Revista Latina de Comunicación Social 27 – mayo de 2000

Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social
Depósito Legal: TF-135-98 / ISSN: 1138-5820
Año 3º – Director: Dr. José Manuel de Pablos Coello, catedrático de Periodismo
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[Noviembre de 1999]

Libertad de expresión y responsabilidad social

(2.279 palabras – 4 páginas)

Ing. Bernardo Laris Rodríguez ©

México

 

Las transformaciones recientes de las estructuras mexicanas incluyen a los medios de comunicación. Cambios en la propiedad y una nueva competencia económica y política los ha llevado a buscar su posicionamiento en programas con alto rating o en el control de la opinión pública.

El acomodo de las fuerzas ha generado tensión entre dos propuestas: autorregulación versus reglamentación. Del resultado de este encuentro de intereses se impondrán las bases para el futuro próximo del desarrollo de las libertades públicas en México. En julio de 1998 se celebró el simposium ?Libertad de expresión y responsabilidad social? (1) organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en el que participaron políticos, intelectuales, comunicadores, empresarios y radiodifusores. Este simposium se organizó para contrarrestar la presión de ciertos grupos políticos por lograr una mayor reglamentación e injerencia en el control de los medios, presión que originó una propuesta de ley.

Libertad con autorregulación

Para Berner Servolov, México tiene por tercera ocasión en su historia una experiencia democrática: en 1861 con Benito Juárez y en 1911, con Francisco I. Madero. Ambas experiencias terminaron en parálisis legislativa y de gobierno; en intervenciones extranjeras y en golpe de estado militar. La libertad de expresión debiera servir para crear las leyes y las instituciones que México está demandando, para consolidar su transición a la democracia, funcionando como un vigía entre la sociedad y los poderes de gobierno y económicos. Por ello la necesidad de cuidarla de la injerencia de cualquier grupo de poder. Sin embargo, los poderes económicos incrementan su participación como accionistas dentro de los grandes consorcios de comunicación.

En nuestra época, se tiene más información disponible que en cualquier otra; existen datos, información e imágenes en todas direcciones. Pero el ciudadano promedio, incluso el individuo con un alto grado de educación, tiene dificultades para obtener un sentido de la perspectiva. Por ello los medios deben tener entre sus tareas el ser más explícitos, más conceptuales y no sólo dar los hechos, sino también explicarlos para que el público entienda lo que estos hechos pueden significar. En esta línea, Manuel Gameros recomienda un programa de alfabetización de medios en el que se enseñe a la gente a leerlos y escucharlos sin limitarse a la sola exposición de las personas a los mismos. La responsabilidad de la alfabetización sería de concesionarios de los medios y del estado. La alfabetización permitiría tener ciudadanos emancipados que demanden calidad y exijan la participación de un estado responsable, de manera tal que la regulación del contenido no sería más una limitante.

En la posición contraria existe la advertencia de que los medios han tomado el poder siendo necesario limitarlos. En esta postura se encuentra Ikram Antaki quien critica la baja calidad de los comunicadores en general porque sólo rinden cuentas a patrocinadores y propietarios del medio, es decir, al dinero.

En la inauguración del simposium, el presidente de México, Ernesto Zedillo, dijo que el debate mundial es lograr un consenso entre libertad y responsabilidad social de los medios y solicitó que las normas de conducta ética provengan de los propios medios dejando al gobierno al margen de ellas.

Con respecto a la seguridad en la posesión de la concesión, el secretario de comunicaciones y transportes, Carlos Ruiz Sacristán, dijo: "La certidumbre implica la adecuación y el fortalecimiento del marco regulatorio, para preservar la seguridad jurídica de las concesiones, las cuales deben estar sujetas a reglas preestablecidas y claramente definidas. Sólo así, los medios de comunicación encuentran un ambiente propicio para ejercer a plenitud su derecho a la libertad de expresión."

Miguel Limón Rojas, secretario de Educación, comentó: "Una mayor regulación estatal de los medios de comunicación social podría acercarse a los oscuros límites de la censura, siempre costosa e ineficaz a largo plazo; pero sin regulación, los medios tendrían capacidad de ignorar su responsabilidad con la sociedad y proferir también, a la larga, daños difíciles de reparar. En consecuencia es la autorregulación basada en la creciente profesionalización de los comunicadores la que puede elevar la calidad de los medios, su nivel cultural y su mayor responsabilidad".

