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Revista Latina de Comunicación Social 47 – febrero de 2002
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| Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social |
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Venezuela: factores claves en el conflicto gobierno-medios Lic. Sebastián de la Nuez Aránega © El siguiente trabajo tiene por finalidad analizar las características del conflicto que desde el principio de su mandato ha mantenido el actual gobierno venezolano con los medios de comunicación en general, conflicto que se ha visto potenciado por la creciente beligerancia de muchos medios, una política comunicacional gubernamental centrada en la personalidad agresiva del presidente y una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el derecho a réplica. Introducción La popularidad de Hugo Chávez Frías en Venezuela nunca ha estado en duda desde que en 1998, año de las últimas elecciones presidenciales, ascendió al primer lugar entre las preferencias electorales por encima de Irene Sáez (apoyada por el partido socialcristiano COPEI), Enrique Salas Röhmer (ex gobernador del estado Carabobo, fundador del partido Proyecto Venezuela) y Luis Alfaro Ucero (Acción Democrática). Sin embargo, a los pocos meses de haber asumido la presidencia el 2 de febrero de 1999 el presidente en persona entró en conflicto con buena parte de los medios de comunicación, lo que le ha valido una sistemática contraofensiva que ha mellado su “arrastre” en vastos sectores de la opinión pública. Para ilustrar esto, cabe recordar que ganó con 56% de los votos válidos y que, según encuestas dignas de crédito, durante el primer año de su mandato sostuvo una aceptación de 80% en la población; pero hoy las cifras se han reducido a 34% de “voto duro” que representa, pese a todo, un importante capital del cual no goza ningún representante de la oposición. En este trabajo analizaremos tres puntos claves del conflicto sostenido: § La crisis política venezolana y sus implicaciones mediáticas: caso El Nacional. § La estrategia comunicacional del gobierno; el programa “Aló presidente”. § Sentencia 1013 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que regula la libertad de expresión y que trajo consigo una vasta polémica. La crisis política Ante todo debe decirse que, en líneas generales, cuando se habla del conflicto entre el presidente y los medios es porque Chávez concentra en su persona la política comunicacional. Dadas sus características personales, que no entraremos a analizar aquí, él es la política comunicacional, aunque existe una Oficina Central de Información dependiente de un viceministerio de Gestión Comunicacional, que controla los órganos estatales de información y comunicación (principalmente Radio Nacional, Venezolana de Televisión y la agencia Venpres). Varios de los medios que hoy le son adversos, ayer apenas eran sus aliados; por lo tanto, en algunos casos se trata de un conflicto entre chavistas y ex chavistas. Es el caso de El Nacional y su producto para un público de clase popular, Así es la Noticia, diario tabloide que circula de lunes a viernes. La esposa del presidente de la junta directiva del primero, Carmen Ramia, formó parte del gobierno durante sus primeras semanas de gestión, al frente precisamente de la Oficina Central de Información. Un ex director del periódico, Alfredo Peña, fue incluido también en el gabinete y después se alejó por desavenencias; hoy es alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas aunque su tiempo lo dedica, mayormente, a ejercer la crítica contra el gobierno central. Así es la Noticia, comenzó siendo un aliado evidente del gobierno, como es fácilmente verificable a través de un somero análisis de sus primeros números. Sin embargo, su beligerancia actual ha dado lugar a un episodio no esclarecido totalmente. En enero de 2002 su sede fue atacada por un desconocido que lanzó un artefacto explosivo de pequeño alcance contra su fachada. Su directora, la periodista Ibéyise Pacheco —autora también de una polémica columna en El Nacional, en la que suele publicar rumores no confirmados—, así como voceros de El Nacional, acusaron directamente al gobierno de este atentado. He aquí una información aparecida a los pocos días del atentado en un espacio destacado de El Nacional: “La directora de Así es la Noticia, Ibéyise Pacheco, acompañada del directivo de la C.A. Editora El Nacional, José