Meyer Rodriguez, José Antonio (2009): Establecimiento de agendas en medios de comunicación: Repercusiones del escándalo mediático Marín-Nacif-Cacho. Revista Latina de Comunicación Social, 64.

Establecimiento de agendas en medios de comunicación: Repercusiones del escándalo mediático Marín-Nacif-Cacho

Agenda setting in mass media: Consequences at the Marín-Nacif-Cacho media scandal

Dr. José Antonio Meyer Rodríguez [C. V.] Profesor-investigador - Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP (México) - joseantonio.meyer@gmail.com

Resumen: Esta investigación analiza uno de los escándalos mediáticos más importantes de los últimos años en México, en el cual la agenda pública se orientó hacia la discusión de una presunta violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho por el Gobierno del Estado de Puebla para favorecer a un empresario señalado como protector de una red internacional de pornografía infantil. Pese a la presión de partidos políticos, algunos medios de comunicación y distintos grupos sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidenció la carencia de instrumentos jurídicos para culpar a los responsables y evitar una evidente acción de impunidad. El estudio se fundamenta en la teoría del establecimiento de agendas (agenda setting) y otras relacionadas, las cuales brindan las metodologías necesarias para comprender la construcción e incidencia de temas de interés en la opinión pública y sus implicaciones en la cultura política ciudadana.

Palabras clave: Agenda mediática; cultura cívica; derechos humanos; ejercicio del poder; tráfico de influencias

Abstract: This study examines one of the most important media scandals in the recent of Mexico, where the public agenda discussed the human rights violation at the journalist Lydia Cacho by the government of Puebla to favour a businessman signed of protect an international network of child pornography. Despite the political pressure of parties, some media and different social groups, the National Court of Justice evidenced the inappropriate legal instruments to blame those responsible people and allow impunity. The study is based on agenda setting theory and other related, which provide methodologies needed to understand the construction and incidence of topics in public opinion and its implications in the political culture of citizens.

Key Words: Media Agenda; Civic Culture; Human Rights; Credibility Gap; Influence Peddling.

Sumario: 1.Planteamiento general. 2. Fundamento teórico. 2.1 Establecimiento de agendas. Primer nivel teórico del establecimiento de agendas. Segundo nivel teórico del establecimiento de agendas. 2.2. Framing y marcos noticiosos. 2.3. Diferencia de conocimientos sociales. 3. Metodología del estudio. 3.1. Análisis de contenido. 3.2. Estudios de opinión pública. 3.3 Hipótesis de la investigación. 3.4. Variables de investigación. 4. Investigación de campo. 4.1 Análisis de contenido de la grabación telefónica entre Kamel Nacif y Luís Ángel Casas Arellano. 4.2. Análisis de contenido de la grabación telefónica entre Kamel Nacif y el Gobernador del Estado de Puebla. 4.3. Análisis de las percepciones ciudadanas y su impacto en los niveles de aceptación del Gobernador del Estado de Puebla previo al proceso electoral federal. 4.4. Análisis de las percepciones ciudadanas y su impacto en la aceptación del Gobernador del Estado de Puebla, de acuerdo a los gaps comunicacionales de la población. 5. Conclusiones generales. 6 Bibliografía. 7. Notas.

Summary: 1.General Approach. 2. Teoric Basis. 2.1. Agenda Setting (Agenda Setting First Level. Agenda Setting Second Level). 2.2. Framing and the News. 2.3. Social Knowledge Differences. 3. Study Methodology. 3.1. Content Analysis.3.2. Opinion Public Studies. 3.3 Research Hypothesis. II.4. Research Categories. 4. Experimental Research. 4.1 Content Analysis to the telephone call to Kamel Nacif at Luis Angel Casas Arellano. 4.2. Content Analysis of telephone call to Kamel Nacif at the Governor of Puebla State. 4.3. Citizen Perceptions Analysis and the acceptation level to the Governor of Puebla State before de federal election. 4.4. Citizen Perceptions Analysis and the acceptation level to the Governor of Puebla State in correspondence to communications gaps of the population. 5. General conclusions. 6. Bibliography. 7. Notes.

En 2003, luego de muy distintas investigaciones y entrevistas, Lydia Cacho Ribeiro –activista en derechos humanos y periodista radicada en Cancún, Quintana Roo (México)– inició la denuncia mediática de una importante red internacional de pederastía infantil con sede en ese centro vacacional cuyo principal promotor fue el empresario de origen libanés Jean Succar Kuri. Ante su eventual detención, el acusado huyó del país pero fue detenido cuatro meses después en Arizona (Estados Unidos) a partir de una solicitud de extradición formulada por el gobierno mexicano. [1] Tiempo después, la escritora publicó el libro Los demonios del Edén. El poder detrás de la pornografía infantil [2] donde señaló a personajes muy poderosos de la política y la economía de México como clientes principales del servicio y abrió una discusión discrecional del asunto en algunos medios de comunicación. Para protegerse de una posible detención, uno de los principales promotores el empresario Kamel Nacif Borge –mejor conocido como “El rey de la mezclilla”– presentó una demanda por difamación y calumnia contra la escritora en el Juzgado Quinto de lo Penal del Estado de Puebla. [3]

No obstante, al finalizar ese año mediante una acción de colaboración entre policías judiciales de los estados de Quintana Roo y Puebla Cacho fue detenida en Cancún, incomunicada, trasladada en automóvil particular durante más de 12 horas y remitida al Centro de Readaptación Social de la ciudad de Puebla. [4] La detención se sustentó en una orden de presentación dictada por la Juez Quinto de lo Penal del Estado de Puebla, a partir de una serie de presiones políticas tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Gobierno del Estado de Puebla. Luego de 30 horas de arresto en esa entidad, Cacho Ribeiro fue puesta en libertad bajo caución previo pago de una fianza de 7.000 dólares. Ante la presencia de senadoras de la República y defensoras de la equidad de género en el país, la periodista negó haber recibido citatorios de la juez y calificó su detención como “ilegal y mañosamente estructurada”. Destacó también la tortura psicológica de los policías poblanos durante su traslado por carretera, el cambio por personal femenino previo al ingreso a la cárcel y un presunto intento de abuso sexual por algunas custodias y reclusas. [5] Para responder a los asuntos asentados en el expediente No. 345/2005, Cacho se presentó amparada días después para acusar al empresario Kamel Nacif Borge de amenazar y ofrecer dinero a las víctimas que sustentaron su investigación sobre la pornografía infantil en el Estado de Quintana Roo. Sin embargo, la juez dictó auto de formal prisión en su contra porque a su juicio si se demostró la comisión de los delitos de difamación y calumnias. [6]

