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Revista Latina de Comunicación Social 56 junio de 2003
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| Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social |
| Supuestos y paradojas de la comunicación social en Venezuela Nelson González Leal © Y como resulta imposible eludir que lo que debería ser un proceso integral de comunicación -societario, en esencia [1]- se encuentra hoy en Venezuela circunscrito al simple enfoque informativo, considero que se impone la necesaria y pertinente revisión de los conceptos que los llamados Medios de Comunicación Social venezolanos tienen de las diferentes categorías comunicacionales, así como del tratamiento que le otorgan frente al público, en función del campo de intereses que manejan como empresa y a la determinante aplicabilidad de su lógica comercial. Para nadie es un secreto que por cada una de las categorías comunicacionales básicas existen conceptos específicos de la naturaleza del proceso que resulta necesario considerar, en función del nuevo enfoque sociopolítico que en Venezuela se le está dando al problema comunicacional y mediático: tornar a la ética de la comunicación en un instrumento de control informativo. Esta consideración tiene su base en una inquietud concreta: llegar al por qué de la avasallante fragilidad conceptual y de la escasa capacidad para establecer diáfanas categoías que imperan en el oficio periodístico, es un asunto de vital urgencia para la profesión misma y, en general, para toda la sociedad venezolana, si es que no queremos vernos envueltos -y sin posibilidad de retorno- en la mediatizante cultura de la acriticidad. Esta cultura -denominada cooltura por algunas transnacionales del entretenimiento mediático- depende del poder sociocultural e ideológico abarcado por un pragmatismo utilitario que impulsa a dejar a un lado la necesidad de saber con propiedad, armonía, exactitud y justicia lo que el hombre es y cómo lo que es va determinando lo que lo rodea. Algunos supuestos, y también las paradojas Dentro de este marco y sólo con la simple intención de motivar una reflexión mayor, creo pertinente establecer los siguientes supuestos: 1.- El periodista venezolano cumple una función básicamente reproductora de contenidos noticiosos, sin mayor autonomía que la que el medio le permite para discernir sobre éstos. Es decir, se encuentra sometido por el rol técnico: recabar la información y elaborar o construir la noticia a partir de ésta, lo que significa un proceso mecánico, o simplemente técnico, donde la aplicabilidad del intelecto y/o de la capacidad de análisis e interpretación continúan ausentes. Esta condición obedece al principio de acriticidad impuesto por la lógica empresarial de los llamados Medios de Comunicación Social; siendo que, para favor de un cabal desarrollo profesional, así como para garantizar la fehaciencia informativa y el esquema dialéctico de la comunicación, el periodista debería realizar el análisis y la interpretación con el objetivo de aproximarse a la verdad del hecho en concreto y a la proyección de sus posibles consecuencias, apegado a un criterio de equidad y justicia social, sin juzgar elemento alguno del acontecimiento [2]. 2.- En la profesión el imperio deontológico determina el criterio de justicia social desde una perspectiva jurídica privada. El escritor y político nicaragüense Tomás Borge dice, en su célebre testimonio sobre el proceso revolucionario de Nicaragua, titulado La paciente impaciencia (BORGE, Tomás. La paciente impaciencia. Ediciones Casa de Las Américas. La Habana, Cuba, 1989. Pág. 58), que entre los efectos de la Segunda Guerra Mundial está el de haber puesto de moda las palabras democracia y libertad, y yo me atrevo a agregar que la de comunicación. De igual manera sucede que la comunicación en Venezuela fue objeto de una circunstancia política bastante moderna: la potenciación de normativas particulares, gremiales o internas, con tendencia al igualitarismo categorial y al establecimiento de cotos lindados por privilegios especialísimos [3]. El origen de esta situación es -como lo señala José María Desantes Guanter en su libro "La función de informar" (Ediciones Universidad de Navarra S. A. Pamplona, España, 1976. Pp. 354)- un criterio político de tendencia liberal que establece a la actividad informativa como potestad especial de instancias privadas (en la vertiente jurídica estas instancias pueden ser supraindividuales o no), para garantizar que se ejecute de manera libre. Es decir, tanto el estudio del derecho a la información, como el establecimiento de normativa al respecto del mismo -y por extensión de todo el proceso comunicacional-, se aborda desde la perspectiva de los medios y de sus intereses, así como desde el interés gremial de los profesionales de la comunicación social, y aun desde el interés privado del público, en lo que al denominado derecho a réplica se refiere. Pero no desde la real perspectiva pública de la información o del proceso comunicacional, que, entre otras