Revista Latina de Comunicación Social 41 – mayo de 2001

Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social
Depósito Legal: TF-135-98 / ISSN: 1138-5820
Año 4º – Director: Dr. José Manuel de Pablos Coello, catedrático de Periodismo
Facultad de Ciencias de la Información: Pirámide del Campus de Guajara - Universidad de La Laguna 38200 La Laguna (Tenerife, Canarias; España)
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[marzo de 2001]

Justicia penal y medios de comunicación

(3.235 palabras - 7 páginas)

Lic. Iván Gustavo Lello ©

Profesor auxiliar, Universidad Nacional de Jujuy - Argentina

iglello@cootepal.com.ar

Plantearse como objeto de estudio la difusión por la prensa de procesos judiciales penales implica asumir un punto de vista multidisciplinario y multilateral. En un sistema democrático, solo en el cual es posible problematizar acerca de esta cuestión, el principio es la división de poderes y la publicidad de los actos de gobierno. En él, además, la prensa tiene una función tradicionalmente definida en la historia constitucional recogida por la tradición argentina y latinoamericana en general. Pero el espacio real de la comunicación a través de los medios de este tipo de hechos está enmarcada por tratados internacionales, la constitución y leyes positivas, e incluso con mayor minuciosidad en los códigos de procedimiento, y, en menor medida, por la deontología periodística.

En los últimos años se incrementó en la prensa argentina el espacio de temas tribunalicios relacionados con crímenes que conmovieron a la sociedad y hechos de presunta corrupción de funcionarios públicos; estos últimos generaron la expresión "judicialización de la política". La actividad periodística en estos casos mereció tantas aprobaciones como reproches, escindiendo a los estudiosos en defensores y detractores de la cobertura periodística de procesos, particularmente penales, polaridad que responde al acento en los argumentos constitucionales o en las cuestiones procesales.

Los códigos deontológicos de la profesión parecen ser insuficientes para neutralizar los cuestionamientos formulados desde afuera del periodismo y para adecuar una labor acorde con los argumentos que justifican la libertad de prensa en estos casos, particularmente porque la inexistencia en el país de tribunales de ética los convierte en un cúmulo de expresiones de deseo, excepto los casos en los que por convicciones subjetivas informan la práctica periodística.

Tratados internacionales

Con la explicitación de los derechos humanos sobrevino la consolidación, entre otros, del derecho a buscar, recibir y emitir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión, y la prohibición de la censura previa. Con distintas variantes lo señalan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al mismo tiempo que se fue configurando la más amplia libertad de información y expresión, se demarcaron los límites a la cobertura de pleitos jurídicos, subrayándose la responsabilidad ulterior de los medios por informaciones dañosas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen el juicio público y los supuestos de restricción de la publicidad. Esto es así por la necesaria transparencia con que deben actuar los poderes públicos el resguardo de un juicio justo para el acusado y la garantía de su defensa.

El catedrático penalista y juez del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal (Argentina), Miguel Angel Caminos, ha señalado (19 que "la información de prensa, a través de los medios de alcance masivo, se muestra como vía insustituible para que la sociedad conozca y a la vez controle la actividad de los órganos de seguridad y las decisiones judiciales". Alberto Binder (2) dice que la decisión mediante la cual se puede encerrar a una persona 15 o 20 años "en una jaula" es tan grave que el pensamiento político de Occidente, a través de las luchas políticas, "se preocupó enormemente de que no fuera tomada a puertas cerradas".

Y la Declaración Universal dispone en el artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Aparece evidente que aquí la posibilidad de ser "oída públicamente" es un resguardo a favor de quien se encuentra en el banquillo de los acusados que habilita el control social del poder judicial. Tal contralor desalentaría distorsiones y desviaciones los juzgadores. "Dadme el juez que queráis, mi mayor enemigo si os place, con tal que no pueda verificar acto alguno sino en público", reza una célebre frase de Mirabeau citada hasta el cansancio por los tratadistas de derecho.

Este aspecto, por lo menos en teoría, refuta las posiciones de quienes sienten escozor por la difusión de juicios alegando la afectación al principio de inocencia y la condena social impuesta por las empresas periodísticas. Aunque es evidente en la televisión la práctica descripta por Antonio Rodríguez Santa Ana (3) en el sentido de que "el tema de la justicia no es abordado con un enfoque integral que dé paso a la reflexión y movilización de la sociedad a fin de perfeccionar leyes, procedimientos e instancias que propicien un mejor ejercicio jurídico, combate a la impunidad y respeto a los derechos humanos, aspectos en los que se afinca el fortalecimiento de las sociedades democráticas". La experiencia argentina muestra el indiscutible aporte que han tenido los medios, particularmente los impresos, en el suministro de informaciones altamente valiosas y documentadas, por lo menos desde la restauración democrática de 1983 y la posterior consolidación de la libertad informativa de la década de los 90.

