Zaranda, de Manuel Mederos (30 noviembre 2009): “¿Qué haría un periodista con esta nota de prensa?”. Recuperada el 10 de noviembre de 2010 en: http://www.canarias7.es/blogs/zaranda/2009/11/que_haria_un_periodista_con_es.html

[23] Libro de Estilo de Canal Sur Televisión/Canal 2 Andalucía (art. 9.5.1).

[24] Se omiten los títulos de las cartas al director de los lectores que publicaron los diarios, dado que interesa, ante todo, el quehacer profesional de los reporteros.

______________________________________

FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS – HOW TO CITE THIS ARTICLE IN BIBLIOGRAPHIES / REFERENCES:

Maciá-Barber, C y Galván-Arias, M-A. (2012): “Presunción de inocencia y deontología periodística: el ‘caso Aitana”, en Revista Latina de Comunicación Social, 67. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 362 a 393 recuperado el ___ de ____ de 2_______, de
http://www.revistalatinacs.org/067/art/960_Getafe/16_Macia.html
DOI: 10.4185/RLCS-2012-960

Artículo recibido el 4 de mayo de 2012. Sometido a pre-revisión el 6 de mayo. Enviado a revisores el 8 de mayo. Aceptado el 10 de julio de 2012. Galeradas telemáticas a disposición de los autores el 16 de julio de 2012. Visto bueno de los autores: 18 de julio de 2012. Publicado el 25 de julio de 2012.

Nota: el DOI es parte de la referencia bibliográfica y ha de ir cuando se cite este artículo.

____________________________________________________________