El 15 de enero de 2006, al cumplirse un mes de la detención, el gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín Torres, presentó su Primer Informe de Gobierno en medio de una amplia cobertura de medios y la difusión de un estudio de opinión pública que demostraba altos índices de aceptación entre la población. Sin embargo, de manera paralela editorialistas y caricaturistas de diversos diarios nacionales expresaron mediante un comunicado su “enérgico rechazo al Gobierno del Estado de Puebla por la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho”. [7] En ese contexto, el 14 de febrero el periódico La Jornada y los noticieros de W radio y Televisa divulgaron conversaciones telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y otros personajes, entre los que se incluyó una con el gobernador Mario Marín. En las grabaciones –adquiridas de manera anónima– las personas involucradas se congratularon del arresto de la periodista, mientras que el textilero alabó a su “Góber precioso” y lo premió con “dos botellas de coñac” (sic). [8]

Ante la amplia y reiterada difusión de las conversaciones en los medios de comunicación de cobertura nacional, el político señaló insistentemente en sus respuestas a los periodistas que la voz de la grabación “no era la suya”, que la producción “era apócrifa” y estaba “editada para desprestigiarlo”. Sostuvo además que no abandonaría el cargo, por lo que exigió a las autoridades federales una investigación a fondo sobre el origen de las “grabaciones clandestinas”. [9] A partir de ese momento el tema y sus diferentes atributos mediáticos se convirtieron en un escándanlo nacional e internacional, por lo que los asesores del gobernador movilizaron a los trabajadores al servicio del Estado para que marcharan por las principales calles de la ciudad de Puebla y denostaran “los cuestionamientos realizados por sus enemigos políticos”. Los asistentes llevaron gorras y playeras con la leyenda: “Marín creo en ti”. [10] Por separado, en su visita a la entidad como parte de su campaña electoral, el entonces candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se presentó frente a las instalaciones del Congreso del Estado para solicitar “juicio político en contra del gobernador”. [11]

Una serie de estudios de opinión publicados en medios de comunicación de cobertura local, mostraron que a partir del escándalo la aceptación pública del gobernante cayó poco más de 14 puntos porcentuales respecto al mes anterior, al tiempo que su desaprobación aumentó hasta en un 10.3 por ciento.[12] Ante ello, el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional y la Alianza por México a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado, se deslindó políticamente del gobernador –pese a constituir este uno de sus más fieles aliados para garantizar buenos resultados electorales en esa zona del país– y exhorto a las autoridades federales para investigar el asunto hasta sus últimas consecuencias. [13] Al mismo tiempo, las diferentes fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión solicitaron de manera unánime a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomar el caso Lydia Cacho, manifestarse sobre la comisión o no de algún delito y, sobre todo, dictaminar sobre las presumibles violaciones a los derechos humanos de la escritora. [14] Los senadores del Partido de la Revolución Democrática solicitaron la desaparición de poderes en el Estado de Puebla para evitar lo que llamaron “un crecimiento del clima de inestabilidad social en la entidad”. [15] En un hecho sin precedentes, miles de ciudadanos radicados en la ciudad de Puebla salieron a las calles para manifestarse en contra del Gobernador Marín y “exigir su renuncia al cargo”. Entre los marchistas se incluyeron profesores y alumnos de diversas universidades, intelectuales, artistas, miembros de los partidos políticos, opositores y grupos de activistas. [16]

En medio de la incertidumbre, el mandatario anunció a través de la televisión local –con su familia presente– la creación de una Fiscalía Especial contra la Pederastía y Abusos a Menores, cuya propuesta fue enviada al congreso local para su aprobación. La instalación de este órgano tuvo la intención de reiterar que “en Puebla no se solapa, ni protege a los pederastas” [17] Para evitar también más presiones públicas las autoridades judiciales de la entidad absolvieron a Lydia Cacho del delito de calumnia, pero mantuvieron su querella por difamación. [18] De igual forma, la juez se declaró incompetente para resolver el juicio en el Estado de Puebla y remitió el expediente al Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo. Poco después el juez encargado del caso en aquella entidad también se declararía incompetente y turnaría el expediente a un juzgado del Distrito Federal. En febrero de 2007 una enmienda legislativa federal invalidó el delito de calumnia y difamación por parte de los periodistas, al clasificarlo como una acción de carácter civil y no de índole penal. Con base en ella la jurisdicción del Distrito Federal exoneró a la periodista de los cargos, ante la indignación de los abogados del empresario Kamel Nacif quienes alegaron haber presentado en tiempo y forma las pruebas suficientes y necesarias para la dictaminación previa del caso. [19]

Ante la insistencia pública reiterada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la solicitud del Congreso de la Unión para investigar a fondo el caso lo que generó un beneplácito popular. Meses después y luego de analizar los elementos probatorios, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia presentó un proyecto de dictamen que absolvió al funcionario público “ante la insuficiencia de pruebas para establecer la violación de los derechos humanos de Lydia Cacho”. El ministro enfatizó que el único vínculo entre Mario Marín y Kamel Nacif en su supuesta confabulación contra la periodista fueron las conversaciones telefónicas dadas a conocer el 14 de febrero de 2005, “mismas que no pueden ser elemento probatorio por haberse obtenido en forma ilícita”.[20] La decisión motivó fuertes polémicas al interior de la Corte, por lo que varios ministros abogaron porque se postergara la resolución y realizara una nueva investigación. Luego de diversas deliberaciones, se decidió profundizar en las mismas con la finalidad de esclarecer el presunto tráfico de influencias en favor de Kamel Nacif por parte del Gobierno del Estado de Puebla. En ese contexto, tanto el Gobernador como la Procuradora de Justicia del Estado solicitaron a la Corte considerar en sus investigaciones el examen psicológico que peritos de la Procuraduría General de la República realizaron a la periodista. Asimismo, para protegerse de cualquier acto judicial Kamel Nacif y su socio en Puebla, Hanna Naked Bayeh, solicitaron un amparo para no ser interrogados por la Comisión Especial de la corte federal.

