Sociedad Latina de Comunicación Social - ISBN: 978-84-9941-001-2

La OMC, el comercio de servicios y el ocaso de lo público: El ejemplo de RTVE y las televisiones autonómicas en España

Dr. Tasio Camiñas Hernández, Universidad de Málaga, tasio@uma.es

Resumen: En el presente artículo se parte de la hipótesis de que el mercado global y organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) han impuesto a los Estados, con el beneplácito de éstos, unas normas sobre el comercio de servicios que han acabado por desestabilizar los servicios  públicos. Asimismo se explica cómo el mercado ha promovido el mito de la “sociedad de la información” mediante la hegemonía de las grandes corporaciones de negocios en sectores estratégicos, como el de la información, la educación o el ocio. El paradigma digital ha servido para que el negocio audiovisual privado reste influencia y credibilidad al sector público, hasta tal punto que éste tiende a desaparecer, a la vez que se ponen en peligro derechos básicos de los ciudadanos. Un ejemplo de ello es la pervivencia confusa de las televisiones públicas en España, acosadas por el poder político y económico y privadas de una razón de ser para subsistir, como es el derecho de los ciudadanos a recibir por este medio una información plural, educación y cultura, como recogen la Constitución y otras leyes fundamentales.

Palabras clave: OMC, servicios audiovisuales, sociedad de la información, televisión pública, RTVE, televisión digital terrestre (TDT), televisión educativa y cultural.

Sumario: 1. Introducción. 2. Paradojas del cambio económico y social. 3. La OMC, el comercio y los servicios. 4. El nuevo papel del G-20. 5. Las televisiones públicas. 6. La corporación RTVE y la TDT. 7. Por una televisión educativa y cultural. 8. Conclusiones.

Mesa Temática: La nueva imagen de los medios de comunicación en el cambio de siglo. Coordinadora: Nekane Parejo (UMA).

1. Introducción

En este artículo abordamos, desde el ámbito teórico del posicionamiento crítico y la economía política de la comunicación, un análisis pormenorizado acerca de la situación actual de los medios de comunicación públicos en España, refiriéndonos básicamente a los medios televisivos. Pero para realizar esa tarea hemos considerado necesario proponer previamente un repaso de algunas de las razones o circunstancias del mercado, de tipo estructural, que han llevado a los medios audiovisuales públicos a la situación crítica en que se encuentran y por qué. Para abordar el trabajo partimos de la hipótesis de que una serie de acuerdos llevados a cabo en las últimas décadas en el seno de organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC-WTO) han logrado imponer en el mercado mundial, con el beneplácito de determinados Estados miembros de esa organización (Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros), una serie de normas favorecedoras de la industria privada audiovisual y de telecomunicaciones, en detrimento de las empresas públicas, y siguiendo una política oscurantista y de hechos consumados que se ha ido aplicando a través de las legislaciones nacionales. Todo ello ha dado lugar a un arrinconamiento de los medios públicos de comunicación por parte de los privados que, además, han dejado de ser en muchos casos una referencia informativa y cultural para los ciudadanos. Asimismo se está privando a éstos de su derecho al libre acceso a la información, la educación y el entretenimiento, pues se impone la lógica monetarista de las grandes corporaciones que hacen negocios con la información igual que lo hacen con otros servicios básicos y ven a los ciudadanos simplemente como meros consumidores. Para tratar de demostrar esta hipótesis hemos hecho un seguimiento de las noticias más significativas que han ido apareciendo en los medios nacionales de referencia sobre la reestructuración económica y empresarial de los medios públicos, concretamente de RTVE y otras televisiones públicas, así como de publicaciones y artículos hallados en revistas de investigación que se han publicado en los últimos años al respecto.

La metodología de análisis ha consistido básicamente en el seguimiento del discurso que los medios han ofrecido sobre esta problemática, pero también se han tenido en cuenta estudios diversos y normativas de organismos oficiales, tanto gubernamentales como de la Unión Europea, así como planteamientos académicos que se han llevado a cabo estos años sobre la problemática de los medios públicos, en general. Por tanto, sin la pretensión de querer plantear un estudio de investigación exhaustivo, sí deseamos al menos abordar aspectos esenciales sobre el estado de la cuestión que puedan aportar cierta claridad sobre la situación real en la que se encuentran los medios públicos, sobre todo la televisión, no sólo en España sino en otros países europeos.

Cierto es que asistimos a un periodo de crisis socioeconómica cíclica del sistema capitalista que está afectando a todos los medios de comunicación en general, ya sean públicos o privados y de cualquier naturaleza o tipología. Las grandes corporaciones siguen tomando posiciones tanto en los mercados nacionales como globales y se suceden las fusiones y alianzas, de modo que cada vez son menos los emporios privados que rigen el control de la información y el entretenimiento a escala global. Esto va en contra del principio de pluralidad y diversidad que reclaman muchas organizaciones y gobiernos escasamente influyentes en el contexto internacional. Ante semejante situación, ampliamente estudiada por los expertos, se observa cómo los medios públicos, las televisiones públicas y “lo público” en general son los que están padeciendo sobremanera esa crisis, auspiciada en parte por la propia competencia y por la desidia e intereses creados de los gobiernos y los parlamentos a la hora de mantener unos medios públicos de comunicación sólidos, pluralistas y de calidad. Y eso es lo que parece observarse en el seno de la Unión Europea, cuyo ejemplo pueden ser los casos de Italia (su presidente Berlusconi es quien controla la propiedad de la mayor parte de los medios) y España que, si bien presentan connotaciones distintas e incluso paradigmáticas entre sí, reflejan también puntos en común de manipulación y servidumbre de los medios públicos, muy contrarios al ideal mínimo democrático.

Informes recientes, como uno de la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras, señalan que la libertad de prensa, y en definitiva las libertades públicas, están en peligro en determinados países de nuestro entorno, y son precisamente Italia (puesto 49), España (puesto 46) y Francia (puesto 43), algunos de los países que salen peor parados en esa evaluación. A esta crisis se une la de la prensa escrita de pago, que está padeciendo quizás uno de los peores momentos de su historia, con cierres de diarios y despidos masivos de periodistas en muchos países (Ramonet, 2009:1). La prensa escrita parece no haber sabido afrontar los retos que suponen Internet y la diversificación del mercado publicitario a principios del siglo XXI. Aunque en algunos casos, como El Mundo, que acaba de cumplir 20 años, se nos pretenda convencer de lo contario con una fiesta de autocomplacencia masiva, ofrecida desde un palacio de deportes, en Madrid, en la que no faltaron ni los máximos representantes políticos del país, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, ni el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, o el mismísimo Frank De Winne, comandante europeo de la Estación Espacial Internacional, quien, vía satélite, felicitó efusivamente al presidente del Gobierno español.

No obstante, todo parece indicar que las grandes corporaciones mediáticas se están posicionando cara a explotar, vertical y horizontalmente, los nuevos negocios derivados de los avances tecnológicos y la digitalización. Y en esta interesada carrera alguien tiene las de perder: los medios públicos, tanto la radio como la televisión. De tal manera que, en España, no parecen tener un futuro muy halagüeño, pese a las campañas propagandísticas y a la nueva imagen “pública” que trata de ofrecer, por ejemplo, la corporación RTVE. Las televisiones públicas deberán, más pronto que tarde, pasar por algún tipo de reciclaje empresarial e incluso es muy probable que tengan que apostar también por competir en el mercado o por fórmulas de autofinanciación novedosas y, si no es así, probablemente, desaparecerán a corto o medio plazo. Y ese será un nuevo y decisivo ejemplo, en este caso en el terreno de la comunicación y la información, de cómo los Estados y los gobiernos se pliegan ante los intereses de las grandes corporaciones y del mercado y en perjuicio de los ciudadanos y la democracia, pues resulta obvio que desde los años ochenta venimos asistiendo a un creciente acoso político y financiero sobre algunas de las cadenas públicas de radio y televisión más importantes de Europa, en beneficio de la nueva concertación de negocios generada en torno a la llamada “sociedad de la información”.

2. Paradojas del cambio económico y social

El sistema social y económico que gobierna hoy día el mundo es un compendio de intereses y paradojas que hacen de él un sistema contradictorio, ingobernable a veces, y que incluso se sirve de ciertas crisis cíclicas para propagarse en el tiempo, como la que padecemos en estos momentos. Pero quizás la paradoja más llamativa, el mayor sin sentido, es que un sistema económico basado en la iniciativa privada y en el predominio de las grandes empresas multinacionales, y que hace ostentación de la liberalización de las reglas que gobiernan el mercado hasta cotas extremas, tenga que ponerse en manos del Estado, de los contribuyentes en suma, para tratar de salir de la crisis. De dónde, si no, han salido las ayudas monetarias que han ido a inyectar liquidez al sistema bancario y a otras industrias clave de la economía social, en la actual crisis, sino de los fondos del Estado y de los impuestos y sacrificios de los ciudadanos. He ahí, pues, esa gran paradoja, lo privado quiere acabar con la competencia de lo público en múltiples áreas de interés económico, pero recurre a su ayuda cuando lo necesita.

