Revista Latina

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DOI: 10.4185/RLCS-65-2010-879-001-013
ISSN 1138 - 5820 – RLCS # 65 / 2010 + flag

Una profesión titulada “Periodismo”
A profession termed "Journalism"

Dr. Manuel Fernández Areal [C.V.] Catedrático de Periodismo - Profesor Emérito de la Universidad de Vigo

Resumen: Las nuevas tecnologías pueden favorecer la impresión de que el periodismo, como profesión, llegará a desaparecer en plazo más o menos breve. La facilidad de cualquiera para acceder a las fuentes de información, así como para difundir –a través de Internet– todo tipo de mensajes con inusitada rapidez parecen abonar la idea de que ya no será necesaria capacitación técnica alguna, ni siquiera un bagaje cultural específico, ni mucho menos una titulación que garantice un ejercicio responsable y adecuado de la moderna comunicación social. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), en su Borrador de Estatuto Profesional apuesta por una profesión titulada universitariamente, y su Comisión de Quejas viene desarrollando una acertada labor en orden a la autorregulación y autocontrol profesionales en beneficio de la sociedad. Hay, pues, razones válidas para el optimismo. El Periodismo, como profesión, no va a desaparecer, y quizá haya llegado el momento de que, de verdad, sea una profesión titulada.

Palabras clave: periodismo; profesión periodística; titulación periodística; periodista.

Abstract: The new technologies can favour the belief that journalism, as a profession, will disappear in a more or less brief period of time. The facility of anyone to both access the sources of information, and diffuse –through Internet– all type of messages with unusual rapidity seems to feed the idea that technical qualifications will no longer be necessary, not even certain type of cultural baggage, much less a degree that guarantees a responsible and suitable exercise of modern social communication. The Federation of Associations of Journalists of Spain (FAPE, according to its initials in Spanish), in its Borrador de Estatuto Professional (Professional Statute Guidelines) favours a profession certified by a university degree, and accordingly its Commission of Complaints has been undertaking the rightful task that favours professional self-regulation and self-control in the benefit of society. There are, then, valid reasons for optimism. Journalism, as a profession, is not going to disappear, and perhaps the moment has arrived for it to truly become profession requiring qualifications.

Keywords: journalism; journalistic profession; journalist qualification; journalist.

Sumario: 1. Introducción. 2. ¿Ha llegado el momento de regular el ejercicio del Periodismo? 3. ¿Qué es un periodista? 4. El papel del Estado. 5. Los límites. 6. Derecho del público. 7. Un tímido paso adelante. 8. Conclusión. 9. Notas. 10. Bibliografía.

Summary: 1. Introduction. 2. Has the time to regulate the journalistic profession arrived? 3. What is a journalist? 4. The role of the state. 5. The limits. 6. The rights of the public. 7. A shy step forward. 8. Conclusion. 9. Notes. 10. Bibliography.

Traducción realizada por Cruz Alberto Martínez Arcos

1. Introducción

A lo largo de 2009, la Asociación de la Prensa de Vigo celebró jubilosamente el centenario de su creación y, para recordar su historia, invitó a unos cuantos profesionales del Periodismo, entre los cuales me cuento, a participar en un ciclo de conferencias en el que aporté, una vez más, mis ideas y convicciones sobre qué es, qué debería ser y qué puede ser un periodista, tal y como concebimos hoy el Periodismo, con independencia del soporte de las diversas modalidades de intervención directa en la Comunicación social moderna, bien sea informando o también opinando.

Paralelamente a mi intervención como periodista desde hace más de medio siglo –precisamente he celebrado hace poco con mis compañeros de promoción la titulación en la entonces monopolista y gubernamental Escuela de Periodismo de Madrid, cuyo director era nada menos que el director general de Prensa de un ministerio encargado de controlar a los profesionales y orientar la información a escala nacional a base e consignas obligatorias y lápiz rojo–, la Asociación de Periodistas de Galicia, de la que también soy miembro, encargada por estatutos de profundizar en el estudio del Periodismo, me hacía llegar la última versión del borrador de Estatuto del Periodista elaborado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, FAPE –de la que igualmente soy miembro–, y que se diferencia, en mucho, del texto que algunos sindicatos quisieron convertir en ley y que me llevó, a finales de 2005, a declarar como perito ante la comisión parlamentaria correspondiente, rechazándolo de plano.

Dije ante la comisión parlamentaria, como un periodista más con experiencia de su noble oficio, punto de vista muy distinto del de algunos sindicalistas “liberados”, que el anteproyecto de estatuto que se trataba de convertir en ley fallaba en no pocos aspectos, por ejemplo, ya en la inicial exposición de motivos se parte de la confusión entre periodista profesional e informador. Es decir, se parte de la base de la identificación entre periodista e informador de temas de actualidad e interés público, como si todas las tareas del periodista se redujeran a informar. Esta simplificación resultará, a lo largo del articulado que se propone, perjudicial para el profesional del Periodismo, profesión mucho más amplia que la contemplada en el texto de la proposición de ley.

El Periodismo comprende otras muchas tareas y se puede ejercer no solamente en diarios de información general, sino en revistas, radio, televisión, etc.

Se afirma en la exposición de motivos que existe base constitucional para la promulgación de un Estatuto del Periodista Profesional. Pero lo que no dice la constitución es que haya de ser redactado siguiendo pautas marcadas por el Estatuto de 1967, impuesto a la profesión periodística de la época, redactado al margen de ella y en consonancia con una ley, la de Prensa de 1966, que, en cierto modo, venía a dulcificar en parte, sin implantar la libertad de Prensa, el rígido precepto de la de 1938, Decreto Serrano Súñer, que en su artículo primero atribuía al Estado la “organización, vigilancia y control de la institución nacional de la prensa periódica.”

La sola referencia a la consideración, por el texto que examinamos, de la figura del director “como bisagra entre los titulares del poder editorial y la redacción”, la atribución a los Consejos de Información del “control de un código ético”, igualmente impuesto y no elaborado por la profesión misma, etc., manifiestan claramente la fuente inspiradora del texto: un estatuto y una ley dictados por un gobierno dictatorial, cuyos principios están también claramente en contraposición flagrante con los principios y el texto de nuestra constitución democrática de1978. En cuanto al proyecto de articulado, cabe decir que no es acertada la definición de la profesionalidad del art. 1º que se propone, por lo ya dicho, al igual que la del art. 4, 'Periodistas a la pieza', por las mismas razones, o la del art. 5º 'El concepto de periodista', como profesional dedicado a la información de actualidad resulta hoy totalmente insuficiente”

No se entiende por qué el “interés público” haya de ser definido por quienes no son profesionales precisamente de la elaboración –según el texto– de informaciones de interés público. La definición de tal interés por la autoridad gubernativa dotará a ésta de poderes prácticamente omnímodos en su capacidad restrictiva de la actividad que se dice proteger en beneficio y reconocimiento del derecho del ciudadano a recibir información según el art. 20 de la constitución.