En junio, la Comisión Especial encontró responsable al Gobernador de Puebla de presionar a las autoridades judiciales de su Estado para detener extraterritorialmente y encarcelar a la periodista Lydia Cacho. [21] En ese sentido, el equipo encabezado por el ministro Juan N. Silva Meza recomendó someter a juicio político al Gobernador Marín, desaforar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, ejercitar acción penal contra la Procuradora de Justicia de Puebla y el de Quintana Roo, así como destituir a la Juez Quinto de lo Penal del Estado de Puebla. No obstante, una Corte dividida decidió postergar la votación del dictamen argumentando “la necesidad de garantizar plenamente –tal y como lo solicitó la defensa del Gobernador Mario Marín– la facultad de audiencia de las partes involucradas, quienes tendrán acceso al dictamen de manera oficial y podrán presentar sus observaciones o pruebas que ayuden a confirmar o rechazar la investigación”. [22] Ante este resolutivo, el Gobierno del Estado de Puebla inició una embestida mediática sin precedentes en la que recursos públicos importantes se utilizaron para condicionar la postura de diferentes noticieros y periódicos para insistir ante la opinión pública local sobre la honestidad del gobernante y demostrar “los importantes resultados de su gestión”. [23] Así, en un ambiente local sesgado por los resultados de un estudio de aceptación pública de fuente desconocida y el drástico cambio de postura por parte de los principales medios locales de comunicación –ampliamente favorecidos por la publicidad oficial y política ante la proximidad de un proceso de elecciones locales– la Corte se manifestó en septiembre de 2007 en favor de las autoridades de Puebla “al no encontrar evidencias sobre la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho”. [24] La resolución provocó una condena pública generalizada en muchos medios de comunicación del país, mientras la propia periodista manifestó su disposición de acudir ante instancias internacionales para no dejar el hecho impune.

La teoría del establecimiento de agendas se centra en la capacidad de los medios de comunicación para graduar la importancia de la información que difunden, otorgando un orden de prioridad y favoreciendo una determinada percepción ciudadana sobre las noticias de la vida pública. Asimismo, señala que los medios deciden qué temas excluir o incluir en la agenda para eliminarlos o incentivar su debate público. En ese sentido, la agenda mediática –conformada por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia– influye en la agenda del público y la dinámica social de una comunidad. De acuerdo con esa premisa. los temas relevantes en los medios adquieren mayor importancia para los públicos, influyen en sus decisiones y orientan sus formas de participación cívica. Esta teoría continua la tesis que Cohen (1963:17) planteó en sus investigaciones, donde destaca que “los medios informativos pueden no acertar al decirnos cómo pensar sobre un determinado tema, pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar”. Aunque la teoría de agenda setting surgió a finales de los años sesenta del siglo pasado, con el tiempo se ha convertido en el enfoque de investigación más referido para explicar la influencia de los medios de comunicación y su incidencia en la formación de opinión pública.

Existen dos niveles teóricos que corresponden a dos etapas de investigación claramente distinguibles. El primero se centra en los temas (issues) y afirma que “los medios nos dicen sobre qué pensar”. El segundo profundiza en los aspectos o atributos (marcos) que los periodistas enfatizan al informar sobre los hechos. Por tanto, señala que “los medios no solo nos dicen en qué pensar sino también en cómo pensar”. Los primeros análisis de la influencia mediática en la opinión pública fueron definidos por Lippmann (1922: 29), quien señaló que “los medios informativos son una fuente fundamental para la construcción de imágenes en la mente (percepciones) sobre el mundo de los asuntos públicos que, para la mayoría de los ciudadanos, está fuera de su alcance”. De esta manera, dijo, “lo que sabemos del mundo se basa sobre todo en lo que los medios deciden decirnos. Más específicamente, el resultado de esta visión mediada del mundo es que elementos sobresalientes de la agenda de los medios se vuelven sobresalientes en la mente pública”. Estos planteamientos fueron desarrollados más decididamente por McCombs y Shaw (1972), desde sus primeros trabajos de investigación.

El presupuesto central de esta teoría sostiene que el público tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios de comunicación incluyen o excluyen de sus propios contenidos. El público asigna a ellos una importancia igual y es consecuente con el énfasis atribuido por los medios a esos acontecimientos, problemas o personajes. La explicación es que la comprensión de la gente sobre gran parte de la realidad social se determina por la acción cotidiana de los medios de comunicación. Así, de la misma manera que las rutinas productivas y los valores noticiosos en su aplicación constante forman el marco institucional y profesional en el que es percibido el sentido público de los acontecimientos, el constante énfasis en algunos temas, aspectos y problemas crea un esquema interpretativo y de conocimientos (frames) que se aplica -más o menos conscientemente- para orientar lo que el público observa. Es decir, dicho en términos de Shaw y Long (1977: 103), “los medios proporcionan algo más que un cierto número de noticias, ya que definen también las categorías mediante las cuales los destinatarios pueden fácilmente colocarlas en forma significativa dentro de su acervo de conocimientos”. Funkhouser (1973:63) manifiesta que “los medios tienden a seleccionar y priorizar los temas en términos de espacio y tiempo, donde la prensa y la televisión provocan diferentes influencias al momento de establecer las agendas. El autor destaca la divergencia entre la cantidad de informaciones, conocimientos e interpretaciones de la realidad social –aprendidas a partir de los medios y las experiencias personales vividas directamente por los individuos. Por ello, Weaver (1996: 225) señala que “hay grandes paquetes de realidad que los sujetos no experimentan directamente, ni definen interactivamente en su vida cotidiana, sino que dependen exclusivamente de la mediación simbólica de la comunicación de masas”. En ese sentido, al poner el acento en esta creciente dependencia cognoscitiva de los medios existe un impacto directo –aunque no inmediato– sobre los destinatarios que se evidencia en tres aspectos sustantivos:

McCombs, Weaver, Graber y Eyal (1981: 16) han sido los autores que más han desarrollado el segundo nivel de la teoría del establecimiento de las agendas, la cual se define por las características cognoscitivas y afectivas de los problemas. Ella señala que de la misma manera que los asuntos pueden variar en su relevancia, también los atributos sobre una misma cuestión pueden jerarquizarse unos con base en otros. Los medios no sólo canalizan la atención del público y los políticos hacia ciertos temas, sino hacia los detalles que reconstruyen estos temas. En ese sentido, tanto la selección de los hechos que captan la atención como el tratamiento de los atributos para pensar en esos hechos son fundamentales para la determinación y construcción de la agenda pública. Los medios hacen sobresalir unos temas y hechos sobre otros, pero también señalan ciertos aspectos, personas, enfoques y puntos de vista en relación a ellos. Así, de acuerdo con Veres (2002), en el primer nivel de la teoría la unidad de análisis de los estudios fue un hecho o una cuestión pública mientras que en el segundo se reconoció que más allá de la agenda de los objetos existen numerosos atributos, características y propiedades que la constituyen.