cosas, equivale al derecho del público a estar fehacientemente informado y a participar interactivamente del proceso comunicacional. Ahora bien, resulta clara la consecuencia de este asunto: la normativa se erige como la única ley válida para determinar el alcance del medio, llegando, incluso, a regir sobre los factores externos que podían determinar o advertir sobre el proceso, y algo bastante más grave aún, con esto se le adjudicó al periodista la absoluta potestad sobre un derecho universal y de libre uso por cualquier ciudadano en su carácter de ser social, el de comunicar lo que se le antoje, con la única restricción que impone la justa, sana, pacífica y equilibrada convivencia comunitaria. Pues bien, en el contexto del presente análisis, se considera evidente que pocos periodistas, pocos de esos profesionales de la comunicación social percibieron la trampa: con esto el medio, y el poder económico y político tras éste, garantizaban el dominio sobre el desarrollo comunicacional, al subordinar la categoría comunicación a un ejercicio profesional controlado por ellos. Dentro de esta perspectiva surge otro supuesto: el medio es el gremio, pues es quien controla y determina los alcances profesionales del periodista; es quien establece la medida del poder de la profesión y quien ensalza o subyuga la ética profesional, de acuerdo a sus muy particulares prioridades. Y, además, se ha constituido en la única fuente capaz de proveer, desde el punto de vista de la práctica profesional, elementos tan preciados como el conocimiento, la eticidad, la epistemología y, algo bastante importante, la seguridad de subsistencia. Sobre conceptos y confusiones Se tiene pues que, en medio de estas dos libertades se encuentra la garantía a la libre circulación de la información, que, como claramente expresa su denominación, no es otra cosa sino el flujo incondicional de los contenidos informativos a través de los canales destinados para ello. Ahora bien, este flujo informativo debe sistematizarse u organizarse bajo los criterios de fehaciencia, pluralidad y justicia que la libertad de expresión y la de prensa reclaman y deben garantizar; además, por supuesto, de las determinaciones de la política editorial y de los criterios propiamente técnicos aplicados al manejo de la información. Debo señalar, en consecuencia, que quien encuentra discordante hablar de flujo incondicional y de sistematización determinada como parte de un mismo proceso ignora la condición dialéctica de todo desarrollo comunicacional, y quien lo sostiene como tesis, para justificar algunas mediáticas patentes de corso, además de ignorar deliberadamente la condición señalada, obvia el hecho de que independencia crítica y discursiva no es igual a anarquía legal, ni mucho menos a privilegios de poder o a injusticia distributiva. En la misma línea elusiva, indicada en el párrafo anterior, puede ubicarse la alarma ante la demanda de fehaciencia y de derecho a réplica. Hay que entender que la comunicación no es ni atropellante ni comulgante y que, como bien lo expresa el teólogo jesuita Jesús Aguirre, tampoco debe ser tan simplona como para "dejarse briznar por cantos de comunión" (AGUIRRE, ARANGUREN, SACRISTÁN y otros. Cristianos y marxistas: Los problemas de un diálogo. Alianza Editorial. Madrid, España, 1969. Pág. 25). Ello la torna peligrosa, resueltamente peligrosa, pero sólo para quien guarda secretos. Además, ante un palmario desentrañamiento de la realidad -para no utilizar el término veraz, que parece producir tanta urticaria a los modernos comunicadores sociales- cualquier réplica resulta insustancial e insostenible. Por ello, el temor ante estas demandas -del todo democráticas, por cierto- sólo se explica por el riesgo al que someten a los detentores del privilegio comunicacional. Sin duda, debe hacerse un esfuerzo para comprender lo siguiente: en el proceso de comunicación son los medios y sus dueños quienes han introducido la injusticia, y en el marco de sus supuestas libertades sólo se encuentra encarcelado el periodista, mientras que la sociedad se expone a recibir un tratamiento bastante inarmónico y poco ético. Una conclusión objetiva Por último, considero que resulta útil anotar un aspecto que hasta el momento se ha mantenido al margen en este artículo, más por razones de circunscripción del análisis a un ámbito específico y, por ello, con mayor posibilidad de ser cubierto, que por cualquier otra causa: la influencia sociopolítica que genera en la actualidad el manejo de la noticia se articula con una modulación más expresiva en el campo del periodismo de opinión, y aún cuando el presente trabajo se concentra en la labor del periodista-reportero (tal como se refleja en el supuesto número 1), no se obvia la responsabilidad de aquel ejercicio periodístico que, por su naturaleza básica, posee mayor rango de oportunidades para dedicarse a "desentrañar el significado exacto de todo cambio operado en la realidad". Claro está que lo anterior implica un nuevo artículo donde se realice el examen de otro concepto básico para el