Asistimos a un vertiginoso avance de las industrias asociadas a las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones, cuyos modelos y productos van colonizando los hábitos de consumo y las mentes de los ciudadanos, justo cuando se ha declarado la retirada protectora del Estado de todos los órdenes de la vida pública. A esto los analistas oficiales y los políticos le llaman “sociedad de la información”, pero nadie explica con cierta claridad cuáles serán los costes sociales de ese nuevo paradigma social. Lo que parece evidente es que el “Estado del bienestar” ha dado paso a la “sociedad de la información”, dos conceptos confusos en sí mismos y que parecen opuestos.

Hasta ahora, los pilares básicos del “Estado del bienestar” eran: las pensiones, el sistema nacional de salud, la educación y las ayudas sociales. Pero las actuales condiciones económicas y sociales predicen un futuro poco propicio para este sistema. De hecho, según una encuesta del grupo asegurador Caser, el 69% de los entrevistados cree que la Seguridad Social -sanidad y pensiones- tendrá dificultades en el futuro. El 11% cree que desaparecerá y el 35% que el Estado reducirá las prestaciones. Esto sólo en lo referente a la seguridad social, pues en el caso de la educación la situación es mucho más crítica en España, con un sistema en cambio permanente, sin prestigio y cada vez más mercantilizado, gracias en parte al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que pone aún más sombras sobre la desprestigiada educación pública y la llamada autonomía universitaria. Y respecto a otras prestaciones sociales, éstas o han sido limitadas a cotas testimoniales o están siendo canceladas paulatinamente. Estos datos pesimistas sobre el futuro de las prestaciones sociales coinciden con otros análisis realizados este año por organizaciones como la OCDE, la Unión Europea (UE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, hay quienes ya señalaban hace años que “para el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de otros países ricos, la labor política para el futuro debe consistir en diseñar la destrucción creativa de los estados del bienestar y en redirigir las iniciativas de la política nacional para construir una sociedad mundial de la información neoliberal” (Calabresse, 2004).

Las empresas multinacionales no sólo imponen sus criterios mercantilistas a cualquier tipo de servicios sino que los acaparan, y lo hacen sin atenerse a los mismos principios y normas que gobiernan al resto de los ciudadanos en un sistema democrático. Éstos eligen en las urnas cíclicamente a sus representantes gubernamentales y locales, pero no tienen influencia alguna sobre los dirigentes de las corporaciones, que deciden sobre la vida de los ciudadanos cada vez más decisivamente. Por eso, el hombre occidental se siente impotente, tras la muerte del “Estado del bienestar”, ante el cada vez más deteriorado mercado laboral, ante las injusticias, ante los vertiginosos avances de la tecnología, o ante el reclamo de las multipantallas (televisión, ordenadores, videojuegos, cine, teléfonos portátiles, GPSs, publicidad, Internet, etcétera) que roban su atención permanente. Hoy día la vida necesita ser filtrada a través de múltiples pantallas para ser creída, y eso se hace a través del espectáculo de la vida real vista como una ficción. El ciudadano, ganado para la causa por la golosina audiovisual y el consumo de nuevas herramientas electrónicas de ocio, desconoce la cara oculta del imperio de la tecnología digital, y ni siquiera es consciente de que, como mero consumidor que ha asumido ese único rol social, él representa la principal salvaguardia del devenir del propio sistema y su crecimiento.

Y algo similar ocurre hoy con los sistemas audiovisuales que están desarrollándose en distintos países al amparo de las normas impuestas por el mercado global. Lo público se desprestigia, mientras que los negocios de la televisión privada, de pago o de Internet crecen, en parte, gracias a los avances técnicos que promueven los Estados a través de sus servicios públicos de telecomunicaciones, como el desarrollo de los sistemas  digitales frente a los analógicos o el propio de Internet. Cuanta más actividad en torno a los negocios de la red y más ancho de banda dispongan las empresas más canales y mayores posibilidades de negocio se presentan. La próxima batalla puede ser el acceso indiscriminado al espectro radioeléctrico. La comunicación, y la persuasión, conforman uno de los grandes negocios del siglo XXI aplicado a las masas y en eso consiste básicamente el progreso de la “sociedad de la información”, diseñada en esta época neoliberal y de expansión global del mercado.

En los años 80, a diferencia de Estados Unidos, que fue el gran catalizador, la UE tuvo un papel secundario en la liberalización del sector audiovisual, mientras que en los 90 fue el gran promotor de la mercantilización de las telecomunicaciones, y eso fue debido a que el mercado de las telecomunicaciones era mucho más estratégico que el audiovisual. Además, las telecomunicaciones se han considerado en esta etapa como la llave maestra para el desarrollo de la “sociedad de la información”, en contraste con la vieja televisión (Michalis, 2002). Para alcanzar la desregulación, propuesta en el Informe Bangemann de 1994, se crearon en la UE numerosas iniciativas comerciales y se apoyó la infraestructura de satélites con el fin de crear unas redes transeuropeas de telecomunicaciones. Asimismo, el Libro Verde sobre Opciones Estrategias para Reforzar la Industria Europea de Programas en el Contexto de la Política Audiovisual de la UE, de 1994, o el posterior Libro Verde sobre la Convergencia (1997), e incluso el informe eEurope: Una Sociedad de la Información para Todos (2000), apoyaban la liberalización tanto del audiovisual como de las telecomunicaciones, así como la regulación técnica de esas industrias, en detrimento del sector público televisivo y de los contenidos. Y en el mismo sentido incidiría también la Directiva de Televisión Sin Fronteras, de 1997, reformada en 2007 por imperativos y presiones de los lobbies de los anunciantes y la publicidad, que se fundamentaba en parte en el artículo 10 de la Convención de Derechos Humanos de 1950, y que decía que “todo ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de recibir y ofrecer información sin interferencias de la autoridad pública y sin menoscabo de las fronteras” (Näränen, 2005:40). 

Pero  lo que ha ocurrido en estos años es que quienes han tomado la delantera y han hecho acopio de todos los derechos en el campo de las comunicaciones han sido las grandes corporaciones, que han suplantado el espíritu de la libertad de expresión de los ciudadanos recogido en distintas normativas nacionales e internacionales y han impuesto su libertad de empresa como derecho prioritario e incuestionable (Mattelart, 2002). Y esto a pesar de que el Tratado de Ámsterdam, de 1999, confirmaba el compromiso de los Estados miembros de la UE con los servicios públicos de radio y televisión y, con ello, la importancia que los gobiernos conceden a la radiotelevisión pública, dado su papel a la hora de satisfacer las necesidades democráticas, sociales y culturales y de salvaguardar la pluralidad frente a la concentración de los medios de comunicación. Como bien señala la Directiva de Televisión Sin Fronteras, cada gobierno puede apoyarla económicamente, siempre y cuando la financiación se utilice de acuerdo con los principios del servicio público y no impida las operaciones comerciales normales ni distorsione la competencia entre emisoras.

No obstante, un informe sobre la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la UE, de 2007, aseguraba que “los medios de servicio público necesitan una cuota de mercado de un cierto tamaño y estable para cumplir su misión”, pero se les alienta, por su propio bien, “a evitar la competencia desleal y la lucha por las cuotas de mercado”. Asimismo, este informe señalaba que “mientras en determinados mercados constituyen un actor principal del mercado, la mayoría de ellos padecen una financiación inadecuada y están sometidos a presiones políticas” (Mikko, 2007). Esta es la situación más común en diversos países europeos y en España, aunque en nuestro país se han dado algunos pasos recientemente, impulsados desde el propio ejecutivo de Rodríguez Zapatero, para que la presión y el intervencionismo político y partidista no enturbien en demasía la labor de los servicios públicos audiovisuales de titularidad estatal. Que eso se consiga o no ya es cosa de la historia, aunque en este terreno está todo por hacer aún y más si cabe en la televisiones regionales o autonómicas, que son auténticos brazos políticos de los partidos en el poder.

