Revista Latina de Comunicación Social

Ensayos- 2008

 

Las imágenes de los juicios: Aproximación a la realidad en España

Vicente J. Navarro Marchante. Profesor Asociado de Derecho de la Información, Universidad de La Laguna. vmarchan@ull.es

1. Introducción.
2. La doble naturaleza jurídico-constitucional del proceso público.
3. Régimen jurídico nacional de la publicidad general del juicio.
4. La presencia de los medios audiovisuales en los juicios orales: la situación en España.
Antecedentes.
Principales argumentos a favor y en contra de la presencia de medios audiovisuales en las salas de vistas.
La decisión del Tribunal Constitucional español: la STC 56/2004.
Los derechos específicos de los afectados/involucrados en las grabaciones y transmisiones audiovisuales de los juicios.
Valoración de la situación actual en los juzgados y tribunales españoles. La necesidad de la regulación.
La opción de la autorregulación.
Bibliografía.

Resumen
El carácter público de las vistas judiciales responde tanto a un derecho del procesado a tener un juicio transparente como al derecho a la información del conjunto de la sociedad. Dentro de esa publicidad general, la presencia de medios audiovisuales plantea una serie de problemas específicos: perturbación de la actividad judicial, posible vulneración del derecho a la propia imagen y otros. En España, la sentencia del Tribunal Constitucional 56/2004 fija una serie de criterios sobre la materia, pero la ausencia de normativa específica deja abierto un amplio margen a la discreción judicial.

Palabras clave
Derecho a la información, juicios públicos, justicia televisada, cámaras de televisión, medios audiovisuales, derecho a la propia imagen

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha hecho pública su queja contra el Auto de 19 de marzo de 2007 dictado por el Presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, Javier de la Hoz, que luego contó con el apoyo de la Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria, por el que, en un juicio a un procesado confeso por haber matado a su primo, se establecía para los periodistas gráficos que “no podrán captarse ni difundirse primeros planos del rostro del acusado, ni de los miembros del jurado, ni imágenes de cualquier elemento físico de los mismos que permita su identificación”, así como “tampoco de los peritos y testigos que no lo consientan expresamente”. La FAPE entiende que “esta resolución judicial restringe la labor informativa de fotógrafos y cámaras de televisión en los juicios, cercenando el derecho a la información del que los periodistas somos los principales garantes” y recuerda que no es la primera vez que se intenta recortar el derecho de la información. Así, la FAPE tuvo que acudir al Tribunal Constitucional en amparo, apoyando a la asociación de fotoperiodistas de Madrid, y obtuvo una sentencia que reconocía su derecho a comunicar por cualquier medio de difusión y anuló algunos de los acuerdos restrictivos que habían sido dictados por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional.
En las siguientes páginas se pretende hacer un repaso sobre el estado de la cuestión exclusivamente en nuestro país, teniendo en cuenta la normativa de derecho internacional aplicable.

1. Introducción.
Nuestro Tribunal Constitucional ha repetido hasta la saciedad que las libertades informativas, además de ser un derecho fundamental, tienen la imprescindible función de garantizar la existencia de una opinión pública libre como sustento del sistema democrático (BASTIDA FREIJEDO, 2003, p. 161). Por este motivo, porque las democracias mueren detrás de las puertas cerradas (como están señalando los jueces norteamericanos en relación al escándalo que supone la situación de los presos islamistas en la base de Guantánamo), conviene recordar las palabras de BOBBIO (apuntadas por DÍEZ-PICAZO, 1986, p. 85):
“La democracia nació con la esperanza de proscribir para siempre de la historia humana el poder invisible y de dar vida a un gobierno cuyas acciones deberían ser realizadas en público, a la vista de todos… En mi opinión, quien ha dado la justificación más convincente de la necesidad moral del gobierno en público fue Kant, que definió como “concepto trascendental del Derecho Público” el siguiente principio: “Todas las acciones relativas al derecho de los demás hombres cuya máxima no sea susceptible de publicidad son injustas”. ¿Qué quiere decir Kant al formular este principio? Una cosa muy sencilla, tan sencilla y cierta que me sorprende que sea tan poco citado en los escritos de democracia. Quiere decir que una máxima no formulable en público es una máxima que, si fuera hecha pública, suscitaría tal reacción que haría imposible su realización. En pocas palabras, Kant pretende decir que si uno se esconde y no revela las máximas de su conducta, es señal de que está dispuesto a realizar acciones que de hacerse públicas se considerarían injustas y se condenarían como ilícitas… Sólo así la razón de la publicidad se vuelve clara: la publicidad es la mejor garantía de la moralidad de la conducta”.

En este trabajo queremos atender a la publicidad de los juicios como una manifestación de la transparencia de la actuación de los poderes del Estado.
En primer lugar, conviene tener presente cuál es el marco normativo internacional que debe tomar como parámetro el ordenamiento jurídico nacional y la jurisprudencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 establece en su art.10: “toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 dispone en su art.14: “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente”.
En el ámbito europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de 1950 señala en su art.6.1: “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destacado la importancia que tiene este principio en una sociedad democrática y su conexión con el derecho a un proceso equitativo: “La publicidad del procedimiento de los órganos judiciales señalado en el art.6.1. protege a los justiciables contra una justicia secreta que escapa al control público. Por la transparencia que da a la administración de justicia ayuda a realizar el art.6.1 el proceso equitativo, cuya garantía cuenta entre los principios de toda sociedad democrática en el sentido del Convenio” (SSTEDH caso Pretto de 10 de febrero de 1983, caso Axen de 8 de diciembre de 1983 y caso Sutter de 22 de febrero de 1984).
En relación con la publicidad procesal, el CEDH prevé que el acceso a la sala de audiencia pueda ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso “en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o, en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”.

2. La doble naturaleza jurídico-constitucional del proceso público.
Una de las primeras cuestiones que hay que tratar sobre el acceso de los medios de comunicación a las vistas orales es si ese acceso corresponde al legítimo ejercicio del derecho a obtener y difundir información, consagrado en el art.20.1.d) de la Constitución, o, por el contrario, debe encuadrarse dentro del derecho a un proceso público como garantía procesal de la tutela judicial efectiva prevista en el art.24, luego complementada en el art.120. Tanto en el caso del art.20.1.d) como en el del 24 estaríamos ante derechos fundamentales que gozan del mayor nivel de protección y garantía en nuestro ordenamiento constitucional y, como se verá en las páginas siguientes, el proceso público tiene una doble naturaleza constitucional.

2.1. El ejercicio de las libertades informativas del art.20: sus límites en los juicios.
El derecho a transmitir información, como se decía anteriormente, es el presupuesto necesario para que exista una opinión pública libre, que es uno de los pilares fundamentales para la existencia de un sistema democrático, por lo que goza de una especial protección por parte de nuestros tribunales. No obstante, las libertades informativas tienen límites. En primer lugar, la propia Constitución establece el límite interno de la veracidad al reconocer y proteger el derecho “a comunicar o recibir información veraz” (art.20.1.d). En segundo lugar, también señala expresamente que “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia” (art.20.4). Sin embargo, al cuestionar la libre información sobre los procesos judiciales, se está poniendo un límite que, al menos a priori, no parece que siempre tenga su justificación en la defensa de los derechos de la personalidad, ya que también se argumenta el interés del Estado en administrar justicia sin presiones. Esto último no es fácil encauzarlo al derecho fundamental del art.24, porque precisamente una de las concreciones que la propia Constitución cita para la tutela judicial es la garantía del proceso público. Por tanto, antes de analizar los preceptos legales nacionales que limitan las informaciones en materia judicial, habría que buscar el fundamento constitucional que los ampara. En este sentido, siguiendo a DÍEZ-PICAZO (1986, p.100), el fundamento de estos límites se halla en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (del que España es parte desde 1977) a cuya luz hay que interpretar el artículo 20 de la Constitución, por el mandato del art.10.2 del propio texto constitucional: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Por tanto, esta normativa internacional, asumida por nuestro país a la hora de interpretar los derechos fundamentales, es la que justifica la limitación que se pueda establecer al derecho a la información en relación con la administración de justicia.

