Revista Latina de Comunicación Social 64 - 2009

Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social
Depósito Legal: TF-135-98 / ISSN: 1138-5820
Año 12º – 3ª época - Director: Dr. José Manuel de Pablos Coello, catedrático de Periodismo
Facultad y Departamento de Ciencias de la Información: Pirámide del Campus de Guajara - Universidad de La Laguna
38071 La Laguna (Tenerife, Canarias; España)
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DOI: 10.4185/RLCS-64-2009-870-909-925

Clientelismo y concentración en la radio española. Comparación entre cuatro comunidades autónomas

Clientelism and concentration in the Spanish radio. Comparison between four autonomous communities

Dr. Luis Arboledas [C.V.] Profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, UGR, España - larboledas@ugr.es

Resumen: El presente artículo analiza las adjudicaciones de licencias radiofónicas en las cuatro primeras comunidades autónomas que recibieron estas competencias. Las concesiones administrativas constituyen un elemento angular en la construcción del sistema radiofónico español. Desde los inicios del régimen democrático, los procesos de adjudicación han suscitado continuas acusaciones de partidismo o amiguismo, que han afectado a todas las formaciones políticas; esta circunstancia se podría interpretar como un ejemplo de las relaciones de tipo clientelar establecidas entre los gobiernos y los grupos de comunicación. Se trata, pues, de analizar los criterios aplicados por los gobiernos para otorgar las concesiones con el fin de comprobar si existe clientelismo político y de qué manera ha podido influir en el proceso de concentración de la radio española.

Palabras clave: radio; políticas de comunicación; concesiones; clientelismo; concentración.

Abstract: The present article analyzes the adjudications of radio licenses in the first four autonomous communities that received these competences. The administrative grants constitute a central element in the shaping of the Spanish radio system. From the beginnings of the democratic regime, the processes of adjudication have provoked continuous accusations of partisanship or patronage, which have concerned all the political parties; this circumstance might be interpreted as an example of the close relations established between the governments and the communication groups. This article looks at the criteria applied by the governments to grant the licenses in order to verify if exists political clientelism and how it could have influenced the process of concentration of the Spanish radio.

Keywords: radio; communication policies; radio licenses; clientelism; concentration.

Sumario: 1. Introducción. 2. Marco teórico y metodológico. 3. Concesiones en las cuatro comunidades autónomas. 4. Resultados: concentración y dominio de las cadenas nacionales. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

Summary: 1. Introduction. 2. Theoretical and methodological framework. 3. Radio licenses in four autonomous communities. 4. Results: concentration and domain of the national chains. 5. Conclusions. 6. Bibliography.

1. Introducción

La radio española ha vivido un acelerado proceso de cambios en las últimas tres décadas. La multiplicación del número de frecuencias, la concentración –y consiguiente dominio de las cadenas nacionales– y la integración de las redes privadas en los grandes grupos son algunos de los elementos que definen este proceso.

Estas transformaciones, empero, apenas han afectado a las estructuras latentes, en el sentido de que se han mantenido algunos rasgos esenciales heredados del franquismo: las concesiones a particulares o a empresas afines, el control político, el oligopolio mixto o el dominio de las cadenas nacionales, casi siempre en forma de triunvirato.

El presente artículo analiza una de las claves de este proceso: las concesiones de licencias realizadas en las primeras cuatro comunidades autónomas que accedieron a esta competencia –País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía–. Esta situación les permitió repartir las frecuencias incluidas en la segunda fase del Plan Técnico Transitorio de 1979, que había sido iniciado por el gobierno central –dirigido entonces por la Unión del Centro Democrático (UCD)–. El período analizado incluye esa segunda fase, el Plan Técnico de 1989 y la ampliación de este Plan aprobada en 1997; queda fuera el Plan Técnico de 2006 porque, a la hora de realizar este estudio, sólo se ha aplicado en Cataluña.

Nos proponemos examinar a través de las adjudicaciones si los gobiernos han favorecido a solicitantes afines a sus intereses o han preferido a las cadenas nacionales; si han beneficiado a las emisoras independientes o a los grupos de comunicación.

2. Marco teórico y metodológico

Las adjudicaciones de licencias radiofónicas han generado denuncias ante los tribunales, intensos debates parlamentarios y polémicas reflejadas de manera profusa en la prensa. La falta de transparencia, el desprecio al pluralismo y el partidismo o amiguismo son las acusaciones que se repiten desde que la UCD otorgó en 1981 las primeras concesiones del régimen democrático.

A través de los análisis del sector radiofónico y del sistema comunicativo español se observa una línea que profundiza en estas denuncias. Así, Franquet (1988), Bonet (1995), Fernández y Santana (2000), Vallés Copeiro del Villar (2000), Fernández (2003), Segovia (2005) o Bustamante (2006) han examinado decisiones, operaciones y maniobras relacionadas con las concesiones administrativas para poner de manifiesto el carácter arbitrario y partidista que se observa, de manera general, en los sucesivos procesos de adjudicación; Bustamante (2006), por ejemplo, destaca las “concesiones clientelares” o la “perpetuación” de las antiguas prácticas –de la dictadura franquista– de conceder las licencias de forma opaca y en función de los amigos políticos.

Desde el ámbito de la política –Díaz Herrera (1992), Galiacho y Berbell (1995) o Tijeras (1998)– se han relacionado las concesiones radiofónicas con diversas operaciones para controlar los medios, configurar grupos de comunicación afines o facilitar formas de financiación ilegal de los partidos.

Los estrechos vínculos entre los partidos políticos en el gobierno y los grupos de comunicación españoles se pueden caracterizar, según Quintana y Sánchez (2005), por unas relaciones de do ut des, esto es, de clientelismo político y de contraprestaciones mediáticas. El clientelismo político es precisamente uno de los rasgos que distingue al sistema comunicativo de algunos países del sur de Europa, entre los que se incluye España (Hallin y Mancini, 2007).

Este trabajo pretende comparar la evolución del sector radiofónico privado en las cuatro comunidades autónomas citadas. El objetivo que se propone es conocer cómo se han adjudicado las concesiones radiofónicas en estos cuatro territorios, qué criterios se han adoptado para realizar el reparto y qué tipo de adjudicatarios se han visto beneficiados. Se trata de comparar, mediante la aplicación del estudio de caso, las coincidencias y diferencias que se observan en estas cuatro comunidades.

El estudio de caso se considera un método de investigación apropiado cuando se trata de responder a preguntas del tipo “cómo” o “porqué” (Yin, 2003), que son precisamente las planteadas para iniciar este análisis. Además, permite el uso de distintas herramientas metodológicas y la consulta de una variedad de fuentes.

El análisis documental, las entrevistas personales y la observación directa –que proporciona al autor su trayectoria profesional ligada a la radio– son las herramientas metodológicas elegidas, todos ellas encuadrables en el grupo de las técnicas cualitativas, destinadas a comprender el significado de las acciones analizadas antes que la cantidad de veces que se repiten (Berganza Conde y Ruiz San Roman, 2005).