No obstante las previsiones jurídicas, los tratados internacionales prevén situaciones de excepción a la publicidad, por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes. Los tribunales también pueden restringir la difusión cuando por circunstancias especiales puedan verse afectados los intereses propios de la justicia.

Aunque el pacto establece que toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, restringe el principio cuando esté en juego el interés de los menores, se trate de pleitos matrimoniales o de la tutela de menores. Algunos tribunales de la nación tutelaron el resguardo de la identidad y la privacidad dando a conocer sentencias relevantes con los nombres de los involucrados testados o sustituidos por sus iniciales.

Difusión y proceso

Aceptando que la prensa contribuye al control republicano sobre el modo en que el estado imparte justicia, debemos afirmar concomitantemente que la tarea periodística no debe obstaculizar de ningún modo el funcionamiento de los engranajes tribunalicios y que el de prensa no es el único derecho humano. En este sentido tiene que interpretarse desde la profesión el mandato constitucional de "afianzar la justicia".

Los magistrados tienen la obligación de preservar las pruebas y elementos de convicción para su labor, como así también evitar una difusión dañosa sobre la figura del imputado, respecto del cual todavía no ha formalizado una imputación definitiva. Está en juego el principio de inocencia y la posibilidad misma de impartir justicia.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia autorizó el suministro de información a los periodistas en la etapa de la instrucción, siempre y cuando el juez actúe con "decoro y prudencia". El sistema penal de Argentina tiene dos etapas: la instrucción, en la que rige el secreto para los que no son parte del pleito; y la plenaria o juicio oral, donde la publicidad es una condición de validez. Mi tesis es que conceder a los jueces de instrucción en forma absoluta un escudo protector respecto de la prensa significaría colocarlos a salvo del control ciudadano, creando una desigualdad con sus pares de tribunales orales, cuando los primeros determinan en buen grado el rumbo de una causa en la conducción del proceso de investigación.

La decisión de la Corte se corresponde con la posición del constitucionalista Germán Bidart Campos, quien sostiene que "los actos procesales que van cumpliendo y sucediendo en una causa pendiente de tramitación ante un tribunal necesitan tomar estado público, porque son actos de poder". Y agrega: "La simple publicidad no interfiere dañinamente en los derechos de los justiciables que están comprometidos en un proceso, siempre que quien difunde la información no añada a lo que es simplemente noticia sus propios comentarios en desmedro del deber periodístico de información veraz, o en violación a los derechos ajenos". (4)

Bidart Campos concluye contundentemente: "La sociedad debe conocer las instancias de todo proceso penal de modo más objetivo y veraz que resulte posible, y el secreto solo reviste razonabilidad cuando ocurren circunstancias sumamente excepcionales, o en una etapa sumarial primeriza y muy breve".

El criterio del constitucionalista festeja la resolución de la Cámara del Crimen de Esquel, provincia de Chubut, integrada por los magistrados Raúl Martín, Agustín Torrejón y Fernando Royer, en la que sostienen respecto del poder judicial que "retacear el derecho a informarse y a informar es ocultar al soberano, que es el pueblo, las maneras con que los mandatarios ejecutan sus obligaciones legales y constitucionales; es impedir la crítica de la opinión pública, es menoscabar la vigilada responsabilidad con que los funcionarios cumplen sus diarias labores sabiéndose controlados y evaluados a través de múltiples canales de comunicación ciudadanos".

Se comienza a vislumbrar otro eje del problema: los periodistas tienen que ajustarse a la información, los datos de la realidad, que son la esencia misma de la noticia. La legitimidad de los medios se funda en una cualidad que es condición de su credibilidad: la veracidad. El periodismo veraz es aquel diligente en la búsqueda de las versiones sobre el hecho, actuando con prudencia en la construcción de la noticia.

Una crítica común al trabajo de los medios respecto de los procesos judiciales es la propalación de noticias falsas, inexactas o tendenciosas, producto de la espectacularización a que apelan las empresas para ganar audiencias o lectores. Quienes formulan tales señalamientos olvidan que así como los tratados de derechos humanos otorgan una fuerte protección a la libertad de prensa, establecen al mismo tiempo la responsabilidad ulterior de los medios por los excesos informativos.

Juicios en vivo y en directo

La publicidad es la regla y principio del juicio oral y público. En los últimos años, el término mismo de publicidad comenzó a ser redefinido como consecuencia de transformaciones sociales y tecnológicas. Al momento de redactarse los actuales códigos de procedimiento penal, la publicidad era satisfecha con el grupo de asistentes a las sala donde se realizaban las audiencias. Hoy esa concepción está siendo cuestionada por los medios de comunicación.