Aunque las experiencias de investigación de McCombs y Shaw (1992: 81) permitieron agregar a sus postulados que “los medios no sólo dicen al público cuáles hechos son importantes, sino qué aspectos son los más importantes de cada hecho”, la reformulación conceptual no apareció sino hasta años más recientes. La pregunta planteada por los investigadores fue: ¿hasta qué punto la opinión del público sobre un hecho o persona se forma bajo la influencia o el marco referencial que los medios de comunicación le suministran?. A partir de ella se delimitó la existencia de un segundo nivel teórico basada en una investigación sobre la elección presidencial estadounidense de 1976. Becker y McCombs (1978) encontraron una correspondencia significativa entre la agenda de atributos de los candidatos contendientes –definida por la revista Newsweek– y los atributos que los ciudadanos de Nueva York señalaron sobre el candidato Demócrata James Carter. Sin embargo, no fue sino en décadas posteriores cuando los investigadores al observar con detenimiento la agenda de atributos plantearon la existencia de un segundo nivel teórico. Así, por ejemplo, Morales y Marín, (2006) han definido que los medios orientan la imagen que las personas tienen sobre cada uno de los candidatos en una campaña presidencial. Por tanto, existe un alto grado de correspondencia entre la agenda de atributos de los diferentes medios de comunicación y la agenda de atributos señaladas por los votantes con respecto a cada uno de los candidatos. Cisneros (2006: 5), por su parte, señala que los elementos más determinantes en los medios de comunicación sobre los asuntos del mundo inciden directamente en los elementos preceptúales que la audiencia se forma sobre ese mundo.

Por lo anterior, los elementos determinantes de la teoría del establecimiento de agendas en sus dos niveles son:

El desarrollo de las investigaciones sobre el segundo nivel del establecimiento de agendas ha encontrado una gran compatibilidad con otros conceptos que estudian el fenómeno de la comunicación de masas. En efecto, Bateson (1972) y Goffman (1971) pusieron los primeros fundamentos para la comprensión del Framing (encuadre noticioso), la cual se ha convertido en una de las teorías contemporáneas más significativas. Entman (1993: 32-33), quien se convirtió con el tiempo es su principal exponente, define que los encuadres son “la idea central en la cual se basa el periodista para la organización de la noticia. Esta sugiere una visión determinada del hecho a través de la selección de los elementos que se destacan o enfatizan, pero encuadrados de manera lógica en todo el texto”. De esta manera, el autor expresa que “cuando el periodista enmarca los hechos, selecciona algunos aspectos de una realidad percibida y los hace sobresalir en el texto que construye para promover una definición particular de ese hecho o problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una posible solución”. La diferencia entre las dos teorías se encuentra precisamente en la naturaleza de la agenda de atributos. En la primera los atributos destacados definen el tema central del mensaje, mientras que en la segunda los atributos destacados pueden aparecer en todas las oraciones y párrafos de la historia. Este encuadre del texto hacia un determinado enfoque se hace de manera más sutil. Por ello, puede decirse que el tema central de una información, lo que ha destacado el periodista como lo más importante de un hecho y que en la noticia corresponde a la entrada (lead), representa el segundo nivel de la teoría de establecimiento de agendas (agenda setting). Igualmente, el enfoque que el periodista le ha dado al hecho, el marco o encuadre que determina el tratamiento, se evidencia a lo largo de todo el relato y destaca los diferentes atributos en cada uno de los párrafos del texto.

Sádaba (2007) refiere que las investigaciones sobre estos temas han revelado que los enfoques noticiosos influyen sobre la opinión pública de distintas maneras. Una de ellas es la creación de prejuicios en la sociedad, donde al destacar ciertos atributos de los hechos y personas los medios configuran su percepción en forma positiva o negativa. En ese sentido, cuando a un grupo social se le destacan sólo aspectos negativos del hecho, se genera rechazo, miedo y disgusto ante esa realidad. Cuando sólo se enfatiza lo positivo, puede crearse una sobrevaloración del personaje que no corresponde necesariamente a la realidad. La otra consiste en una especie de manipulación de la sociedad mediante la acción no responsable del quehacer periodístico. Esto sucede cuando no se investiga la información y solo registra lo que una fuente dice. Esta labor puede ser manipulada para que se destaquen los atributos del hecho que solamente convienen a la fuente interesada. A ese respecto, Rodríguez y Mena (2008) han demostrado que los gobiernos y partidos políticos son altamente susceptibles a la agenda de los medios y tienden a guiarse por los temas que ellos publican o difunden. Ya antes Eyzaguirre (2002: 30) había expresado “la necesidad de estudiar quién orienta el ejercicio de los medios y qué se hace para privilegiar más unos asuntos sobre otros”. De manera adicional, McCombs (2004: 22) definió la importancia de las influencias institucionales que gobiernos y partidos políticos ejercen sobre los diferentes medios de comunicación. Así, con base en sus estudios, señala que:

Al analizar más ampliamente los factores que intervienen en el proceso de construcción de la noticia por parte de los medios de comunicación, Shoemaker, Wanta y Liggett (1989) clasifican en cuatro grandes ámbitos los niveles de mediación:

En ese orden de ideas el proceso de elaboración de la información implica mucho más que una función de selección y tratamiento, porque el mensaje político generado desde las instituciones y partidos políticos sufre una severa transformación al ser jerarquizado y manipulado por los medios de comunicación. De hecho, de una misma realidad política se obtienen relatos diferentes según el medio o periodistas que la aborden. Es lo que Davis (1992: 17) expone como la teoría del prisma, en la cual se reconoce que los medios no reflejan la realidad tal como es sino que actúan como un calidoscopio que recibe luz de las informaciones de toda procedencia para refractarlos, constreñirlos y expandirlos. En tal dimensión, “los medios de comunicación encuadran, enfocan, transforman e, incluso, reinventan la realidad sobre la que buscan informar”.