Tampoco se entiende por que todos los medios han de tener, obligatoriamente, un comité de redacción.

Menos se entiende todavía la figura del Consejo Estatal de la Información –que igualmente recuerda la ley de 1966–, y su definición como “un organismo público independiente del poder ejecutivo y que rinde cuentas de su actuación ante el poder legislativo”(art. 25) y su composición según el art. 26, y los poderes que se le atribuyen, desde la expendición del carnet profesional –volvemos al carnetismo del régimen anterior– hasta su poder sancionador.

Distinto es el caso, por ejemplo, del jurado de ética que publicitarios y anunciantes han instaurado en virtud de acuerdo privado, con sometimiento voluntario a su actuación sancionadora. El que sea “dotado económicamente por medio de los Presupuestos Generales del Estado” dice muy poco de la proclamada supuesta independencia del poder ejecutivo por parte del Consejo estatal de la Información y de los autonómicos.

Es a la profesión a quien compete elaborar un código ético y organizar un sistema de control de la aplicación de sus preceptos. No se le puede imponer, de la misma manera que no se impone a los colegios de médicos, abogados, etc., una definición de sus respectivas profesionalidades, porque son ellos, los médicos, abogados, etc., quienes, a través de esas asociaciones, se definen y defienden sus derechos.

Es la profesión la que se agrupa, elabora un código ético, establece el procedimiento para hacerlo cumplir, etc. No el Estado, al menos en los sistemas democráticos.

2. ¿Ha llegado el momento de regular el ejercicio del Periodismo?

Son muchos años de profesionalidad periodística y de docencia universitaria del Periodismo los que me permiten aventurar, fruto de mi experiencia, que quizá haya llegado la hora de plantear seriamente lo que en el artículo 1º del Capítulo Primero –Principios Generales– del Borrador aludido, elaborado por FAPE, se declara paladinamente, guste o no guste a quienes quizá confunden libertad de expresión con falta de exigencia de calidad profesional que garantice precisamente esa misma libertad ciudadana:

“Al amparo de lo establecido en el articulo 36 de la Constitución Española y el ordenamiento jurídico, el presente Estatuto tiene por objeto la regulación y armonización del ejercicio del Periodismo, al que, como profesión titulada, le corresponde ser instrumento para la formación responsable de una opinión pública plural.”

Periodista, según el artículo 2º de este borrador, esquien está en posesión de un título en Periodismo ( licenciatura u otro título para el que se requiera estar en posesión de una licenciatura) expedido por cualquier universidad española.” (Entiendo que hoy es necesario y más práctico, incluso más realista, hacer referencia a cualquiera de las vigentes titulaciones académicas en Comunicación, sin perjuicio de exigir la especialización en Periodismo, pero sin cerrar la puerta de acceso a la profesión a quienes sean titulados en cualquiera de los modos comunicativos, con capacidad técnica adecuada y compromiso deontológico exigible.)

En el capítulo V del Borrador, dedicado a las Asociaciones y Colegios de Periodistas, se propone, en su artículo 21:

"Al amparo del artículo 26 de la Constitución, la salvaguarda de la función del periodismo y garantía de la independencia de los periodistas, como pertenecientes a una profesión titulada, corresponde a las Asociaciones de la Prensa y Colegios de Periodistas, que a su vez podrán federarse, sin perjuicio de la competencia propia de los sindicatos en el orden laboral.”

Lo cual me hace recordar algo a lo que también aludí, aunque de pasada, en mi conferencia en Vigo sobre “La libertad y la responsabilidad de los periodistas”, y que, de alguna manera, vino a aseverar lo dicho por otros conferenciantes, como el propio presidente entonces de la FAPE y hoy de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando G. Urbaneja. Me refiero a la propuesta que en 1996 hice a la FAPE, en su Asamblea de Cádiz, como periodista inscrito en su registro profesional con el número 3.336 y que titulé "Propuesta en torno a los códigos de conducta de los periodistas españoles".

Manifesté entonces que, como es de sentido común y de vigente legalidad, los códigos deontológicos –en cualquier profesión– tienen razón de ser cuando existe un órgano asociativo que integre a los titulados que ejercen la profesión de que se trate, ordinariamente, entre nosotros, en España. un colegio profesional, caso de los médicos, abogados, etc.

Por lo que hace referencia a los periodistas españoles, el Código deontológico de la FAPE no tiene más fuerza de obligar que la que cada profesional quiera atribuirle. Por ello, mi propuesta consistía en que la FAPE elaborara un texto de convenio privado a suscribir entre el órgano profesional y aquellos periodistas que, siendo titulados en alguna de las ramas de Comunicación, se comprometieran a observar el código deontológico y a aceptar las resoluciones que, de acuerdo con los preceptos de ese código, pudieran afectarles en el futuro.

La propuesta no iba en la dirección de exigir, para poder ejercer la profesión, una titulación universitaria, sino en la de que, en el futuro, quienes, siendo titulados universitarios, se comprometieran en lo expresado en ese convenio, acabaran pudiendo constituir un auténtico Colegio profesional, semejante al de otras profesiones, ya que, sin titulación, no se puede hablar propiamente de colegio.