Ramón Medina, solicitó al fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes por la explosión de un artefacto que fue lanzado a las puertas del diario, el pasado 31 de enero, precisamente un día después de que Pacheco participara en la denuncia sobre vinculaciones de la Fuerza Armada Nacional con la guerrilla colombiana. “La periodista aprovechó su visita al Ministerio Público para solicitar detalles de la investigación promovida por el comandante de la Guardia Nacional, Francisco Belisario Landis, sobre la actuación de los militares durante recientes manifestaciones públicas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, tema que fue objeto de análisis en la columna “En Privado”. “Según Ibéyise Pacheco, no hay dudas de que tanto el atentado contra Así es la Noticia como las constantes descalificaciones de las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en la gestión de autoridades del oficialismo, tienen la intención de amedrentar a la prensa. “Desde su punto de vista, ha faltado diligencia en las investigaciones de las más recientes agresiones contra medios de comunicación social y periodistas, a pesar de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. “Agregó que la situación se agrava por el tono del discurso presidencial: “Sigue siendo lo suficientemente agresivo y violento para estimular hechos como los ocurridos recientemente, y por eso estamos preocupados”, comentó. (1) Dentro del clima de enfrentamiento creado entre gobierno y medios, El Nacional ha llevado la voz cantante entre los periódicos: su indudable prestigio ganado durante años más su arraigo como lectura obligada entre las elites venezolanas, le permiten ejercer ese liderazgo. Y en televisión podemos hablar del canal Globovisión, que transmite información/opinión 24 horas al día. Son los medios a los que Hugo Chávez ha dedicado el grueso de sus críticas, muchas veces injuriosas. El Nacional ha mostrado un sesgo manifiesto de oposición a ultranza que probablemente excede el papel que un medio masivo debe cumplir en una sociedad. Revela, más bien, una creciente hostilidad; pero esa hostilidad ya no es potestad de El Nacional, aunque sea el más virulento —a veces decididamente manipulador—, sino que es común entre periódicos, televisoras y emisoras de radio. Es como si se hubieran desatado los límites a los que el público estaba acostumbrado (esa cierta sensación de objetividad, al menos aparente, que muestran los medios en condiciones “normales”) para dar lugar a una guerra al desnudo que se ventila cada día en grandes titulares. Los medios han tomado partido sin al menos “guardar las formas” y cabría preguntarse, por tanto, sobre la responsabilidad de un sector aparentemente decidido a defenestrar al presidente de la República que utiliza a tal fin un arma sumamente delicada: la información. No es el objetivo de este trabajo profundizar en el rol de la prensa, pero muchos analistas independientes han puesto de manifiesto su preocupación ante los “extremos opuestos”: un presidente que deja traslucir sus humores públicamente, y unos medios que no miden el alcance de sus ataques. El punto es que este enfrentamiento halla su caldo de cultivo en un clima de inestabilidad social, económica y política. La movilidad de los profesionales de la política en Venezuela es síntoma, cuando menos, del poco afianzamiento de los valores ideológicos. Esto ha dado lugar a acomodos y reacomodos que hacen del ejercicio político una verdadera tómbola de sorpresas. Adicionalmente, la crisis no se entendería sin un factor omnipresente: el papel del estamento militar. En los primeros dos meses de 2002 se ha producido una cadena de disensiones dentro de este sector. El director del diario TalCual —tabloide de oposición con gran influencia en sectores medios—, Teodoro Petkoff, ha hablado de “golpe de estado por cuentagotas y mediático”. En su interior, su periódico ha dicho: “Venezuela asiste actualmente al desarrollo de un golpe por capítulos, que va de menor a mayor y que habrá de terminar, quizás, con el alzamiento verbal de uno o varios generales. El asunto comenzó con oficiales de mediana graduación, pero ya va por el rango de contralmirante”. (2) Hasta el momento, no se ha producido tal alzamiento pronosticado por el diario; sin embargo, el hecho es que ahora los militares —basándose en un precepto constitucional propiciado por el propio Chávez— tienen la facultad de expresarse políticamente, y