Tichenor y Donohue (1980: 76) son los autores que formularon los principales componentes de la teoría de la diferencia de conocimientos. Sus planteamientos han destacado los gaps comunicacionales, los cuales definen “la capacidad receptiva, de comprensión y asimilación de información que está directamente relacionada con el conocimiento previo del receptor, su inclusión en redes sociales y el nivel selectivo y de exposición a los medios de comunicación”. Al mismo tiempo, la estratificación socio-económica está directamente relacionada con el interés informativo de la población, de modo que generalmente son las clases menos favorecidas las que menor cantidad de información reciben. En consecuencia, hablan de una autoexclusión cultural como una variable derivada de los nutrientes mediáticos y culturales. Ese diferencial de conocimiento “se reduce cuando en la convergencia mediática se incluye a la prensa, ya que ella supone un desarrollo mayor de la capacidad de abstracción y reflexión, así como un alejamiento de posiciones cercanas o propicias para el desarrollo del analfabetismo funcional. Las desigualdades de clase en la recepción de información acentúan las posiciones de poder, dado que la privación del conocimiento incrementa la incertidumbre y la inseguridad” (1980: 77). Según esta consideración, el gap tiende a crecer al tiempo que aumentan las posibilidades de obtener información y conocimiento.

Benton y Fraizier (1976: 263) han destacado que aquellas personas que sólo hojean la prensa o escuchan esporádicamente las noticias de radio y televisión, generalmente sólo recuerdan los temas con los que ya están familiarizados. En cambio, los que la leen más frecuentemente y con profundidad son capaces de retener mejor la información y pronunciarse sobre las posturas y soluciones planteadas por los propios medios. Chiang (1995) advierte que “en los grupos de mayor educación y conocimiento la influencia más determinante la obtiene la prensa y la más baja la televisión, porque estos ciudadanos recuerdan mejor los asuntos tratados por escrito que los difundidos en medios audiovisuales”. Estos resultados han llevado a la conclusión de que en los sectores de mayor nivel educativo son los periódicos los que establecen la agenda pública. En contraste, la televisión tiene mayor influencia en los sectores de menor educación aunque es el medio por el que más votantes siguen las campañas electorales. De igual forma, el grado de influencia de los medios de comunicación varía según el tipo de temas y las características socio-demográficas de la población.

De acuerdo a la metodología desarrollada por McCombs, Shaw y otros seguidores, un estudio de establecimiento de agendas combina el análisis del contenido (temático, de atributos y encuadres noticiosos) de los medios de comunicación referentes con las variadas percepciones que los distintos públicos de esos medios construyen sobre los asuntos determinantes de la agenda.

Krippendorff (1997: 28) ha definido el análisis de contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto”. Es decir, al igual que otras técnicas de investigación, su finalidad es proporcionar conocimientos, nuevas interpretaciones y representaciones sobre los hechos, así como una guía práctica sobre la acción. En ese sentido, constituye una herramienta fiable y reproducible a gran escala. El análisis de contenido define el significado simbólico de los mensajes difundidos por los medios, aunque no siempre tienen un único significado y no necesariamente existe coincidencia en ellos. El autor establece que los objetivos del análisis de contenido son la inferencia –como una de sus tareas intelectuales básicas– y la validez –como su criterio supremo (evidencia empírica)–. Asimismo, considera como sustento fundamental de toda investigación de campo:

A ellos han de agregarse, como lo refiere Frutos (2008), la manera como los medios de comunicación sujetos de análisis encuadran, enfocan, transforman e, incluso, reinventan la realidad sobre la que informan a partir de:

Al referirse a los estudios de opinión pública, Gamboa (1987: 32) señala que las encuestas le permiten a la ciudadanía participar activa y regularmente en el proceso de toma de decisiones. Asimismo, una encuesta de opinión es una consulta oral y tipificada de personas escogidas según principios estadísticos. Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación social, los estudios de opinión son análisis experimentales trazados de un modo uniforme para medir las percepciones de los entrevistados. Para Rey y Piscitelli (2003: 8) la encuesta es una herramienta de recolección de información y una técnica de investigación sustentada en los siguientes aspectos:

H1. Al difundir las grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y el Gobernador de Puebla, los medios de comunicación llamaron la atención de las élites políticas y determinaron la percepción de diversos grupos sociales sobre la detención de la periodista Lydia Cacho. El encuadre y tratamiento que los periodistas dieron al tema, sus atributos y calificativos, incidieron significativamente en la deliberación y percepción pública del acontecimiento favoreciendo la construcción de una realidad simbólica que trascendió el tiempo y el espacio hasta su resolución jurídica.

H2. El condicionamiento mediático que el Gobierno del Estado de Puebla realizó durante el escándalo para destacar ante la opinión pública local sus cualidades políticas logró buenos resultados al lograrse una resolución jurídica favorable e inapelable. El acontecimiento permitió superar la crisis política y alcanzar una muy amplia aceptación electoral al contarse con el reconocimiento de los sectores mayoritarios de la población.

H1.	Variable independiente	Grabaciones telefónicas en medios de comunicación referentes (Agenda del medio)	Grabaciones a conversaciones telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y el Gobernador del Estado de Puebla donde se expone la detención irregular de la periodista Lydia Cacho, como una retribución a favores económicos recibidos durante un proceso electoral anterior
	Variable dependiente	Encuadre noticioso en los medios de comunicación (Agenda del periodista)	Tratamiento noticioso en medios de comunicación referentes a nivel nacional para favorecer el rechazo público al Gobernador de Puebla como protector de supuestos promotores de una red de pornografía infantil
	Variable interviniente	Públicos diversos del ámbito local (Agenda del público)	Deliberación y percepción pública de diversos grupos sociales sobre los acontecimientos mostrados insistentemente por los medios de comunicación
H2.	Variable independiente	Spots publicitarios en medios de comunicación referentes (Agenda del gobierno)	Publicidad política del Gobierno del Estado de Puebla para recuperar la credibilidad ciudadana y resaltar la imagen del gobernador y su partido político
	Variable dependiente	Encuadre noticioso en los medios de comunicación (Agenda del medio)	Tratamiento noticioso en los medios de comunicación referentes a nivel local para revertir el rechazo público al Gobernador de Puebla y deslindarlo de supuestos promotores de pornografía infantil
	Variable interviniente	Públicos diversos del ámbito local (Agenda del público)	Deliberación y percepción pública de diversos grupos sociales sobre los mensajes de legitimización insistentemente presentados por los medios de comunicación local

Como se ha señalado, el 14 de febrero de 2006 –a partir de distintas informaciones y la reproducción de grabaciones telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y distintos personajes sobre la detención de Lydia Cacho en diciembre de 2005– muchos medios de comunicación del país reprodujeron de manera reiterada esos contenidos impactando decididamente a las élites del poder en México y diversas audiencias ciudadanas para constituirse en uno de los escándalos mediáticos más significativos de los últimos años. En ese contexto, se destacaron no sólo los aspectos propios del tema (issues) sino sobre todo los atributos y enfoques simbólicos del mismo (frames), los cuales generaron una gran incertidumbre en el ambiente político e incorporaron nuevos elementos a una agenda mediática ampliamente condicionada por el inicio de un proceso electoral presidencial sumamente competido. En ese sentido, el escándalo Marín-Nacif-Cacho surgió a la luz pública en medio de un ambiente social contaminado por escándalos políticos anteriores, [25] para con el tiempo alterar la dinámica del proceso y polarizar a las fuerzas políticas en favor o en contra de los candidatos del PAN y el PRD.