Por ello surgieron las categorías de publicidad inmediata, la que se satisface en el recinto de debate del tribunal con la presencia del número de personas que permita su capacidad, y de publicidad mediata, que implica el conocimiento por la sociedad en general por medio de la prensa. Esta última implica para su realización el libre acceso de los periodistas al recinto de debates. (5)

Los tribunales argentinos, sin embargo, han seguido criterios divergentes ante casos concretos. Desde la publicidad total aunque no televisación del juicio a las juntas militares tras el retorno a la democracia, pasando por la transmisión en vivo y en directo del juzgamiento a los acusados por el crimen de la adolescente María Soledad Morales y su posterior restricción. En la provincia de Jujuy, desde donde escribo este artículo, los magistrados permiten el libre acceso de la prensa a las audiencias pero se mostraron más reacios a la transmisión en directo de su labor.

Existen razones profundamente atendibles a favor de la prohibición de transmitir por TV en vivo y en directo las audiencias del juicio. Tal difusión permitiría el acceso a lo que allí sucede a los propios acusados, los testigos, los privados de libertad y los menores, quienes están excluidos de tal conocimiento por disposiciones del código de procedimientos. Y que el juez quedaría inerme para evitar la propagación de expresiones, asuntos y declaraciones que afecten la moralidad y el decoro. A lo que se suman las intromisiones arbitrarias en al vida ajena. (6)

Los detractores de la televisación coinciden con las apreciaciones de Rodríguez Santa Ana respecto de la influencia negativa que tendría la TV para la realización de la justicia. Se dice que las lucecitas rojas modifican, consciente o inconscientemente, el comportamiento de los jueces, testigos, fiscales y abogados defensores, con incidencia en el resultado final del proceso.

En el otro extremo, Acuña subraya que la publicidad del proceso opera como "una garantía a favor de los ciudadanos en el control del Estado representado en ese caso por los jueces". Es evidente que la transmisión en sí misma del juicio no implica que los imputados sean culpables. En esta línea, Dario Villaroel sostiene que, con las sucesivas apariciones de este tipo de casos en la TV y progresiva consolidación de la democracia, "no habrá nadie a quien se le ocurra plantear el no ingreso de la televisión" a las audiencias. (7)r

Es cierto que la prensa moderna está conformada como empresa y sometida como tal a las reglas de la economía de mercado. Las mediciones de audiencias muestran el interés del público por los juicios, más aún si están involucrados personajes de notoriedad. Algunos editores no escatiman estrategias en el tratamiento de la noticia y las opiniones encaminadas a ganar rating y aumentar las ventas. Pero otra parte del periodismo, aún en el marco de la economía capitalista, enfoca con seriedad y mesura aquellas causas que somete al proceso informativo.

La ética

En el ámbito continental no existen dispositivos éticos que regulen con especificidad el comportamiento periodístico en relación con la información de procesos penales. La Declaración Hemisférica sobre Libertad de Expresión – Declaración de Chapultepec, del 11 de marzo de 1994, establece como principio general en su apartado 3: Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes informativas.

Debe comprenderse incluido dentro del concepto de "autoridades" a los jueces y funcionarios del poder judicial.

El Código de Ética del diario argentino La Nación postula que la culpabilidad de una persona solo puede dictaminarla la justicia, "al cabo del debido proceso". Prohibe la publicación de nombres de víctimas de violación "salvo casos especiales en los que las informaciones carezcan de sentido si no se revelan". También establece que los nombres de menores imputados de delitos no deben ser publicados.

Más minucioso en sus disposiciones es el Código de Prensa del Consejo Alemán de la Prensa, aprobado en 1996. Allí se indica que la información sobre la instrucción de sumarios o procesos judiciales debe hacerse sin emisión de juicios previos, evitando adoptar antes y durante el proceso judicial acciones prejuzgantes, ni deben calificar de culpables a ningún imputado antes del pronunciamiento de la justicia, tal como prevé el código de La Nación.

Pero va más allá la prensa alemana. Tienen vedado informar sin razones justificadoras graves la resolución de una causa, antes de que la misma se dé a publicidad por los canales oficiales. Enfatiza el tratamiento informativo, es decir, ajustado a los datos de la realidad, de la instrucción y del juicio, evitando la emisión de opiniones condenatorias y de aquellas que lesionen la dignidad humana.