2.2. El proceso público como garantía de la tutela judicial efectiva (art.24).
Por otra parte, decíamos que el proceso judicial público es una garantía expresamente establecida en el art. 24 de la Constitución dentro del reconocimiento a la tutela judicial efectiva, en la que insiste el art.120 de la misma norma. Es una concreción del principio de publicidad de la actuación de los poderes públicos dentro de un sistema democrático, en este caso referido a la Administración de Justicia.
La doctrina procesalista diferencia varios tipos de publicidad procesal: la publicidad para las partes y la publicidad general, y dentro de esta última la publicidad inmediata y la publicidad mediata. La publicidad para las partes, publicidad interna o publicidad relativa hace referencia a que las actuaciones del proceso deben ser conocidas por las partes del proceso en cuestión. La publicidad general, publicidad externa o publicidad absoluta resulta cuando el proceso puede ser conocido por toda la sociedad. Esta publicidad general para la sociedad puede hacer referencia a que los actos procesales pueden ser percibidos directamente por los ciudadanos, básicamente por la asistencia de éstos a las vistas orales públicas, publicidad inmediata, o que ese conocimiento público se materializa, indirectamente, a través de un intermediario, un medio de comunicación presente en el juicio oral, publicidad mediata. La publicidad para las partes se residencia en el derecho de defensa, en el carácter contradictorio del proceso y en el principio de igualdad de armas. En este sentido, LÓPEZ ORTEGA (1999, p. 42) recuerda como el Tribunal Constitucional (STC 176/1988) ha vinculado las reclamaciones formuladas con ocasión del secreto sumarial al derecho de defensa y no al derecho a un proceso público.
Lo que aquí interesa es la publicidad general, el derecho a la percepción inmediata (y mediata) de las actuaciones “verificadas por y ante el Tribunal por personas que no forman parte del mismo” (PEDRAZ PENALVA, 1999, p.116). Este tipo de publicidad cumple diversas funciones según la perspectiva desde la que se contemple:
- La publicidad como derecho del justiciable: es una garantía para el imputado (MÉNDEZ DE LUGO Y LÓPEZ DE AYALA, 1999, p.175-176) el que el proceso se desarrolle en público, a la vista de todos, lo que contribuye a evitar la arbitrariedad de un juez que se sabe observado. Es un presupuesto fundamental que contribuye a lograr el objetivo de una sentencia justa, en el sentido de ajustada a derecho.
- La publicidad como garantía para la sociedad: la publicidad de los actos de la administración de justicia es una garantía para una sociedad democrática ya que esa transparencia fortalece la confianza en el funcionamiento del Poder Judicial y aumenta la responsabilidad de los órganos de la administración de justicia que se sienten vigilados por la opinión pública.
- La publicidad como instrumento que contribuye al orden social: la mera puesta en marcha de un procedimiento judicial evidencia la existencia de un conflicto entre distintos actores sociales, que acuden a la Administración de Justicia para que lo resuelva y restablezca la situación de equilibrio alterada. En este sentido, la actuación judicial debe ser necesariamente pública para poder trasladar a la comunidad que el conflicto está resuelto, los derechos conculcados han sido restituidos y la paz social recuperada. Aún más: la publicidad en la administración de la justicia tiene complementariamente un efecto pedagógico y ejemplificador, por cuanto sirve al propósito de aleccionar a la ciudadanía sobre las consecuencias indeseables de transgredir las normas. Cuando, por citar un ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Richmond Papers, Inc. vs Virginia (100 SCt 2814, 1980), interpretó que la libertad de expresión consagrada en la Constitución incluía el derecho de la gente a asistir a los procesos penales, lo hizo aduciendo, entre otras razones, que los juicios públicos tenían un valor terapéutico notable para la comunidad (NAVARRO MARCHANTE y RODRÍGUEZ BORGES, 2004, p.2).

3. Régimen jurídico nacional de la publicidad general.
La referencia constitucional de la publicidad mediata se encuentra, como se vio anteriormente, en el art.24: “todos tienen derecho (…) a un juicio público” y en el 120 que señala que “las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”. Estos principios constitucionales han sido desarrollados en diversas normas legales.
En lo que respecta al proceso penal, cuando el juez de instrucción estima que la investigación de los hechos delictivos ha terminado y que ya se dispone de pruebas suficientes que determinen la responsabilidad de los procesados, se abre el periodo de juicio oral, que se sustancia ante el tribunal que ha de dictar sentencia. A partir de este momento serán públicos todos los actos del proceso según señala el art.649 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El art.680 de la misma norma establece que las sesiones del juicio oral podrán tener lugar “a puerta cerrada cuando así lo exijan razones de moralidad o de orden público, o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia”, de tal manera que el presidente del órgano judicial, previa consulta con el Tribunal, adoptará la decisión correspondiente “consignando el acuerdo en Auto motivado. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, en su art.232, insiste en lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero, además de señalar al orden público como límite, hace una referencia genérica a la necesidad de salvaguardar “la protección de los derechos y libertades” en general, sin circunscribirlo a la persona ofendida o su familia, por lo que bien pudiera interpretarse en el sentido de proteger también al procesado sobre el que descansa, hay que recordarlo, la presunción de inocencia.
La Ley Orgánica 2/1989 Procesal Militar señala en su art.274 que todas las actuaciones durante el juicio oral serán públicas, levantándose el secreto de las que se hubieran declarado así en el sumario. El art.295 reconoce la posibilidad de celebrar el juicio a puerta cerrada por razones de moralidad, orden público o el respeto a la persona ofendida por el delito o su familia, es decir, en la misma línea que establecía el art.680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado se establece en su art.43 que para la decisión de celebración a puerta cerrada, el Magistrado-Presidente, oídas las partes, decidirá lo que estime pertinente, previa consulta al Jurado.
La Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal del menor, prevé, en interés del menor, que las sesiones no sean públicas y que, en ningún caso, se permitirá que los medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor, ni datos que permitan su identificación. Resulta evidente que esta publicidad en los medios de comunicación sobre un menor, más vulnerable, dificulta las posibilidades de recuperación.
La Ley Orgánica 19/1994, de protección de testigos y peritos en causas criminales prevé que, en función de las concretas circunstancias donde se aprecie grave riesgo para su persona y entorno familiar se podrá utilizar cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal y, además, el art.3 párrafo primero señala que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial cuidarán de evitar que a los testigos o peritos se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta prohibición. Dicho material será devuelto a su titular una vez comprobado que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o peritos de forma tal que pudieran ser identificados.
Respecto al proceso civil, el art.138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 señala que las vistas se practicarán en audiencia pública. Sin embargo, prevé una serie de supuestos en los que el tribunal, tras escuchar a las partes, podrá acordar la celebración a puerta cerrada mediante auto motivado: protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, de los intereses de los menores, de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades o cuando la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia. Vemos como se trata de un precepto más amplio en la línea de la normativa internacional ya señalada.
El art.754 de la misma norma, en el mismo sentido que ya se establecía en la Ley 30/1981 sobre los procesos de divorcio, establece que en los asuntos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores podrá excluirse la publicidad mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, cuando las circunstancias lo aconsejen y aunque no concurran los presupuestos del art.138.

4. La presencia de los medios audiovisuales en los juicios orales: la situación en España.
4.1. Antecedentes.
En nuestro ordenamiento el principio de la publicidad mediata del proceso prevé las limitaciones que se han analizado. Además, también hay que tener en cuenta las señaladas en el art.6.1 del CEDH que, junto con la jurisprudencia del TEDH, debe considerarse vinculante para nuestros tribunales en virtud del art.10.2 de nuestra Constitución.
Hasta mediados de los años 90, la realidad era que, mayoritariamente los tribunales se mostraban reacios, salvo excepciones, a la total apertura y la presencia de los medios audiovisuales en las vistas. No obstante, cada tribunal, en uso de las facultades de lo que se conoce como policía de vistas o de estrados, podía autorizar que se tomaran imágenes y la forma de hacerlo. Los profesionales de la información audiovisual venían demostrando poca comprensión frente a las decisiones de los tribunales en los que, se permitía el acceso de público y de la prensa escrita pero no de los medios audiovisuales. Este tratamiento diferente de unos medios de comunicación frente a otros, específicamente de la presencia de medios audiovisuales, es el punto donde pretendemos centrar nuestro análisis.
Esa diferencia de trato que se venía produciendo de hecho en el día a día de la vida judicial se formaliza en 1995 cuando la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo modificó, por Acuerdo de 25 de septiembre de 1995, las “Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo”, que habían sido aprobadas por Acuerdo anterior de dicho órgano de 12 de septiembre de 1995, y dio una nueva redacción a la norma sexta relativa al “acceso al Palacio de los medios de comunicación social”, que pasó a disponer:
“1. Los profesionales de los medios de comunicación social podrán acceder a los actos jurisdiccionales o gubernativos que se celebren en régimen de audiencia pública con sujeción a las normas generales de seguridad. La Secretaría de Gobierno extenderá las oportunas acreditaciones e identificaciones. Cuando en un acto de la naturaleza de los expresados la capacidad de la Sala o local no fuere bastante para permitir el acceso de quienes pretendan asistir a ellos, los profesionales de la información tendrán derecho preferente.
2. La información que pueda derivarse de los actos a que se refiere el párrafo anterior y, en general, de los asuntos de la competencia del Tribunal, se efectuará por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y en la correspondiente Sala de Prensa.
3. No se permitirá el acceso con cámaras fotográficas, de vídeo o televisión al Palacio del Tribunal Supremo, salvo a los actos de apertura del año judicial, tomas de posesión y otros actos gubernativos solemnes”.