El tratado de libre comercio

En el simposium participaron algunos conferencistas estadounidenses y canadienses. Su intervención se volvió relevante porque al indicar cómo se ha manejado la problemática sobre la regulación de los medios electrónicos en sus países dan lineamientos sobre la postura que debiera seguir México. Es de suponer que en la integración del mercado de América del Norte, aunque se maneje constantemente la soberanía de cada una de las naciones participantes como el alto valor a respetar, se busca una mayor semejanza en las leyes que regulan los aspectos generales y los más importantes.

Tanto en Estados Unidos como en Canadá la autorregulación por los emisores se ha impuesto sobre la regulación por el gobierno. Cuando el emisor se regula a sí mismo, es probable la pérdida de diálogo entre emisores y receptores, siendo la manera en que el mercado responde un punto fundamental para esta autorregulación. Existen algunas diferencias entre Canadá y Estados Unidos. Canadá ha sido más severa en su autorregulación, característica heredada por la formación de su propia nación basada en el orden y buen gobierno.

Cuando se negoció el tratado de libre comercio, los estadounidenses sabían perfectamente que el tema de la defensa cultural no era un nicho para ellos como lo podía haber sido para los canadienses.

En Canadá existe una cláusula de código voluntario que solicita de los periodistas no explotar las situaciones de agresión, conflicto o confrontación y solicita tener cuidado de no satanizar la realidad ni hablar de la condición humana de manera velada.

Durante el simposium se proyectó un vídeo de Henry Kissinger en el que expresa: "No sé cuáles sean las leyes fuera de Estados Unidos, pero creo que debe haber leyes antidifamatorias contra acusaciones irresponsables e inciertas. Estas leyes no deben usarse para frenar las opiniones genuinas. Debe haber una división entre opiniones, de modo que a una gente quizá no le guste, pero deben ser libres de expresarse. Los medios también deben ser libres, pero estar sujetos a pruebas de veracidad".

Norman Leventhal recomienda cuidar dos áreas específicas para equilibrar libertad de expresión y responsabilidad social: reglamentar los contenidos de los medios y reglamentar en materia de propiedad.

Sobre la reglamentación de los contenidos en Estados Unidos añade que en 1973, el congreso llegó a la conclusión que entre la censura privada o la oficial, la del gobierno sería la peor, la más difícil de limitar y por lo tanto la que debe evitarse básicamente.

La ley mordaza

En 1997, junto con otros artículos constitucionales y en el marco de la reforma política, se reformó el artículo sexto de la constitución para añadirle un renglón que dice: "El derecho a la información será garantizado por el Estado". Esta medida provocó un acalorado debate sobre el contenido y la conveniencia de reglamentar el derecho a la información, el cual se agrupa en dos vertientes: el derecho a informar y el derecho a ser informado. El derecho a informar es la fórmula moderna de las libertades de expresión e imprenta. El derecho a ser informado determina las facultades de los ciudadanos y organizaciones para acceder a la información, en particular, del estado.

En septiembre de 1998, el congreso de la unión propuso una ley para regular los medios de comunicación. Durante el simposium sobre libertad de expresión y responsabilidad social organizado por la CIRT se escucharon algunas voces que favorecieron este proyecto. Una de ellas fue la de Manuel López Obrador, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). López Obrador hizo referencia a la parcialidad con la que los medios electrónicos de comunicación se sumaron a favor de Carlos Salinas de Gortari durante la campaña presidencial de 1994. En ese tiempo, los mensajes en radio y televisión abiertamente insinuaban que si no ganaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vendría la guerra, el caos y la destrucción en México. Y aunque reconoció que en las elecciones federales de 1997 por primera vez se lograron transmitir mensajes por televisión con las propuestas políticas e ideológicas de los diferentes partidos al electorado nacional, recomendó garantizar la independencia de los medios del poder ejecutivo reglamentando de manera transparente los procesos mediante los cuales se otorguen o se cancelen las concesiones.

En esta línea Francisco de Souza propone dar seguridad jurídica a los concesionarios de radio y televisión para evitar su frecuente subordinación al gobierno por el temor de perder su concesión o su refrendo y sobre ello armó su ponencia presentada en el simposium. En ella aclara: "La reforma de medios deberá estar encaminada a garantizar el derecho de información, el derecho de réplica, el derecho a la privacidad y constitucionalidad de las fuentes de información; la eliminación de todo tipo de censura y el establecimiento de un régimen verdaderamente liberal de concesiones, con el fin de llegar democráticamente a establecer un sistema de reglas claras que consoliden plenamente nuestros derechos constitucionales por parte del gobierno y los medios de comunicación". Para la supervisión recomienda la creación de un organismo regulador.