Estoy de acuerdo con la afirmación, de sentido común de la directora de la Unidad del Programa Medios y Alfabetización Mediática de la Comisión Europea, Aviva Silver, cuando constata que”los cambios tecnológicos hacen posible que casi todo el mundo se convierta no sólo en consumidor sino en creador de contenidos mediáticos.” [1]

Pero también estoy de acuerdo con lo que la actual presidenta de la FAPE, Magis Iglesias, afirmaba nada más tomar posesión de su cargo, en entrevista realizada por Blanca Bertrand:”... es posible un periodismo moderno, adaptado al mercado audiovisual y multimedia, manteniendo exigencias de buena práctica, de seriedad y profundidad en el tratamiento de los temas. La búsqueda de calidad es necesaria para dignificar la profesión y porque es nuestra obligación, impuesta por el derecho que tienen los ciudadanos a una información veraz.” [2]

Entiendo que mi propuesta de hace tantos años quizá todavía podría resultar viable. Lo que no me parece viable, ni conveniente para la profesión, ni mucho menos para la ciudadanía, detentadora del derecho constitucional a recibir información veraz, es la constitución desde el gobierno de un colegio de colegios acorde con otro Estatuto profesional que, también desde el gobierno, se nos trata de imponer so pretexto de una más eficaz regularización de la profesión. Los profesionales sabemos lo que queremos; ciertos políticos y sindicalistas a sueldo van, en cambio, por otro camino, que ni nos conviene a nosotros, ni menos al derecho a recibir información veraz, no contaminada de parciales intereses políticos partidistas. De aprobarse el texto elaborado al margen de la profesión, se repetiría el triste espectáculo del Estatuto de la profesión periodística de 1967, aprobado y promulgado por el Ministerio de Información español como complemento de la represiva ley Fraga de Prensa de 1966, que, indudablemente, supuso un paso adelante hacia la libertad de información, pero no la libertad de información.

3. ¿Qué es un periodista?

El periodista, como vengo sosteniendo desde siempre, tiene como misión principal informar; pero no es simple fotógrafo de la realidad, como sostuve en un polémíco artículo titulado precisamente "Qué es un periodista" [3], publicado en Diario Regional, de Valladolid hace medio siglo y que hoy habría que matizar, dados los cambios sociológicos que afectan a la profesión y los avances en la formación intelectual y técnica de los periodistas y comunicadores en general gracias a la meritoria labor de las licenciaturas en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual

Y, sin embargo, por muy espectaculares que sean los cambios, y por mucho que pudiera variar la demanda del público, lo que ese público sigue esperando del periodista es la verdad, cuando informa, y honradez cuando comenta. Y para que así ocurra, como intentaré demostrar, hace falta libertad, resulta indispensable la libertad para elaborar y difundir noticias, ideas, pensamiento.... Sin libertad no hay información ni puede haber opinión honrada.

Ésta es la razón de que haya sido siempre enemigo declarado de las leyes específicas de imprenta, de Prensa, de Comunicación o como se las quiera llamar, porque, aunque programáticamente proclamen en su articulado que vienen a favorecer la libertad, lo que hacen, en la práctica, es aherrojarla, en perjuicio de todos, no solamente de los periodistas encargados de hacer de puente entre “lo que pasa” y quienes quieren conocer eso que pasa, y delegan tácitamente en los profesionales que a eso se dedican su derecho a tener noticia fiel y objetiva de cuanto ocurre en su entorno o más allá.

No pocos de mis colegas periodistas aceptan resignadamente la dogmática afirmación, difundida ordinariamente por no periodistas, aunque si comunicadores en términos generales, pero carentes de ese afán de búsqueda de la verdad informativa que caracterizó y sigue caracterizando al periodista en todo el mundo, que en la época del “postperiodismo” ya no se puede mantener la “vieja y anticuada” distinción entre los tres modos clásicos comunicativos de información, propaganda, publicidad, ni menos hablar de medios clásicos –prensa, radio, televisión– porque Internet ha venido a modificarlo todo y a superar esas “anticuadas” concepciones, que es preciso desterrar de nuestras modernas facultades de Comunicación, superadoras a su vez de las primitivas escuelas profesionales.

Suelen ser presentadores de televisión de éxito, locutores de radio de sonora voz, articulistas en la red, más o menos ocasionales, propugnadores de la tabla rasa en la formación de comunicadores hasta llegar a la desaparición de la profesión de periodista como tal, por entender que cualquiera –gracias a Internet– puede ser hoy periodista, por tener la capacidad física, material de introducir noticias, rumores, publicidad, programas de todo tipo, etc. en la Red y mantener interesantísimos blogss sin ninguna formación académica previa, técnica y muchos menos ética.

Se trata de una falacia, asentada sobre bases aparentemente firmes de experiencia y estadísticas fiables. Hoy, sería la conclusión, ni hacen falta periodistas, ni tienen función propia, ni la sociedad los necesita para nada, ni hacen falta, por tanto, las instituciones universitarias encargadas de formar y titular a personas que, a la hora de competir por un puesto de trabajo, se van a encontrar con que lo aprendido en la Universidad no les va a servir. El mundo, se dice, va por otro lado. La libertad es el bien supremo que garantiza que cualquiera, por su cuenta, pueda desempeñar las tareas que hasta ahora venían desempeñando los periodistas profesionales. Hemos llegado al final de la especie y podemos hablar, con toda propiedad, de postperiodismo, de la misma manera que se admite el término postmodernidad.

Somos muchos, sin embargo, los que todavía mantenemos la verdad de que el periodista puede y debe seguir siéndolo en la era de la postmodernidad, en la era de Internert o en cualquier otra era que nos suceda, porque el Periodismo se fundamenta en la búsqueda de la verdad para difundirla y transmitirla a los demás y eso, a través de cualquier medio, se mantendrá vigente. Y quienes informen de hechos, no de publicidad o de propaganda ideológica envuelta en el papel de plata de la noticia para hacerla pasar por información, engañando al receptor del mensaje, que no recibe información por mucho que se le denomine información –habrá si comunicación, pero persuasiva disfrazada– pueden con toda justicia ser llamados periodistas. Lo mismo si comentan la realidad, sobre la base de hechos ciertos, honradamente. Por otra parte, Internet, digan lo que digan quienes a sí mismos se consideran expertos en Periodismo en particular y Comunicación en general sin ser periodistas pero queriendo ser apellidados periodistas, no es un medio, como no lo son las ondas, sino la radio o la televisión; como no lo es el papel, sino los diarios que utilizan el papel. Radio, televisión, diarios, etc. pueden servirse y se sirven de Internet, adaptándose a las nuevas especificaciones que Internet ofrece e impone, pero no por eso dejan de ser lo que son.

Es menester seguir hablando de información, propaganda y publicidad como partes de un mismo fenómeno sociológico, la Comunicación, pero sin confusionismos. Es menester seguir hablando de géneros comunicativos y de géneros periodísticos en particular y seguir afirmando la importancia de que, cuando se hace información, por ejemplo, no se presione al televidente ofreciéndole al mismo tiempo un producto aprovechándose del prestigio que pueda aportar el ser un informador veraz, objetivo, para inyectarle un plus en el mensaje, que él no esperaba.