Frente a este acuerdo, la Comisión Permanente de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes y algunos periodistas dedicados a la cobertura de la información de Tribunales presentaron sendos recursos administrativos ordinarios, conforme a los art. 127.6 y 158.2 de la LOPJ ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, alegando que con el Acuerdo se vulneraba el derecho a la libertad de información así como infracciones de la legalidad ordinaria, entre ellas, la falta de competencia de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para adoptar decisiones sobre la restricción de publicidad en las vistas judiciales. El CGPJ resolvió el recurso por Acuerdo de 7 de febrero de 1996, que lo estimó parcialmente, sólo en atención a la mencionada alegación de incompetencia. El apartado segundo de la parte dispositiva de dicho Acuerdo señalaba:
“Procede, sin embargo, por lo expuesto en el fundamento jurídico octavo de la presente resolución, estimar los recursos parcialmente respecto del contenido del punto 3º del apartado 6º del Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1995, en la medida en que tal cláusula no respeta las facultades jurisdiccionales de las Salas para autorizar en cada caso el acceso de medios audiovisuales a las vistas, quedando vigente en el aspecto gubernativo que afecta al régimen general de acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo”.

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España y los periodistas de tribunales insistieron en la vulneración del derecho a la información y plantearon sendos recursos contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial ante el Tribunal Supremo, que los desestimó por Sentencia de 9 de julio de 1999. El Tribunal Supremo recuerda que la libertad de información, además de ser un derecho fundamental subjetivo, supone una garantía institucional para la existencia de una opinión pública libre y un sistema democrático, pero entiende que es aceptable “eliminar toda connotación de espectáculo, así como tensiones o presiones que puedan alterar la serenidad y reposo convenientes de quienes declaran o informan, poniendo en riesgo su libertad de expresión o derecho de intimidad e imagen, (…) poniendo de manifiesto una preocupación sobre la posible incidencia negativa de la presencia de los medios audiovisuales en el desenvolvimiento natural de las actuaciones judiciales”. Y añade que la restricción “encuentra plena justificación en el deber de asegurar a todos los que participan en los actos procesales (parte, peritos, testigos, abogados e incluso el propio Tribunal) que sus cometidos puedan desarrollarse serenamente y sin presión alguna”.
Frente a esta resolución, los recurrentes plantearán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por vulneración del derecho a la información protegido por el art.20.1.d), que provocará la STC 56/2004 y 57/2004 que se verá en las siguientes páginas.
A la iniciativa del TS del Acuerdo de 1995 le siguió la de otros Tribunales como es el caso del TSJ de Andalucía que en mayo de 1996 prohibía la presencia de las cámaras de televisión, de vídeo y de fotografía, así como grabadoras de sonido en las sedes judiciales (apartado primero de las Normas). En la línea establecida por el CGPJ en febrero de 1996 al resolver el recurso contra el Acuerdo de la Sala de Gobierno del TS de 25 de septiembre de 1995, el apartado 5 de las Normas del TSJ Andalucía señala: “En el ejercicio de su policía de estrados, los jueces y tribunales podrán ampliar, restringir o condicionar la publicidad de los juicios, permitiendo incluso el acceso de medios audiovisuales de información, debiendo en tal caso comunicarlo a la Sala de Gobierno para su conocimiento, y a la autoridad encargada de velar por la observancia de estas reglas a fin de que adopte las medidas oportunas para garantizar su debido cumplimiento”. El propio Tribunal justificó su decisión en que “(…) la transmisión de imágenes, sea o no en movimiento, constituye normalmente un complemento de la información, pero rara vez conforma la información misma. Es más, en aquellas raras veces en que se utiliza como exclusivo útil de información (caso de la imagen sin comentarios, que por su plasticidad se considera suficientemente gráfica) no es de ninguna manera un medio irremplazable, sino que puede ser sustituido, y en ocasiones con más acierto, por la expresión oral o escrita a través de proposiciones lingüísticas”.
Por tanto, respecto al acceso de los medios audiovisuales a los juicios, a partir de 1995 nos encontramos con un régimen de prohibición general con posibilidad de autorización singular por parte del tribunal mediante auto motivado a petición de los medios interesados. De esta manera, la casuística y la diferente sensibilidad de cada tribunal hacen que sea imposible la fijación de criterios generales.
Para algunos, precisamente la imposibilidad de retransmitir juicios en televisión ha provocado la aparición de una serie de programas que no son sino juicios paralelos sobre casos reales y que en ocasiones están bajo secreto sumarial, que se realizan al margen de la Justicia y con grandes posibilidades de manipular a la opinión pública.
Así, entre otros, la editorial de El País “Vistas televisivas” de 20 de enero de 1994. Para un análisis sobre los programas de televisión españoles relacionados con la Administración de Justicia puede verse PASTORIZA (1997, p. 218-227), donde se hace un repaso de programas como: Tribunal Popular (TVE, 1988); ¿Culpable o inocente? (Antena 3, 1991); 12 sense pietat (TV3, 1993); La Ley del Jurado (TVE, 1994) que, en los meses previos a la aprobación del Jurado en nuestro sistema procesal penal, presentaba los pormenores de la celebración de un juicio real (incluidas las imágenes de la vista) con el fin de que, posteriormente, siete ciudadanos de todas las profesiones, ejerciesen de miembros del jurado, pero sin llegar a dictar sentencia que sólo lo hacía el tribunal real ante el que se celebraba el juicio; Veredicto (Tele 5, 1994) donde las partes enfrentadas, siempre relativos a pequeños contenciosos y excluidos los casos no penales, se comprometían por escrito a aceptar la sentencia sin posibilidad de apelación (este caso provocó una intervención del CGPJ para exigir al programa que aclarara a los espectadores que el juez que dictaba la resolución era un ex Magistrado del TS jubilado y que la toga que utilizaba no debía tener los atributos, placa ni medalla correspondientes al cargo); En tela de juicio (Telemadrid, 1996).

Sin embargo, es loable el esfuerzo de algunos tribunales por motivar la resolución aplicando los criterios generales de delimitación del derecho a la información. Así, por ejemplo, el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de septiembre de 2001 que, enjuiciando un caso de malversación de fondos públicos y tras la petición de dos cadenas de televisión de tomar imágenes del juicio establece lo siguiente:
- Se trata de un caso donde hay un evidente interés general en la información por su contenido: “es indudable la trascendencia también pública de este juicio y el interés general en conocer el desarrollo de sus sesiones, que sólo puede ser satisfecho si se superan las inevitables limitaciones de aforo de la Sala de vistas mediante la posibilidad de que fuera de ella pueda ser presenciado por los demás ciudadanos”.
- “En segundo lugar, el carácter público de los acusados, que desempeñaron altos cargos en la Administración en las fechas en las que se realizaron los hechos imputados, aparte de acrecentar el interés general en la difusión del contenido del juicio oral, obliga a sacrificar sus derechos al honor, intimidad personal y propia imagen –en la medida que se vean afectados-, en beneficio del derecho a emitir y recibir información veraz, preponderante sobre aquellos derechos cuando los titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública «obligados por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general» (Sentencia del TC 107/1988, recogida en la 110/2000)”.
- En tercer lugar, también razona el Tribunal que, “la prueba propuesta por las partes no hace previsible que en su práctica puedan verse afectados gravemente derechos de otras personas que pudieran verse menoscabados por la difusión televisiva, ni está citado como testigo algún menor u otras personas cuyos derechos deban especialmente protegerse mediante la limitación de la publicidad. La seguridad personal de acusados, testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso no tiene por qué resentirse a consecuencia de la transmisión de las imágenes del juicio oral, que poco añade a la difusión pública del contenido del juicio ni evitaría la grabación audiovisual fuera del edificio de la Audiencia en el intento de los medios de comunicación de captar las imágenes imprescindibles para desempeñar su trabajo”. Y añade que “Tampoco la serenidad o tranquilidad de los testigos en el momento de declarar ha de verse sensiblemente afectada por la presencia de las cámaras de televisión, máxime cuando muchos de los testigos propuestos desempeñan o han desempeñado cargos públicos de notable responsabilidad, en los que se habrán acostumbrado a soportar las tensiones propias de las declaraciones en público, inevitables en cualquier caso durante un juicio oral”.
- Por último, “no constituye un obstáculo a la presencia de las cámaras de televisión la previsión de la vetusta LECrim. en su art.704 sobre la incomunicación de los testigos, de imposible cumplimiento en la realidad social actual ante la proscripción de cualquier tipo de censura previa a los medios de comunicación (art.20.2 de la Constitución) y la habitual facilidad de los mismos –incluso sólo de la prensa escrita- de reproducir el contenido de las declaraciones prestadas en el juicio oral”.
Además, la Audiencia de Madrid también señala algunas ventajas específicas de la concesión de la autorización para grabar imágenes dentro de la Sala ya que esa obtención “seguramente reducirá el acoso habitual de las cámaras de televisión a todos los que tengan relación con el procedimiento, al tener menos interés público las declaraciones que puedan hacer unos y otros fuera de la Sala de vistas que las manifestaciones realizadas en el juicio”.
También merece destacar que el Auto que aquí se menciona incluso contiene previsiones formales respecto a las grabaciones:
- El equipo técnico deberá instalarse antes del inicio de la vista y en el lugar reservado el público, sin invadir el lugar reservado a los estrados, sin alterar el desarrollo de las sesiones ni molestar al resto de los presentes. Todo ello para minimizar sus efectos.
- Además, por razones de espacio, sólo se permitirá el acceso de una sola cadena de televisión, con la obligación de ceder las imágenes a las demás (lo que se conoce en el sector de la información audiovisual como pool).
- Finalmente, el tribunal se reserva el derecho de revocar la autorización, o de interrumpirla temporalmente, si se incumplen las condiciones o si resultasen afectados los derechos de alguna persona.