La unidad básica de análisis es la concesión administrativa pues constituye el elemento central en el diseño y desarrollo del sistema radiodifusor español. La capacidad de conceder licencias radiofónicas suscitó uno de los primeros conflictos de competencias entre la Administración central y los gobiernos autonómicos del País Vasco y Cataluña; el Tribunal Constitucional sentenció a favor de las autonomías (Fernández y Santana, 2000). Este litigio ratifica la importancia otorgada a la concesión administrativa como pieza angular de la estructura radiofónica. En este contexto se entiende el papel de “arquitecto del sistema” otorgado al Estado por autores como Martí y Bonet (2006).

Para conocer la evolución de cada una de las licencias se analiza quiénes son los adjudicatarios, qué empresas las han explotado, qué operaciones –alquiler, asociación, afiliación o venta– se han realizado y cuál es la situación actual. El análisis comparativo aquí propuesto parte del modelo y de los resultados establecidos en una investigación más amplia circunscrita a la comunidad autónoma andaluza (Arboledas, 2008).

Este examen no puede desatender una constante: el enmascaramiento de los solicitantes para obtener el máximo de licencias posibles y mantener, a la vez, una apariencia de pluralismo. Es una estrategia que utilizaron las empresas privadas ya en el primer concurso, cuando adjudicatarios afines a la UCD se sirvieron de sociedades intermedias para configurar Antena 3 Radio, contando incluso con la vinculación de altos funcionarios (Franquet, 1988); estrategia de la que se han servido también los políticos cuando, por ejemplo, dirigentes socialistas impulsaron la “Operación Arco Iris” para crear una cadena nacional afín (Díaz Herrera, 1992).

El uso de testaferros o intermediarios se ha aprovechado de la “flexibilidad de la normativa” (Checa, 1999) ante todo tipo de operaciones comerciales con licencias e incluso de la llamada “retrolegalización”; es decir, la aprobación legal de operaciones mercantiles consumadas (Martínez Gallego y Bas Portero, 2000).

El enmascaramiento debe relacionarse con la falta de información y de transparencia en el sector y en las propias Administraciones; las primeras adjudicaciones realizadas en tiempos de la UCD, por ejemplo, no se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y situaciones similares se observan en procesos posteriores, de manera que resulta obligado recurrir a las informaciones periodísticas para conocer la relación de beneficiarios.

3. Concesiones en las cuatro comunidades autónomas

3.1. Andalucía

Apenas tres semanas después de constituirse el primer gobierno autónomo se publicó en Andalucía el concurso para adjudicar 37 nuevas licencias de radio (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 07-09-1982). El presidente andaluz, el socialista Rafael Escuredo, había incluido entre sus primeros compromisos la asunción de las competencias para conceder nuevas emisoras de radio que reparasen “la quizás excesiva tendencia a la concentración que se observa” (Diario de Sesiones, núm. 3, 1982, p. 69-70). El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –que gobernaba con mayoría absoluta– decidió otorgar el 51% de las licencias a empresas radiofónicas –nacionales y locales– y el resto lo repartió entre particulares, asociaciones y dos ayuntamientos con gobierno socialista (BOJA, 17-05-84 y 23-10-1984).

Como denunciaron de manera repetida los grupos parlamentarios de la oposición –y años después confirmó un antiguo alto dirigente socialista–, buena parte de estos adjudicatarios no era más que testaferros o personas interpuestas que el PSOE había utilizado para hacerse con 12 de las 37 licencias, es decir, casi un tercio del total. En un principio estas licencias debían servir para formar una cadena afín al PSOE pero el resultado final fue que estas 12 frecuencias se integraron en la Rueda Rato a cambio de una cantidad de dinero que pasó a controlar un testaferro del PSOE, Emilio Martín, conocido por su participación en otras operaciones encabezadas por dirigentes socialistas y relacionadas con la prensa (Arboledas, 2008). Así pues, las beneficiarias de este primer concurso terminaron siendo las grandes cadenas nacionales que pasaron a controlar 28 de las 37 licencias.

El siguiente concurso, convocado al amparo del Plan Técnico de 1989, estuvo mediatizado también por una operación diseñada por el PSOE para conseguir una cadena afín a sus intereses; en este caso, la llamada “Operación Arco Iris” fue dirigida por altos cargos del partido y del gobierno central y afectó a todas los territorios donde el PSOE gobernaba (Díaz Herrera, 1992; Bonet, 1995; Galiacho y Berbell, 1995; Tijeras, 1998; Fernández y Santana, 2000).

Al gobierno andaluz le correspondió repartir 66 frecuencias. Una cuarta parte –16– fue adjudicada directamente a las cadenas nacionales y el resto fue para particulares y pequeñas empresas (BOJA, 08-09-1989). En cuanto a las licencias concedidas de forma directa a las cadenas nacionales, casi la mitad –7– fue para la cadena SER; la Rueda Rato recibió 4; Antena 3 obtuvo 3 y la COPE, sólo 2.

De las otras 50 licencias, la mitad prácticamente fue para quienes formaban parte de la “Operación Arco Iris” y el resto fue para empresas en las que participaban ayuntamientos o para beneficiarios que contaban con buenos contactos en las distintas Administraciones y que luego entregaban la frecuencia al mejor postor –una de las fórmulas que Franquet (2002) incluye como habituales en las concesiones de licencias–, salvo un escaso número de adjudicatarios que se califican a sí mismos como la excepción que sirve al gobierno andaluz para defender la existencia de pluralismo (Arboledas, 2008).

Muchas de las frecuencias otorgadas a particulares y a pequeñas empresas se integraron de manera automática en las cadenas y fueron éstas las encargadas de poner en marcha las emisoras. Así, Onda Cero Radio –la cadena que surgió a raíz de la “Operación Arco Iris”– pudo integrar 21 frecuencias; la cadena SER sumó 19; Antena 3 aumentó su red en 7 emisoras y la COPE añadió 6 frecuencias. Por el contrario, sólo 12 licencias nacieron como emisoras independientes y 1 nunca se llegó a utilizar.

En la tercera ampliación del mapa radiofónico el gobierno andaluz repartió 27 licencias (BOJA, 04-01-2004). En este caso no figura ningún particular entre los adjudicatarios; son todas empresas, nacionales o locales. El holding Unión Radio se hizo con 5 licencias; una filial del grupo Planeta obtuvo 4; Vocento consiguió 2; otras 2 fueron para Radio Amanecer –ligada al grupo Zeta– y recibieron 1 la familia Joly –editora de varios diarios en Andalucía–, la productora audiovisual Mediasur, filial de Mediapro, y el grupo Recoletos. Las demás concesiones fueron para empresas de carácter local, casi todas con experiencia en el negocio radiofónico y todas asociadas ya con grupos nacionales, la inmensa mayoría con la cadena SER.

