Revista Latina de Comunicación Social 64 – 2009

Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social
Depósito Legal: TF-135-98 / ISSN: 1138-5820
Año 12º – Director: Dr. José Manuel de Pablos Coello, catedrático de Periodismo
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Los medios no son el cuarto poder

Por Ciro Hernández Rodríguez

La relación entre el poder y los medios se ha revelado como conflictiva a lo largo del tiempo. Lo más destacado de esta relación ha sido la desconfianza mutua. Un buen resumen de esta situación lo expresa la censura ejercida por los gobiernos como procedimiento para controlar o acallar a los medios. Con la llegada del liberalismo, las cosas fueron cambiando, pero no lo hicieron de un día para otro. La aparición de la libertad de expresión y de la prensa libre ha sido un largo proceso todavía inconcluso en muchas sociedades.

Unas frases de THOMAS JEFFERSON ilustran la situación contradictoria entre medios y poder:

“…prefiero periódicos sin gobierno, que gobierno sin periódicos…”

No mucho tiempo después, él mismo afirmaría:

“…nada se puede creer de lo que se lee ahora en un periódico. La verdad misma se vuelve sospechosa cuando se pone en este instrumento contaminado. Quiero añadir que aquel que nunca lee un periódico está mejor informado que aquel que lo lee…”

La evidencia de esta relación contradictoria nos permite considerar a la prensa como un poder más en pie de igualdad frente los tres poderes clásicos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, disputándole a cualquiera de ellos su papel de control sobre los demás. En este sentido se habla del cuarto poder para referirse a los medios. Y es cierto que a veces actúa de forma objetiva como un poder más, dictaminando como se deberían hacer las cosas.

Pero es muy probable que esta visión de los medios frente al poder político sea exagerada pues, no en balde, los mecanismos de legitimación de los poderes tradicionales en democracia demandan sofisticados procedimientos para su constitución. El sufragio funciona como aval directo del Legislativo para los regímenes parlamentarios. A su vez, la elección y designación por el Legislativo avala a los otros dos poderes. Aparte, en los países de tradición latina actúan otros principios, como el de mérito, el de capacidad y la condición de funcionarios de jueces y magistrados. Estos principios regulan la carrera judicial para garantizar la independencia de los órganos de justicia frente a los demás poderes.

Demostraremos que dar a los medios el mismo papel en la sociedad que a los demás poderes, que al poder político, es poner en solfa a la democracia desde sus mismos fundamentos. Esta interpretación excesivamente laxa del principio de división de poderes que MONTESQUIEU definiera como el mejor antídoto para los excesos del propio poder, es llevar las cosas al extremo.

Si bien la teoría liberal clásica atribuye el mismo papel a los medios de comunicación que a los demás poderes, lo cierto es que los medios no son neutros, como no lo es ningún grupo social movido por los mismos intereses estrechos y particulares de cualquier otra organización de índole económico y lucrativo que opere en el  mercado, y que lo haga con entidad propia.

La experiencia más evidente demuestra que las relaciones entre poder político y medios de comunicación son vinculantes y estrechas, lo que desvirtúa el papel de control que se les atribuye. Pero esto último no es lo peor. Los medios muestran aún una mayor dependencia de intereses y organizaciones económicos a los que necesitan para su supervivencia en las condiciones establecidas por el mercado. La publicidad comercial o institucional, las ayudas y subvenciones, imprescindibles en la mayoría de los casos, hipotecan los contenidos y las líneas editoriales, atan de pies y manos a los medios y les impiden ejercer libremente la tan necesaria crítica pública.

No son pocos los casos de campañas de acoso mediático y político a un gobierno y a su partido por no plegarse a los deseos de grupos y organizaciones económicas durante la reciente historia de occidente, sobre todo de organizaciones económicas empresariales, financieras o monetarias. Incluso hoy podemos ver con qué descaro determinados medios se posicionan en contra de las políticas y decisiones del gobierno, todo ello en una calculada estrategia de desgaste tramada entre opciones políticas opositoras y asociaciones patronales para obligar al gobierno a adoptar iniciativas contrarias a los intereses y deseos de la mayoría social.

La misma filosofía liberal que atribuye tan benéficos efectos a los medios en su labor de control al gobierno, alimenta esa concepción economicista de la política que sirve a intereses mucho más estrechos y limitados que los públicos y generales.

Así pues, a pesar  de la interdependencia en la constitución de los tres poderes (el Legislativo ha de hacerlo con arreglo a la ley, y el Judicial y el Ejecutivo dependen del Legislativo), aún aceptando las limitaciones del mecanismo de checks and balances que se manifiesta mediante esta tradicional división de poderes, situar a los medios de comunicación social en el mismo papel institucional que a los otros supone, más que otra cosa, una interferencia en el ejercicio del poder político democrático.

En realidad, el acierto de la teoría política liberal se encuentra en la defensa del régimen de libertades, que no es discutible desde ningún punto de vista. El problema empieza en el momento en el que el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión se pretende limitar a unos medios que no son públicos, sino que son privados, y que apenas sí son capaces de representar a grupos y sectores muy determinados y limitados dentro de la sociedad.

Podríamos pensar que los medios públicos, por el hecho de serlo, dependen del Gobierno y por definición quedarían sometidos a él. Pero nos debemos referir con propiedad a este último tipo de medios denominándolos «oficiales», y no públicos. Los públicos deben responder a los intereses propiamente públicos y generales.

No cabe duda de que el mecanismo de la libre formación de la opinión a través de los medios es imprescindible para que el sistema democrático garantice el pluralismo, la diversidad y la dinámica política que lo hacen socialmente eficiente. Quizás por eso las últimas propuestas de reforma de los medios de comunicación públicos pasen por atribuirles el papel de canalizadores y difusores de las reivindicaciones e iniciativas de los grupos sociales más significativos (asociaciones de todo tipo, sindicatos, fundaciones y organizaciones benéficas, las ONG, etc.) y también de las minorías organizadas, todo ello  con la finalidad de agilizar a la sociedad civil, ámbito natural de la libre expresión y organización de la sociedad en sentido amplio. Es evidente que los medios privados no atienden suficientemente esta importante función democrática, muy probablemente será porque no hallan en esta actividad informativa ningún lucro económico y no queda otro remedio que atribuírsela a los medios públicos.

No obstante lo expuesto, no podríamos concluir esta breve reflexión sin dejar constancia de que esta crítica al papel de los medios como contrapoder en la teoría clásica liberal no impide reconocer el papel de denuncia en los excesos del poder jugado por estos medios en casos concretos y particulares de todos conocidos, algunos de ellos ya tan tópicos como el del Watergate. La crítica simplemente plantea sus limitaciones prácticas y apunta a soluciones que ya se están implementando en lo organización de las democracias políticas más avanzadas. Y, por supuesto, acota su papel político sin llegar a reconocer a los medios como otro poder político-institucional más, en pie de igualdad con los otros… a no ser que los medios se acaben de regular y limitar en los otros poderes como ellos lo hacen entre sí desde su mismísima constitución o, lo que es lo mismo, a no ser que se democraticen. Nada es perfecto, pero todo es perfectible.

Ciro Enrique Hernández Rodríguez                                      cirohdzrdgz@gmail.com