4.2. Principales argumentos a favor y en contra de la presencia de medios audiovisuales en las salas de vistas.
Hay importantes argumentos en favor de la presencia de medios de comunicación en los juicios, como ya hemos expuesto en las páginas anteriores. Estos argumentos son válidos para todos los medios de comunicación, cualquiera que sea el soporte técnico que utilicen, por tanto también para los audiovisuales. A continuación se pretende exponer algunos de los argumentos específicos a favor de la presencia de medios audiovisuales.
- “El art.20.1.d) de la Constitución Española garantiza el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz “por cualquier medio de difusión”, sin distinción entre las diferentes modalidades de éstos en lo que se refiere al contenido constitucionalmente garantizado del derecho. Por eso debe afirmarse que forma parte de dicho contenido tanto la utilización de estos cauces técnicos para la obtención y difusión de la noticia en la fuente informativa de acceso general (y las audiencias públicas judiciales lo son), como la instalación instrumentalmente necesaria de los aparatos técnicos precisos allí donde la noticia se produce” (STC 56/2004).
- La posibilidad de captación directa de imágenes y sonido complementa la información que proporcionan los medios, permitiendo una mayor objetividad de los mensajes informativos al no ser siempre imprescindible la trascripción por un periodista de las palabras de los protagonistas o del contexto. Es evidente “que la imagen enriquece notablemente el contenido del mensaje que se dirige a la formación de una opinión pública libre” (STC 56/2004). Una emisión de televisión (imagen y sonido), y en menor medida la de radio (sólo sonido), aportan información del lenguaje no verbal de las personas que hablan (vacilaciones, nerviosismo, titubeos, espontaneidad, gesticulación, miradas, etc.) y de las que escuchan.
- La posibilidad de ver directamente el desarrollo de un juicio contribuye a un mayor acercamiento de la sociedad a la Justicia.
- La presencia de cámaras y la posibilidad de ser observado directamente, sin intermediarios, por millones de personas puede contribuir a que las partes y el propio juzgador sean aún más escrupulosos en el cumplimiento de sus funciones.
- Es sabido, por las cifras de seguimiento de los medios de comunicación, que el principal es la televisión, seguido por la radio y en último lugar la prensa. También existen estudios que demuestran que para muchas personas el único medio de comunicación que existe es la televisión.
- Parte de la población que presenta algún tipo de discapacidad, incluyendo las carencias de personas de edad avanzada, sólo tienen acceso a medios de comunicación audiovisuales, radio y/o televisión.
Dejando al margen la procedencia de la celebración de juicios a puerta cerrada, por tanto sin publicidad general (ni inmediata ni mediata) y sus argumentos, nos centraremos ahora en los argumentos contrarios a la presencia de medios de comunicación audiovisuales en concreto, es decir, sin perjuicio de la presencia de los medios escritos.
- La utilización de medios de captación y difusión visuales puede afectar de forma mucho más intensa que el reportaje escrito a derechos fundamentales de terceros como es el derecho a la propia imagen, al honor y la intimidad personal y familiar e incluso, en determinadas circunstancias extremas, al derecho a la vida y a la integridad física y moral (STC 56/2004). Pensemos en posibles venganzas contra algunos de los intervinientes en el proceso: testigos, peritos, jurados, etc.
- La instalación y utilización de cámaras de captación de imágenes puede suscitar efectos intimidatorios sobre los procesados en un juicio penal, sus defensores, los testigos, los peritos, etc. (STC 56/2004).
- La divulgación de la imagen de los acusados, que gozan de la presunción de inocencia, puede ser un adelanto de condena social aunque luego sean declarados inocentes. Además, puede “hacer más profunda la lesión del honor del condenado” y representar un inconveniente añadido a su integración social (BUENO ARÚS, 1996, p. 207).
- La presencia de medios de comunicación audiovisuales podría impedir el necesario sosiego que demanda la actividad judicial y favorecer la teatralización del proceso, con su previsible pérdida de rigor (este es el argumento central del voto particular disidente de uno de los seis magistrados de la Sala, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, en la STC 56/2004 y que sigue en la línea de la STS recurrida por los solicitantes del amparo).
- Favorece el desarrollo de los “juicios paralelos” en programas del estilo de los reality shows, pudiendo interferir el curso del proceso.
- Puede influir en los miembros del jurado y, acaso, en el propio juzgador, que pudiera verse condicionado para resolver en el sentido demandado por una audiencia contaminada por determinados programas.
- La instalación de los aparatos técnicos necesarios para la captación de imágenes y sonido también puede perturbar el ordenado desarrollo de la celebración del juicio y correcta administración de justicia.

4.3. La decisión del Tribunal Constitucional español: la STC 56/2004.
La STC 56/2004, que resuelve el recurso de amparo presentado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España contra el apartado 3 de la norma sexta aprobada por el Acuerdo de la Sala de Gobierno del TS de 25 de septiembre, así como el Acuerdo del CGPJ de 7 de febrero y Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS de 9 de julio de 1999, tras hacer un repaso de su propia jurisprudencia en relación con la materia (Fº Jº 3º), una exposición de los argumentos a favor y en contra de la presencia de los medios audiovisuales en las vistas (Fº Jº 4º), un repaso de la normativa nacional e internacional y jurisprudencia del TEDH (Fº Jº 5º), concluye en su Fundamento Jurídico Séptimo con los siguientes argumentos:
“ ... la situación en la que había quedado el acceso a los juicios con cámaras fotográficas, de vídeo o televisión era la de una prohibición general que podía ser levantada “en cada caso” por autorización de la Sala de Justicia. Así pues, si no existía resolución autorizatoria de la Sala, los servicios de seguridad debían prohibir el acceso de esos medios técnicos de captación y difusión de información.
Pues bien, ha de entenderse que este régimen de prohibición general con reserva de autorización es incompatible con la normativa reguladora del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información actualmente vigente, que establece, conforme a lo que ya se ha expuesto, precisamente, una habilitación general con reserva de prohibición. A la ley está reservada la regulación de las excepciones a la publicidad del proceso (...) que son, al mismo tiempo, para las actuaciones que se pueden celebrar en régimen de audiencia pública, límites de la libertad de información (...). Mientras el legislador, de acuerdo con las exigencias del principio de proporcionalidad y de la ponderación, no limite con carácter general esta forma de ejercicio de la libertad de información, su prohibición o limitación en cada caso forman parte de la competencia que la LOPJ y las distintas leyes procesales atribuyen a los Jueces y Tribunales para decidir sobre la limitación o exclusión de la publicidad de los juicios, competencia esta que ha de ser también ejercida conforme al principio de proporcionalidad. En este sentido, podría, por ejemplo, admitirse la utilización de estos medios de captación y difusión de imágenes sólo antes, después y en las pausas de un juicio oral, según las circunstancias del caso; o aplicarse la solución que se conoce como pool ; o imponerse la obligación de tratar a posteriori las imágenes obtenidas para digitalizar determinados ámbitos de las mismas, de forma tal que no sean reconocibles determinados rostros, etc.”.