varios han hecho uso de este derecho de manera bastante escandalosa, a lo cual han contribuido en buena medida los medios, cubriendo ampliamente sus ruedas de prensa, las acciones de rebeldía subsiguientes (como la no asistencia a los consejos de estado Mayor) o sus declaraciones casi sobre cualquier materia de política gubernamental. De allí una pregunta en los corrillos más diversos: ¿están algunos medios conspirando junto con estos alzados de nuevo cuño? En Venezuela, a partir del segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, los medios de comunicación asumieron el rol que otros poderes de la sociedad habían abandonado, por complicidad o por simple omisión, para vindicar las injusticias de un sistema que era percibido en la opinión pública como extremadamente corrupto. De este modo, la denuncia se hizo una vía expedita para hacer pagar los pecados a los señalados públicamente, fuesen o no realmente culpables de supuestos hechos de malversación o tráfico de influencias. Bastaba un señalamiento en columnas muy leídas de la prensa nacional para que la opinión pública se sintiera saciada en su sed de justicia. El papel del Poder Judicial pasó a un segundo plano, pues bastaba una nota de cinco líneas y un titular a ocho columnas para sentenciar moralmente al supuesto corrupto. Sin mayores trámites ni prueba alguna que no fuera un dato obtenido “por buena fuente”. Aquella escalada de la denuncia de la que no se salvó el gobierno de Pérez (es más: lo llevó directamente a la renuncia, junto con el deterioro producido por los golpes de estado de 1992 y el bombardeo de algunos “notables” de la elite criolla) fue posible por una simple razón económica: se habían derribado las barreras arancelarias y ya el sector privado no dependía de la discrecionalidad de un funcionario para importar papel, por ejemplo. Recuérdese que existía una oficina de Régimen de Cambio Diferencial que distribuía los dólares a precio oficial para los importadores, y allí era donde se establecían favoritismos y prioridades. El sistema de la denuncia no hubiese sido posible, además, sin la participación activa de políticos en el Congreso, funcionarios del propio gobierno y militares que pasaban "datos" indiscriminadamente, según sus propios intereses y muchas veces a cambio de algún favor. Esa demostrada capacidad para el “linchamiento público” afianzó en el país la idea de que los medios son tan poderosos que pueden “tumbar” a un gobierno. Quizás, ahora, las cosas han ido demasiado lejos. Esa creencia en el poder vindicador/reivindicador mediático conoce su mayor expresión en la enrarecida atmósfera de hoy, cuando, a la volatilidad ideológica de los profesionales de la política y a la disidencia un tanto oportunista de algunos oficiales, se une otro hecho creador de inquietud: 53 generales en el “refrigerador”. Ello quiere decir, en la jerga militar, que dichos generales se encuentran activos pero sin oficio alguno, bien sea porque han sido calificados por la Dirección de Inteligencia Militar como contrarios al "proceso revolucionario" o porque, aun siendo institucionalistas, no han hecho lo suficiente para "asimilarse" al régimen. También hay quienes simplemente están en esa situación porque hay demasiados generales para pocos cargos. En todo caso, he allí otro factor de malestar. Nunca está de más recordar la dolorosa hilera de dictaduras (popularmente conocidas como “gorilatos”) que jalonan la historia reciente latinoamericana. Si a todo ello se le añade una Asamblea Nacional en permanente diatriba y unos poderes Judicial y Moral (constituido este último por el defensor del Pueblo, el fiscal general y el contralor) reiteradamente acusados de hacerle el juego a una “revolución” cuestionada por populista y corrupta, se tiene un cuadro que contribuye a echar leña permanente al conflicto entre gobierno-medios. Los acontecimientos están en pleno desarrollo. La estrategia de la provocación Es evidente que el gobierno no ha encontrado mejor forma de hacerle frente a la oposición encarnada en los medios que la palabra, por lo general agresiva, del propio presidente de la República. Hay en el seno del Movimiento Quinta República, el partido oficialista, varios periodistas con experiencia que probablemente han aconsejado a Chávez en esa dirección. El discurso encendido encuentra receptividad en las grandes masas, y de ello dan prueba —aunque no científica— las consultas que las televisoras hacen en la calle tras