Recordemos que la información, como afirma Desantes, es objeto de un derecho “que describió por primera vez la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 19, y que el Decreto Cum Mirifica del Concilio Vaticano II nominó como derecho a la información.” [4] y ese derecho es, a su vez, un deber para el profesional que implica valores éticos, deontológicos y jurídicos, un deber que se concreta en un acto de justicia, dar al ciudadano su derecho a recibir información veraz.

El derecho a la información es hoy universalmente aceptado como natural o propio de la persona humana, en cuanto forma parte de ese “conjunto de derechos cuya raíz está en la esencia del hombre”, como razona Simon. [5] El reconocimiento de tales derechos naturales o fundamentales de la persona humana es precisamente lo que da origen al Estado de Derecho. Históricamente sólo el Estado de Derecho ha permitido una tutela sincera de tales derechos y una reglamentación racional de su ejercicio. Y conviene recordar que un Estado de Derecho lo es solamente cuando hay una Constitución promulgada que garantiza los derechos básicos, se reconoce el principio de legalidad y el sometimiento de la Administración a la ley y existen tribunales verdaderamente independientes con capacidad de juzgar incluso a la Administración misma.

Entiendo que lo verdaderamente definitorio del periodista, lo que constituye la esencia de su profesión es precisamente su obligación de tender a la verdad, tendencia nacida –claro está– de un deber general como persona de decir las cosas como son, sin tergiversar la realidad, más su deber como profesional de ofrecer al público, compuesto de personas individuales, la realidad lo más fielmente posible. Como ya enunció Tomás de Aquino, los hombres están hechos para vivir en sociedad, pero sería imposible que lo hicieran si no se dijesen la verdad unos a otros. [6] Y Gomis apunta que hay que tener cuidado con la “fabricación” de hechos interesada, de tal manera que puedan llegar a ser noticia hechos que no han ocurrido tal y como algunas fuentes se los presentan al periodista.“El derecho a las noticias –dice Gomis– es el derecho a saber lo que pasa; dentro de lo que pasa, lo que interesará más a la mayoría, pero es también el derecho a saber lo que necesitamos saber para no engañarnos.[7]

4. El papel del Estado

Sin actos libres no puede hablarse de responsabilidad –en el terreno ético, moral, deontológico– aunque, en los casos en los que el profesional de la Comunicación actúa bajo presión gubernamental, coacción psicológica o amenaza de sanciones de diverso tipo en caso de desobediencia al ilegítimo mandato político, que niega al ciudadano su derecho –constitucionalmente reconocido, muchas veces– de recibir la verdad, se emplee igualmente la palabra responsabilidad: “será Vd. responsable de lo que le pase a su empresa, o será Vd. responsable de que se cierre el periódico o la emisora o la editorial (vulgar chantaje) Nada tiene que ver con el sentido de responsabilidad moral que lleva a autorregularse y autocontrolarse, en aras, precisamente, de lograr un producto verdadero. Y dar así al público, sujeto receptor del mensaje, aquello a lo que tiene derecho: la verdad.

Visto desde el campo de los deberes profesionales del periodista o del comunicador en general, solamente podremos hablar de “deberes” y de responsabilidad consecuente cuando exista libertad para actuar. [8]

“La noción de “derecho a la información –afirma Delrieux– corresponde, en este ámbito específíco de la información o de la comunicación, a la concepción nueva del “Estado providencia” o “intervencionista” y de la solidaridad internacional, progresivamente forjada después de la segunda guerra mundial, o al menos parcialmente puesta en práctica, a veces incluso sin saber o sin poder vincularla con una verdadera reflexión teórica (que ha sido bastante menos elaborada aun en el caso del derecho a la información que en el de otros conceptos de derechos y libertades) Tal noción implica también derechos y obligaciones específicas para los profesionales de la información, en nombre del derecho del público a la información, al mismo tiempo que, para éste, pueden derivarse una serie de deberes.”[9]

Tales afirmaciones han de ser matizadas, para que puedan ser entendidas en sus justos términos. Propiamente, al Estado le incumbe efectivamente resolver los problemas técnicos y de infraestructura que dificulten la eficacia del proceso comunicativo, así como apartar los obstáculos a la libre circulación de los mensajes, pero siempre respetando tanto el derecho del ciudadano a recibir esos mensajes –especialmente la verdad, cuando se trate de hechos– como el de los profesionales a investigar, manipular –en el mejor sentido gramatical de la palabra– los materiales informativos para elaborar el mensaje, distribuirlo y hacerlo llegar al público con garantía de respeto a esa verdad, que puede no ser la “oficial” o política. Y ahí precisamente es donde cabe hablar de autorregulación –según veremos– como preferible para todos –público y profesionales– en lugar de leyes exhaustivas que regulen casuísticamente el ejercicio de la profesión de comunicador.

Claro está que –como recuerda Sánchez-Cámara– el ejercicio de todo derecho está sometido a límites:

“El derecho a la información, también. Cabe, pues, plantearse el problema de los límites a la libertad de información, y, en general, los límites a la libertad de expresión. El problema tiene, si no me equivoco, al menos tres dimensiones: ética, jurídica y cultural... Las limitaciones jurídicas pueden descansar en razones morales, y éstas pueden aconsejar limitaciones en favor de la educación y la cultura de los menores o del conjunto de los ciudadanos. Por supuesto que las limitaciones jurídicas se impondrán coactivamente, no así las morales y culturales. [10]

El artículo 20 de nuestra vigente Constitución de 1978 enuncia claramente el derecho a recibir y distribuir información como limitado por otros relativos a la persona y reconocidos en artículos concomitantes. Pero es indudable que no basta la ley para que el producto comunicativo sea siempre de la calidad deseable –veraz, respetuoso con los otros derechos naturales o fundamentales de la persona, etc.–. La experiencia demuestra la eficacia de los sistemas de autorregulación en orden a sanear el proceso comunicativo, asegurar el bien público y garantizar las buenas relaciones entre profesionales y destinatarios de los mensajes, sin necesidad de acudir a los tribunales, sistema siempre más lento, caro y, a la larga, problemático.