Por tanto, se invierte el principio, la “norma ya no es la prohibición que puede ser levantada por un tribunal concreto. Ahora la norma es el libre acceso de todos los profesionales, incluso con cámaras fotográficas, de vídeo o de televisión que sólo puede ser limitado por el tribunal mediante resolución razonada tras valorar en cada caso los derechos en colisión y la necesidad de protección de éstos. Estamos actualmente, pues, en un régimen de habilitación general con reserva de prohibición que ha de hacerse de acuerdo al principio de proporcionalidad” (GÓMEZ BERMÚDEZ y BENI UZÁBAL, 2006, P.266). Ese juicio de proporcionalidad, insiste también AZURMENDI (2005 b, p.156), no “puede suplantarse por una prohibición apriorística absoluta del acceso de las cámaras fotográficas o de televisión a los juicios o vistas en cualquiera de las salas”.
Tras esta sentencia, en opinión de CARRILLO (2004),
“lo que no resulta jurídicamente razonable es que en función de la naturaleza audiovisual se puedan arbitrar criterios distintos sobre los límites del derecho a comunicar información. En este sentido, si bien no deja de ser cierto que la captación de imágenes y sonidos es un factor que puede llegar a influir en la actitud de los diversos sujetos que intervienen en el proceso judicial, también lo es que no hay razones suficientes para que dichos medios puedan ser excluidos de forma radical de la cobertura de un hecho noticiable que se esté produciendo en el ámbito de la administración de justicia. Máxime cuando los medios audiovisuales suelen ser la vía de acceso a la información más empleada en las sociedades actuales, en especial en la sociedad española”.

La misma argumentación cabe extraer de la STC 57/2004 que resuelve el recurso de amparo solicitado por los periodistas de tribunales ante las mismas normas y también en la STC 159/2005 en un caso prácticamente idéntico en relación con la Audiencia Nacional.

4.4. Los derechos específicos de los afectados/involucrados en las grabaciones y transmisiones audiovisuales de los juicios.
La captación de la imagen y/o de la voz y su transmisión por un medio de comunicación social a miles o millones de personas presenta una serie de problemas, en relación con los derechos fundamentales, que, en términos generales, han sido tratados por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. A priori, la simple captación de la imagen y/o la voz de una persona en un lugar público (consideramos que una vista oral lo es) parece que sólo afecta al derecho a la propia imagen. No obstante, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el simple hecho de relacionar a una persona con la autoría de un delito afecta también a su honor (a su fama, buen nombre o aprecio en la consideración ajena); o que los detalles de algún delito pueden afectar a la intimidad de la víctima. Sin embargo, en el caso de la afección del derecho al honor y derecho a la intimidad, nada hay de especial por la presencia de medios audiovisuales que no exista también por la presencia de público o de prensa escrita, salvo que, probablemente, el número de conocedores del caso se multiplica. Es sabido que si el problema es la identificación de alguna persona (acusado, víctima, testigo, etc.) los medios escritos pueden escribir sólo las iniciales, sólo el nombre sin apellidos o utilizar otro ficticio, pero es también conocido que la televisión puede recurrir al pixelado o borrado de rostros y la radio, si fuese necesario, a la distorsión de la voz.
Por tanto, en lo que a este estudio se refiere, nos ceñiremos al análisis de la grabación y transmisión de imágenes y/o sonido de las personas que intervienen en las vistas orales en relación con el derecho a la imagen. Resulta obvio señalar que estamos tratando el supuesto de grabación de imágenes y/o sonido por parte de un medio de comunicación social en ejercicio del derecho a la información (art.20.1d) CE), por lo que queda descartada la posibilidad de que un particular, con la motivación que sea, pueda quedar amparado por el derecho para hacer una grabación “privada” del juicio, ya que atentaría claramente contra, al menos, el derecho a la propia imagen de todos los implicados, salvo que pueda contar con la aceptación expresa y por escrito de todos y cada uno de los asistentes en algún supuesto poco habitual (este tipo de grabaciones quedaría fuera del objeto de nuestro estudio, pero, a título de referencia, podría ser el caso de grabaciones con fines didácticos -Escuelas de prácticas jurídicas- o de investigaciones científicas; nos es difícil imaginar otros supuestos). Evidentemente, también tiene otro carácter la grabación que se hace de los juicios (en virtud de lo previsto en el art.147 de la LEC y 786.6 de la LECrim) por parte del propio órgano judicial a efectos de constancia puramente internos, como complemento o sustitución del acta del juicio.
Tomaremos de referencia, los procesos penales, que son los que pueden plantear más complejidad y variantes.
a) Los acusados.
El acusado está obligado a asistir al juicio oral (con las excepciones que se prevén el la LECrim), a someterse a un procedimiento con publicidad donde incluso su correcta identificación es una garantía para sus derechos. La Instrucción de la Fiscalía 3/2005, en su apartado VIII, señala que se deberán ponderar los “intereses concurrentes” y “en ocasiones habrá de ceder el derecho a la propia imagen frente al derecho a la información”.
Por tanto, la Fiscalía se inclina por aplicar a este supuesto los criterios generales sobre la colisión entre el derecho a la información y el derecho a la imagen. Es decir, partiendo de que la información se ejercite respetando el límite interno de la veracidad (NAVARRO MARCHANTE, 1995 y AZURMENDI ADARRAGA, 2005), según señala el art.20.1.d) CE e interpreta el Tribunal Constitucional, el trabajo del periodista quedará protegido, aunque lesione el derecho a la imagen de la persona afectada, siempre y cuando la información sea de interés público, de interés general para la formación de la opinión pública libre como pilar de la existencia del sistema democrático. Abundante jurisprudencia constitucional ha ido delimitando el concepto de interés general en este ámbito y podemos apreciar que concurre cuando se refiere a un personaje público o bien se trata de una información de interés general por su contenido.
Así pues, si el acusado es un personaje público o bien está involucrado en un asunto de interés general o público (en el sentido de que sea algo importante, relevante, valioso, o trascendente para la sociedad democrática, lejos por tanto de la idea de que la información sea de interés para mucho público por otras razones como morbosidad, curiosidad, etc.) no podrá oponerse a que su imagen sea captada y transmitida (DÍEZ BUESO, 2002, p. 219).
La Instrucción de la Fiscalía también indica al ministerio público que “parece evidente que en los procesos que en sí mismos no tengan interés noticiable relevante (piénsese por ejemplo en cadenas especializadas en retransmitir juicios, que graban vistas de todo tipo) imponer al acusado la obligación de ser grabado supondría una intolerable pena adicional”. En este mismo sentido se manifiesta GIMENO (1997, p.31), que advierte de que es claro que “una publicidad excesiva aumenta de manera importante el reproche social por el delito, de forma que el inculpado sufre mayor escarnio. Pero no acaba ahí el problema, pues la amplificación también es una grave amenaza para la presunción de inocencia del acusado, que se expone a una precondena en los medios de comunicación”. De hecho, entre los argumentos en contra de la presencia de medios audiovisuales en los juicios que analizamos en las páginas anteriores, ya se citaba la carga añadida que eso podía suponer para el acusado y para el condenado. En contra de este criterio se muestra GARCÍA PÉREZ (1999, p. 232-233), que sostiene que en nuestro sistema procesal “el acusado está obligado a someterse a la publicidad; carecería de sentido supeditar la intervención de la TV al consentimiento del imputado; y los derechos al honor y a la propia imagen, reconocidos en el artículo 18, apartado 1, CE, pueden resultar fundamentadamente restringidos”. Este autor, no obstante, advierte de que “sin embargo, el derecho a la presunción de inocencia recogido en el art.24, apartado 2, CE, no debe quedar afectado por una utilización torticera de las imágenes” y para ello sugiere que el tribunal controle la señal de televisión o bien imponga ciertos requisitos como lugar de emplazamiento, tipos de planos, etc., mecanismos que, recuerda, ya fueron utilizados por la Audiencia Nacional en el juicio de la colza o síndrome tóxico, a mediados de los años ochenta.
Para GÓMEZ BERMÚDEZ y BENI UZÁBAL (2006, p. 270):
“ciertos tribunales consideran que el hecho de que el acusado haya sido condenado con anterioridad o su condición de personaje público, en el más amplio sentido del término, es suficiente para considerar que su imagen puede ser ofrecida a través de los medios sin menoscabar sus derechos, mientras que otros estiman que debe ser siempre consultado y su decisión respetada. En el punto intermedio se encuentran los casos en los que el tribunal estima que la difusión pública de la imagen del acusado puede aumentar desproporcionadamente los perjuicios de someterse a un proceso (por ejemplo, para su integridad física en el caso de determinados delincuentes que sufren tradicionalmente represalias en prisión) y establecen medidas restrictivas como la desfiguración de rostro y voz u otras similares”.