cada agresión oficial. No ha habido presiones directas sobre ningún medio por el ejecutivo; no hay ningún periodista preso ni siquiera una llamada telefónica que algún editor haya recibido tras publicar una información falsa —que las ha habido— sobre el régimen; pero no cabe duda de que se ha desarrollado una estrategia inédita con el fin de doblegar a los medios o al menos amedrentarlos: utilizar a las masas depauperadas como “quinta columna” contra ellos. Eso lo puede lograr un líder con carisma, que con intuición sepa “tocar” ciertas fibras en los sectores populares para movilizarlas en alguna dirección predeterminada. Incluso, en una dirección violenta. En esa línea inédita hay varias vertientes. Juan Barreto es quizás el más influyente de los periodistas que giran alrededor de Chávez. Profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, diputado a la Asamblea Nacional y miembro del partido oficialista MVR, ha dicho en su ensayo “Los medios de los medios” que “la ruleta mediática premiará al que se acople a su dinámica (...). El caso Walesa, el alcalde de Bogotá, Caldera o Chávez son ejemplos de las bondades icónicas y de la capacidad simbolizadora de los medios". (3) Barreto alude en su libro a la noticia como espectáculo y a la cascada de acontecimientos que genera "un flujo de actualidad como extravío y dispersión". Es posible que esta teoría sea la que ha primado al establecer una línea de acción determinada: cada vez que Chávez se va de viaje (durante 2001 lo hizo varias veces para recorrer Asia, Medio Oriente, parte de Europa y varios países latinoamericanos) deja en el aire un tenso clima de crispación —generalmente tras un anuncio o amenaza—, envolviendo a los medios en una dinámica reactiva que desbarata cualquier pauta editorial y barriendo de las primeras páginas quizás lo realmente importante. En un país presidencialista por tradición, el hecho de que un presidente polémico y de talante agresivo amenace con propinarle un “batazo a lo Sammy Sosa” a la nueva Ley de Educación va a provocar reacciones virulentas —como de hecho las hubo—, habiendo sido dicha ley producto de un arduo consenso en la Asamblea. De manera gratuita, echando para atrás meses de consultas y negociaciones entre las partes involucradas, Chávez recolocó en los titulares un tema que se pensaba superado meses atrás. Impone, de este modo, como una especie de jefe de redacción de carácter nacional, la pauta noticiosa en los medios a través de su discurso: la resurrección del MBR-200 (la primera agrupación con fines proselitistas que formó Chávez), las altas tasas de interés, el estado de excepción... Así, un mensaje tras otro, la maquinaria que hace “fluir la actualidad” se pone en movimiento y la atención se concentra en dilucidar si la exigencia del presidente acerca del estado de excepción debe pasar o no por el Tribunal Supremo. ¿Merece, a cambio, el tema de la Universidad Central de Venezuela relegarse rápidamente, aunque en esos días —cuando saltó a la palestra el estado de excepción— pasaba por un trance delicado? ¿Por qué los problemas en el Seniat y en el Setra dejaron de ocupar las primeras páginas, cuando apenas dos días antes del anuncio del presidente sí lo ocupaban? Seniat, superintendecia recaudadora de impuestos, y Setra, sistema oficial para la matriculación de vehículos, habían suscitado sendos escándalos por hechos de corrupción. Al cabo de tres años de gobierno, a poca gente en Venezuela le cabe duda acerca de que Chávez personalmente ha aprendido a neutralizar la opinión pública adversa. La prueba de que la estrategia de imponer focos de atención pública ha sido exitosa es que noticias como las del Seniat y Setra no han trascendido las fronteras. Lo que sí ha trascendido es ese estado de conflictividad generalizado que, hacia adentro, se explica oficialmente como la resistencia que encuentra “el proceso revolucionario” al enfrentar a las “cúpulas podridas” (de los partidos políticos tradicionales) y la “oligarquía”. Dos membretes con los que Chávez despacha a la oposición. En sus cadenas televisadas, Chávez suele protestar porque los medios no cubren con suficiente amplitud, o no lo hacen en absoluto, los actos oficiales, los hitos noticiosos que, según él, revelan lo que la revolución está haciendo por el país. Cierta vez criticó que “su” operación de vesícula a una joven en el interior del país (en realidad había ayudado a un médico en un hospital de campaña) no hubiese