Para Martínez Albertos, el derecho a comunicar o recibir información veraz a que hace referencia el art. 20 de nuestra Constitución ha de ser interpretado en el sentido de “una información desarrollada técnicamente de acuerdo con los principios inspiradores del correcto comportamiento profesional de los periodistas, es decir, una acción que puede superar el test del control de calidad para los productos propios de la industria cultural de nuestro tiempo.” [11]

Sigue siendo necesario en nuestros días que el profesional reflexione sobre su tarea y sea sincero a la hora de analizar el proceso mental por el cual llega a considerar “acontecimiento” un hecho cualquiera con el que se encuentra en su trabajo ¿Es verdaderamente importante para el público aquel suceso que llega a la redacción por el procedimiento que sea, es de calidad suficiente –y por calidad hay que entender también el respeto a la dignidad de la persona– y merece la pena su difusión, en atención al interés del público?

Como dejó aclarado Stuart Mill, “la razón propia de la libertad humana comprende, primero, el dominio interno de la conciencia; exigiendo la libertad de conciencia en el más comprensivo de sus sentidos, libertad de pensar y sentir; la más absoluta libertad de pensamiento y sentimiento, sobre todas las materias prácticas o especulativas, científicas o morales o teológicas... la libertad de expresar y publicar las opiniones puede parecer que cae bajo un principio diferente por pertenecer a esa parte de la conducta de un individuo que se relaciona con los demás; pero teniendo casi tanta importancia como la misma libertad de pensamiento y descansando en gran parte sobre las mismas razones, es prácticamente inseparable de ella.” [12]

5. Los límites

Un modelo de equilibrio entre el derecho natural a la información y, en general, a la expresión libre en todas sus facetas, por una parte, y el derecho de los demás a ser respetados en su dignidad y creencias, lo que comporta unos límites racionales al ejercicio del derecho a la comunicación en sentido amplio, lo que dará lugar a una autorregulación responsable, a un control de calidad del producto comunicativo, es la nota hecha pública por la Oficina de Información de la Santa Sede el 4 de febrero de 2006, en relación con la situación conflictiva planteada a nivel internacional por la publicación en un diario danés, y luego en otros de otras nacionalidades europeas, de ciertas caricaturas del profeta Mahoma, una de ellas especialmente conflictiva, por cuanto se le presentaba con una bomba en el turbante, como alusión, sin duda, al terrorismo islámico.

Dice la Oficina de Información del Vaticano:

“En respuesta a varias peticiones de aclaraciones sobre la posición de la Santa Sede ante recientes representaciones ofensivas de los sentimientos religiosos de personas y comunidades enteras, la Oficina de Información de la Santa Sede puede declarar:

1.- El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, sancionado por la Declaración de los Derechos del Hombre, no puede implicar el derecho a ofender el sentimiento religioso de los creyentes. Este principio vale obviamente para cualquier religión.

2.- La convivencia exige, además, un clima de respeto mutuo para favorecer la paz entre los hombres y las naciones. Además, estas formas de crítica exasperada o de escarnio de los demás manifiestan una falta de sensibilidad humana y pueden constituir en algunos casos una “provocación inadmisible”. La lectura de la historia enseña que por este camino no se curan las heridas que existen en la vida de los pueblos.

3.- Sin embargo, hay que decir inmediatamente que las ofensas causadas por un individuo o por un órgano de prensa no pueden ser imputadas a las instituciones públicas del país correspondiente, cuyas autoridades podrán y deberán, eventualmente, intervenir según los principios de la legislación nacional. Por lo tanto, son igualmente deplorables las acciones violentas de protesta. La reacción ante una ofensa no puede faltar al verdadero espíritu de toda religión. La intolerancia real o verbal, venga de donde venga, como acción o como reacción, constituye siempre una seria amenaza a la paz.”

A la luz de esta sencilla pero clarividente nota, será preciso concluir, teniendo en cuenta la experiencia de muchos años de búsqueda de un sistema que garantice –hasta donde sea posible– la calidad de los productos informativos, que el Derecho no es suficiente garantía, que la ley se queda estrecha en orden a prever conductas irregulares profesionalmente o menos adecuadas desde un punto de vista ético –salvo el caso extremo de delitos tipificados en el código penal ordinario. Y es que, como recuerda Ollero, “Todo ordenamiento jurídico se autopresenta como un “mínimo” ético. [13] Y aquí estamos tratando de calidad, es decir de máximos. Aun cuando, teniendo en cuenta la fragilidad humana, la jurisprudencia española se contente con que el profesional, en lugar de una verdad total y reflejo exacto de la realidad, alcance a poder ofrecer la veracidad de unos hechos, es decir, agote sus posibilidades de ejercicio diligente de su profesión en busca de la verdad, siguiendo lo que la propia Constitución reconoce como derecho de todo ciudadano español: una información veraz.

Cuando nuestra Constitución de 1978 reconoce y protege, en su art. 20, los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión... advierte al mismo tiempo que, como ocurre con cualquier otro derecho, éste tiene un contorno propio que, al delimitarlo, señala sus posibles derechos contradictorios, es decir, otros derechos igualmente naturales, propios de todo ser humano por ser persona, que es preciso respetar en reconocimiento de que “los otros” tienen una personalidad igualmente protegida jurídicamente. Lo que no puede hacer la constitución, ni ninguna ley de desarrollo de sus preceptos, es prever casuísticamente todos los casos de conflicto posibles entre unos y otros derechos. Esa una cuestión dejada al juez, que es quien –siguiendo a D´Ors– dirá quien tiene razón, proclamará el derecho y por eso, según él, es Derecho aquello que declaran los jueces quienes, por supuesto, han de ajustarse a la ley vigente

            

El Pontificio Consejo para las Comunicaciones insiste en el principio de veracidad “puesto que la verdad es siempre esencial a la libertad individual y a la comunión auténtica entre las personas”. [14] El deber de veracidad es de carácter ético, pero lo es igualmente de carácter jurídico porque, por ejemplo, en nuestra Ley General de Publicidad de 1988, art. 3º, se prohibe la publicidad engañosa y en el 4º se tipifica como tal aquella publicidad que “de cualquier manera , incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor”. Y todo ello por una razón que conviene no olvidar: el Derecho, si es tal y no mero conjunto o compilación de normas más o menos justas, más o menos arbitrarias, el Derecho como forma de vida social, que traduce un punto de vista sobre la Justicia, delimitando las esferas de lo justo y de lo injusto, de lo lícito y de lo prohibido, tal y como lo explicaba en sus lecciones de cátedra el profesor Legaz Lacambra, tiene su fundamento en la Moral, su fuente originaria es la ley natural, si bien, a lo largo de los siglos, la percepción de esa ley haya sido distinta según las características, cultura, etc. de los seres humanos, lo que explica, por ejemplo, la diferencia de criterio entre europeos y ciudadanos de países con mentalidad fundamentalista. [15]