3. La OMC,  el comercio y los servicios

La responsabilidad de la delicada situación de los medios públicos de comunicación debe achacarse no sólo a las condiciones propias del mercado de servicios, impuestas por las multinacionales, sino a los gobiernos que apoyan a éstas y su forma de actuar y a las grandes organizaciones que las amparan, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue precisamente esta última organización la que, a partir de 1994, tras el Tratado de Marrakech, puso en marcha el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), también conocido por sus siglas en inglés GATS, que pretendía liberalizar todos los ámbitos de actividad económica de la sociedad y lograr un paso decisivo en el desarrollo económico global, según las teorías de John Maynard Keynes. Previamente ya se habían puesto los cimientos de esta organización con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1948 y posteriormente con el funcionamiento de la Ronda de Uruguay (1986-1994). La OMC, decían sus postulados, perseguía el crecimiento de la producción mundial, la conservación del medio ambiente conforme a objetivos de desarrollo sostenible y una mayor integración de los países en desarrollo en el sistema de comercio mundial multilateral y abierto. Y lo hacía imponiendo el principio de no discriminación a las normas comerciales de los países y a los productos, ya fueran nacionales o extranjeros. Este y otros principios serían de obligado cumplimiento para todos los miembros, pero, a su vez, traerían innumerables conflictos y desavenencias dentro y fuera de la organización. De hecho, ya durante la Ronda de Uruguay fueron constantes las presiones de las multinacionales estadounidenses para liberalizar las telecomunicaciones a escala planetaria y para proteger las patentes (propiedad intelectual) de determinadas compañías farmacéuticas (Díaz Mier, 2008:27).

Desde entonces se han sucedido las reuniones, las rondas (Tokio, Doha) y las conversaciones entre los 150 países miembros de la OMC para seguir liberalizando el comercio e incluso se han elaborado informes (Sutherland, 2005) para intentar avanzar en esa tarea. Pero los países en proceso de desarrollo siguen poniendo trabas a las normas que se quieren establecer en muchos servicios, porque perjudican sus intereses y los de los mercados emergentes. Todavía no ha inventado nada la OMC para acabar con los gravámenes arancelarios y proteccionistas del mercado global. En el informe Sutherland se decía que “cuando se trata de los asuntos económicos los Estados no pueden controlarlos o regularlos con eficacia”. De ahí la necesidad de acciones cooperativas, entre ellas las que lleven a cabo las organizaciones citadas, nacidas tras los acuerdos de Bretton Woods, tras la II Guerra Mundial. No obstante, con el paso de los años los intereses comerciales de la OMC siguen encontrando trabas y la propia política globalizadora y neoliberal de esta institución se ha plasmado como un relativo fracaso en muchos aspectos, no tanto en el área cultural y audiovisual, como en el sector agrario, por ejemplo (Stiglitz, 2006).

Por otra parte, no sólo a través del AGCS se controla el comercio mundial, sino que también tienen gran relevancia, desde 1995, los Tratados de Propiedad Intelectual (TRIPS, siglas en inglés: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) entre países. El alcance de estos tratados va incluso más allá de lo que comúnmente se ha considerado como propiedad intelectual, pues incluye los derechos de artistas, autores, emisión de radio y televisión, diseño industrial, marcas, etcétera, y además introduce por primera vez la posibilidad de patentar organismos vivos como semillas, plantas o microorganismos (López, Morillo, 2003: 112). Estos tratados determinan las políticas y prácticas de los países con respecto a la protección de la propiedad intelectual y tienen un gran impacto en las políticas culturales y sobre los derechos de propiedad intelectual en todas las naciones (Shrybman, 2000). Un ejemplo reciente han sido las conversaciones secretas llevadas a cabo entre Estados Unidos, la UE y otros países sobre el protocolo de un acuerdo comercial mundial denominado Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) que autorizaría a los propietarios de derechos a exigir a los proveedores de Internet actuaciones contra los clientes que intercambiasen obras protegidas a través de la red. El desconocimiento público de estas negociaciones ha provocado la protesta de varias organizaciones civiles estadounidenses al presidente Obama, para exigir que aspectos esenciales como los relacionados con los derechos de propiedad intelectual en Internet, que deberían estar regulados por leyes nacionales como la estadounidense Digital Millennium Copyright Act (DMCA), se aborden con la participación de la opinión pública y los interesados (Delclós, 2009).

En cualquier caso, la agenda de la OMC se atiene en demasía a las leyes internas de Estados Unidos y trata de avanzar en la eliminación de la competencia pública de los sistemas de distribución de la información y el conocimiento. Los TRIPS y el AGCS representan el punto de vista de las multinacionales en el mercado global. No ofrecen espacio a la propiedad o al ámbito público y la diversidad se percibe como una competencia que debe ser adquirida o eliminada. También se desprecia la noción de distribución del servicio público como un anacronismo que debe ceder paso a los imperativos de las corporaciones, dado el crecimiento y la maximización de las ganancias que persiguen. Y todo ello se ha visto acrecentado debido al predominio de las multinacionales americanas en el mercado global.

Un autor como Stiglitz, premio Nobel de economía y ex vicepresidente del Banco Mundial, ya afirmaba en 2002 que “la globalización, tal y como ha sido defendida, a menudo parece sustituir las antiguas dictaduras de las élites nacionales por las nuevas dictaduras de las firmas internacionales” (Stiglitz, 2002). Y en un sentido similar, aunque desde otra postura, Susan George decía que “el programa de las empresas transnacionales se basa en un esquema muy simple de tres libertades: libertad para invertir, libertad para los flujos de capital y libertad para comerciar con todos los productos y servicios, incluyendo organismos vivos y propiedad intelectual. En este proceso sobresale un rasgo: la hegemonía adquirida por el capital financiero, con un alto componente especulativo” (George, 2002).

Pero otros autores van más allá, como François Houtart, para quien la “globalización es un proceso económico con apoyo político, militar y cultural, que se inicia en los años 70 al constatarse una rentabilidad decreciente causada por la disminución de la productividad. Para aumentar su acumulación, el capital ha tenido que desarrollar dos estrategias principales: disminuir la parte del trabajo en el producto social (lo que se hace con diversos instrumentos: reducción de salarios reales, desregulación, disminución del seguro social, debilitamiento de las organizaciones laborales), y disminución del Estado en su papel de redistribuidor de riquezas y árbitro social. Por eso, los principales mecanismos de la globalización económica residen en la integración de los procesos de producción y distribución, que eluden las fronteras; la concentración de la producción, la distribución y la comunicación en manos de grandes empresas cada vez menos numerosas; predominio del capital financiero; y, por último, extensión de las fronteras del capitalismo tanto geográficas como tecnológicas” (Houtart, 2001).

En cuanto a la política económica, los postulados básicos de la globalización se encuentran en el llamado Consenso de Washington, que aconsejan austeridad fiscal, privatización y liberalización de los mercados. Así, lo más preocupante es el desmantelamiento progresivo que se hace de las funciones del Estado y que amenaza con la desaparición de los servicios públicos, creados para proteger los derechos de los ciudadanos. De lo cual se deduce que el modelo de globalización neoliberal que se está imponiendo es incompatible con los derechos humanos más elementales. Las multinacionales quieren imponer, a través de la OMC principalmente, su lógica del mercado para hacerse cargo de los servicios públicos (educación, sanidad, medio ambiente, información, cultura, etcétera) que son esenciales para la ciudadanía y que hasta hace unos años habían estado protegidos por las políticas públicas. Según sus propias estimaciones, los servicios públicos representan el 22% del comercio mundial, y sólo el sector de la educación supone un volumen de negocio de 2 billones de dólares anuales que, en la actualidad, están dejando de percibir las empresas debido a la protección pública.

En el artículo I, párrafo 3 c del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS-GATS) se establece que “un servicio suministrado en el ejercicio del poder gubernamental nunca podrá tener una base comercial ni entrar en competencia con uno o más proveedores de servicios”. Así, por ejemplo, la educación pública, desde la primaria hasta la universitaria, caería bajo la consideración de competencia ilícita para la enseñanza privada. De ahí la creciente privatización de la educación que se viene observando en muchos países y que se está poniendo de manifiesto con la aplicación de los acuerdos de Bolonia en prácticamente todo el espectro universitario español y de otros países de nuestro entorno. Por eso, los servicios que quedan incluidos dentro del AGCS son: servicios para las empresas, de comunicaciones, construcción e ingeniería, de distribución, servicios educativos, ambientales, financieros, sanitarios y sociales, turismo, actividades recreativas, culturales, deportivas y transportes. Sólo quedan excluidos los bancos centrales, la justicia, la policía y la defensa nacional, que ya están regulados a través de otros organismos. Dentro de los servicios de comunicación y audiovisuales se incluyen: servicios de producción y distribución de películas y cintas de video, servicios de proyección de películas, servicios de radio y televisión, servicios de transmisión de sonido e imágenes y de grabación sonora. Y entre los servicios de ocio, cultura y deporte se incluyen: espectáculos, agencias de noticias, bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales y servicios deportivos o recreativos (López, Morillo, 2003:114-131).