Entre las tres ampliaciones, los gobiernos andaluces han repartido 130 nuevas licencias, de las que se deben eliminar 7 por diversas razones –porque no se llegaron a utilizar, porque fueron anuladas por anomalías administrativas o por sentencia judicial–; así pues, el sector privado ha sumado 123 concesiones a las 39 que ya explotaba. Como se observa en la tabla 1, la Junta de Andalucía ha favorecido, al menos inicialmente, a los solicitantes andaluces, a los que ha otorgado casi el doble de licencias que a las empresas con sede fuera de la comunidad autónoma. Sin embargo, el resultado final indica que sólo tres emisoras mantienen su carácter local e independiente.   

Tabla 1. Concursos y frecuencias en Andalucía (1982-2003)

Año

Adjudicatarios
autóctonos

Adjudicatarios
externos

gestores actuales

independientes

cadenas

1984

19

15

1

33

1989

46

16

2

60

2003

15

12

0

27

Total

80

43

3

120

Fuente: Junta de Andalucía y elaboración propia.

Tras el concurso de 1984, los propios dirigentes del PSOE optaron por integrar en la Rueda Rato las 12 licencias que se habían reservado a través de militantes y testaferros; con esas frecuencias se podría haber impulsado la radio local o una cadena de carácter regional. Algo similar ocurrió tras las adjudicaciones de 1989, cuando se otorgaron alrededor de 25 licencias a personas o empresas relacionadas con la “Operación Arco Iris”.

Gráfico 1. Andalucía. Distribución de las licencias en 2006


001     
        

Fuente: Junta de Andalucía y elaboración propia.

El gráfico 1 muestra el dominio de las cadenas nacionales y confirma que la radio local e independiente se ha convertido en una experiencia marginal dentro del sistema radiofónico andaluz. Por otro lado, se comprueba también que el holding Unión Radio controla el 55% de las licencias, superando el límite del 40% establecido por la Ley 10/2005 (BOE, 15-06-2005). En el conjunto de las tres adjudicaciones, las empresas pertenecientes a este grupo han recibido 18 de las 43 concesiones otorgadas a las cadenas nacionales y otras 12 a través de empresas andaluzas participadas o asociadas.

Por otro lado, esta estrategia se completa con la adjudicación de licencias a empresas y grupos de carácter local –asociados igualmente al grupo PRISA–, entre los que sobresalen los relacionados con los periódicos comprados por el PSOE con motivo de la subasta de los antiguos diarios franquistas –La Voz de Almería y Jaén– y algunas compañías que ya mantenían una estrecha relación con la cadena SER –como Radio Granada, Radio Jerez o Radio Jaén–.

El análisis de los tres procesos de adjudicación en Andalucía permite establecer las siguientes proposiciones: i) las concesiones responden a intereses político-económicos de los partidos que controlan los gobiernos; ii) se reparten en función de unas relaciones de tipo clientelar y iii) las Administraciones, en general, han favorecido la concentración y el modelo oligopólico.

3.2. Cataluña

A finales de 1982 el gobierno catalán otorgó 28 licencias radiofónicas y pospuso la adjudicación de otras 6 que le correspondían dentro del cupo fijado por la Administración central en 1979. Se inició así la ampliación del mapa radiofónico que prosiguió en septiembre de 1991 –28 licencias– y en mayo de 1999 –25 nuevas licencias y renovación de otras 8–. Estas sucesivas adjudicaciones se realizaron durante el largo mandato de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat al frente de una coalición de centro derecha: Convergència i Unió (CiU).

En la primera adjudicación se observan tres grandes grupos de beneficiarios: empresas periodísticas y radiofónicas, ayuntamientos y un conjunto de particulares y nuevas empresas relacionadas directa o indirectamente con CiU (El Món, 11-10-1985). El primer grupo recibió de manera directa 11 licencias: la familia Godó, la Rueda Rato y Punt Diari consiguieron 2; Antonio Asensio, el Noticiero Universal, la editora del diario Avui, la SER y Radio 80 se tuvieron que conformar con 1 para cada uno de ellos, si bien esta última consiguió otras 4 a través de empresas participadas (Bonet, 1995).

En plena ebullición de las radios municipales, 3 licencias fueron para ayuntamientos; además, el gobierno catalán anunció que reclamaría a la Administración central “el segmento de banda que las emisoras municipales necesitan” (La Vanguardia, 17-12-1982).

Particulares, cargos públicos de CiU y pequeñas empresas locales se incluyen en el tercer gran grupo de beneficiarios de aquel primer concurso. Con el diario Avui –símbolo del catalanismo impulsado por CiU– como eje vertebrador, estas licencias se integraron en Cadena 13, que estaba financiada por representantes de diversas empresas catalanas como Nutrexpa, Jabones Camp o Panrico y que rápidamente se identificó como “la radio convergente”: “Es la emisora propia de Convergència i Unió y su candidato frustrado a senador, Agustí Montal, es el presidente de su consejo de administración” (El Món, 11-10-1985).

Esta cadena desapareció como tal a principios de los años noventa en medio del escándalo suscitado por el llamado “caso Casinos”, una presunta trama de financiación ilegal de CiU en la que la radio convergente apareció como uno de los núcleos centrales junto a El Correo Catalán –de cuya empresa editora fue accionista Jordi Pujol–. El control de Cadena 13 pasó a manos de la COPE, que la relanzó como Cadena Nova con una programación independiente y en catalán (La Vanguardia, 28-04-1990 y 01-10-1991), aunque no se integraron todas las frecuencias que hasta entonces habían emitido bajo el indicativo de Cadena 13; por ejemplo, la emisora de Blanes se mantuvo como independiente y pasó a emitir como Ràdio Marina. La COPE ya había aumentado su presencia en Cataluña en 1984 porque se había hecho con el control de las frecuencias que había obtenido Radio 80 (Bonet, 1995).

El segundo reparto de licencias acordado por la Generalitat se conoció en septiembre de 1991 en medio de la polémica porque la decisión se mantuvo en secreto durante semanas e incluso el presidente Pujol negó en público que se hubieran aprobado las adjudicaciones (El País, 30-08-1991; La Vanguardia, 04-09-1991). Se otorgaron 28 frecuencias entre las que se incluyeron 5 que se habían ido adjudicando a otros tantos ayuntamientos al amparo del anterior plan, el Plan Técnico Transitorio de 1979. Empresas ya establecidas –de radio o de prensa–, conocidos profesionales, la Iglesia católica y nuevos operadores fueron los adjudicatarios; como en el reparto anterior, la oposición denunció que el gobierno había favorecido a personas y a empresas próximas a CiU (Capçalera, núm. 27, nov. 1991).

Entre los grupos periodísticos, la familia Godó obtuvo 3 licencias y las integró en Antena 3, donde figuraba entre sus mayores accionistas; la SER y la COPE sumaron una cada una, ambas a través de empresas asociadas. Entre los profesionales, Luis del Olmo obtuvo 2; Justo Molinero recibió 1, al igual que Miquel Calçada y Carles Cuní –a partir de esta frecuencia nació Flaix, cadena musical autonómica en catalán–.

Por otro lado, el Arzobispado de Barcelona y el Obispado de La Seu d’Urgell recibieron sendas licencias, a partir de las cuales nació Ràdio Estel. Por último, se observa el conjunto de frecuencias que la oposición relacionó con la coalición gobernante, CiU; buena parte de estas licencias se fue agrupando en otra red muy similar a Cadena 13: Ona Catalana.