Es general, sin embargo, la aceptación de que los principios de respeto a la verdad y a la dignidad y libertad de todo ser humano son de aplicación universal y constituyen la base del comportamiento ético necesario de cualquier profesional de la Comunicación en cualquier país. Sin respeto a la verdad, es más, sin la búsqueda sincera de la verdad y sin amor por la libertad y respeto a los demás en consideración a su dignidad como persona, la Comunicación Social se convertiría en algo distinto a comunicación. Es lo que advierte el Consejo Pontificio citado cuando alerta de que es preciso “estar siempre a favor de la libertad”, pero que “se dan casos obvios en los que no existe ningún derecho a comunicar, por ejemplo, el de la difamación y la calumnia, el de los mensajes que pretenden fomentar el odio y el conflicto entre las personas y los grupos, la obscenidad y la pornografía, y las descripciones morbosas de la violencia. Es evidente también que la libre expresión debería atenerse siempre a principios como la verdad, la honradez y el respeto a la vida privada.”

6. Derecho del público

Para Legaz, el derecho básico, podríamos decir el más fundamental de los fundamentales, es “el derecho a ser reconocido siempre como persona humana”. La vida de la persona transcurre “en relación con otras personas, pero en esta relación debe respetar –y puede exigir que los demás respeten en ella– lo que es “suyo”, a saber, su misma condición de persona, que a su vez es inseparable del reconocimiento de una esfera de libertad y de unas exigencias básicas de “dignidad” en su modo de estar en el mundo.”

Es evidente que “lo suyo” del público, o mejor de quienes, personas dignas de respeto a su dignidad humana, componen el público, más o menos amplio, pero no masa indiferenciada y sin derechos, es información veraz y mensajes que cumplan los requisitos indicados, Hasta tal punto que son muchos los que opinan que, en el campo concreto de la comunicación informativa, un mensaje distribuido en forma de noticia, si es falso, si no responde a la realidad, especialmente si es elaborado con intención de engañar, no es una noticia.

Si bien se mira, todo cuanto alguien puede comunicar ha de proceder o de su mundo interior (ideas) o de su mundo exterior (hechos) y por eso es necesario distinguir entre la transmisión o comunicación de ideas, por una parte, y la de hechos –información– por otra. Si la transmisión de hechos no es veraz, no se realiza con intención de contar la verdad y la noticia no contiene hechos verdaderos, se habrá producido comunicación en sentido amplio entre el sujeto promotor del mensaje y el sujeto receptor del mismo, pero no habrá habido propiamente información, luego la noticia deja de serlo para convertirse en un cuento, un rumor, un bulo, lo que se quiera, menos una noticia, por faltarle el elemento indispensable, definitorio: la veracidad.

En 1987, el Papa Juan Pablo II visitaba la meca del cine norteamericano. Era la primera vez en la historia que un Papa entraba en Hollywood. Con tal motivo, pronunció un discurso dirigido a “las personalidades del mundo empresarial que trabajan en el campo de las comunicaciones sociales en Estados Unidos.” Y les dijo: “Es un hecho que vuestras menores decisiones pueden tener un impacto mundial... Todos los medios de cultura popular que vosotros representáís pueden construir o destruir, elevar o bajar. Vosotros tenéis ilimitadas posibilidades para el bien y poderosas posibilidades de destrucción... La obligación para con la verdad y su plenitud se aplica no sólo a la difusión de noticias, sino a todo vuestro trabajo... Vuestra industria no sólo habla a la gente y para la gente, hace también posible la comunicación de unos con otros... Os pido que elijáis el bien común. Eso significa honrar la dignidad de cada ser humano.”

Un periodista consciente de la dignidad de su profesión y de la trascendencia de su papel como informador, que ha de buscar siempre la verdad, comprenderá la necesidad de la autorregulación y el autocontrol y estará dispuesto a rectificar voluntariamente cuando se haya equivocado; pero, por supuesto, evitará ciertas prácticas consideradas por algunos como habilidades profesionales, que no son sino trapacerías indignas de un profesional de categoría.

Al mismo tiempo, se mantendrá firme en la defensa de su libertad, necesaria para poder informar con verdad. Porque la libertad es presupuesto necesario, indispensable, para poder ejercer dignamente la profesión en beneficio de los ciudadanos que, de alguna manera, digamos que depositan su confianza en quienes a ella se dedican. De la misma manera que todos tenemos derecho a la salud, pero cuando estamos enfermos llamamos al médico y no a cualquier amigo, por muy amigo que sea, pero que no sabe Medicina, para obtener información veraz, para estar enterados de lo que pasa, acudimos a los medios de comunicación, elaborados por profesionales que viven de buscar, elaborar y ofrecer información, comentar las noticias, etc. ”Nuestro compromiso –decía un veterano periodista americano– es evidente: pertenecemos al público. No existe ningún otro argumento que pueda justificar el amparo constitucional de que gozamos [16]

Es del todo necesario dejar sentada la diferencia y oposición entre el autocontrol –que hace referencia a la calidad, en realidad un control de calidad– y la censura e incluso la autocensura, que no son más que un impedimento para que funcione normalmente el proceso comunicativo.

No cabe aducir, en defensa de la autocensura, que se trata –al igual que en la autorregulación– de una actitud voluntaria; el profesional, a quien se le amonesta o conmina u ordena que no haga públicas determinadas noticias o lo haga de determinada manera o que –lo cual es más vejatorio todavía– suministre como información lo que no pasa de propaganda política o ideológica –las llamadas consignas, por ejemplo, vigentes durante buena parte del régimen de censura previa de los cuarenta años de gobierno de Franco– no actúa libremente sino coaccionado.