sido cubierta por los medios, ni tampoco una visita oficial efectuada a Brasil. En otra cadena comenzó a llamar a los propietarios de medios de comunicación con el epíteto de “escuálidos”. (4) Dichas cadenas han disminuido drásticamente a raíz de las protestas conocidas como “cacerolazos”, una reacción espontánea de la clase media citadina que se ha extendido, aunque tímidamente, a las zonas menos pudientes. El otro bastión de la política comunicacional es el programa semanal “Aló, presidente”. Los medios impresos oficialistas creados durante este gobierno (“El correo del presidente” y “La otra opinión”) han fracasado tras varios números editados. En todo caso, no parecen hacer falta: la estrategia de crear conflictos para concitar la atención de la opinión pública sobre ciertos temas —en desmedro de otros— le ha resultado exitosa. El presidente ha tocado el tema de la delincuencia raramente, por ejemplo. (5) Sin embargo, aparece siempre en las encuestas como la principal preocupación de la gente, por encima de la corrupción o el costo de la vida. A cambio, Chávez directamente ofrece una amplia agenda de conflictos: la Ley de Tierras, los nombramientos de oficiales de la Fuerza Armada en puestos ejecutivos para los cuales no se hallan preparados, sus ataques a la educación privada, la eventualidad de un estado de excepción, el empuje a la organización de los “círculos bolivarianos” a imagen y semejanza de los CDR (6) cubanos... En fin, la lista es larga. El programa “Aló, presidente” alcanzó su emisión número cien en marzo de 2002. Al principio, la producción era francamente amateur, pero ha ido incrementando su “puesta en escena”, utilizando escenarios naturales en donde el presidente se instala con motivo de algún acto oficial, aunque también puede hacerlo desde el propio palacio de Miraflores, sede del poder central. Se transmite a través de Radio Nacional y el canal estatal Venezolana de Televisión; suele durar de cuatro horas a cuatro horas y media, a partir de las 11:00 a. m. los domingos. Chávez se ha convertido allí en una especie de “showman” que canta, recita, cuenta anécdotas de su vida militar y diserta sobre béisbol, su deporte preferido. El programa ahora se nutre de segmentos que funcionan como verdaderos videoclips, bien sea para resumir la gestión gubernamental de la semana, bien para satirizar las críticas que se le hacen desde los medios de oposición. Con respecto al significado social de este programa, cabe citar al comunicólogo Marcelino Bisbal, quien ha seguido muy de cerca el proceso venezolano, comparándolo con otros en Latinoamérica y el mundo desde una perspectiva comunicacional: "La política y los políticos perdieron su "aura" y ahora tratan de recuperarla por medio de lo que se llama la "audienciación", es decir, acudir a recuperar la audiencia pero haciendo uso de la mediación de los recursos mediáticos, del efectismo y del show, pero sin percatarse que logran asumirla en cuanto público/perceptor pero nunca bajo la forma de ciudadanía. Así se va destruyendo el tejido político de nuestra sociedad al convertir al sujeto-ciudadano en sujeto-perceptor tras el "rating político": el partido político se convierte en una maquinaria tras el poder y sucumbe al jugar el "juego" de los medios. Pero los medios, hoy en el vértice de la popularidad y la confianza, tal como antaño la tuvieron la sociedad política, también pueden perder esa popularidad al entrar en un "juego" que no les pertenece ni les corresponde por esencia. (...) Necesitamos más ciudadanos y menos perceptores. Los caminos para hacer política han cambiado y no por culpa de los medios y su massmediación, aunque alguna cuenta tienen ellos pendiente, pero no toda la que a veces le asignamos. Cuando los políticos acusan a los medios de haber convertido a la política en un espectáculo, están ocultando la responsabilidad que ellos han tenido porque entraron "ingenuamente" en el "juego" que les impusieron las industrias culturales y todo por el miedo a sucumbir o desaparecer. Requerimos de ciudadanos responsables y con cultura política capaz de discernir sobre los mecanismos de funcionamiento y representación de la política-hoy. Nuestra gente apuntaba, en vísperas de un horizonte electoral (el de 1998), que el futuro presidente de Venezuela debía reunir ciertas condiciones a partir de aspectos tales como la preparación que debe tener, su sujeción a los lineamientos del partido que lo postule, su