4.1. Análisis de contenido de la grabación telefónica difundida por el noticiero W FM Radio, entre el empresario Kamel Nacif y el ex jefe de Finanzas de la campaña electoral para el Gobierno de Puebla (2004), Luís Ángel Casas Arellano

De acuerdo a la contextualización inicial que la conductora del noticiario W Radio realizó, este personaje presumiblemente solicitó el apoyo del Gobernador para el textilero como una forma de reciprocidad por los apoyos financieros recibidos durante la campaña electoral de 2004. Del mismo modo, comentó que este político no fue el único que recibió recursos económicos durante su campaña sino que su práctica se remonta a gobiernos anteriores. Ellos, a juicio de la periodista, lo apoyaron decididamente en los constantes conflictos laborales con los trabajadores de sus maquiladoras en el interior del Estado de Puebla. De manera especial, un exgobernador le otorgó en concesión indefinida los talleres textiles del Centro de Readaptación Social de la ciudad de Puebla, donde nombró a su socio Hanna Naked Bayeh como responsable. Asimismo, el propio ex presidente Vicente Fox fue seducido en su momento por el empresario lo que le permitió no ser perseguido por la justicia mexicana luego de que Jean Succar Kuri huyó del país en ese año de 2004.

Actores

Temas

Inferencias

Posturas

Atributos

Luís Ángel Casas

Detención de la periodista

Declaraciones de la Procuradora de Puebla sobre la “legalidad” de la detención

Posible involucramiento de la CNDH para justificar la detención

Solucionar las querellas sobre difamación y calumnia con la formal prisión

Aguantar la presión y esperar que el tema se .pierda durante las vacaciones decembrinas

Demostrar que la periodista es una mentirosa y no pudo comprobar nada de lo asentado en el libro

Reconocimiento
al Gobernador por su valentía y apoyo incondicional

Gobernador decidido, firme y muy seguro

El Gobernador
está contra los periodistas

Pago de compromisos del Gobernador al textilero por apoyos recibidos durante la campaña

Manejo discrecional de la ley en favor de un empresario de dudoso comportamiento

Detención ilegal y violación de los derechos humanos de una mujer periodista

Kamel Nacif

Inseguridad sobre los verdaderos compromisos del gobernador

Apoyo incondicional de los funcionarios del gobierno en el asunto

Imposibilidad de que el gobernador se retracte y olvide el asunto

Falta de ética política del Gobernador al encubrir redes clandestinas de pornografía infantil

Fuente: Noticiero W FM. Conductora: Carmen Aristegui. México, 14 de febrero de 2005.

4.2. Análisis de contenido de la grabación telefónica difundida por el noticiero W FM Radio entre el empresario Kamel Nacif y el Gobernador del Estado de Puebla

La conductora del noticiero W Radio señaló, previo a la difusión de esta grabación, su preocupación por la manera como se expresó el político poblano y el cinismo de ambos personajes para tratar el asunto. Asumió que esta llamada pudo haberse realizado a finales de 2005, luego de que la periodista fue presentada ante las autoridades judiciales del Estado de Puebla.

Actores

Temas

Inferencias

Posturas

Atributos

Gobernador
de Puebla

Detención y presentación de la periodista ante las autoridades de Puebla

Escarmiento a la periodista por difamar al empresario y no aportar pruebas sobre su culpabilidad

Molestia por la campaña de los medios nacionales para cuestionar la detención

Satisfacción por cumplir con el compromiso y acallar la voz de la periodista

Demostrar su poder y el control político de la entidad

Intimidar a la prensa para que evite hablar mal del gobernador y sus allegados

Pago de compromisos del Gobernador al textilero por apoyos recibidos durante la campaña

Manejo discrecional de la ley en favor de un empresario

Detención ilegal y violación de los derechos humanos de una mujer periodista

Kamel Nacif

Acción legal contra la periodista por difamación y calumnia

Apoyo incondicional del gobernador para ejecutar la detención

Reconocimiento por la acción gubernamental y la eficiencia en la detención

Regalo de dos botellas de coñac para su consumo personal (Entre líneas)

Falta de ética política del Gobernador al encubrir redes clandestinas de pornografía infantil

Fuente: Noticiero W FM. Conductora: Carmen Aristegui. México, 14 de febrero de 2005.

4.3. Análisis de las percepciones ciudadanas y su impacto en los niveles de aceptación del Gobernador del Estado de Puebla previo al proceso electoral federal

Fecha	Nivel de aceptación PRI	Nivel de aceptación gobernador	Solicitud de renuncia	Autenticidad de la grabación
07/02/2006		+ 76 %
13/02/2006	+ 29 %	+ 64 %
14/02/2006	+ 28 %	+ 55 %
15/02/2006	+ 25 %		62 %	69 %
18/02 2006		+ 53 %
22/02/2006		+ 49 %		Postura del Gobernador 40 % arrogante 30 % desafortunada 26 % adecuada
Total	- 4 %	+ 27 %	62 %	69 %

Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Puebla vía telefónica entre el 7 y 22 de febrero de 2006. Buró de Estrategias Avanzadas sobre el Poder.