Entiende Sinova que la censura es “una interrupción o una limitación del proceso comunicativo de carácter ilegítimo.” Y la define como “toda acción que trata de impedir que lleguen a los públicos mensajes ajenos que los públicos tienen derecho a conocer.” [17]     

Se trata de una acción ajena al proceso sociológico de comunicación y da igual que esa acción - presión se ejerza directamente sobre el mensaje informativo o cualquier otra modalidad de producto comunicativo, o de modo indirecto sobre el profesional para que sea él mismo el que se censure. Esta última maquiavélica fórmula –bajo el nombre de censura delegada, que convertía al director del medio en censor de si mismo, responsable ante el Ministerio de cualquier descuido o infracción o incumplimiento de las consignas– fue empleada por los ministros de Información de la España de Franco en lo que entonces se denominaba “provincias”, mientras en Madrid y Barcelona el Ministerio disponía de personal suficiente para leer todas las galeradas del contenido del diario de cada día con antelación a su inserción en página. El sistema cambió, aunque no radicalmente, con la promulgación de la ley de Prensa de 1966, que, sin embargo, introdujo la figura análoga de la llamada “consulta voluntaria”, definida así por la propia ley:

“Artículo tercero.- De la censura.- La Administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes.

“Artículo cuarto.- Consulta voluntaria.- Uno. La Administración podrá ser consultada sobre el contenido de toda clase de impresos por cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusión. La respuesta aprobatoria o el silencio de la Administración eximirán de responsabilidad ante la misma por la difusión del impreso sometido a consulta.

7. Un tímido paso adelante

La FAPE ( Federación de Asociaciones de la Prensa de España) ha dado un primer paso con la creación de su Consejo Deontológico. Decisión duramente censurada por algunos directores de diarios que estimaron que se trataba de un peligroso precedente en un camino de vuelta atrás, de regreso a una posible censura previa. Una vez más, se confundía autorregulación, autocontrol, control de calidad, compromiso con uno mismo y con la sociedad, con autocensura inducida por presiones gubernamentales.

Los periodistas españoles –la FAPE agrupa a una considerable mayoría de los que ejercen la profesión en España de manera habitual, comprendiendo también a los que pertenecen al Col.legi de periodistes de Catalunya, integrado en la FAPE– tenían ya su c ódigo ético, aprobado en la Asamblea General de Asociaciones de la Prensa celebrada en Sevilla en 1993. Pero carecía de órgano adecuado encargado de velar por la observancia de ese c ódigo en el seno de la agrupación de profesionales más importante del país. [18]

En la Asamblea General de Almería de 2004, la FAPE aprobó el Consejo Deontológico, cuyo primer presidente fue y sigue siendo, ahora como Comisión de Quejas, el periodista y catedrático de Universidad, ex presidente del Senado, Antonio Fontán y hay que decir que enseguida entró en funciones y que, hasta ahora y a pesar de la repulsa inicial en algunos medios y por consguiente de su escaso ámbito de actuación o, por mejor decir, de su casi nula fuerza de obligar en cuanto al acatamiento de sus resoluciones, éstas han sido ciertamente acertadas.

8. Conclusión

El Periodismo y los periodistas no están llamados a desaparecer, como auguran algunos tristones agoreros seducidos por el imparable empuje de Internet. Remedando a Bécquer, que mantenía que mientras haya poetas, habrá Poesía, me gustaría afirmar sinceramente mi creencia de que mientras haya periodistas, habrá Periodismo. Y esto lo digo exponiéndome a la crítica desmesurada de quienes creen que Internet es un medio que supondrá la desaparición del Periodismo como lo conocemos ahora y consecuentemente de los periodistas, o al contrario, de los periodistas, porque cualquiera puede hacer de periodista en la red y por tanto la desaparición de eso que llamamos Periodismo está cantada y dará paso a un nuevo fenómeno comunicativo que permite a cualquier ciudadano ejercer con mayor libertad su derecho a expresarse como le de la gana y a defender sus opiniones y posturas sin traba alguna. Grave espejismo.

Contra lo que pueda parecer, Internet no es más que un soporte, sobre el cual se puede asentar información, opinión, propaganda, publicidad…Internet es, para entendernos, como el papel para un diario o las ondas para la radio o para la televisión. Internet permite a cualquiera acceder a la red y manifestarse; pero no todos cuantos “cuelgan” algo en la red, en forma de página web o blogg o como se quiera, están capacitados para redactar una auténtica noticia o tienen intención de servir al público, algo elemental para un profesional del Periodismo, aunque no todos lo cumplan, de la misma manera que no todos los médicos tratan de salvar vidas –algunos hasta defienden la muerte de seres vivos todavía no nacidos–, ni todos los abogados defienden de verdad los intereses de sus clientes, ni todos los políticos buscan honradamente el bien de sus conciudadanos.

Mientras haya quienes se dediquen profesionalmente y con honradez a servir al público, sabiendo y queriendo distinguir entre información y opinión, habrá Periodismo. Por eso afirmo que quizá es llegada la hora de un acuerdo entre empresarios de la comunicación, gobierno y profesión en orden a consolidar el Periodismo como una profesión titulada, vía la creación de colegios de licenciados y doctores en los que sus miembros se comprometan a aceptar el código deontológico de la FAPE con todas sus consecuencias. La colaboración de las empresas y del gobierno es necesaria de la misma manera que, en su día, fue necesaria la de las empresas navieras y los gobiernos de turno en cada país para establecer títulos oficiales de capacitación en la marina mercante que regularizasen el ejercicio profesional de cuantos quisieran responsabilizarse de la navegación en buques de cierto tonelaje.

Y de la misma manera que, por ejemplo, cualquier ciudadano puede defenderse personalmente en un proceso laboral, sin defensa letrada, pero casi todo el mundo acude a un bufete de abogados para garantizar en la medida de lo posible el éxito de su defensa, quizá, con el tiempo, todo el mundo acabaría por reconocer que la mejor manera de obtener una información veraz y opiniones fundadas y serias sobre los diversos temas de interés general a través de los medios de comunicación masiva sería acudir a quienes se han capacitado para el ejercicio responsable del Periodismo, aunque coexistan otras posibilidades, que, así lo espero, gozarían de menor prestigio.