El tercer reparto se aprobó en mayo de 1999 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 28-05-1999), casi dos años después de que la Administración central hubiera aprobado ampliar el mapa de la radio privada en frecuencia modulada. Los datos más significativos son: el grupo Godó y Ona Catalana acapararon dos tercios de las concesiones; ninguna licencia para las cadenas nacionales; frecuencias para otras cadenas autóctonas y dos nuevas licencias para la Iglesia católica pero ninguna para la COPE que, además, perdió 3 porque el gobierno catalán decidió no renovarle esas concesiones –esta decisión provocó un proceso judicial que, al final, ganó la cadena de la Conferencia Episcopal–.

El grupo Godó fue el gran beneficiado –obtuvo 10 licencias– en este reparto pero no usó esas frecuencias para integrarlas en Unión Radio –el holding con el grupo PRISA que explota la SER y las demás cadenas musicales–, sino que decidió emprender “un nuevo proyecto de radio catalana e independiente”; a través de dos canales, uno, generalista –Rac 1– y el otro, una radiofórmula musical –Rac 105 FM–; para ello contó con algunos de los directivos que habían puesto en marcha la radio pública autonómica en tiempos de CiU (La Vanguardia, 06-05-1999).

El grupo de Ona Catalana, por su parte, recibió 7 nuevas licencias que se sumaron a las 11 frecuencias que explotaba en ese momento (La Vanguardia, 06-05-1999); de esta manera consolidó su posición en el mercado catalán y pudo desarrollar dos programaciones distintas: una generalista y una radiofórmula musical (Bonet, 2001).

Excluidas las frecuencias otorgadas a varios ayuntamientos y las renovaciones de licencia que se incluyeron en alguno de los concursos, las tres adjudicaciones realizadas en Cataluña se pueden resumir en la tabla 2:

Tabla 2. Concursos y frecuencias en Cataluña (1982-1999)

Año

Adjudicatarios
autóctonos

Adjudicatarios
externos

gestores actuales

autoc.

cadenas

1982

22

3

7

18

1991

27

1

13

15

1999

24

0

13

11

Total

73

4

33

44

Fuente: Generalitat de Cataluña y elaboración propia.

Como se desprende de la tabla 2, los sucesivos gobiernos controlados por CiU muestran un constante deseo de facilitar la existencia de emisoras afines ideológicamente y, al mismo tiempo, de dificultar la expansión de las grandes cadenas de cobertura nacional. Esta política se debe relacionar con uno de los objetivos esenciales desde el inicio mismo del autogobierno: la construcción de un espacio comunicativo catalán.

Gráfico 2. Cataluña. Adjudicatarios autóctonos(1982-1999)

003


            Fuente: Generalitat de Cataluña y elaboración propia.

Daniel E. Jones explica que los gobiernos pujolistas comenzaron con un apoyo mediático muy débil que fue aumentando con la creación de la radiotelevisión pública autonómica y, luego, con los medios privados. De todas maneras, siempre se ha mantenido un significativo apoyo de las empresas de comunicación a los partidos políticos de ámbito nacional. “En buena medida –añade Jones–, este panorama nada favorable a los intereses del nacionalismo convergente explica el esfuerzo permanente de Pujol por construir un espacio catalán de comunicación, llevando a cabo una política claramente partidista y favorable a los intereses electoralistas de la coalición CiU en el poder” (2007: 516). Entre estas medidas figura la concesión de licencias de radio en FM a los grupos políticamente afines.

Desde las primeras adjudicaciones, en 1981, las familias Godó y Asensio han recibido de manera sistemática licencias radiofónicas. Al principio ambas participaron como socias en el lanzamiento de Antena 3 Radio, poco tiempo después Asensio vendió su parte a los Godó, quienes se convirtieron en accionistas mayoritarios de esta empresa radiofónica. Unos años después –coincidiendo con una crisis financiera– los Godó cambiaron de socios y se aliaron con PRISA para formar el holding Unión Radio, donde se disolvió Antena 3, justo cuando había alcanzado sus mayores cotas de audiencia y había luchado por la supremacía con la cadena SER. De forma paralela, Asensio siguió recibiendo licencias y formando alianzas temporales; por ejemplo, con Flaix o con la COPE. Las adjudicaciones de 1999 se pueden interpretar como un punto de inflexión en estos vaivenes; el grupo Godó había decidido poco antes emprender una nueva aventura en la radio catalana y recibió el espaldarazo del gobierno en forma de licencias suficientes para su proyecto de cadena autonómica.

Gráfico 3. Cataluña. Distribución de las licencias en 2006

006 

                Fuente: Generalitat de Cataluña y elaboración propia.

Bien distinta es la evolución de otra de las experiencias radiofónicas, nacida bajo los auspicios del gobierno y que, de alguna manera, había recogido el testigo de la fracasada Cadena 13; nos referimos a Ona Catalana. Esta cadena se había configurado a partir de la experiencia puesta en marcha de forma conjunta por Radio Olot y Radio Costa Brava. A la experiencia se sumaron las tres frecuencias otorgadas en 1991 a Radio Ambiente Musical, propiedad de una empresa distribuidora de música ambiental a través de abonados; al ser preguntado por las características de esta entidad, el presidente de la Generalitat describió a sus responsables como “gente seria, sólida y rigurosa” sin precisar más (El País, 04-09-1991).

Casi tres lustros después de su lanzamiento y tras algunos cambios accionariales, los dueños de Ona Catalana decidieron vender la cadena al grupo PRISA –la operación recibió el visto bueno de las autoridades catalanas–; estas frecuencias permitieron ampliar la presencia de sus diversas cadenas en el territorio catalán y crear una nueva radiofórmula basada en la música y la información deportiva bajo el indicativo de Ona FM; con esta compra, además, PRISA se colocó como el primer grupo privado de radio en la comunidad.

Significativa paradoja la vivida por los dos intentos en pos de una cadena comercial privada de ámbito catalán, auspiciada directamente desde el propio gobierno; buena parte de las frecuencias integradas en Cadena 13 acabó en manos de la COPE –cadena nacional a la que el gobierno de Pujol pretendió “castigar” en 1999 no renovándole varias frecuencias–; años después, la segunda iniciativa terminó en poder del grupo PRISA –tradicional aliado del PSOE, a su vez, principal adversario político del pujolismo–.

La venta de Ona Catalana a PRISA va en contra del proyecto de configurar un espacio radiofónico catalán, pues se ha reducido el número de emisoras autóctonas en la misma proporción en que ha aumentado la presencia de las cadenas nacionales. Así, antes de la adjudicación de las frecuencias correspondientes al Plan Técnico de 2006, las cadenas nacionales controlaban en Cataluña el 62% de las licencias frente al 38% en posesión de empresas o particulares no vinculados a las grandes cadenas; a pesar de que inicialmente los gobiernos de CiU otorgaron a adjudicatarios autóctonos el 95% de las licencias.