trayectoria política, capacidad gerencial, actitud nacionalista, su carisma, su firmeza ante los problemas, etc." (7) Aunque no es objetivo de este trabajo analizar el gobierno de Chávez, cabe acotar que, probablemente, de las expectativas mencionadas por Bisbal, la única que encaja en la realidad con el desempeño del presidente es la de “actitud nacionalista”. Sin embargo, desde este punto de vista también ha sido muy cuestionado, pues el nacionalismo no debe entenderse como una posición obtusa frente a aliados comerciales como Estados Unidos, país con el cual quizás —no hay mediciones de opinión al respecto, por lo tanto esto es algo que se deduce de una manera empírica— la mayoría de la población conserva ciertas aprehensiones, pero con el que hay ataduras objetivas que no pueden obviarse. De esas expectativas a las que se refiere Bisbal, la “capacidad de gerenciar” ofrece las fisuras más amplias en lo que va de gestión. Hacia allí se dirigen las críticas duras que recibe el Ejecutivo por la oposición menos recalcitrante y más ecuánime. La torpeza en la toma de decisiones ha sido un factor que los analistas aprecian como determinante para explicar el fracaso de la gestión gubernamental. De modo que lo que podríamos llamar la Estrategia de la Provocación, lo es por acción y por error: hay, ciertamente, un manejo de los medios por el oficialismo que se nutre del conflicto, reciclándolo cada cierto tiempo bajo diversas figuras, pues se utiliza como cortina de humo y blasón del “proceso” (es una “revolución” que no dispara tiros pues es “pacífica”, aunque sí palabras) de cara a las grandes masas que ven así un espejismo de vindicación ante las iniquidades de que ha sido objeto. Chávez es en todo ello entidad simbólica del poder y al mismo tiempo vocero; intuitivo para la comunicación, es icono y ejecutor a un tiempo. En él confluyen la acción y el error. El es la falta de gerencia profesional y el exceso de retórica. Una combinación explosiva. La sentencia 1.013 Entre las múltiples implicaciones legales que ha tenido el conflicto gobierno-medios en la actualidad venezolana, me limitaré en este trabajo a reseñar y analizar no exhaustivamente la sentencia 1.013, emitida el 14 de junio de 2001 por el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora ha sido el capítulo más importante en lo que parece ser una escalada oficialista por lograr maniatar la libertad de expresión en un país que es especialmente sensible al tema, aunque a veces ciertos editores o dueños de medios confundan tal libertad con la de empresa. La sentencia referida partió de un amparo constitucional solicitado por el líder de la asociación civil "Queremos elegir", Elías Santana, negándolo y, a la vez, emitiendo una serie de juicios contradictorios entre sí y con la Constitución de 1999. El amparo había sido solicitado por Santana ante la negativa de Radio Nacional a permitir la réplica pública a las palabras que el presidente de la República emitió en contra de su persona los días 27 de agosto y 3 de septiembre del año 2000, durante el programa Aló presidente. En primer lugar, en la sentencia emanada de la Sala Constitucional (magistrado ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero) se limita el artículo 57 de la Constitución (que atañe a la libertad de expresión) al decir que tal derecho es "relativo", "dependiente de la posibilidad real de acceso que se tenga a los medios de comunicación o difusión”. Más adelante apela al criterio animus injuriandi para abrogarse el derecho ("el juzgador") de determinar si la ACTITUD de quien expone sus pensamientos realmente es dañar... El ponente concluirá en que no, pues el acusado Chávez en ningún momento tuvo esa actitud insidiosa, negativa o vilipendiosa en contra del señor Santana. Para apoyar su tesis, el magistrado echa mano al hecho de que en Venezuela "son muchos los casos absueltos de un delito a quienes (sic) se les sigue calificando de homicidas, narcotraficantes, corruptos y otros epítetos... En relación con dicha libertad de expresión y sus efectos, no está previsto en ninguna de las normas comentadas el derecho a réplica...". En otras palabras, si se cometen abusos todos los días contra personas inocentes, ¿por qué el presidente habrá de sentirse obligado a pagar los platos rotos? Lo que es igual no es trampa, parece ser la conclusión. A continuación, extractos de "Las consideraciones para decidir" del ponente: · Los medios "escogen a dedo, conforme