Numerosas ONGs han puesto objeciones durante años a las normas y restricciones impuestas por el AGCS a los gobiernos en su derecho de regular la industria cultural, la educación, la investigación, los servicios audiovisuales o las bibliotecas y reclaman que los Estados tengan derecho a establecer las políticas que consideren necesario para promover la cultura, factor esencial en la identidad de los pueblos. La educación y el libre disfrute de los recursos culturales, afirman, son un derecho humano que debe ser garantizado. De hecho, la OMC ve la cultura como un servicio de ocio y entretenimiento y sus disposiciones impiden que la intervención pública contrarreste la lógica comercial y consumista. Los intereses generales que representan las políticas públicas se ven supeditados a los particulares de las empresas corporativas. De esta manera, los asuntos sobre cultura, comunicación e información se retiran del debate ciudadano y dejan de ser parte de la discusión democrática para ser tratados en el debate comercial y considerados como productos o servicios sujetos a la oferta y la demanda, deslegitimando cualquier tentativa de formulación de políticas públicas relacionadas con la cultura y el derecho de acceso a la información (Carsen, 2006).

De esta forma, se observa cómo ciudadanos de diversos países quedan relegados al rol de simples consumidores de productos “extranjeros”. Se aprecia pues una tendencia a la uniformización de los contenidos audiovisuales y de las formas de expresión que pueden conducir a que el público receptor pierda contacto con su realidad local. Este grave problema concierne a toda la comunidad internacional y afecta sobremanera a los países en desarrollo, cuya industria cultural es incipiente o inexistente para difundir la expresividad de su acerbo cultural nacional. Su identidad colectiva y referentes simbólicos pueden verse muy condicionados por la limitación de la oferta cultural a disposición de sus ciudadanos, que impone la globalización (Cerlalc-Unesco, 2000). Por eso, numerosos Estados, con Francia a la cabeza, han venido sosteniendo la doctrina de la “excepción cultural” ante la OMC, cuyo antecedente es el artículo IV de la parte II del acuerdo del GATT, que exceptúa como servicios exentos de la exposición a las leyes del mercado aquellas medidas destinadas a proteger “tesoros nacionales de valor artístico o arqueológico” (Art. XXI). En el ámbito de la OMC surgen pues dos posiciones opuestas respecto a los productos culturales y a la diversidad cultural. Una, minoritaria, sostiene que los productos o servicios culturales son un producto de entretenimiento que debe ser tratado igual a cualquier otro producto y subordinarse a las reglas no escritas del comercio internacional. Una segunda, en cambio, considera a los productos culturales como portadores de ideas, valores y conocimientos que forjan la identidad cultural de una comunidad y, por tanto, deben excluirse del ámbito de los acuerdos comerciales internacionales.

No obstante, ha habido propuestas para llevar a cabo acuerdos internacionales específicos que consideren un tratamiento especial para los productos culturales, a fin de preservar la diversidad cultural y determinen un ámbito específico dentro de la OMC para resolver conflictos sobre el particular, con una referencia explícita a que la circulación de productos culturales sea lo más libre posible. Una estrategia posible para ello sería la de formar alianzas de países que compartan preocupaciones similares en materia de política cultural, y que puedan influir en la toma de decisiones en diversos foros, como la OMC, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o la Unión Europea y en las relaciones bilaterales (Sauvé, 2004). De hecho, estas políticas ya se están aplicando en los acuerdos entre países que se vienen desarrollando en diversas áreas de libre comercio, sobre todo auspiciadas por Estados Unidos y otras potencias económicas. En cualquier caso, los conflictos y los desacuerdos prosiguen dentro de la OMC en el ámbito de los servicios culturales y audiovisuales hasta el punto de que, a principios de 2009, sólo 30 miembros de los 150 habían asumido compromisos dentro de ese organismo en el sector audiovisual. Uno de los últimos conflictos conocido ha sido el registrado entre Estados Unidos y China por la importación de productos audiovisuales, debido al control chino sobre los productos americanos y las dificultades de la industria cultural estadounidense de penetrar en ese mercado, que, además, veía cómo algunos de sus productos, sobre todo relacionados con Internet, eran censurados por las autoridades chinas.

La posibilidad de unificar la distribución de bienes simbólicos instantáneamente y a escala global está estrechamente ligada al proceso de digitalización e informatización de la cultura en marcha y mediatizada no sólo por la OMC sino por corporaciones como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), etcétera, que colaboran entre ellas e intervienen en el diseño de las políticas de comunicación de los distintos países. Asimismo, como apuntábamos anteriormente, Estados Unidos ha introducido en varios de sus acuerdos bilaterales con numerosos países apartados específicos de no discriminación de los productos digitales, lo que significa que no se podrá dar un trato diferencial a productos digitales de la otra parte. En este punto es donde se encuentra la polémica y se pone en tela de juicio todo lo concerniente a las políticas públicas de los países implicados en esos acuerdos mercantiles. En este sentido, se entiende por productos digitales: “programas computacionales, texto, video, imágenes, grabaciones de sonido y otros productos que sean codificados digitalmente y transmitidos electrónicamente, independientemente de si una parte trata a dichos productos como una mercancía o como un servicio de conformidad con su legislación interna” (Mastrini, 2009).

4. El nuevo papel del G-20

Volviendo a la crisis económica actual, ésta ha puesto en evidencia las carencias y la falta de previsión de organismos como la OMC, el FMI o el BM, pero no por ello han sido cuestionados por el establishment. Aunque, en la última cumbre del G-20, celebrada en Pittsburgh, Estados Unidos, se ha acordado que, a partir de ahora, las grandes decisiones mundiales en economía se decidirán en ese foro. No obstante, la gran decisión económica que han tomado los países de ese grupo para frenar la crisis ha sido “reducir”, supuestamente, los bonos de ganancias a los grandes ejecutivos de la banca. Pero quienes seguirán teniendo un papel trascendente en la marcha de la economía son los mismos protagonistas de la crisis, como deja patente la declaración final de la cumbre, que consta de 50 puntos.

Entre los propósitos de esa cumbre destacan: “…restablecer el crecimiento como resultado del mayor y más coordinado plan de estímulo fiscal y monetario nunca llevado a cabo (…) Dimos los pasos necesarios para arreglar el maltrecho sistema de reglamentación y comenzamos a aplicar reformas drásticas para reducir el riesgo de que los excesos financieros puedan de nuevo desestabilizar la economía mundial (…) Queremos un crecimiento sin ciclos de auge y caída; y mercados que fomenten la responsabilidad, no la imprudencia (…) Ya que la conducta temeraria y una falta de responsabilidad llevaron a la crisis, no vamos a permitir un retorno a lo que la banca venía haciendo (…) Hemos designado el G-20 para ser el principal foro de nuestra cooperación económica internacional (…) Vamos a luchar contra el proteccionismo. Estamos comprometidos a llevar adelante la Ronda de Doha para que concluya con éxito en 2010 (…) Estamos de acuerdo en que el desarrollo y la reducción de la pobreza mundial son fundamentales para la misión central de la banca multilateral (…)

Como se puede observar, no dejan de ser buenas intenciones para la macroeconomía, pero se posponen las medidas de urgencia para salir de la crisis hasta 2010 e incluso 2012, después de ver cómo evolucionan los acuerdos comerciales dentro de la OMC. Se le da gran relieve al BM y al FMI y se incluyen conceptos con cierto gancho cara a la opinión pública como sostenibilidad y “economía verde” y medio ambiente, dentro de lo que parece ser una nueva política de desarrollo de las energías renovables, muy apoyadas por Obama y Rodríguez Zapatero. Se admite explícitamente el fracaso del FMI en controlar la economía mundial, pero se le otorga una inyección de 500.000 millones de dólares para nuevas acciones. Y en los puntos 48 y 49 se hace referencia a la OMC y la Ronda de Desarrollo de Doha de 2010 sobre la liberalización del comercio mundial, que sigue su curso. En cambio, se habla poco o nada de los lobbies financieros de la City de Londres o de Wall Street, principales focos de inestabilidad de la crisis económica actual. Y como una curiosidad más de esta cumbre, apenas se ha mencionado en los medios de comunicación, ni públicos ni privados, que para su desarrollo y para la protección de los mandatarios asistentes a la misma se necesitaron 5.000 soldados y fuerzas de seguridad frente a unos 2.000 asistentes de diversas ONGs, repetidamente llamados “anticapitalistas” y “antisistema” por los propios medios, y que hubo 80 detenidos (El País, 2009).