Es sumamente interesante la cláusula que dispone, ante la difusión de una sentencia que aún no se encuentra firme respecto de un imputado, la obligación de informar si con posterioridad ha sido declarado inocente o si la justicia atenuó la condena o delitos que se le inculparon. Esto implica el deber de seguimiento de los casos, ya que el derecho a la información debe implicar también el conocimiento de la modificación total o parcial de los hechos informados por la prensa, más todavía cuando aquellos se relacionan con derechos personalísimos.

En los casos donde aparezcan involucrados menores, los trabajadores de prensa están obligados a comportarse profesionalmente con especial consideración del futuro de los implicados. Las empresas además pueden omitir total o parcialmente informes a requerimiento de las autoridades encargadas de la investigación de crímenes a favor de su esclarecimiento, siempre que los editores consideren fundado convincentemente el pedido.

El Código de Práctica de la Prensa Británica no contiene previsiones respecto de la actividad de la justicia. Pero establece que se debe evitar la identificación de parientes o amigos de personas condenadas o acusadas de haber cometido un delito, excepto que esto se oponga al derecho de la opinión pública a estar informada.

En los hechos de violaciones sexuales de menores, las informaciones tienen que procurar sugerir la identidad de la víctima, tomando todos los recaudos para que ningún elemento de la misma dé a entender la relación entre el acusado y su víctima. Con estos resguardos, los periodistas ingleses pueden identificar al adulto.

Conclusiones

Los jueces son funcionarios que ejercen un poder delegado por los ciudadanos y, por lo tanto, quedan sujetos al control popular. Los tratados internacionales de derecho humanos avalan este postulado.

Los dispositivos deontológicos periodísticos de valor continental no contienen normas relativas al desempeño profesional para los casos de cobertura de noticias tribunalicias. De más está decir que quienes estén asignados a estos delicados asuntos deben contar con la formación mínima para comprender el funcionamiento de las instituciones y procedimientos destinados a la administración judicial.

La televisación de juicios resulta altamente perjudicial si los cronistas se apartan de la mesura y prudencia que requiere la información veraz. Las desviaciones pueden acarrear consecuencias negativas para los imputados como así también el desprestigio social de las instituciones. Esto es válido a pesar de las presiones de los editores originadas en la necesidad de rating y ventas.

La televisación en directo solo puede ser posible en el marco de una reglamentación equilibrada, que sin limitar la libertad de expresión resguarde otros valores jurídicos y sociales. El derecho a informar no puede arrollar contra todo.

En fin, comparto absolutamente la reflexión de Binder: "El periodista no puede convertirse en un cómplice de una justicia que quiere quedar al margen de la crítica social. No tiene que aceptar las tendencias centrípetas de una justicia que busca legitimarse por ocultamiento. No puede prestarse al juego de no informar para que la justicia actúe de un modo oculto". (8)

Notas

  • Caminos, Miguel Angel, Publicidad y difusión de los actos judiciales – Panel 3, en Seminario Poder Judicial y Prensa, 14, 15 y 16 de agosto de 1995, p. 36.

  • Binder, Alberto M., Importancia y límites del periodismo judicial, en Justicia penal y estado de derecho, Ed. Ad Hoc, p. 265.

  • Antonio Rodríguez Santa Ana, 2001; El tema de la justicia desde los medios periodísticos: ¿democracia o barbarie de la libre información?, en Revista Latina de Comunicación Social, número 40, de abril de 2001, La Laguna (Tenerife), en la siguiente dirección telemática (URL): http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina40abr/103rsantaana.htm

  • Bidart Campos, Germán, Presunción de inocencia, derecho al honor, derecho a la información y libertad de prensa, en El Derecho, T.165, p. 302.

  • El juez de instrucción y profesor titular de Derecho Procesal, Civil y Laboral Ramón Porfirio Acuña," en Proceso penal y libertad de expresión", publicado en Forum – Revista del Colegio de Abogados de Catamarca, año 1, Nº 5, concluye que "la prensa oral, escrita y televisiva, debe tener su participación conjuntamente con el público, en los debates orales del proceso penal, sujeto a reglamentación y no en forma absoluta, como todo derecho. En igual sentido, Caminos op.cit., p. 38, afirma que la publicidad mediata "se asegura con el libre acceso al recinto a los periodistas".

  • Esta tesitura está suficientemente fundada por José Luis García Castrillón en El proceso penal público y la libertad de expresión, La Ley Jurisprudencia, T. 1997-E, sección Doctrina.

  • Dario Villarroel, Justicia y medios de comunicación – Justicia para todos, en Revista Plenario, publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, junio-1994.

  • Binder, Alberto, op. cit., p. 272.


FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS:

Lello, Iván Gustavo (2001): Justicia penal y medios de comunicación. Revista Latina de Comunicación Social, 41. Recuperado el x de xxxx de 200x de:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina41may/53lello.htm