4.4. Análisis de las percepciones ciudadanas y su impacto en la aceptación del Gobernador del Estado de Puebla, de acuerdo a los gaps comunicacionales de la población, luego de la campaña de medios

Dado que el escándalo de las presuntas violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho no se concluía por parte de la Corte, el Gobernador Marín lanzó una estrategia mediática a nivel local para recuperar la confianza y fortalecer su imagen pública. Como resultado, en junio de 2007 su equipo de Comunicación señaló haber alcanzado nuevamente una calificación del 68 por ciento de aceptación. [26] No obstante, al realizar este investigador una valoración detallada de los datos asentados en el estudio, identificó una diferenciación clara entre los gaps comunicacionales de los encuestados que permitió precisar quiénes fueron los sectores o segmentos que incidieron en esa calificación. En el análisis realizado por el autor se midió la correspondencia entre edad, género, niveles socio-económicos, escolaridad, exposición a los medios de comunicación y participación en redes sociales de grupos asentados en la zona metropolitana de Puebla. Bajo tal perspectiva, si bien fue posible identificar que el gobernante no alcanzó una buena evaluación entre los grupos sociales de mayor nivel educativo, exposición selectiva a variados medios y tecnologías de información y participación en redes sociales, los sectores suburbanos y del interior del Estado –con menor nivel de instrucción, exposición limitada a los medios y poca participación en redes sociales– si le otorgaron un amplio respaldo social al político lo que le permitió asegurar márgenes convenientes de gobernabilidad.[27]

Calificación	Edad	Escolaridad	Nivel socio-económico	Exposición a medios	Participación en redes sociales
Muy buena	35 a 64 años	Primaria	Bajo Totalmente bajo	Televisión Radio	Familia Barrio
Buena	18 a 64 años	secundaria Preparatoria	Bajo Alto	Televisión Radio Internet	Familia Barrio Escuela Trabajo
Regular	35 a 64 años	Preparatoria Carrera técnica	Bajo Medio	Televisión Radio Internet	Familia Barrio Escuela Trabajo
Mala	25 a 64 años	Profesional Postgrado	Medio Medio alto	Prensa Radio Televisión Internet	Familia Barrio Escuela Trabajo Otros grupos sociales

Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Puebla vía telefónica entre el 11 y 15 de junio de 2007. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

La teoría del establecimiento de agendas permitió analizar la manera como los medios de comunicación nacionales lograron trasladar a las audiencias locales un interés primario por las implicaciones éticas y políticas de las grabaciones telefónicas entre el gobernador de Puebla y el textilero Kamel Nacif ante la detención de la periodista Lydia Cacho. Este hecho coincidió con el inicio de un proceso electoral fundamental para el futuro del país que le dio una mayor visibilidad pública. Dados los intereses en juego y el hondo sentido ético del acontecimiento, los medios fueron por demás enfáticos sobre el qué y cómo pensar sobre el asunto. Los periódicos introdujeron el tema llamando la atención de los grupos más informados. Sin embargo, al hacerse públicas las grabaciones la radio y la televisión se convirtieron en los medios que lograron mayor influencia entre los diferentes públicos. De igual forma, fueron los medios impresos los más eficaces al informar sobre las implicaciones jurídicas del tema mientras que los medios audiovisuales mantuvieron durante más tiempo el asunto en la agenda pública, por lo que fueron mayormente recordados por las audiencias.

Los gaps comunicacionales se manifestaron en el estudio, demostrando que la capacidad receptiva, de comprensión y asimilación de información estuvo directamente relacionada con la información previa que el público tenía sobre este tema, su debate en las redes sociales y el acceso selectivo a diferentes medios de comunicación. Al mismo tiempo, la estratificación socio-económica tuvo una correlación directa con el interés informativo de la población, de modo que fueron las clases menos favorecidas las que menor cantidad de información recibieron y, en consecuencia, las que menor comprensión e importancia ética y política dieron al acontecimiento. Estas desigualdades de clase en la recepción de información acentuaron la posición y legitimidad del poder establecido, ya que si bien en una primera instancia la privación del conocimiento incrementó la incertidumbre y la inseguridad, la intensa promoción política y los intereses comerciales de los medios de comunicación locales eliminaron de la agenda pública la condena del mandatario, deslindaron su responsabilidad para rendir cuentas y no permitieron transparentar verdaderamente su gestión gubernamental.

El papel que el gobierno y los partidos políticos jugaron en este asunto fue fundamental, toda vez que buscaron determinar el ejercicio de los diferentes medios de comunicación. De esta manera, si bien el tema encontró en un principio las condiciones propicias para favorecer la exacerbación y el cuestionamiento público del mandatario, los intereses políticos y las negociaciones terminaron por degradar el asunto y su significación social en un contexto poltico con dos procesos electorales (uno federal y otro local) claramente definidos. Del mismo modo, la rivalidad entre las empresas periodísticas, el entramado institucional, el sistema de partidos, las diferentes presiones sobre los directores de medios y el propio quehacer de la oficina de prensa del Gobierno del Estado de Puebla descontextualizaron el problema y contribuyeron a construir una agenda pública que eliminó la desconfianza pero, sobre todo, favoreció una dinámica en beneficio del partido gobernante. De esta manera, existió una correlación entre la jerarquía y tratamiento informativo de los medios y la jerarquía temática debatida por los ciudadanos. Sin embargo, con el tiempo ella quedo supeditada a los intereses de los actores políticos y las fuentes internas del entramado institucional. Al alcanzarse los propósitos políticos, la publicidad, los patrocinios y los compromisos comerciales e institucionales fueron fundamentales para eliminar de manera paulatina el acontecimiento de la agenda pública nacional y minimizar el debate en la opinión pública local. De hecho, los medios locales no reflejaron la realidad de manera objetiva sino que buscaron resignificarla y expandirla hacia a un público ansioso de conocer las manifestaciones del poder y la política. Los medios encuadraron, transformaron y reinventaron la realidad sobre este hecho informativo hasta lograr su espectacularización y divorcio con el sentido real.

Con base en lo anterior, son de destacar las siguientes consecuencias del escándalo mediático y su resolución jurídica:

1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación perdió credibilidad pública al considerarse que varios de sus ministros no actuaron con criterios jurídicos sino políticos. Para muchos especialistas esta resolución, si bien no fue causa de jurisprudencia, si marcó un mal precedente al no otorgar los sustentos necesarios para emprender acciones decididas en contra las redes de pornografía infantil en el país. En este, como en otros casos, la justicia mexicana fue una vez más cómplice de la impunidad y el fortalecimiento de grupos delictivos que actúan como poderes fácticos.