a sus conveniencias, a sus periodistas y colaboradores". · "Resulta un abuso de los medios (...) emitir conceptos negativos o críticos sobre ideas, pensamientos, juicios, sentencias, etc., sin señalar en qué consiste lo criticado". · "También es un atentado a la información veraz e imparcial tener un número mayoritario de columnistas de una sola tendencia ideológica, a menos que el medio en sus editoriales o por sus voceros, mantenga y se identifique con una línea de opinión congruente con la de los columnistas y colaboradores" (sic). · "No es el derecho a réplica o rectificación un derecho dirigido a refutar opiniones o a mantener una diatriba pública. Ya que tal cuestión, por estar dirigida a personas indeterminadas, haría infinita la discusión..." · "(...) el derecho a réplica y a la rectificación no lo tienen ni los medios, ni quienes habitualmente ejercen en ellos el periodismo... Se trata de un derecho concedido a quienes se ven afectados por la información de los medios, y que carecen de canales públicos". Es decir, a partir de entonces los propios periodistas no tendrían derecho a réplica aunque fueran objeto de vilipendio o sometidos al escarnio público. En suma, consideraba la Sala en tal ponencia que Elías Santana no tenía derecho a réplica "ya que lo que crea conveniente contestar al presidente puede hacerlo, tanto en su columna como en el diario donde la tiene, que además es un periódico de circulación nacional (...)". Es evidente allí la contradicción con el Pacto de San José, del cual Venezuela es país adscrito y el cual consagra en su artículo 14 que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes "(...) tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta". Con todo, la sentencia dejaba entrever la sujeción del máximo tribunal de la República a una voluntad presidencial tácita o explícita, pero que en todo caso dejaba ver sus costuras muy a las claras. La ponencia, sin embargo, no debería haber pesado tanto en el ánimo popular ya que en Venezuela las decisiones del máximo tribunal no sientan precedente jurídico: en la próxima ocasión, otro magistrado podría hacer girar el asunto de la libertad de expresión y el derecho a réplica en 180 grados... o profundizar todavía más el exabrupto. El hecho es que los propios medios y la gente en la calle sintieron de inmediato el impacto de esta decisión que provocó una intensa polémica y airadas reacciones de los diversos sectores. Quizás ese impacto no hubiese sido tan fuerte si la sentencia no hubiera llegado en el siguiente contexto: § El presidente Chávez acababa de anunciar que incrementaría la frecuencia de sus cadenas televisadas, para ese tiempo semanales. § La designación del teniente Juan Vicente Rodríguez en la presidencia de Venezolana de Televisión, sin calificaciones técnicas o gerenciales para ocupar tal cargo. § Un nuevo intento de periódico financiado por el gobierno y dirigido por el diputado Juan Barreto (quien venía de dos proyectos ya fracasados anteriormente). § Los continuos dicterios del presidente Chávez contra los medios. El procedimiento, un tanto compulsivo, que dejaba entrever la sentencia 1.013 coincidía con cierta estrategia gubernamental: cortar de raíz, pero manteniendo las formas legales, todo aquello que represente un peligro para el ejercicio discrecional del poder. La Confederación de Trabajadores Venezolana, tradicionalmente manejada por Acción Democrática y COPEI, así como la autonomía universitaria, la educación privada o la iglesia (a la que intenta enfrentar con un organismo animado desde la propia Secretaría de la Presidencia y, ahora, con una ley) son hitos en el camino que “molestan” la espinosa marcha de esta revolución que apunta directamente al “pueblo soberano”, de modo que cualquier institución intermediaria provoca un hasta cierto punto comprensible escozor en los líderes del proceso. Algunas conclusiones La libertad de expresión como derecho humano es universal e irrenunciable y no configura una concesión de los estados. Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) consagran la libertad de expresión como una obligación de carácter internacional ineludible. (8) Ni el propio presidente Chávez ni los principales miembros de su administración parecen estar al tanto de unos preceptos tan elementales y ya tan consustanciados con la vida cotidiana en cualquier país de la órbita occidental. Por allí, por tanto, hay que empezar a luchar: por la plena concienciación de estos temas en el liderazgo venezolano. En la coyuntura que vive Venezuela, cuya democracia había sido elevada a la categoría de ejemplo continental —por sólida y porque acumuló, a pesar de sus deficiencias, logros concretos en educación y avances sociales— hasta hace poco, la discusión sobre libertad de expresión como parte del ejercicio pleno de los derechos civiles y ciudadanos está, pues, en plena vigencia. No es cuestión de asumir una beligerancia ciega contra un gobierno cuyos postulados parecían legítimos, aunque en la práctica las herramientas o medios utilizados hayan contribuido a crear más problemas, no a resolverlos. También debe tenerse en cuenta que tradicionalmente muchos medios de comunicación en Venezuela han actuado sólo según intereses propios, y en algunos casos en franca complicidad con administraciones corruptas. Es cuestión, más bien, de que la reflexión académica se una a la acción de los grupos civiles de alguna manera, para que este trauma revele su lado positivo. En otras palabras, para que la amarga experiencia sirva para que este país se prepare mejor para el futuro, también en el campo de las libertades comunicacionales. En esta discusión abierta, los periodistas, como profesionales de los medios con conciencia propia y una formación en valores determinada, tienen un rol protagonista. Sobre esto no se ha reflexionado profundamente en Venezuela. Carne de cañón situados en el ojo del huracán, deben resistir presiones de lado y lado (gobierno y empresas) y por lo general mantienen sus gremios cierta anomia ante los acontecimientos. En todo caso, el meollo del tema no se halla en una resolución del Tribunal Supremo que parece haber quedado —ya a casi un año de haberse hecho pública— como una boutade del Poder Judicial: ¿hay o no derecho a réplica para quienes trabajan en los medios? En todo caso, ¿cómo impedirá el gobierno que se ejerza ese derecho, en la cotidianidad? Su aplicación práctica sería, cuando menos, engorrosa. Hasta ahora no lo ha hecho, bien porque no ha tenido ocasión o bien porque sencillamente no se ha dado la oportunidad. En todo caso, el asunto está, dadas las condiciones de conflictividad que vive el país, en los valores éticos de una profesión tan mediatizada por ser negocio (y, por lo general, un mal negocio) y oficio de la búsqueda de la verdad al mismo tiempo; en el culto al sensacionalismo, en la mediocridad de las escuelas; en la ignorancia, que en esta profesión debería ser considerada un pecado capital; en los almuerzos y viajes gratuitos; en que todos los días toca una denuncia a la puerta y el periodista no sabe si le está haciendo, al publicarla, un servicio al país o una reverencia a la venganza. Notas (1) El Nacional, 5 de febrero de 2002. Pág. D-1 (2) TalCual, edición del 19 de febrero de 2002. Páginas 4 y 5. (3) Barreto, Juan (1995). “Los medios de los medios. Campos culturales y dispositivos massmediáticos de subjetividad en la crisis de la política”. Editorial Planeta, Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Fundación “Carlos Eduardo Frías”. Caracas, Venezuela, página 171. (4) En realidad, la primera alusión insultante contra los medios se produjo el 23 de marzo de 2000. La prensa lo registró así: “El presidente de la República, Hugo Chávez, aprovechó su segunda charla ante los estudiantes del quinto año de la Academia Militar para arremeter contra quienes denominó “engañadores de todas las horas”: los dueños de medios de comunicación y algunos periodistas quienes, en su criterio, han lanzado críticas infundadas contra su desempeño en el gobierno. Dijo que esos empresarios y profesionales de la comunicación fueron los mismos que “participaron del Festín de Baltazar, y lo aplaudían y callaban”. El Nacional, 24-3-2000. Pág. D-1. (5) "El hampa no derrota a Chávez nada. Esto es un problema heredado", dijo el presidente en respuesta a críticas sobre el incremento de la violencia en Venezuela. Se toma esta cita, entre varias semejantes, porque ejemplariza su reacción ante el problema: eludir su responsabilidad actual. (8 de agosto de 2001, programa Aló presidente). (6) Comités de Defensa de la Revolución (7) Bisbal, Marcelino (1999). “Pensar la cultura de los medios. Claves sobre realidades massmediáticas”. Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Caracas, Venezuela, páginas 132 y 133. (8) Artículos 13 y 14 de la CADH y 19 del PIDCP. |
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