Un caso con singular tratamiento es el de los acusados menores de edad. El art.20.4 CE prevé una especial protección de la juventud y la infancia frente a las libertades informativas. Ya se mencionó anteriormente la regulación específica establecida en la LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor que marca importantes restricciones a los medios de comunicación. La Instrucción de la Fiscalía, apartado IX, señala que “la difusión a través de los medios de comunicación de la imagen o identidad del menor infractor trae consigo el riesgo cierto del etiquetaje del mismo como delincuente, con los devastadores efectos derivados de la estigmatización y con la correlativa puesta en peligro del objetivo de la reinserción”. La Instrucción también recuerda que ya la STC 36/1991 aceptaba la posibilidad de restringir la publicidad en el proceso de menores, por lo que, tras la LO 5/2000, la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000 obligaba al fiscal a “convertirse en un inflexible protector de la intimidad del menor” ya que se entiende que el posible interés informativo de la noticia debe ceder ante la necesidad de proteger los intereses del menor afectado. Sin embargo, estas medidas de precaución en los procesos a menores no debe llevar a la conclusión de que todo es secreto. Por los motivos antes expuestos se debe salvaguardar la identidad del menor y, desde luego, parece que debe quedar excluida “la publicidad externa mediata del acto de la audiencia mediante la grabación de audio o video”, según concluye la Instrucción 3/2005 de la Fiscalía.
Volviendo a los acusados en general (no sólo para el caso de los menores), también resulta relevante señalar la reflexión de GARCÍA PÉREZ (1999, p. 234) en torno al efecto de las imágenes del condenado más allá del momento de actualidad del juicio:
“Cuestión distinta es hasta qué punto el uso de la TV, con la extrema publicidad que implica y, sobre todo, la emisión diferida de lo grabado pueden incidir, una vez recaída la condena, en las funciones de la pena, especialmente, en la prevención especial a que se refiere el artículo 25, apartado 2, CE, al mencionar la reeducación y la reinserción social”.
Este autor plantea un conocido debate en torno al denominado “derecho al olvido” que pretende proteger al delincuente que cumplió su condena si ese dato era desconocido “en el círculo en que se mueve el sujeto, por razón de la distancia en el tiempo o en el lugar (…) podrá darse la intromisión en el derecho a la intimidad”, no obstante “si el sujeto tiene una actividad de proyección pública (…) la divulgación de tales hechos no constituirá intromisión a su intimidad, precisamente por el carácter del sujeto” (O´CALLAGHAN, 1991, p. 106). Sin embargo, entendemos que la cuestión del derecho al olvido no presenta ningún tipo de singularidad respecto al mismo tema en relación con los medios de comunicación escrita, salvo, como ya hemos apuntado en anteriores ocasiones, en el mayor impacto numérico de los medios audiovisuales, tanto por sus índices de audiencia como por la facilidad de reconocer la imagen del afectado, por lo que marginamos su estudio.
Otra cuestión que surge en relación con la anterior es si la conservación en el tiempo de la grabación de las imágenes del acusado y/o condenado por parte del medio de comunicación audiovisual puede considerarse como un archivo de datos y, en consecuencia, quedar sometido a la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. En principio, la captación de la imagen de una persona y su exposición en algún tipo de soporte es susceptible de ser considerado como un archivo de datos (art.2) y, además, al tratarse de un dato susceptible de ser considerado como antecedentes penales, podría estar reservado a la Administración Pública penitenciaria y la custodia del archivo debería tener el máximo nivel de seguridad, según se prevé en el Reglamento de Medidas de Seguridad (RD 994/1999, de 11 de junio). La licitud del archivo audiovisual del medio de comunicación puede quedar salvada si se considera que las imágenes tienen interés histórico, tal y como prevé la LOPD en su art.4.5. Ese valor histórico queda fácilmente de relieve si el juicio es de interés general, por la persona o por el contenido, pero será muy difícil sostenerlo si se trata de archivos audiovisuales que contienen imágenes de juicios sobre personas privadas y sin que el asunto se considere de interés general, por ejemplo, en los casos de canales temáticos sobre juicios. Además, dejando al margen los derechos de acceso, rectificación y cancelación del sujeto, el posible consentimiento del procesado para la grabación y transmisión inicial del juicio difícilmente se podría entender válido para sostener la licitud de un archivo que podría calificarse como de antecedentes penales, por lo que está prohibido, en cualquier caso, para una empresa privada.
b) Funcionarios.
El art.8.2.a) de la LO 1/1982 establece que el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público –como es un proceso- o en lugares abiertos al público. Por tanto, como señala la Instrucción de la Fiscalía 3/2005, apartado VIII, “los funcionarios que intervengan en la vista no pueden alegar el derecho a la propia imagen para oponerse a figurar en la retransmisión”. Esto sería aplicable a: jueces, magistrados, fiscales, abogado del Estado, secretarios judiciales, otros funcionarios de justicia (oficiales, auxiliares y agentes), médicos forenses, peritos que ostenten la condición de funcionarios e incluso testigos que presenciaron los hechos en cumplimiento de sus obligaciones laborales (agentes policía, etc.).
Así, la doctrina es pacífica al considerar que estos funcionarios públicos no tienen, en este acto, el derecho de imagen (O´CALLAGHAN, 1999, p.278 y ALIAGA CASANOVA, 2007, p.7). Pese a ello, en la práctica es frecuente que jueces, magistrados y fiscales se muestren reacios a que los capte la televisión y “esa resistencia no es susceptible de obedecer a precauciones frente a la influencia que la difusión pueda ejercer en las actitudes profesionales de magistrados y fiscales; pues se les debe suponer personalidad suficiente para superar presiones exteriores” (GIMENO, 1997, p.32). Aunque, añade este autor , el efecto, en ocasiones, puede ser el contrario, y advierte de que no es descartable que los “jueces quieran tomar algún protagonismo en el espectáculo”. GÓMEZ BERMÚDEZ y BENI UZÁBAL (2006, p. 269) señalan que el argumento más utilizado por éstos es el de “motivos de seguridad”, que también prevé expresamente la Instrucción de la Fiscalía, por lo que, en caso de prosperar, limita enormemente la captación de imágenes. En opinión de GARCÍA PÉREZ (1999, p. 235) tampoco éste es un argumento válido por lo que si la negativa “responde a motivos de seguridad individual, el Estado ha de tomar las medidas adecuadas de protección fuera de la sala”.
Es evidente que, a la hora de la verdad, si las reticencias vienen por parte de los jueces o magistrados, al ser éstos los que deben tomar todas las decisiones en ejercicio de su función de policía de estrados o mejor aún, en el ejercicio de la función jurisdiccional que le es propia para asegurar que el juicio se desarrolle con todas las garantías, la consecuencia será un auto que restringa sustancialmente las opciones de los informadores audiovisuales. Así, GÓMEZ BERMÚDEZ y BENI UZÁBAL (2006, p. 270) ironizan al señalar que en “algunos casos, las condiciones son tan restrictivas que algún magistrado no ha dudado en reconocer que «obligan a difíciles ejercicios de equilibrismo camarográfico para dar una información razonablemente estética de esos actos judiciales». Otras veces ni siquiera el equilibrismo salva la situación, puesto que la restricción afecta a tantos intervinientes en el proceso que sólo un plano del techo o del suelo podría salvarlos”.
c) Abogados y procuradores.
La Instrucción de la Fiscalía los equipara a los anteriores, por afectarles el mismo precepto de la LO 1/1982, al ser considerados, en estos supuestos, como personas que ejercen profesión de proyección pública, aunque se trate de particulares.
También resulta evidente que abogados y procuradores, como profesionales autónomos, y a diferencia de los anteriores, tienen la posibilidad de no aceptar su participación en determinados procesos, salvo en el caso de ser designados en el turno de oficio donde una eventual renuncia deberá ser justificada y aceptada por el tribunal. Probablemente, al actuar en el turno de oficio la equiparación con el funcionario público sea más evidente.
Tampoco se debería descartar que, en determinadas situaciones, bien actuando como profesional particular o bien dentro del turno de oficio, los abogados y procuradores también alegasen “motivos de seguridad” para oponerse a la obtención de imágenes del juicio. Piénsese, por ejemplo, en la defensa de inculpados en delitos especialmente repugnantes que ya han sido sentenciados en juicios paralelos.
d) Jurado.
El Tribunal del Jurado en nuestro país está formado exclusivamente por personas particulares no profesionales. Es la principal forma de participación directa de los ciudadanos en la Administración de Justicia y, aunque ajeno a la tradición procesal española, fue incorporado por la Constitución Española de 1978 en su art.125 e introducido en nuestra legislación la LO 5/1995 que lo contempla únicamente en el ámbito penal para unos pocos delitos.
La Instrucción de la Fiscalía de 2005 no menciona a este colectivo. En todo caso, en la práctica, “la coincidencia de los magistrados es total y no se permite en ningún caso la captación de las imágenes de éstos (por lo que se) inhabilita todo un ala de la sala para tomar señal” (GÓMEZ BERMÚDEZ Y BENI UZÁBAL, 2006, p. 269).
En este caso parece más justificado que en ningún otro la prohibición de captación de la imagen. Se trata de ciudadanos particulares (bajo la protección de la LO 1/1982 como tales particulares), no profesionales, que actúan cumpliendo una prestación personal obligatoria, que no tienen porqué estar acostumbrados a soportar notoriedad pública y que pueden verse inmersos en asuntos que también pueden afectar su seguridad personal. Por todos esos motivos parece lógico que queden excluidos para los medios audiovisuales y sigan siendo personas anónimas.
e) Testigos y peritos particulares.
Cuando los peritos y testigos son personas exclusivamente particulares, sin cargo ni profesión pública, quedan protegidos por su derecho a la imagen reconocido en el art.2.2 de la LO 1/1982 por lo que, según la Instrucción de la Fiscalía, “para que pueda captarse la imagen de estas personas (…) será necesario que el titular del derecho otorgue al efecto su consentimiento expreso”. Para O´CALLAGHAN (1999, p. 279) el derecho a la imagen también implica que no se dé “a conocer sus nombres y sus datos ni obtener y divulgar su fotografía”. De esta manera, recuerda GARCÍA PÉREZ (1999, p. 234), el perito o testigo particular cumpliría con su obligación constitucional de colaboración con los Jueces y Tribunales (art.118 CE) sin ver sacrificados sus derechos por encima de lo razonable.
Este es el mismo sentido de la recomendación cuarta que recoge el Dictamen 6/1997 del Consejo de lo Audiovisual de Cataluña sobre celebración de los juicios y su tratamiento por televisión: “Los medios de comunicación han de tener presente que, a pesar de que los juicios son públicos, determinadas personas que actúan como medios de prueba no lo hacen voluntariamente, sino en virtud de una prescripción legal o de un mandato judicial. En consecuencia, estas personas, siempre que no tengan la consideración de públicas, tienen derecho a salvaguardar su derecho a la intimidad y a la propia imagen. La libertad de información sobre juicios públicos debe ser absoluta, pero las televisiones deberían abstenerse de difundir gráficamente la imagen de testigos, a no ser que éstos expresamente lo autoricen”.