Porfirio Muñoz Ledo, líder de los perredistas en la cámara de diputados, hizo gala de su experiencia política e instó a los radiodifusores a elaborar un proyecto de ley: "Ustedes tienen en sus manos como nadie el curso de la evolución tecnológica, ustedes conocen la historia de las comunicaciones en México, ustedes conocen su relación con la sociedad y con el gobierno, ustedes han manifestado el deseo de incluirse en un universo ético de responsabilidades nacionales. ?Por qué no contribuyen a este proceso de debate con un proyecto?"

Mientras tanto, Felipe Calderón Hinojosa, presidente del PAN, dejó en claro que el deseo no era amenazar la libertad de expresión sino regular las facultades que las secretarías de Comunicaciones y de Gobernación tienen para legislar sobre los medios. A su entender, no querer hacerlo implicaría un "propósito de invocar la libertad precisamente para mantener el actual control de la libertad". Y tratando de tranquilizar a los concesionarios, indicó que el propósito de su partido no era cancelar concesiones, sino que éstas se reconozcan "como un derecho y no como un resultado de la discrecionalidad del gobernante y que el otorgamiento de otras nuevas no dependa sino de procesos absolutamente claros, abiertos y transparentes".

Sin embargo, después de tres días maratónicos de breves ponencias, al cierre de la misma y como conclusión, Emilio Nassar expresó que lo que debería prevalecer es la autorregulación y no la reglamentación. A nombre de la industria de la radio y la televisión comprometió a todos sus integrantes a transmitir los hechos de manera objetiva, respetando el derecho que existe a la vida privada en la medida que ésta no tenga implicaciones para el interés público; buscando la información completa con objetividad como norma de trabajo de los comunicadores a través de los recursos lícitos que existan a su alcance; estableciendo claramente la diferencia entre la difusión de los hechos y las opiniones que sobre estos tengan los informadores o comentaristas de las noticias.

En este compromiso se propuso evitar el trato discriminatorio a las personas; fomentar la preservación de los valores mexicanos; promover el fortalecimiento de la democracia favoreciendo la presentación de toda clase de ideas y opiniones de los diversos partidos políticos y de la sociedad en general, con el propósito de crear una opinión pública bien informada que pueda tomar decisiones responsables sobre asuntos de interés nacional.

Asímismo se comprometió a defender el derecho de los informadores a guardar la confidencialidad de sus fuentes en caso de que ésta así lo demande o que el comunicador lo crea conveniente; a atender las solicitudes de rectificación de aquellos que sean afectados de modo injusto por la difusión de una información y a presentar datos adicionales que permitan dar contexto a las noticias.

Comentario final

Al terminar el simposium, se acordó que se trabajaría de cerca con la propuesta de la nueva ley integrando equipos de trabajo conjuntos. Sin embargo las dos vertientes (autorregulación versus reglamentación) dejaron claras sus inquietudes y su manera de pensar. Sin tener mayor acercamiento llegó septiembre: la propuesta de ley se presentó ante el congreso sin haberse realizado el trabajo de cabildeo necesario y los medios todos se unieron para atacar a la que consideraron "ley mordaza".

Finalmente no se presentó dicha ley ante el pleno del congreso. Los asuntos del FOBAPROA (2) y la ley de ingresos y egresos fueron por mucho los asuntos torales que deberían resolverse en esa legislatura y se prefirió no crear confusión; menos aún tener a los medios en contra ante la necesidad de contar con ellos para manifestar a la opinión pública la postura que cada partido guardaría ante los temas económicos próximos a discutirse.

Si bien la iniciativa de ley de información propuesta por Acción Nacional no ha tenido éxito, el tema sigue pendiente de solución. En el fondo están engranándose las nuevas relaciones prensa - poder, que por su desarrollo histórico representa uno de los puntos nodales que hay que deshacer para encaminarse a una convivencia sana y, sobre todo, para recuperar la credibilidad perdida ante la opinión pública.

En este proceso se deberán superar las disyuntivas información - entretenimiento y privado - público. Sin embargo, el desarrollo final de estas dicotomías depende de otros factores complicados que sólo conoceremos en la medida que la sociedad, la tecnología y los medios vayan desarrollándose e integrándose.

Notas

  • 1 Libertad de expresión y responsabilidad social, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, México, 1998, (Memoria del simposium libertad de expresión y responsabilidad social), 388 pp.
  • 2 El FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, fue la creación del gobierno mexicano para avalar económicamente a los bancos quebrados por la crisis de 1994.


FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS:

Laris Rodríguez, Bernardo (2000): Libertad de expresión y responsabilidad social. Revista Latina de Comunicación Social, 27. Recuperado el x de xxxx de 200x de:
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135laris.html