3.3. País Vasco

Dos concursos se han convocado y adjudicado en esta comunidad autónoma. Los conflictos a propósito de las competencias en materia de radio se prolongaron hasta 1986, cuando los dos gobiernos –central y autonómico– alcanzaron una vía de consenso, pacto que no puede desligarse de un acuerdo de más profundo calado entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que permitió la constitución de un gobierno de coalición entre ambos partidos en el País Vasco, pacto que se prolongó durante una docena de años.

En 1987, el ejecutivo vasco otorgó 11 frecuencias correspondientes al Plan Técnico Transitorio de 1979 y, apenas dos años después, adjudicó 19 licencias incluidas en el Plan Técnico de 1989.

Las empresas periodísticas vascas, la SER y la COPE se repartieron 10 de las 11 frecuencias de la primera adjudicación: el entonces grupo Correo –actual Vocento– recibió 3; la sociedad editora del periódico Deia –considerado portavoz oficioso del PNV– y la sociedad Onda Vasca obtuvieron también 3 –que se unieron a los pocos meses en la empresa Ipar Onda–; por último, la propietaria del diario radical Egin consiguió 1; para la SER fueron 2 y para la COPE 1; la undécima licencia fue para Radio Nervión, empresa no ligada a ninguno de los grupos radiofónicos o periodísticos de entonces.

Al amparo del siguiente Plan Técnico, el de 1989, el gobierno de coalición PSOE-PNV repartió 19 frecuencias. La Iglesia católica consiguió un tercio de las licencias pero no se integraron en la COPE, la cadena controlada por la Conferencia Episcopal, sino que sirvieron para poner en marcha una programación independiente centrada en la provincia de Vizcaya.

El otro grupo más beneficiado está compuesto por empresas cuya cabeza visible es Blas Herrero. Estas concesiones corresponden a la llamada “Operación Arco Iris”, montada por alto dirigentes del PSOE para configurar una cadena nacional afín a los intereses socialistas; el gobierno vasco le otorgó 4 licencias en las ciudades más atractivas.

Entre las concesiones realizadas en 1989 se encuentran varias entidades públicas y privadas que fueron relacionadas desde el mismo momento de las adjudicaciones con los dos partidos en el gobierno (El País, 10-08-1989). La evolución de estas emisoras muestra que la SER consiguió integrar a la mayoría de ellas mediante acuerdos de asociación.

Tabla 3. Concursos y frecuencias en el País Vasco (1982-1999)

Año

Adjudicatarios
autóctonos

Adjudicatarios
externos

gestores actuales

autoc.

cadenas

1987

8

3

1

9

1989

15

4

11

8

Total

23

7

12

17

            Fuente: Gobierno vasco y elaboración propia.

En total, el gobierno vasco ha repartido 30 concesiones entre los dos procesos de adjudicación. Una de estas licencias –la correspondiente a Radio Egin– ha dejado de usarse a raíz de la clausura del diario del mismo nombre. El conjunto de las concesiones se puede ordenar tal y como queda reflejado en la tabla 3.

Por otro lado, el gráfico 4 muestra que el grupo de los independientes acumula casi la mitad de las concesiones otorgadas por el gobierno vasco y el resto se lo reparten la burguesía regional –Vocento está controlado por algunos de los apellidos ligados tradicionalmente a la industria y a la banca–; empresas próximas al PNV –por ejemplo: la editora de Deia– y el clero vasco, relacionado ya desde el siglo XIX con posturas nacionalistas que inspiraron el nacimiento del propio PNV (Fusi y García de Cortázar, 1988; García de Cortázar y Azcona, 1991).

Gráfico 4. País Vasco. Adjudicatarios autóctonos (1982-1999)

009        


            Fuente: Gobierno vasco y elaboración propia.
           
Tras los dos procesos de adjudicación y las operaciones comerciales realizadas con las licencias, se puede decir que las cadenas nacionales han salido fortalecidas en detrimento de las emisoras locales (Amoedo Casais, 1999). Otros autores (Peñafiel, 2005) concluyen que este dominio se ha acentuado con el paso del tiempo, sobre todo debido a la estrategia de las grandes cadenas de buscar acuerdos con las emisoras locales, una situación que iría en contra del espíritu de pluralidad establecido en las normas legales.

Gráfico 5. País Vasco. Distribución de las licencias en 2006

012


            Fuente: Gobierno vasco y elaboración propia.

El gráfico 5 confirma el dominio de las redes nacionales: las cadenas controlan el 63% de las frecuencias existentes en el País Vasco y el holding Unión Radio agrupa a más de un tercio de estas frecuencias; en cuanto al 37% de las concesiones explotadas por las compañías vascas, se dividen en tres grupos: las independientes –Segura Irratia y Arrate Irratia, emisoras históricas surgidas en los años sesenta, ambas con programación local en euskera y un mismo origen: el clero–; Radio Rioja Alavesa –impulsada por varios municipios de la zona, combina programación local y conexiones con Radio Vitoria gracias a un acuerdo con la radiotelevisión pública (EITB)– y Onda Vasca Guernika –que estuvo asociada a Cadena Ibérica y luego a la SER–; en un segundo grupo estaría la pequeña cadena formada por Radio Nervión, con emisoras en Bilbao y en Vitoria, está vinculada a un grupo con intereses en la televisión local y en la prensa on-line; por último, el tercer grupo está formado por las concesiones otorgadas de manera directa al clero vasco: el Obispado de Bilbao ha creado una pequeña cadena –Bizkaia Irratia– con las 5 licencias conseguidas en 1989 y la Compañía de Jesús de Loyola gestiona 2 frecuencias –Herri Irratia–; entre las dos reúnen en el País Vasco más licencias en FM que la COPE, la red nacional controlada por la jerarquía eclesiástica española.

3.4. Galicia

En la comunidad autónoma gallega son tres las adjudicaciones realizadas: en 1983 –11 frecuencias–; en 1989 –26– y en 1998 –41–. En general, se puede decir que existe un rasgo común en los tres procesos: las empresas periodísticas autóctonas y las cadenas radiofónicas son las grandes beneficiadas.

En 1983 Galicia estaba gobernada por Alianza Popular (AP), que había ganado las elecciones de octubre de 1981; a pesar de no contar con mayoría absoluta, el candidato de AP, Gerardo Fernández Albor, fue el presidente durante toda la legislatura. AP siguió en Galicia los mismos criterios que la UCD en 1981 y que CiU en 1982: premiar a las compañías periodísticas y radiofónicas.

Así, la empresa editora del Faro de Vigo pasó a controlar 4 licencias que formaron una minicadena regional –Radio Noroeste–; la editora de La Voz de Galicia obtuvo 3 frecuencias –que se integraron en Antena 3–; a la cadena SER le correspondieron 2; la COPE consiguió 1 frecuencia y otra fue para Radio ECCA, la emisora educativa relacionada con la Iglesia católica.