En contra SÁNCHEZ DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA ( 2003, p. 387), que sostiene que “en tanto en cuanto que el interés informativo de la noticia, sobre todo si trata de un testimonio relevante, puede de alguna forma prevalecer sobre el derecho a la intimidad y a la propia imagen del testigo o perito”.
Sin embargo, en el caso de los peritos y testigos, junto al problema de la licitud de la captación y difusión de la imagen de un particular y si se requiere su expreso consentimiento (art.2.2 LO 1/1982), aparecen otros problemas. Uno de ellos es que la publicidad audiovisual puede repercutir en la libertad y sinceridad de testimonios y pericias por la influencia que el hecho de saberse “en la televisión” podría tener para su propia actuación ante el tribunal. Otro de los problemas, quizá más delicado, es el de la seguridad personal de estos ciudadanos. Ya vimos, al repasar el régimen jurídico español sobre la publicidad del juicio, que la LO 19/1994 establece medidas de protección para testigos y peritos en causas criminales para preservar sus datos personales y se incluye la prohibición de toma de imágenes por cualquier procedimiento. En estos casos, los tribunales adoptan medidas restrictivas de la publicidad inmediata, para los propios asistentes a la vista (incluidos todos los medios de comunicación), como identificarlos cifradamente o declarar en un lugar desde donde, si bien pudieran ser oídos sin limitaciones, sólo fueran vistos por el Tribunal, los fiscales, los letrados y los acusados.
En conclusión, dejando al margen el estatus procesal de los peritos y testigos protegidos, la captación de la imagen de éstos particulares exige su consentimiento, si bien será posible captar el sonido y la imagen de los mismos siempre que no se desvele su identidad (con tomas de espalda, con manipulación técnica del rostro y, en su caso, de la voz, etc. y, evidentemente, sin revelar otros datos personales como nombre, puesto exacto de trabajo, etc.).
Respecto al caso de testigos menores, valdrían las mismas reflexiones señaladas en el apartado dedicado a menores acusados, con la misma intensidad o más si el menor es víctima de algún delito relacionado con abusos de menores, etc. No obstante, es cierto que si el menor es sólo testigo de unos hechos ajenos a él, sería admisible que el tribunal autorizara la toma de imágenes con las mismas cautelas que para los testigos protegidos, sin perjuicio de la ponderación por el juez o tribunal de las circunstancias del caso.
f) Público asistente.
El art.8.2.c) de la LO 1/1982 dispone que el derecho a la propia imagen no impedirá la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. Por ello, O´CALLAGHAN (1999, p.279) señala que “el proceso, regido por el principio de publicidad, es un suceso o acaecimiento público y que la imagen de alguien del público es meramente accesoria en el contexto del proceso”, palabras que son literalmente reproducidas por la Instrucción de la Fiscalía, que, por su parte añade que “tampoco cabrá oponer objeción alguna a las tomas que las cámaras puedan hacer del público asistente para ilustrar y contextualizar la noticia”.

4.5. Valoración de la situación actual en los juzgados y tribunales españoles. La necesidad de la regulación.
Tras la doctrina sentada por nuestro Alto Tribunal, el acceso de los medios de comunicación audiovisuales a los juicios debe ser la norma general, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer los jueces o tribunales para salvaguardar valores y derechos constitucionales mediante resolución motivada en cada caso. Sin embargo, en el día a día, los medios de comunicación se encuentran con más obstáculos de lo esperado.
GÓMEZ BERMÚDEZ y BENI UZÁBAL (2006, p. 268) hacen un resumen del procedimiento que en la práctica se sigue por los medios de comunicación audiovisuales para poder obtener la grabación de la imagen y/o sonido de un juicio y que reproducimos:
“El procedimiento más sencillo para lograr la grabación de un juicio pasa actualmente por hacerlo a través de los Gabinetes de Comunicación que el CGPJ ha creado en todos los territorios, ya que resulta más operativo que hacer llegar nuestro interés directamente al tribunal juzgador.
Una vez llega a estos Gabinetes de Comunicación el interés de los medios por un determinado proceso, éstos remiten un oficio al tribunal en el que le informan de tal interés y le piden que «en caso de existir dificultades o restricciones para la captación y emisión de estas imágenes lo ponga en conocimiento (…) antes del momento del inicio del juicio».
Esta comunicación suele ser el detonante para que el tribunal decida si el acceso al juicio será libre y total o si establecerá restricciones en una resolución motivada. La mayor parte de los tribunales opta por dar traslado de ese escrito a las partes y escuchar el parecer de éstas respecto a la cuestión para saber si se oponen o no y en qué grado. Una vez oídas, el tribunal dicta una resolución que suele adoptar la forma de auto –en algunos casos de providencia- en el que, tras una fundamentación jurídica, se determinan las condiciones en las que los medios podrán obtener la señal”.
También se especifica bajo que condiciones técnicas los periodistas podrán acceder a la vista. El auto es comunicado al Gabinete de Comunicación que lo remite para conocimiento de todos los medios”.