No obstante, en las declaraciones posteriores a la cumbre del G-20 en Pittsburgh ya el presidente estadounidense Barack Obama daba una clave para saber hacia dónde incidirán las políticas económicas, al señalar que “la recuperación económica no se va a producir sólo a expensas de que los norteamericanos consuman lo que otros exportan, sino que es necesario un esfuerzo responsable de todos para reactivar sus propios mercados y, por qué no, dar cabida también a las exportaciones de Estados Unidos” (El País, 2009), mensaje que viene a ser un referente claro a las políticas y los principios de la OMC y un aviso para sus socios del mercado, como la UE, y los países emergentes de Asia y África, y sus “obsoletas” normas proteccionistas. Obama mostraba con esta declaración que tal vez esté luchando en el interior de Estados Unidos contra algunos lobbies de la sanidad y los medicamentos para implantar su reforma sanitaria, pero que, a falta de un modelo de política económica propio  y exportable -a no ser que sea el de las energías renovables y el medio ambiente- defiende con todas las consecuencias la habitual política expansionista de las empresas multinacionales estadounidenses.

5. Las televisiones públicas

Derechos básicos y esenciales como el de la libertad de expresión e información a través de cualquier medio, los derechos y el respeto de las minorías o el derecho a la cultura y la educación son principios que se reflejan en el ordenamiento jurídico de cualquier Estado de derecho. Pero esos y otros derechos básicos adquiridos por las democracias formales a lo largo de los siglos están en seria decadencia debido a la regresión del Estado en numerosos frentes y a los renovados intereses comerciales y de poder de las grandes corporaciones, amparadas por la OMC. El artículo 1 de la Constitución Española dice que un Estado social y democrático de Derecho debe “… promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (Art. 9.2. C.E.). Respecto a este asunto, el Estado debe garantizar a los ciudadanos que recibirán una buena información, requisito incuestionable e imprescindible para estimular el debate y la participación ciudadana, pues, sin ambos, la calidad de la democracia se vería seriamente comprometida. Asimismo, en el artículo 20 de la Constitución de 1978 se hace referencia a los derechos y libertades de información y se reconocen y protegen, entre otros, los derechos “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Igualmente se dice que “la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”.

La misma Constitución entiende que la televisión es un servicio público esencial que cuando no es proporcionado por un medio público debe ser otorgado en régimen de concesión. Así, el artículo 9.2 de la Ley de Televisión Privada dice: “El Gobierno adjudicará las concesiones a favor de las ofertas más ventajosas para el interés público, valorando prioritariamente las garantías ofrecidas por los concurrentes a fin de salvaguardar la pluralidad de ideas y corrientes de opinión, así como la necesidad de diversificación de los agentes informativos y el objetivo de evitar tanto los abusos de posesión dominante como las prácticas restrictivas de la libre competencia”. 

Por otro lado, los medios privados siempre han necesitado de una cierta independencia jurídica y económica para desarrollar su tarea de informar y formar a la opinión pública, pero si les falla, por ejemplo, la independencia económica (crisis publicitaria, negocios mal enfocados, etcétera, como les pasa ahora a muchos medios privados), entonces esos grupos dejan de ser independientes y pasan a moverse en el terreno de los intereses creados (políticos, económicos, etcétera). Por tanto, hoy día ni siquiera puede decirse que abunden los medios privados liberales que realicen, como recogen las leyes, una función social e informativa de relieve democrático, sino que al filtrar la realidad y mostrar éstos un enfoque de su discurso claramente parcial y sesgado se ocupan más bien de servir a sus propios intereses económicos. Ahora bien, como parte de la industria de la información, el ocio y la cultura que son, ayudan a configurar un consenso social que es el que interesa realmente a las elites políticas y económicas en el poder, como señalan Chomsky y Herman en su obra Manufacturing consent, en la que proponen, a su vez, la famosa teoría del papel de los medios de referencia como modelo de propaganda. Esta teoría, tan criticada por los intelectuales del sistema, es hoy si cabe más actual que nunca, pues los medios cada vez utilizan más filtros para elaborar las noticias, los informadores tienen cada vez menos influencia en las redacciones y los grupos de poder y los lobbies de las relaciones públicas presionan sin tregua la frenética labor de los profesionales a la hora de abordar las agendas informativas. Hoy día, asistimos a la recreación de una pseudo-realidad por parte de los medios que si bien es ficción no podemos decir que sea mentira, pero se acerca mucho a ella (Lippmann, 2003). Por esta razón son más necesarios que nunca unos medios públicos fuertes y plurales, realmente centrados en los intereses de la ciudadanía, y cuya función inequívoca sea la de informar, entretener y educar.

En consecuencia, la información debería ser un bien social y no un mero producto, según los principios de ética profesional del periodismo defendidos por la UNESCO, en 1983, y sólo debería estar protegida bajo la consideración de servicio público. El problema es que una institución que en los años sesenta y setenta del siglo pasado era clave a la hora de enfocar la problemática del desequilibrado mundo de la información a escala internacional, como la UNESCO, fue perdiendo peso específico debido a la presión que sobre sus actividades ejercieron Estados Unidos y su industria y a la puesta en marcha de otras instituciones más proclives a los intereses del neoliberalismo, como la propia OMC. La UNESCO, que siempre defendió un mayor equilibrio de la información internacional (Informe McBride) frente al dominio de las empresas del mundo anglosajón en ese terreno y otorgaba un mayor peso específico a los Estados como garantes de lo público a la hora de defender y salvaguardar la identidad, los derechos y libertades de los ciudadanos, es hoy una institución proclive a los intereses comerciales de las grandes potencias.

Por su parte, la Constitución española, en su artículo 149.27 otorga al Estado la competencia exclusiva en “las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas”. Igualmente, el Estatuto de Radio y Televisión (Ley 4/1980) decía que “la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado”. Si bien, dicho Estatuto, fue modificado por la Ley 24/2001 que dice que el servicio público “debe atender las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de los ciudadanos, garantizando el acceso de la ciudadanía a la información, cultura, educación y entretenimiento de calidad”. La gestión del servicio público, según esta ley, se encomienda al ente público RTVE, con lo que parecen quedar exentas de esas obligaciones el resto de las televisiones privadas.

Por esa razón, desde 2006 se han sucedido los cambios dentro del ente público de radiotelevisión española, primero para tratar de sanearlo económicamente y después dotarlo de una estructura más moderna y para adecuarlo a los nuevos tiempos y a las directivas y normas de la UE en materia de radiodifusión. Una de esas normativas ha sido la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal que, en su artículo 3.3 señala que “forma parte de la función de servicio público de radio y televisión contribuir al desarrollo de la sociedad de la información. Para ello participarán en el progreso tecnológico utilizando las diferentes tecnologías y vías de difusión, y desarrollarán nuevos servicios conexos e interactivos, susceptibles de enriquecer o completar su oferta de programación (…)”. En este sentido, según Jakubowicz (2007:41), los nuevos medios públicos deberían tener un papel protagonista en el desarrollo tecnológico y ostentar el liderazgo en el apagón analógico, estar presentes en todas las plataformas de distribución de contenidos, atraer a la audiencia y desarrollar sistemas interactivos a través de Internet para mantener e incrementar el contacto con el público. Por eso, gracias al desarrollo de la tecnología digital, el crecimiento de la oferta de canales ha permitido diversificar sus contenidos y transformar la televisión pública como único canal en “medios de servicio público”, en los que los espectadores se convierten en socios (Lowe y Bardoel, 2007:22). Obviamente, aquí se observa otro paradigma sobre el futuro de los medios públicos, que podrían llegar a ser en el futuro clubes de pago minoritarios para un público saturado por la publicidad y la televisión kitsch privada, que busque ciertas cotas de calidad y buen servicio. De hecho, algunos de los experimentos que se vienen haciendo en algunas cadenas públicas europeas parecen ir por ese camino, aunque cuentan con la oposición frontal de los canales privados, como ha sido el caso de la BBC en el Reino Unido.

En referencia a la BBC, siempre se ha puesto a esta televisión pública británica como ejemplo de lo que debería ser una verdadera televisión de servicio público. Y eso es así porque se supone que esta cadena cumple una serie de requisitos básicos como son: elaborar programas para toda la población, independientemente de su localización geográfica o su situación económica; ofertar una amplia gama de géneros televisivos; cubrir los intereses de las minorías para contribuir a la cohesión social; reflejar la identidad nacional y cultural del país; ser independiente frente a los gobiernos y los intereses comerciales; utilizar recursos públicos para financiar o subvencionar los programas; perseguir la excelencia en los contenidos; y no regirse solamente por los índices de audiencia (Medina, Ojer, 2009). Y estos principios básicos son los que deberían aplicar, al menos, el resto de las televisiones públicas en Europa, entre ellas la española. Pero ésta ha sufrido vaivenes continuos desde hace décadas porque ha sido siempre una herramienta política, primero en tiempos del franquismo, y después, durante la democracia, en manos del gobierno de turno y sin ninguna capacidad de determinación para llegar a ser un servicio público. No obstante, la citada Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal ha supuesto un avance significativo, hasta el punto de que para algunos “supone la más importante transformación democrática del servicio público estatal desde la llegada de la democracia” (Bustamante, 2006:239).