La segunda adjudicación (Diario Oficial de Galicia (DOG), 18-12-1989) se hizo al amparo del Plan Técnico de 1989 y estuvo mediatizada por dos razones: por el escándalo que suscitó la decisión, adoptada pocas horas antes de unas elecciones autonómicas y en medio de serias divergencias entre los propios miembros del gobierno tripartito que trascendieron a la opinión pública (El País, 17-12-1989); y –como en casi toda España– por la llamada “Operación Arco Iris”, montada por el PSOE para configurar una gran cadena de radio afín a sus intereses.

En las elecciones autonómicas de 1985 había vuelto a ganar AP y había seguido gobernando en minoría hasta que, dos años después, los grupos de la oposición presentaron una moción de censura que contó incluso con el apoyo de varios diputados de AP. El candidato socialista, Fernando González Laxe, alcanzó la presidencia de la Xunta y formó un gobierno tripartito con Coalición Galega y el Partido Nacionalista Galego. Este tripartito fue el encargado de adjudicar las licencias y –como ya se ha reflejado en el caso de Cataluña– fue una decisión criticada por su opacidad: “El Gobierno gallego concede en secreto las emisoras de frecuencia modulada 24 horas antes de las elecciones” (El País, 17-12-1989).

Desde el gobierno tripartito se defendió que las adjudicaciones se habían realizado con un criterio de “cierto pluralismo y de distribución racional y lógica, entre las empresas gallegas y las de fuera”; pero esas declaraciones no consiguieron acallar las críticas sobre un reparto partidista entre las tres formaciones que ocupaban el gobierno gallego (El País, 18-12-1989).

En síntesis, las compañías de prensa y radio y los profesionales gallegos recibieron 15 licencias –el grupo Voz fue el más favorecido con 5–; las cadenas nacionales recibieron 9 frecuencias –SER, 3; Radio Ibérica, 3; COPE, Rato y Blas Herrero, una cada uno–. Por último, 2 licencias de carácter educativo o cultural fueron para la Asociación de la Prensa de Lugo y la Fundación Lea; sin embargo, la primera la terminó explotando la cadena SER y la segunda acabó integrada en Onda Cero.

Las empresas relacionadas con Blas Herrero sólo recibieron una concesión directa a pesar de ciertas informaciones que presagiaban lo contrario; esta decisión del gobierno gallego se atribuyó a las presiones sobre el PSOE ejercidas por sus socios nacionalistas (El País, 19-12-1989).

El tercer y último reparto tuvo lugar en 1998; el presidente de la Xunta era Manuel Fraga (PP), quien gobernaba con mayoría absoluta. Las adjudicaciones provocaron una nueva polémica: los socialistas denunciaron que se había discriminado a empresas de capital gallego, se había marginado a la cadena de radio de mayor audiencia en Galicia –la SER– y se habían obviado los criterios sobre porcentajes de programación en gallego; el PSOE subrayó que la Xunta había premiado a “la radio de los obispos, que tantos favores presta a los intereses de Aznar y Fraga” (El País, 07-03-1998). Respondió el presidente gallego, Manuel Fraga, quien afirmó que su gobierno había seguido un criterio de “equidad, justicia y equilibrio” para distribuir las nuevas emisoras. Según Fraga, se había intentado paliar “ausencias” en determinadas zonas sin dejar de dar “una cierta prioridad” a las cadenas gallegas (El Mundo, 06-03-1998).

La decisión de la Xunta se inscribe en el criterio expresado por el gobierno central –controlado por el PP– cuando un año antes anunció la ampliación del mapa radiofónico: “reequilibrar el sector”; es decir, el PP se propuso allí donde gobernaba compensar a sus empresas afines con el fin de contrarrestar las adjudicaciones anteriores en las que el PSOE había premiado a sus grupos afines; en consonancia con esta política de comunicación, el gobierno del PP utilizó a Telefónica para configurar un gran grupo mediático; mantuvo constantes polémicas con el grupo PRISA y actuó como intermediario en las compraventas que afectaron a Antena 3 Televisión y Onda Cero Radio (Bustamante, 2006).

Para ajustarse a ese propósito de “reequilibrio”, el gobierno presidido por Fraga adjudicó (DOG, 11-03-1998) 11 emisoras a la COPE y 9 al grupo Voz; además, otras empresas próximas al PP resultaron también beneficiadas: Abc –2 licencias–; El Mundo –2–; Recoletos –1– y Telefónica –1–. Profesionales ligados a la COPE y al grupo Voz recibieron otras 3 concesiones, que se terminaron integrando en las redes de ambas compañías.

Entre las cadenas nacionales, Onda Cero recibió 2 licencias y su presentador estrella, Luis del Olmo, otras 2. La SER, en cambio, no obtuvo ninguna de manera directa, pero sí algunas de sus empresas gallegas asociadas –Faro de Vigo, Editorial Compostela, Radio Coruña y Agrupación Radiofónica; entre todas sumaron 6 frecuencias–.

Los directivos de la SER hicieron la siguiente valoración sobre las adjudicaciones: “es tan elocuente que los datos hablan por sí mismos y no necesitan grandes explicaciones para descubrir a quién se ha beneficiado y a quién se ha perjudicado”. El Mundo, por su parte, destacó que la radio del grupo PRISA seguía siendo la primera a gran distancia de las siguientes pues gestionaba en Galicia 27 frecuencias, entre propias y asociadas, mientras que el grupo Voz tenía 19 y la COPE, 18 (06-03-1998).

Tabla 4. Concursos y frecuencias en Galicia (1982-1999)

Año

Adjudicatarios
autóctonos

Adjudicatarios
externos

gestores actuales

autoc.

cadenas

1983

8

3

2

9

1989

16

10

2

24

1998

19

22

5

36

Total

43

35

9

69

            Fuente: Xunta de Galicia y elaboración propia.

Como se observa en la tabla 4, las concesiones a empresas y a particulares autóctonos superan levemente al conjunto de adjudicatarios con sede fuera de la comunidad autónoma. Sin embargo, la evolución de estas licencias muestra que han terminado integrándose en las cadenas nacionales de forma casi absoluta.

Resulta muy significativo que en la primera adjudicación –gobierno de AP/PP– las frecuencias para empresas de capital gallego fuese casi el triple respecto a las cadenas nacionales; esa diferencia se redujo de manera considerable en el siguiente concurso –adjudicado por un gobierno tripartito de centro-izquierda–; en el tercer proceso las compañías nacionales superaron a las autóctonas gracias al deseo del gobierno de entonces –PP– de favorecer a empresas afines, bajo el argumento de “reequilibrar” el sector.

La Voz de Galicia desempeña en esta comunidad un papel similar al grupo Godó en Cataluña. Participó en la fundación de Antena 3 Radio pero se desvinculó cuando esta empresa cayó en manos del grupo PRISA; aprovechó entonces esas frecuencias para montar Radio Voz, primero como cadena regional y luego como cadena de ámbito nacional; esta aventura, sin embargo, fue un fracaso y se replegó otra vez a tierras gallegas donde mantuvo 8 frecuencias para retomar su cadena regional, las otras licencias las vendió o asoció a Uniprex en Onda Cero.

Gráfico 6. Galicia. Adjudicatarios autóctonos (1982-1999)

003b     
         Fuente: Xunta de Galicia y elaboración propia.