2. Tanto el Congreso de la Unión como el Gobierno federal acataron plenamente el resolutivo de la Corte con sumisión y, desde entonces, no han emprendido acciones legislativas ni de investigación sobre las denuncias de la periodista. Incluso, grupos internacionales de protección a los derechos humanos han recomendado a la escritora salir del país para evitar atentados contra su integridad física debido a la incapacidad de las autoridades mexicanas para enfrentar y resolver el caso.

Tanto el Asesor Jurídico del Gobierno del Estado como la Procuradora de Justicia del Estado de Puebla presentaron al término del litigio sus renuncias alegando motivos de salud. Al mismo tiempo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia fue jubilado y la Juez Quinta de lo Penal promovida a un puesto de mayor jerarquía. En sus lugares fueron nombrados personas afines al grupo gobernante.

En hechos por demás significativos, mientras que el PAN ganó las elecciones federales de 2006 con una cerrada votación en el Estado de Puebla el PRI ganó por abrumadora mayoría las elecciones locales de noviembre de 2008. De esta manera, actualmente el partido del gobernador cuenta con el 80 por ciento de los presidentes municipales en la entidad y más del 90 por ciento de los diputados locales. Su fuerza se ha manifestado de manera plena al impedir reforma a fondo en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y favorecer acciones contrarias a los términos de la reforma. constitucional. [28]

Los medios de comunicación local asumieron una actitud sumisa ante el Gobierno del Estado y prefirieron beneficiarse económicamente con la publicidad oficial y política de los procesos electorales. En ese sentido un estudio realizado por el autor (Meyer, 2008) sobre esa contienda política, destacó que las acciones coercitivas del Gobierno del Estado para acaparar los espacios publicitarios e informativos en favor de los candidatos oficiales fueron la variable decisiva en la conformación de la agenda mediática de ese periodo.

Bajo tal dimensión, la Hipótesis No. 1 fue debidamente confirmada toda vez que los medios de comunicación si llamaron la atención de las élites políticas y determinaron la percepción de diversos grupos sociales sobre la detención de la periodista Lydia Cacho. Asimismo, el encuadre y tratamiento que los periodistas dieron al tema, sus atributos y calificativos, incidieron significativamente en la deliberación y percepción pública del acontecimiento favoreciendo la construcción de una realidad simbólica que trascendió el tiempo y el espacio hasta su resolución jurídica. Sin embargo, el hecho más significativo sucedió con la Hipótesis No 2 donde se demostró que el condicionamiento mediático local del Gobierno del Estado de Puebla durante el escándalo alcanzó mejores resultados de lo esperado al lograrse una resolución jurídica favorable e inapelable, superar la crisis política y alcanzarse una muy amplia aceptación electoral por el reconocimiento y apoyo de los sectores mayoritarios de la población. Ante ello, es menester preguntarse ¿hasta dónde la cultura cívica ciudadana comprendió realmente la significación política de este hecho y cuáles fueron las razones por las que el asunto más que detonar acciones de debate público tendientes a poner límites al poder establecido y cerrar las puertas a la impunidad y la discrecionalidad en el ejercicio de la ley se olvido y quedó en el imaginario colectivo como una anécdota más del escenario político mexicano?.

Algunas de las razones pueden encontrarse, en primera instancia, en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2006) que destaca el gran desconocimiento que muchos mexicanos tienen de sus derechos y obligaciones y la permanencia de una cultura política de tipo clientelar hacia el poder en vez de relaciones ciudadanas modernas entre el poder público y la sociedad. Aunque el país ha cambiado en términos de pluralidad política, se identifica que actualmente no existe todavía un ciudadano participante y consciente de la acción cívica sino un conglomerado de prácticas comunitarias vinculadas con identidades y solidaridades muy inmediatas -como el barrio o la familia-, que difícilmente articulan sus reclamos con base en intereses más generales. En ese sentido, hay poca evidencia empírica sobre la existencia de prácticas ciudadanas favorables para la consolidación democrática, toda vez que existe una gran diversidad de comunidades más o menos fragmentadas y atomizadas poco capaces de imaginarse un bienestar general más allá de la preservación de relaciones clientelares hacia el poder. Por ello, como dice Guerrero (2004: 139):

“(la) participación en la vida pública más que activa es reactiva y más que propositiva es de protesta. Es justamente ese pobre perfil de la cultura cívica en México, que exige tan poco de sus elites políticas en términos de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y acciones efectivas para solucionar los problemas más apremiantes, lo que favorece la autonomía e impunidad de todas ellas y les permite, fundamentalmente, ocuparse de sus propios intereses y competencias por el poder antes que solucionar los problemas y demandas sociales”.

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[2] Cacho, L. (2005). Los demonios del Edén. El poder detrás de la pornografía infantil. México: Editorial Grijalbo.

[3] Este procedimiento fue cuestionado desde el inicio por algunos juristas ante la incompetencia de esa jurisdicción para saber sobre el caso, toda vez que los asuntos señalados en el libro se realizaron totalmente en el Estado de Quintana Roo.

[4] Periódico El Sol de Puebla. Puebla, 23 de diciembre de 2005. Para una referencia detallada sobre el tratamiento informativo de este acontecimiento en los medios locales, véase a León, A., Castillo, K., y Ortega, L. (2008). Libertad secuestrada. Lydia Cacho vista en los medios poblanos. México: Comunicación e Información de la Mujer.

[8] Periódico La Jornada. México, 14 de febrero de 2007. El contenido completo de esas grabaciones puede leerse en el libro de Cacho, L. (2007). Memorias de una infamia. México: Editorial Grijalbo. Páginas 231 a 255.

[17] Hasta el momento esta fiscalía dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla no ha dado un informe particular sobre sus actividades. Por el contrario, se sabe que los asuntos mayormente conocidos por la opinión pública todos han quedado sin solución.

[23] Pese a diferentes intentos y amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el Gobierno del Estado se ha negado a difundir los presupuestos erogados durante ese periodo bajo el argumento de “no afectar la gobernabilidad democrática”. Para mayor detalle, véase el periódico digital Sin opacidad. Worl Press en: http://sinopacidad.wordpress.com/2008/06/20/la-transparencia-en-puebla/

[25] Son de considerar los escándalos sobre el eventual desafuero al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para evitar su nominación como candidato del PRD a la Presidencia de la República. Asimismo, los fenómenos de corrupción y enriquecimiento inexplicable del ex Gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, para descartarlo de la nominación del PRI a la elección presidencial.

[27] Consideraciones importantes sobre las repercusiones políticas del escándalo:

[28] Véase de Autores, varios (2008). Evaluación de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.