Ahora, una vez se han superado etapas y se ha convertido a la radiotelevisión pública en una corporación de titularidad estatal, auspiciada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y con el respaldo de la propia Unión Europea de Radiodifusión, sólo falta que el Parlamento de luz verde definitiva y desarrolle la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual. En estos momentos la norma está en trámites parlamentarios y ya ha habido fuerzas políticas y sindicales que han elaborado enmiendas sobre el carácter del “servicio público” recogido en el anteproyecto y sobre el derecho de todos los españoles a tener acceso a una información pública y plural, como señala la Constitución, a través de una televisión pública estatal o autonómica,  algo que no se cumple en todos los territorios en estos momentos. Esta ley traerá algo más de cordura al laberinto televisivo y audiovisual español y pondrá en marcha la creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA), que es el órgano esencial que le falta al servicio público y privado de televisión en España. Confiemos en que este Consejo sea realmente una autoridad independiente, con capacidad de vigilancia y sanción de la radiotelevisión pública y privada, y que no se quede en el remedo de autoridad complaciente con los políticos en que se han convertido algunos consejos audiovisuales autonómicos como los existentes en Cataluña o Andalucía. Además, estos organismos reguladores han tenido que enfrentarse a veces no sólo contra el poder político sino contra otros grupos de comunicación privados, como la Unión de Televisiones Privadas (UTECA), la COPE o el grupo Correo, que han declarado repetidamente su oposición a esos “órganos de censura”, equiparándolos a la censura previa del franquismo (Bustamante, 2006:240). En cualquier caso, sin una autoridad audiovisual firme e independiente, nunca desarrollada por España hasta ahora, la reforma del audiovisual sería improbable y los medios públicos y privados seguirían sin control alguno siendo terreno abonado de la clase política y motivo de preocupación dentro del Consejo de Europa y la Comisión Europea.

No obstante, para comprender los intereses creados que existen alrededor del CEMA basta con observar una noticia reciente que señalaba que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) había solicitado al Gobierno que desistiera de su intención de crear ese organismo y le dejara asumir esas funciones. Este organismo, máximo responsable de la regulación de las telecomunicaciones, aseguraba que si le concedían las nuevas competencias del sector se podría ahorrar al erario público unos 34 millones de euros anuales. Frente a esto, el anteproyecto de ley del Gobierno prevé que el CEMA se financie con el 10% de la tasa del dominio público radioeléctrico, que pagan las operadoras de telecomunicaciones, y con la tasa en materia de comunicación audiovisual que abonan las televisiones. La CMT no ve lógico que una misma empresa que preste servicios de voz, Internet y televisión sea sometida a tres organismos reguladores diferentes (Competencia, CMT y CEMA). La CMT ya cuenta con competencias en servicios audiovisuales como el otorgamiento de licencias o el control de los procesos de concentración. Además, la CMT aconsejaba al Gobierno que disminuyera el porcentaje de obras europeas que deben poner en la programación las televisiones, desde el 30% al 15% (Muñoz, 2009). Como se puede observar, las presiones de todo tipo para que no se cree un organismo estatal regulador de la televisión que sea realmente independiente son enormes, de ahí a veces el papel tan dependiente y frustrante que tienen estos organismos, al menos en su escasa experiencia autonómica en España.

Un ejemplo reciente de esa desconfianza de la clase política a ciertos organismos reguladores de los medios se puso de manifiesto recientemente cuando el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) requirió con gran celeridad a la dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y a la directora de la Televisió de Catalunya por la emisión de una imitación satírica del presidente de la Generalitat, José Montilla, justo después de que éste terminara el discurso institucional de la Diada. La dirección de TV3 pidió disculpas a Montilla durante el Telenoticies Migdia al reconocer que había sido un error no separar de forma clara el discurso de Montilla de la imitación. El CAC dice que los operadores públicos de televisión deben cumplir una serie de requisitos como la “misión de servicio público” y también atenerse a algunas limitaciones en espacios de contenido humorístico (Bracero, 2009).

En este sentido, habría que preguntarse que si las autoridades competentes muestran tanto celo por una crítica humorística hacia el poder, también deberían limitarse, sobre todo en las televisiones kitsch privadasotro tipo de contenidos, ya que, como señala Vicenç Navarro “las cadenas de televisión, sean públicas o privadas, utilizan el aire -un bien público- para su transmisión. De ahí que las autoridades públicas tengan toda la legitimidad para intervenir y proteger la salud e higiene mental de la población. Si es aceptable prohibir que se promueva fumar en los programas de televisión, debiera ser igualmente aceptable que se prohíban comportamientos y actitudes tóxicas que dañen la calidad de vida de nuestra población” (Navarro, 2009).

Otro elemento a tener en cuenta en el panorama audiovisual público español es el descarado control, por parte de determinados grupos políticos, al que están sometidas las televisiones regionales y locales. La proliferación de televisiones y radios públicas en las comunidades autónomas, reguladas a golpe de decretos y leyes poco coherentes a veces, no ha hecho sino ampliar el problema de los medios públicos en España. La mayoría sobreviven precariamente de los presupuestos generales de los gobiernos autonómicos y de la publicidad, según el modelo que tenía hasta ahora TVE. Su déficit constante, que pagan los ciudadanos, se justifica con la propuesta de una falsa identidad cultural regionalista que sólo beneficia a los grupos en el poder, de manera que son cadenas en su mayoría creadas no para ofrecer un servicio público de información de calidad y entretenimiento a los ciudadanos sino para crear consensos públicos y debates interesados que sostienen a los gobiernos regionales de turno. Sus programaciones, carentes de calidad en muchos casos, tratan de imitar a las existentes en las cadenas privadas, por lo que rara vez se pueden apreciar programas y contenidos de verdadero interés público. Este tipo de televisión, cuya máxima rentabilidad suele ser una fiel audiencia,  de un público objetivo hombre-mujer mayor de 55 años, que ve la televisión una media diaria de unas cuatro horas, está enfocada básicamente al entretenimiento, y priman en su programación los concursos y los programas de variedades enfocados a la familia, donde destacan un trasnochado folclorismo y una información repleta de mensajes consumistas y de propaganda política. Bien es verdad que estas televisiones han servido también, en ocasiones, para generar en su entorno una cierta industria audiovisual relacionada con los contenidos de los programas, que ha dinamizado el tejido empresarial y económico de la región, aunque en una proporción muy escasa, porque en este terreno priman también el nepotismo y un cierto tráfico de influencias.

Por otro lado, las televisiones autonómicas permanecen a expensas de una reestructuración que, de alguna manera, ya se intentó en 1997, durante un gobierno del Partido Popular, y que pretendía abrir paso a la posible privatización voluntaria de los canales autonómicos, encabezados por el Canal Valenciano y la Radiotelevisión de Madrid. No obstante, este hecho no llegó a fraguarse porque los tribunales de justicia adujeron que iba en contra de la Ley del Tercer Canal y de los propios estatutos de autonomía. Sin embargo, en los últimos años han proliferado los segundos canales y los canales autonómicos en regiones como Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha o Canarias, algunos de carácter mixto (público-privado), lo que plantea la difícil coherencia entre una televisión pública y los intereses económicos de sus socios privados que, como en el caso canario, pueden llegar a controlar no sólo la producción propia sino la programación. En cualquier caso, las televisiones públicas autonómicas hacen cada una la guerra por su cuenta en cuanto a su gestión y tienen formas diversas de funcionamiento, si bien en pocas regiones existe un consejo audiovisual verdaderamente independiente que las fiscalice. Además, tampoco se han aprovechado de la experiencia regional de la televisión pública estatal y menos aún han sabido colaborar como cabría esperar entre ellas, pese a la puesta en común de algunos proyectos puntuales e intercambio de formatos de programas dentro de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

Así pues, el “modelo de radiotelevisión autonómico, pese a sus evidentes descoordinaciones y despilfarros, parece estallar también en múltiples estructuras y dinámicas, no pocas veces contradictorias con las misiones de servicio público y en donde la función de motor del audiovisual independiente se confunde crecientemente con la máxima opacidad de la manumisión al poder político” (Bustamante, 2006:247).