desarrollo comunicacional y, por ende, para el logro de la correspondencia entre ética de la comunicación y ethos social: el de la objetividad periodística, que, como resulta frecuente, podría ser manejado de manera taxativa como el mecanismo idóneo para la debida instauración de la fehaciencia informativa. No obstante, creo que, en atención a la simple naturaleza humana, al tratar el tema de la objetividad periodística debe tomarse en cuenta aquella premisa de la filosofía existencial que establece un límite humano para toda pretensión objetiva -sobre todo en relación con el criterio de verdad-, puesto que ello otorgaría un mayor alcance a la objetividad periodística al contemplarla como un método que no desdice de la interpretación subjetiva (es decir, no determinista), puesto que no siempre el hecho noticioso se produce por una simple relación de causa y efecto. Y esto conlleva un correlato: la objetividad periodística actúa como válvula reguladora del carácter ético del medio, y como ingenio propiciatorio de la fuerza que genere y detente la opinión pública. Notas [1] Se emplea el término societario en una aproximación a la idea del contrato social como mecanismo de relación y desarrollo armónico del Estado y la sociedad, en contraste con la noción capitalista de la propiedad privada de los medios de producción y de la prestación de servicios, que incide en el desarrollo social inarmónico. Es decir, en términos comunicacionales el carácter societario se afianza en el proceso dialéctico, único capaz de garantizar la conformación de una estructura comunicativa con relevantes niveles de equilibrio participativo. [2] Acá hay que tomar en cuenta lo siguiente: se habla de función reproductora y no transmisora porque quien transmite la noticia, al final del proceso informativo, es el medio y no el periodista, quien sólo ejerce la labor de estructurador del hecho en noticia, o lo que es lo mismo, reproduce en estilo noticioso los elementos que constituyen el acontecimiento. Ahora bien, el manejo de la información forma parte de un proceso global comunicativo, dentro del cual la elaboración y transmisión de la noticia constituye un primer paso, que debe estar complementado por la interpretación sustancial del acontecimiento, como segundo paso, y por la generación de una opinión pública, como tercero. La estructuración y transmisión de la noticia es, en consecuencia, un engranaje del proceso comunicativo y no el fin del mismo. En este sentido, cada engranaje, por sus características técnicas y éticas, se constituye a sí mismo en un proceso complejo donde el profesional de la noticia (periodista o comunicador social) desarrolla un rol fundamental, y resulta justo y saludable exigir, para el normal avance de la comunicación social, el equilibrio total -en técnica, en ética y en contenido- de cada uno de estos engranajes. [3] No debe olvidarse que entre otros de los efectos producidos tras la Segunda Guerra Mundial, además del evidente cambio en el orden geopolítico y económico internacional, se cuenta el de la intervención del Estado en la conformación de nuevos poderes supraindividuales y determinantes de la razón sociopolítica del mismo -sobre todo de aquellos Estados nacionales que salieron vencedores en el conflicto y que ya habían consumido una experiencia previa, como la de la Primera Guerra Mundial-. Uno de estos nuevos poderes es el de la Comunicación Social, o el de un sector informativo que ya había dado muestras de su gran alcance social y de su posibilidad de convertirse en un efectivo mecanismo de creación y modificación de la opinión pública. En consecuencia, los Estados nacionales comienzan a participar del poder mediático, estableciéndose como dueños de Medios y promulgando normas para el control de los mismos, mientras la expansión económica que comienza a lograrse con el nuevo orden económico internacional a partir de 1950, impulsa el desarrollo del negocio informativo (a medida que avanza el siglo se desarrolla también el periodismo en la radio y la televisión) y favorece las estrategias monopólicas de los Medios de Información privados. Paralela a las situaciones de participación e intervención estatal y de monopolismo privado en el negocio mediático, se desarrolla toda una praxis comunicacional que va originando (entre Medios de calidad o de élite que cultivan la objetividad informativa y Medios de Comunicación de Masas cuya función primordial -aunque no lo exprese así su objetivo formal- se ubica en el entretenimiento), tanto un cuerpo teórico en torno al fenómeno comunicacional mediático, como una legislación positiva en torno a su conformación como poder y al desarrollo de los Medios, sus intereses y sus responsabilidades. Es en este marco que surge, hacia 1956, la denominada Teoría de la Responsabilidad Social de la Prensa, impulsada por la experiencia que tuvieron de los Medios como servidores públicos, tanto los Estados nacionales, como las sociedades civiles participantes en la Segunda Guerra Mundial. |
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