Otras empresas periodísticas –como Faro de Vigo o El Progreso– han entrado también en el negocio radiofónico pero han preferido asociarse con la cadena SER que, además, acrecienta sus antiguos vínculos con las empresas familiares gallegas que desarrollaron la radio en la región desde sus orígenes; vínculos que se han expandido incluso hasta las concesiones de televisión digital terrestre. Esta doble asociación, con diarios y emisoras locales, y las concesiones recibidas en las sucesivas ampliaciones del mapa radiofónico le permiten al grupo PRISA mantener su sólida posición en Galicia.

Los datos reflejados en el gráfico 7 son muy expresivos: las cadenas nacionales controlan el 90% de las concesiones en frecuencia modulada, a pesar de que el 55% de las licencias otorgadas durante el período de análisis se ha destinado a empresas de capital gallego. El holding Unión Radio explota un tercio del total gracias, en especial, a sus acuerdos de asociación con las compañías locales; Onda Cero integra también casi un tercio de las concesiones, en buena parte merced a su acuerdo con el grupo Voz; la COPE roza el 20% como consecuencia de las licencias recibidas en el concurso adjudicado por el PP, concurso que le permitió más que duplicar las emisoras que explotaba hasta entonces.

Como señala Xosé R. Pousa (2004 y 2007), el sistema de concesiones aplicado por la Xunta de Galicia no ha facilitado el nacimiento de cadenas comerciales de producción y de difusión exclusivamente gallegas sino que, al contrario, ha permitido el crecimiento de las cadenas nacionales; además, esta política ha generado un sector radiofónico subsidiario y sin personalidad propia.

 Gráfico 7. Galicia. Distribución de las licencias en 2006

006b       


         Fuente: Xunta de Galicia y elaboración propia.

Frente a la presencia de las grandes cadenas nacionales sólo se alza Radio Voz –con sus 8 emisoras e implantación en toda la región–; y Radio Obradoiro –con 2 emisoras–; por su parte, Cadena Noroeste –1 emisora y una veintena de municipales asociadas– nació con la vocación de convertirse en una cadena de carácter regional, pero muy poco tiempo después decidió asociarse a Punto Radio. Por último, hay que citar la supervivencia de una emisora de tipo educativo-cultural, pero con licencia comercial: Radio ECCA.

4. Resultados: concentración y dominio de las cadenas nacionales

Entre 1982 y 2006 los gobiernos de Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia han adjudicado 308 licencias para emisoras en frecuencia modulada a través de unos procesos en los que se conjugan factores comunes con independencia del signo político del partido gobernante. Estos factores están estrechamente ligados y se pueden resumir de la siguiente manera: falta de transparencia y de control parlamentario, adjudicación a empresas o particulares afines y discrecionalidad; todo ello da como resultado el partidismo.

Como se ha reflejado en las cuatro comunidades analizadas, son los propios partidos políticos los primeros en denunciar estas prácticas cuando se encuentran en la oposición sin tener en cuenta que aplican esas mismas conductas cuando detentan el poder en cualquiera de los territorios españoles. Se trata de una estrategia asumida por las formaciones políticas que genera una especie de representaciones públicas a las que incluso se suman a veces las empresas del sector; según Martí y Bonet (2000), la desregulación realizada en el sistema radiofónico español ha convertido las polémicas sobre las adjudicaciones en una suerte de “representación cíclica” aceptada por todas las partes con tal de no hacer frente al auténtico problema de base: el sistema mismo de concesiones.

Para justificar las concesiones realizadas en 1984, la Junta de Andalucía argumentó en el Parlamento que hasta entonces las emisoras se habían otorgado a empresas vinculadas a posiciones de centro o de derechas y lo novedoso era abrir el abanico a otros posicionamientos políticos, lo cual suponía una “una modestísima acción reequilibradora de la oferta radiofónica en Andalucía” (Diario de Sesiones, núm. 83, 1985, p. 3874). Casi tres lustros después, el PP invocó el argumento del “reequilibrio” para ampliar el mapa radiofónico y en Galicia, por ejemplo, rechazó las críticas socialistas sobre partidismo en las adjudicaciones alegando que las concesiones se habían realizado con “justicia”; además, el gobierno gallego –controlado por el PP– descartó que “el PSOE tenga autoridad moral para hablar de irregularidad en la concesión de emisoras” (El Mundo, 17-04-1998).

En el caso del PSOE y de CiU se observa una coincidencia: ambos partidos han aprovechado las concesiones radiofónicas para promover cadenas afines a sus intereses partidistas. Se observa también que algunas de las personas relacionadas con estas maniobras han aparecido vinculadas a la financiación irregular de ambos partidos a través de dos escándalos político-judiciales: el “caso Casinos” –CiU– y el “caso Filesa” –PSOE–.

De forma paralela, todos los partidos han tejido una maraña de vinculaciones con los grupos de comunicación que responden al modelo de relaciones clientelares, en el sentido descrito por Hallin y Mancini (2007). Antiguos ministros socialistas –como Jorge Semprún y Carlos Solchaga– han ocupado cargos directivos en el grupo PRISA. La configuración de Telefónica como un potente grupo mediático coincidió con la presidencia de Juan Villalonga, quien ocupó este cargo gracias a ser amigo de la infancia del entonces presidente del gobierno, José M. Aznar.

De manera habitual, los gobiernos han justificado las sucesivas ampliaciones del mapa radiofónico en la necesidad de impulsar la radio local, fomentar el pluralismo e, incluso, favorecer un cierto “reequilibrio” territorial y empresarial. A la vista de estos argumentos se podría pensar que, en efecto, las adjudicaciones han permitido configurar un sistema donde la radio local sea su base más sólida y el pluralismo, su seña de identidad, como condición imprescindible para fortalecer el régimen democrático.

Sin embargo, la realidad muestra unos resultados bien distintos: las grandes cadenas nacionales controlan el 76% de las licencias adjudicadas en estas cuatro comunidades autónomas durante el período analizado; por el contrario, los adjudicatarios con sede en estos territorios sólo siguen controlando el 24% de las concesiones otorgadas a pesar de que inicialmente recibieron el 73% de las frecuencias.

Tabla 5. Concesiones otorgadas en las cuatro CC.AA. (1982-2006)

CC.AA.

adjuts.
autocts.

%

adjudicatarios
externos

%

emisora regional
e independientes

%

cadena
nacional

%

Andalucía

80

65

43

35

3

2,5

120

97,5

Cataluña

73

95

4

5

33

43

44

57

País Vasco

23

77

7

23

12

41

17

59

Gallicia

43

55

35

45

9

11

69

89

Total

219

73

89

27

57

24

250

76

            Fuente: Elaboración propia.