6. La corporación RTVE y la TDT

En los sucesivos ciclos de desarrollo del medio televisivo hay una década, la de los noventa, que ha sido esencial para entender el momento actual. Y no sólo por los cambios políticos, como la desaparición del comunismo (la caída del Muro de Berlín, en 1989), y la consiguiente hegemonía estadounidense a escala planetaria. En esa década se produce también la creación de la World Wide Web y el inicio de Internet, y como ya hemos venido apuntando, una progresiva convergencia entre empresas de medios convencionales, la industria del conocimiento, las empresas de telefonía y de telecomunicaciones, y las empresas de cable y de satélite. En consecuencia, se impulsa desde esferas políticas la creación de una red de comunicación con tendencia  a la concentración vertical y horizontal, a escala global, que supera las limitaciones de los mercados nacionales. Este proceso de convergencia está dominado por la digitalización de esas redes y la aparición de un nuevo modelo televisivo. Pero este proceso no se ha llevado a cabo de forma uniforme en todos los países, sino que los anglosajones han ido un paso por delante marcando las pautas. En este sentido, “la situación de nuestro país es descorazonadora: nunca se han planteado políticas de comunicación aplicadas al mercado televisivo. El mercado y la intervención política han sembrado la semilla de la mediocridad y de la ausencia de diversidad. El mercado televisivo, la captura de la audiencia, el mercado publicitario, el entretenimiento, el mimetismo cultural hacia modelos internacionales hegemónicos, la pérdida del sentido del servicio público y el pago para ofertas de mayor calidad han constituido las señas de identidad del servicio televisivo en España, que se reproduce en las nuevas formas de televisión digital terrestre” (Saperas, 2007:190).

En este contexto se produce la transformación del ente público de RTVE en una corporación moderna de apoyo a la “sociedad de la información”, ya que mediante la ley 17/2006 de 5 de junio de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal se determina que es el Parlamento quien establece los “objetivos generales del servicio público mediante acuerdos-marco a nueve años y contratos-programa trianuales” (Arts. 4 y 32), mientras que la corporación acuerda con el Gobierno los objetivos específicos a desarrollar y los medios presupuestarios para atender esas necesidades. No obstante, dentro de RTVE se ha llevado a cabo una regulación de empleo que ha afectado a 4.150 trabajadores, lo que para muchos ha significado la descapitalización de la empresa y la reducción de sus capacidades a un mero hecho testimonial. Mediante la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, el Gobierno socialista parece haber cedido a los intereses de los emisores privados, pues suprime la publicidad en la televisión pública estatal a partir de enero del 2010, y por tanto la competencia, aunque, por otra parte, obliga a las cadenas privadas y a los operadores de telecomunicaciones a financiar parte del presupuesto de la nueva corporación.

El nuevo modelo de financiación garantiza el cobro de 1.200 millones de euros para 2010, que llegarán a través de los presupuestos generales del Estado (581 millones de euros) y de las tasas aplicadas a las televisiones privadas (3% de los ingresos anuales brutos en el caso de las televisiones en abierto y 1,5% las de pago) y los operadores de telecomunicaciones deberán aportar el 0’9 % (alrededor de 260 millones de euros). A estas cifras habrá que añadir otros 330 millones de euros de la tasa que las empresas pagan por el uso del espacio radioeléctrico. Este modelo de financiación no ha satisfecho del todo ni a las televisiones privadas, ni a los operadores de telecomunicaciones ni a los anunciantes. De hecho, 16 asociaciones, entre ellas la de anunciantes, la de agencias de publicidad y la patronal del sector del juguete advirtieron de que este tipo de financiación y la supresión de los anuncios de la televisión pública podría poner en peligro 18.000 empleos en España, mientras que los operadores de telecomunicaciones han amenazado con no pagar la tasa que les correspondería (González, Tudela, 2009).

La polémica y la desinformación han vuelto a impregnar cualquier atisbo de cambio que afecta al sector audiovisual en España, y si los ciudadanos han tenido alguna noticia al respecto ha sido por el descontento de muchos de los actores implicados con los cambios, no por el afán de éstos o del Gobierno de informar con claridad a la opinión pública sobre la situación. Pero como dice el profesor Bustamante, “toda esta innovadora ingeniería ha suscitado entusiasmos diversos, sobre todo entre las cadenas privadas que, mientras aplauden la retirada de la publicidad rechazan la subvención estatal a la televisión pública, sin ocultar así su afán depredador y su ambición de que la mejor televisión pública es la muerta” (Bustamante, 2009:24). Por su parte, el primer presidente de la corporación RTVE, Luis Fernández, incidía poco antes de su renuncia al cargo en que TVE era la televisión más barata de Europa porque costaba 12,4 euros por habitante y año. Aunque eso, depende de cómo se mire y en función de su calidad puede ser más bien un lastre que una virtud. Además, hacía hincapié en el liderazgo de los informativos que habían alcanzado “cotas de independencia, rigor, neutralidad y pluralidad nunca vistos en la historia” (Gómez, 2009). Sin embargo, poco tiempo después de tales declaraciones presentaba su renuncia al cargo ante el Consejo de Administración, al parecer, por discrepancias con la nueva Ley de Financiación de RTVE. Y de forma inmediata, al margen de otros grupos políticos y sociales, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, se ponían de acuerdo para buscar una candidato de consenso para el nuevo cargo, y lo hacían en la persona de Alberto Oliart, un ex ministro en tiempos de Unión del Centro Democrático (UCD), que ha sido presentado como un gestor público y que ha señalado que su función será trabajar para hacer una televisión pública aséptica. No deja de sorprender que haya sido precisamente en el tema de la televisión pública en el único asunto que los dos partidos políticos mayoritarios de este país han logrado ponerse de acuerdo de inmediato después de años de disputas y acusaciones sobre otros temas.

Parece obvio, no obstante, que en los últimos años ha habido algunos cambios en la televisión pública estatal con respecto a etapas precedentes, de hecho ha sido menos partidista y ha estado, aparentemente, menos manipulada desde el poder, pero sus problemas económicos, políticos, estructurales y de programación parecen muy similares a los que había antes de la reforma. Eso sí, ha dado algunos pasos recientes para asemejarse a otras cadenas públicas europeas, como crear una oficina del Defensor del Telespectador y del Radioyente o crear nuevos canales temáticos y una página Web con escasos contenidos, pero ha seguido siendo una televisión sin orientación pública, donde los programas culturales y educativos son escasos y donde faltan espacios atractivos para la infancia, la juventud, las minorías y los grupos sociales marginados. En cualquier caso, una encuesta de octubre del 2008 del diario El País señalaba que para el 71% de los encuestados TVE no cumplía bien con su función de servicio público, mientras que el 27% creía que sí.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el apagón analógico está previsto para el 3 de abril de 2010, se han puesto en marcha nuevas normativas y acciones para impulsar desde el Gobierno y la industria audiovisual el sistema de televisión digital terrestre (TDT), que se presenta como la panacea del futuro de la televisión (pública), pero aparece dando sus primeros pasos con notables fallos técnicos y, lo que es peor, sin contenidos. La implantación de la TDT está siendo muy deficiente debido entre otras cosas al descontrol de las condiciones de concesión privadas, al incumplimiento de la programación “de estreno, original y novedosa” que estipulaba la ley y, por tanto, a la falta de atractivo de los contenidos y de los servicios interactivos que la TDT proclamaba.

Aún más, en informes gubernamentales y comunitarios se han vertido una serie de promesas sobre la TDT que hoy por hoy no son sino una bagatela, a saber: a) El acceso universal a una oferta multicanal y de canales temáticos que la televisión de pago ha convertido en dieta mínima para el espectador; b) la oportunidad para revitalizar y adaptar a los tiempos actuales las misiones del servicio público; c) la ocasión para dar entrada a nuevos actores en el sector, incrementando el pluralismo; d) la posibilidad de diversificar el modelo de negocio televisivo, consolidando su economía; e) la oportunidad para generar una nueva industria potente de producción independiente; f) la promesa de una mayor diversidad para todos los usuarios (ciudadanos-consumidores); g) y finalmente, la principal puerta abierta al acceso a la “sociedad de la información” para todos los ciudadanos (servicios interactivos públicos o comerciales, acceso a Internet, etcétera), (Bustamante, 2009:25).

Pero aunque las expectativas de la TDT y el audiovisual, en general, no sean tan halagüeñas como nos han querido contar, lo cierto es que la televisión pública en España se va comprimiendo a la vez que emergen los negocios alrededor del nuevo paradigma digital y las televisiones de pago, y también Internet y la “sociedad de la información” van desarrollándose lenta pero inexorablemente tanto en España como en otros países, aunque casi siempre de espaldas a los ciudadanos. Y esto es así, en parte, porque en la sociedad actual “domina una imagen inducida que presenta lo privado como sinónimo de agilidad, flexibilidad, innovación y rentabilidad para todos, mientras que lo público aparece asociado a politización, burocracia, favoritismo y despilfarro” (Martín Medem, 2007:32).