A nuestro juicio, esta práctica carente de regulación, aunque pueda resultar operativa, no encaja bien con nuestros principios jurídicos. Establecer limitaciones al 20.1.d), parece admisible si está suficientemente fundamentado y es proporcional. Pero, por supuesto, se hace necesario que esta limitación, para ser acorde con los principios constitucionales, debiera estar recogida en una norma con rango de Ley Orgánica, según prevé la reserva de ley del art.53.1 CE, y no en unas prácticas más o menos públicas y consuetudinarias.
De hecho, se trata de un mecanismo bastante sensato y razonable ya que sería poco práctico, desde todos los puntos de vista (economía procesal, retraso de la vista, frustración de los medios, improvisación, tensiones innecesarias, etc), que el juez o tribunal se percatase de la intención de uno o muchos medios de comunicación audiovisual de obtener imágenes y/o sonido en el instante del inicio de la vista y en ese mismo momento se debiera oír a las partes, decidir si se vulneran derechos de los implicados, pedir autorizaciones, establecer las limitaciones, ubicar los equipos técnicos, etc.
Además, la resolución con la prohibición o restricción tomada por el tribunal justo antes del inicio de la vista, impediría, en la práctica, la posibilidad de ser revocada, pues, al ser ejecutiva, en el caso de recurrirla no se lograría la suspensión del juicio, que se desarrollaría normalmente sin la presencia de los medios y, aunque finalmente se diese la razón a los periodistas, se habría frustrado la finalidad del recurso. Por tanto, se trata de un argumento más para defender la necesidad de establecer un sistema de comunicación previa de la intención de grabar el juicio, que incluya también unos plazos razonables para solicitarlo y para resolver.
También parece conveniente una modificación de las normas procesales a los efectos de establecer con precisión y de forma general (como ya sugería la propia STC 56/2004), las limitaciones sobre la captación de imágenes respecto a los intervinientes en el proceso. De otra manera, se obligaría a los jueces a incluir en sus resoluciones una serie de motivaciones y argumentaciones que siempre serían constantes. Por ejemplo, lo referido a la prohibición de obtener imágenes de los miembros del jurado que los hagan reconocibles, o la necesidad de solicitar autorización expresa en el caso de peritos y testigos particulares, tal y como ya existe en otros casos como con los menores, para los que sí disponemos de norma específica que evita la disparidad de criterios o interpretaciones. Ciertamente, para otros afectados, la norma no podrá establecer un criterio general ya que depende de la casuística y aquí sí será necesaria la motivación del juez o tribunal en cada supuesto, como es el caso de los acusados, donde habrá que valorar la existencia de interés público y los derechos afectados. Además, la regulación permitirá una uniformidad de las resoluciones judiciales ante un buen número de supuestos, no ante todos, que contribuirá a la seguridad jurídica y a una mejor relación de los medios de comunicación social audiovisuales con la Justicia.
Al margen de la regulación del procedimiento hasta obtener una resolución judicial sobre la presencia de los medios audiovisuales a un juicio concreto, conviene analizar las posibilidades jurídicas del medio audiovisual que no esté conforme con las limitaciones señaladas en el acuerdo judicial o, como apunta GÓMEZ BERMÚDEZ Y BENI UZÁBAL (2006, p. 272), ¿qué sucede en los casos en los que no se permite el acceso, pero no se ha dictado una resolución motivada? A la vista de la jurisprudencia constitucional, que, como hemos venido repitiendo, ha establecido un régimen de autorización general con reserva de prohibición, parece lógico pensar que si no se dicta ninguna resolución, el acceso está permitido. Aunque, es posible que el tribunal tome la resolución justo antes de iniciarse la vista lo que, como se criticó anteriormente, implica una total indefensión para el medio que, aunque puede recurrir, verá como el juicio se celebra sin su presencia, aunque luego puede que se le dé la razón.
Una vez dictada la resolución, con más o menos antelación al inicio de la vista, aceptando, prohibiendo o imponiendo restricciones, es evidente que al tratarse de un acuerdo judicial motivado, cabe recurso.
Ante una resolución expresa del juez o tribunal en relación a la difusión audiovisual, hay que tener en cuenta que esa decisión es de naturaleza gubernativa, debiendo denominarse acuerdo, aunque en la práctica se le dé erróneamente nombre y forma de auto y, en algunos casos, de providencia. Por tanto, como acto de naturaleza administrativa, fuera de las potestades jurisdiccionales, podrá ser objeto de recurso ordinario ante el superior jerárquico, según la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, esto es, ante la Sala de Gobierno respectiva.
Ahora bien, conviene recordar, como se señaló anteriormente, que la decisión del tribunal es directamente ejecutiva, por lo que la interposición del recurso no suspende su aplicación. Es posible que el recurrente solicite una suspensión cautelarísima para evitar que se frustre la efectividad del derecho a la información al presentar el recurso ante la Sala de Gobierno que deberá resolver sobre esta petición con carácter previo a la resolución del recurso. También es posible que quien solicite la medida sea alguna de las partes afectadas contra un acuerdo permisivo con la transmisión y que pretende evitarlo.

4.6. La opción de la autorregulación.
Una de las funciones que cumplen los medios de comunicación es controlar el funcionamiento del sistema democrático. Desde esta perspectiva es ya un clásico hablar de “la prensa” como “el cuarto poder”, como “el perro guardián de la democracia”. Por ello, los poderes del Estado depositarios del poder político, de la capacidad normativa, principalmente el Parlamento y, en menor medida, el Gobierno (en todo caso, ambos dependientes del sistema de partidos políticos), pueden tener la tentación de aprobar leyes que limiten o coarten esta función. Así, desde planteamientos liberales, se defiende que es suficiente el reconocimiento constitucional de las libertades informativas y sólo una escasa e imprescindible normativa legislativa para proteger otros derechos fundamentales (VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1995, p.92); en resumen, la mejor Ley de Prensa sería la que no existe. De alguna manera, desde estos sectores empresariales y profesionales se confía más en que la aplicación judicial de los principios jurídicos constitucionales que sostienen las libertades informativas será más beneficiosa para los medios que una minuciosa normativa.
No obstante, algunas de estas voces también son conscientes de que los medios de comunicación de masas pueden cometer excesos difíciles de proteger por normas jurídicas, o de que las empresas editoras pueden intentar cercenar la libertad de expresión de los propios periodistas a su servicio, o de que las prácticas monopolísticas en el sector son peligrosas, o de que es necesario velar por el cumplimiento de unos principios deontológicos de la profesión, etc. Por ello, sostienen que es necesaria la regulación, pero son partidarios de la autorregulación.
Siguiendo a AZNAR (1998, p.8), “bajo el concepto de autorregulación de la comunicación se agrupan una serie de mecanismos e instrumentos relacionados con la actividad de los medios que comparten el objetivo de garantizar que su actuación se ajuste a los valores y normas de dicha actividad. Lo distintivo de la autorregulación es que tanto su puesta en marcha, como su funcionamiento y su efectividad dependen de la libre iniciativa y el compromiso voluntario de los tres sujetos de la comunicación: los propietarios y gestores de las empresas de comunicación (tanto públicas como privadas), los profesionales que realizan los medios y el público que los recibe o protagoniza”.
Los instrumentos y mecanismos básicos de la autorregulación son: los códigos deontológicos, los estatutos de redacción, los defensores del lector u ombudsman y los consejos de prensa o de la información. Todos ellos tienen en común una serie de características como el ser creados a iniciativa de los propios agentes involucrados en el proceso informativo y siempre al margen del poder público, el carecer de poder coactivo y apoyarse únicamente en la autoridad moral y el reproche público. Aquéllas sociedades o medios de comunicación que se dotan de instrumentos de autorregulación demuestran un grado de madurez, de responsabilidad y, en definitiva, de compromiso por la calidad de la información y respeto a los ciudadanos como sujetos receptores que contribuye firmemente a tener una sociedad avanzada, mayor de edad.
Entre las principales funciones de la autorregulación (AZNAR, 2005, p. 14-15) se encuentra la de formular públicamente las normas éticas que deben guiar la actividad de los medios de comunicación. La publicación de estas normas implica también un compromiso de cumplimiento, lo que permitirá a la sociedad el poder exigirlo cuando se pueda producir alguna desviación.
La autorregulación no debe pretender sustituir al Derecho, pero resulta evidente que cumple importantes funciones complementarias de éste (CARRILLO, 1998, p. 123). Partiendo de esta idea, el Protocolo de Comunicación de la Justicia de 2004 elaborado por el CGPJ, ya mencionado anteriormente, en su apartado sexto dedicado a “Los juicios y los medios de comunicación audiovisuales” menciona esta opción y alude al Convenio de Autorregulación sobre el tratamiento de los juicios por televisión que promovió el Consejo Audiovisual de Cataluña entre 1998 y 2000.
También resulta interesante el dictamen del Consejo de lo Audiovisual de Cataluña 6/97, sobre la celebración de los juicios y su tratamiento por televisión, emitido como consecuencia de las recomendaciones del Informe sobre el tratamiento televisivo del juicio del crimen de Alcàsser solicitado por el propio Consejo.

El Protocolo señala que esta iniciativa catalana ha sido asumida por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y que está buscando el compromiso de todas las cadenas de televisión pública (estatales y autonómicas) y privadas nacionales para garantizar una cobertura de los procesos judiciales de relevancia social respetando los derechos de los intervinientes. El CGPJ anuncia en este Protocolo que “una vez que el Código de Autorregulación sea suscrito por todas las cadenas de televisión, el mismo será remitido a los Jueces y magistrados para su conocimiento”. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado ese compromiso.

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