Se observan, no obstante, algunas diferencias entre los cuatro territorios: Cataluña y el País Vasco son las comunidades que más licencias han otorgado a empresas y particulares de sus respectivas regiones y son también las que presentan un mayor porcentaje de emisoras no integradas en las cadenas nacionales; esta circunstancia podría relacionarse con el hecho de que ambas comunidades han tenido durante todos estos años gobiernos nacionalistas –aunque en el caso del País Vasco las licencias se otorgaron por un gobierno de coalición PNV-PSOE–; en el lado contrario se sitúan Galicia y, en especial, Andalucía donde las cadenas nacionales han conseguido controlar la casi totalidad de las licencias otorgadas en el período analizado –120– y sólo subsisten 3 emisoras locales independientes. Estos datos confirman el desinterés por la radio local en España frente a lo que ocurre en otros países, como Estados Unidos (Rodero Antón y Sánchez Serrano, 2007).

El proceso de concentración en el sector radiofónico se ha visto favorecido también por la flexibilidad o la laxitud de las Administraciones a la hora de hacer cumplir los límites legales a la propiedad e incluso la aprobación posterior de algunas operaciones de compraventa. El ejemplo paradigmático de la “retrolegalización” es el cambio introducido a través de la Ley 10/2005 (BOE, 15-06-2005), en la que el gobierno socialista aprovechó una reforma que afectaba a la televisión privada para ampliar los límites al control de concesiones radiofónicas; se trataba de “arreglar el problema” –así lo definió el presidente Rodríguez Zapatero– creado por la integración de Antena 3 y la cadena SER en el holding Unión Radio.

El desglose de las licencias integradas en cada una de las redes nacionales muestra el dominio del holding Unión Radio, que gestiona el 42% de todas las frecuencias, una cantidad superior a todas las demás cadenas nacionales juntas; la hegemonía de este grupo se asienta en Andalucía donde explota más concesiones que en los otros tres territorios juntos.

Tabla 6. Reparto de frecuencias en las cuatro CC.AA. en 2006

CC.AA.

u. radio

ocr

cope

kiss

p. radio

otras nac.

cad. reg.

indpt.

Andalucía

88

31

17

10

11

2

 

3

Cataluña

34

6

9

1

8

1

28

8

País Vasco

8

4

3

4

3

 

9

4

Galicia

32

30

18

1

3

1

10

 

Total

162

71

47

16

25

4

47

15

Total %

42

18

12

4

6

1

12

3

            Fuente: Elaboración propia.

La suma de los tres primeros grupos de radio nacionales significa el 72% del total de licencias; es decir, estas cadenas acumulan las tres cuartas partas de las frecuencias existentes. Las redes regionales sólo ocupan una posición destacada en el País Vasco –donde son el primer grupo– y en Cataluña –donde se colocan por detrás de Unión Radio pero con más concesiones que todas las demás cadenas nacionales juntas–. En Galicia el grupo Voz se ha reservado 8 frecuencias para su cadena regional –Radio Voz– pero posee otras 9 que ha preferido integrar en Onda Cero Radio; la otra minicadena regional pertenece a Radio Obradoiro, con apenas 2 licencias. Andalucía, por su parte, carece de redes regionales de carácter privado.

En Galicia y, en menor medida, en Cataluña y en el País Vasco, las empresas periodísticas son las grandes beneficiarias de las licencias radiofónicas; en especial, las editoras de La Voz de Galicia y de La Vanguardia. En Andalucía no se observa nada parecido porque carece de empresas periodísticas de ámbito regional. Ahora bien, los vaivenes de estos grupos periodísticos en sus estrategias para explotar las licencias y la decisión de otras empresas –como el grupo Zeta o las editoras de El Progreso y El Faro de Vigo– de integrar sus concesiones en las cadenas radiofónicas parecen indicar un cierto desinterés de las compañías periodísticas en la gestión directa de las licencias radiofónicas. Esta estrategia genera una doble interpretación: los empresarios de la prensa han concebido las licencias como una mera forma de allegar nuevos ingresos o como un instrumento más para ejercer influencia; o ambas a la vez.

5. Conclusiones

Tras analizar cómo se han adjudicado las licencias en estas cuatro comunidades autónomas, qué criterios se han aplicado y quiénes han sido las empresas o particulares beneficiarios, podemos plantear las siguientes conclusiones:

  • Todos los gobiernos han utilizado las concesiones para favorecer a empresas o a particulares afines a sus intereses. En unas ocasiones han intentado crear cadenas afines a través de testaferros, militantes o simpatizantes –como es el caso del PSOE y de CiU–; en otros casos han adjudicado las concesiones a empresas o a grupos de comunicación alineados con sus intereses políticos.

  • El favoritismo de los partidos gobernantes hacia determinadas empresas responde a las vinculaciones existentes entre aquéllos y éstas; se trata de unas relaciones de tipo clientelar en las que las concesiones radiofónicas se pueden concebir como una recompensa de los gobiernos por el apoyo que prestan los grupos de comunicación afines.

  • Los partidos de ámbito estatal han favorecido a las cadenas o grupos nacionales y los partidos nacionalistas han beneficiado a particulares o empresas autóctonas. Desde sus respectivos gobiernos, el PNV y CiU, como partidos nacionalistas, han beneficiado especialmente a empresas radiofónicas con capital autóctono y, en consecuencia, han obstaculizado el dominio ejercido por las grandes cadenas.

  • Como consecuencia de las alianzas entre el poder político y los grupos de comunicación se observa que existe un reparto más equilibrado de licencias en las comunidades donde se han registrado cambios de gobierno o coaliciones entre partidos con distintos apoyos mediáticos.

  • En Galicia, el reparto del ejecutivo tripartito en 1989 y las adjudicaciones del PP en 1998 han actuado de contrapeso o como factores de “reequilibrio”. En el País Vasco, el acuerdo PSOE-PNV marcó los dos procesos de adjudicaciones y sirvió para establecer el equilibrio entre los grupos aliados con cada uno de estos partidos.

  • En Cataluña y en Andalucía todas las licencias las han otorgado los mismos partidos entre personas o empresas afines. En la comunidad catalana, los fracasos de Cadena 13 y de Ona Catalana han desvirtuado las intenciones iniciales de los gobiernos y han terminado favoreciendo a cadenas nacionales. En la comunidad andaluza, las adjudicaciones responden claramente a las estrechas relaciones entre el PSOE y el grupo PRISA; la fuerte presencia de Onda Cero Radio sólo se explica por el pacto coyuntural que se estableció a mediados de los ochenta entre testaferros del PSOE y la familia Rato. Por otro lado, la Iglesia católica –y su cadena, la COPE– es la gran perjudicada en Andalucía, donde apenas ha podido aumentar su número de licencias a diferencia de las otras grandes cadenas nacionales.

  • Las Administraciones han favorecido la concentración mediante las concesiones directas o facilitando todo tipo de operaciones mercantiles; incluso se han ido ampliando los límites a la propiedad para legalizar las situaciones de hecho, como fue el caso de la integración entre la cadena SER y Antena 3 Radio.

  • No existe casi radio independiente local en estas cuatro comunidades autónomas. Sobre la radio local independiente parece pesar esa ley inexorable del mercado: no hay sitio fuera de las grandes cadenas nacionales.

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FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS - HOW TO CITE THIS ARTICLE IN BIBLIOGRAHIES / REFERENCES:

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