7. Por una televisión educativa y cultural

En semejante situación, casi podría decirse que la televisión pública española está en una crisis de identidad tan evidente y a merced de los vaivenes que se producen en la nueva era digital y en la televisión comercial y de pago, que parece haberse cumplido el programa estipulado por la OMC para el mercado de servicios. Los servicios públicos, como el educativo o el de la televisión (información, educación, entretenimiento), se quedan sin identidad y en manos de la iniciativa privada, cuyo interés no consiste en educar o informar sin sesgos a la población, sino en ganar dinero. Por esta razón, la propuesta más atrevida para que la televisión pública no acabe por desaparecer creemos que sería apostar desde el Estado por una televisión educativa y cultural de calidad, aunque, como sucede en otros países, el ciudadano tuviera que pagar un canon o tasa por ello. Tenemos el ejemplo de Gran Bretaña, con cadenas de este tipo consolidadas como la BBC o Channel 4, Francia, con la F5 o el canal franco-alemán ARTE, y también existen apuestas culturales y educativas interesantes en el ámbito televisivo en países del Norte de Europa y en otros como Canadá, México o Brasil.

La RTVE ya inició en los años sesenta algunas propuestas de televisión educativa, programas que eran destinados a la formación básica (Escuela TV, Escuela TVII, Academia TV) y que siguieron en los ochenta y noventa con algunas ideas más atrevidas (Ventana Abierta, TV Educativa, La Aventura del Saber), pero siempre se quedaron en apuestas puntuales de escaso relieve tanto en el tiempo como en sus contenidos. Hoy existen algunos programas que promueven las artes o las ciencias, pero suelen estar situados en la parrilla a horas poco adecuadas. Uno de los teóricos que más ha trabajado el tema de la televisión educativa y cultural en España es el profesor Pérez Tornero, quien hace una serie de propuestas a escala estatal y no sólo cara a las televisiones públicas sino también a las privadas. En su opinión,  serían necesarias múltiples actuaciones en este campo, como: a) crear un Consejo Consultivo sobre Educación, Cultura y Audiovisual, similar al Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales independiente de próxima creación; b) aplicar procedimientos claros y transparentes en la aplicación de los presupuestos tanto de la televisión estatal como de las autonómicas; c) establecer en las televisiones públicas unos límites en la obtención de ingresos publicitarios y comerciales; d) reinvertir en servicio público la mayor parte de los ingresos obtenidos mediante la explotación comercial; e) establecer mecanismos de coordinación entre las televisiones públicas y las autoridades culturales y educativas; f) establecer sistemas cualitativos y cuantitativos de análisis de la audiencia y de los gustos y satisfacción del público; g) transformar las principales leyes audiovisuales para fijar las obligaciones de las empresas privadas en relación con la educación y la cultura; h) promover incentivos estatales a la producción y difusión de programas educativos y culturales; i) crear un Plan de Educación en Medios que penetre en el sistema educativo y social (Pérez Tornero, 2004:43-50).

Siguiendo con esta propuesta de modelo educativo y cultural para la televisión pública estatal, Pérez Tornero estima que RTVE debería crear un Departamento de Espacios Culturales, Educativos e Infantiles que tuviera un peso específico importante; convertir La 2 en un canal educativo y cultural; crear un canal infantil y juvenil educativo, de ocio y entretenimiento; crear un canal multimedia de servicios educativos (educación a distancia); replantearse el papel de los canales temáticos actuales para promover sobre todo las ciencias, las artes y la historia; mantener los canales internacionales y ampliar sus funciones; y finalmente, integrar a RTVE en el canal ARTE, uno de los canales culturales más interesantes de Europa, y en la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI).

En este sentido, hay pensadores latinoamericanos que han apostado desde hace tiempo por “aprovechar las nuevas tecnologías de la información (satélite, cable, Internet) para distribuir el cine iberoamericano por todos los países de la región y del resto del mundo y también ejercer políticas públicas que posibiliten la difusión de las mejores producciones y programas de televisión de unos países a otros y, en particular, en los canales públicos tanto nacionales como regionales y locales” (Martín Barbero, 2002). En 2007 se lanzó la idea de crear la Televisión América Latina (TAL) que trabajaría como una red estratégica latinoamericana de comunicación para la emisión de documentales, programas culturales y educativos, aunque sospechamos que muy poco se ha avanzado al respecto. No obstante, sobre estos y otros proyectos han escrito autores como Galperin, García Canclini, Fuenzalida, Getino o el propio Martín Barbero.
También Bustamante ha propuesto en ocasiones “la creación de un canal educativo-cultural que debería aprovechar las reservas y experiencias de la ATEI con una programación sistemática durante parte del día, ofreciendo en el resto de las emisiones una ventana abierta a todos los ámbitos de la creatividad cultural iberoamericana, clásica y moderna”. Asimismo, este mismo autor proponía “una reforma profunda de Hispavisión, que se proponía llamar Ibervisión (por la imprescindible integración de Portugal y Brasil), abierta a todos los géneros del audiovisual, pero especialmente al largometraje, la ficción televisiva y los documentales, en estrecha integración con el programa Ibermedia, capaz no sólo de aportar una vía financiera a éste sino también de construir una nueva imagen pública de la especificidad de nuestra creación audiovisual” (Bustamante, 2005).

8. Conclusiones

Una vez se han expuesto los condicionantes básicos sobre la situación que padecen en la actualidad las televisiones públicas y lo público, en general, mediatizadas por un sector audiovisual y de las telecomunicaciones que impone a escala mundial la mercantilizada “sociedad de la información”, y poniendo especial énfasis en la situación de las televisiones públicas en España, y más concretamente en la recién creada corporación estatal RTVE, podemos adelantar las siguientes conclusiones:

1. Los intereses del mercado global y la liberalización llevada a cabo en el sector audiovisual y el de las telecomunicaciones, en los años ochenta y noventa, han excluido a las televisiones públicas de ese mercado, privándolas de un status propio y de capacidad de acción para dirigirse a amplias audiencias, salvo escasas excepciones.

2. La decadencia de las televisiones públicas y las presiones que reciben del mercado y de los poderes públicos ha sido planificada, de una parte, mediante la puesta en marcha de normas internacionales de obligado cumplimiento sobre el comercio de servicios implantadas por organismos como la OMC, y por otra, debido a la paulatina retirada del Estado como protector de lo público y de los derechos de los ciudadanos, en lo que pudiera considerarse el fin del Estado del Bienestar. Los ciudadanos han perdido en gran parte el rol de ciudadanía y han pasado a ser considerados por los poderes públicos y el mercado sólo como meros consumidores-clientes de servicios de pago en la nueva “sociedad de la información”.

3. La implantación de la “sociedad de la información” se ha hecho en gran medida de espaldas a la sociedad, mediante el desarrollo de las tecnologías de consumo masivo y el cambio de paradigma audiovisual, desde el viejo modelo televisivo a los sistemas multimedia e Internet, pasando por la digitalización (apagón analógico) y la consolidación de grandes corporaciones privadas que controlan la información, el ocio y la cultura en la nueva sociedad. Por tanto, se impone en esos ámbitos la uniformización frente a la diversidad.

4. El modelo de televisión pública española -quizás junto al italiano- venía siendo un caso anómalo en el contexto europeo, al ser básicamente comercial y dependiente del Estado, lo que suponía estar supeditado a las presiones y la utilización de los gobiernos de turno en una sociedad como la española con un escaso desarrollo democrático de los medios de comunicación, en general. Ese modelo ha tratado de modificarse en los años de gobierno de Rodríguez Zapatero, que es el primero en democracia que propone una Ley General del Audiovisual y normas acordes a lo que debiera ser un modelo público de televisión y se atreve a impulsar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, al estilo de otros países como Francia o Gran Bretaña. Todo ello, no obstante, no significa que el modelo, hasta ahora totalmente clientelar, vaya a funcionar en un futuro con un verdadero control parlamentario, como fuera deseable. Además, desde los poderes públicos y privados no se ha sabido -o no se ha querido- explicar a los ciudadanos el sentido profundo de este tipo de cambios, que afectan a su existencia, como, por ejemplo, el paso del analógico al digital o la llegada de la televisión digital terrestre (TDT).

5. Como existen serias dudas sobre una razonable vida de las televisiones públicas, tanto estatales, como regionales o locales, en el marco económico y político actual, se propone que el Gobierno y el Parlamento deberían adecuar las leyes audiovisuales actuales para configurar una verdadera televisión pública de carácter educativo y cultural. De esta forma se cumplirían los objetivos de misión social de las televisiones públicas y se devolvería a los ciudadanos el derecho a recibir una información plural, educación y cultura, como recoge la Constitución y que, en gran medida, les han sido arrebatados por imperativos mercantiles. Además, con una parte del sector audiovisual dedicado a promover la educación, la cultura y el entretenimiento, teniendo en cuenta los intereses de todos los grupos sociales, incluidas las minorías, se lograría un mayor grado de democracia participativa y una ciudadanía más civilizada. ¿O no es ésta una aspiración de la sociedad global?

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