El actual presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y ex presidente de la FAPE, Fernando González Urbaneja, afirma: “El sabor del buen periodismo debe ser simiente de una buena práctica profesional, estímulo para ese trabajo personal, casi arte, de recoger datos, verificarlos, ordenarlos y exponerlos con sencillez y sentido como para interesar e ilustrar a los ciudadanos.” [19]

Totalmente de acuerdo. Por eso, sigo pensando en la necesidad, o al menos la conveniencia de que sea la Universidad quien forme a los nuevos profesionales de la comunicación social, por dos razones: la primera, por la importancia que el oficio ha ido adquiriendo con el paso del tiempo y las exigencias del mundo de hoy, que demandan profesionales cultos y competentes –no sólo buenos técnicos de la palabra, sino con una formación cultural y humana amplia– y porque la Universidad ha ido extendiendo sus brazos en un fraternal gesto de acogida a todos los nuevos saberes y no parece lógico que, cuando todo lo que hoy se estudia tiene su puesto y su titulación específica en la Universidad, solamente quedara fuera de ella una materia tan trascendental para la convivencia ciudadana como es la comunicación social. [20]

9. Notas

[1] Vid. su trabajo “Aproximación europea a la educación en medios: avanzando hacia una sociedad del conocimiento inclusiva.”, en el núm. 32, XVI, de la revista Comunicar, de marzo de 2009, pág.19.

[2] En Periodistas, año IV, num. 14, otoño de 2008, pág. 16. Es la consideración de ese derecho, al servicio del cual estamos los periodistas, lo que me llevó a concluir –una vez más– en mi trabajo Significado y alcance da la ley Fraga (págs. 433 a 445 del librode Almuiña, Celso - Sotillos, Eduardo (coordinadores), Del periódico a la Sociedad de la Información, tomo I, que, sin olvidar el resquicio que en la lucha por la libertad abrió esa ley de 1966, considerada por algunos como implantadora de la libertad de información, que no fue así, sino un tímido paso adelante solamente, el mérito en esa lucha fue de los propios periodistas, pioneros en el advenimiento de la democracia española.

[3] Diario Regional, Valladolid, 22.III.1959.

[4] Desantes Guanter, José María, El deber profesional de informar, Fundación Universitaria San Pablo - CEU, Valencia 1988, pág. 9. En su encíclica Pacem in terris, el Papa Juan XXIII deja claro que todo hombre tiene derecho a una “información objetiva”.

[5] Simon, R., Moral, Editorial Herder ,1978, 3ª, pág. 392.

[6] Cfr. Fernández Areal, M. Por la libertad en el ejercicio de la profesión. La autorregulación periodística. En Nueva Revista, núm. 103, enero- febrero de 2006, págs. 75- 85.

[7] Gomis, Lorenzo, "La ética y el derecho a la noticia", en Estudios de Periodística 2, ponencias y comunicaciones del II Congreso de la Sociedad Española de Periodística, Barcelona, 1994, págs. 30- 46.

[8] Cfr. Fernández Areal, M., Conceptos básicos para una buena decisión, Universidad de Vigo - Diputación de Pontevedra, 2000, págs. 143-148.

[9] Delrieuz, Enmanuel, "El Derecho de la Información a la luz de los derechos humanos", en el libro colectivo Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la Ética y del Derecho de la Información, Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y de la Sociedad, Valencia 2004, págs. 21- 22.

[10] Sánchez Cámara, Ignacio, "Información y libertad", en el libro colectivo Información, libertad y derechos humanos, op. cit., pág. 31

[11] Martínez Albertos, José Luis, "Normas y jurisprudencia respecto a la verdad informativa", en Estudios de Periodística 2, 1993, pág.56. Vid también su trabajo "La verdad comunicada: facticidad y acuración", en el libro colectivo La comunicación política, Universidad de Vigo - Diputación de Pontevedra, 1996, págs. 79-101.

[12] Stuart Mill, J., Sobre la libertad. Alianza Editorial, Madrid 1993, pág. 68.

[13] Ollero, Andrés, De rígida norma a flácida utopía. Puenting constitucional, en Nueva Revista, núm. 103, enero- febrero de 2006, págs. 10-16.

[14] Ética en las comunicaciones sociales, documento hecho público el 4 de junio de 2000, año jubilar, con motivo del jubileo de los periodistas.

[15] Legaz Lacambra, Luis, Apuntes de la cátedra de Filosofía del Derecho. Notas recogidas por M. Fernández Areal en 1952. Joseph Ratzinger recuerda que los Estados “siempre deberán tener ordenamientos jurídicos y normas legales”, que serían vanos “si no incluyeran una inspiración interna; si las personas no reconocieran desde dentro esa reivindicación esencial para su vida, transformando así los ordenamientos jurídicos de meras reglas externas de conducta en una forma justa de convivencia “(Dios y el mundo. Una conversación con Peter Seewald, Galaxia Gutenberg, 2005, pág. 154.)

[16] Hills, Lee, en Merrill, John-Barney, Ralph D. (eds.), La prensa y la ética, Editorial Universitaria de Buenos Aires (Argentina) 1981, pág. 109.

[17] Sinova, Justino, "Precisiones para un concepto de censura", en Las libertades informativas en el mundo actual. Actas del Congreso conmemorativo del 25 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Informción, Universidad complutense de Madrid, 1999, págs. 218-222. En su libro XX, un siglo en 100 artículos (La esfera de los libros, Madrid 2002, pág. 292), comenta mi artículo Un proyecto realista, publicado en Diario Regional, de Valladolid, en 1964, y afirma que fui "un adelantado” que pagó cara su independencia del poder.

[18] González Cortés, María Eugenia y Paniagua Rojano, Francisco Javier, Las asociaciones de la Prensa española, un modelo de organización profesionasl consolidado, en Revista Latina de Comunicación Social, 63, de 2008.

[19] González Urbaneja, Fernando, Presentación, en Jon Lee Anderson La mirada del periodista, Asociación de la Prensa de Madrid, 2006, pág.7. Vid. también mi trabajo "La Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, beneficiosa para la profesión periodística!, en el libro colectivo El derecho a la información judicial, Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad, 2008, págs. 253 a 264.Vid también, De qué sea el Periodismo ciudadano, en el libro colectivo Estudios de Periodística XIV. Periodismo ciudadano: Posibilidades y riesgos para el discurso informativo. Universidad Pontificia de Salamanca, 2009, págs. 69 a 75.

[20] Vid. mi ponencia "La formación académica de los nuevos comunicadores", en el VI Congreso de la Sociedad Española de Periodística (SEP), celebrado en mayo de 2000 en la Universidad Carlos III de Madrid, recogida en el libro colectivo Estudios de Periodística IX, Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Universidad Carlos III, Madrid 2001, págs. 63 a 87.

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FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS - HOW TO CITE THIS ARTICLE IN BIBLIOGRAHIES / REFERENCES:

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DOI: 10.4185/RLCS-65-2010-879-001-013

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