Revista Latina de Comunicación Social 19 – julio de 1999

Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social
Depósito Legal: TF-135-98 / ISSN: 1138-5820
Año 2º – Director: Dr. José Manuel de Pablos Coello, catedrático de Periodismo
Facultad de Ciencias de la Información: Pirámide del Campus de Guajara - Universidad de La Laguna 38200 La Laguna (Tenerife, Canarias; España)
Teléfonos: (34) 922 31 72 31 / 41 - Fax: (34) 922 31 72 54

 

Ley mordaza o ley federal de comunicación social

(1.945 palabras - 5 páginas)

Lic. Edith Barajas ©

Universidad de Chihuahua (México)

edith_barajas@hotmail.com

En la ciudad de México, D. F., la capital del país del mismo nombre, se desató un frente común de los 15 periódicos publicados a nivel nacional en conjunto con las cadenas de televisión para protestar por una iniciativa de ley, bautizada por ellos mismos como Ley Mordaza, misma que reprobaron por unanimidad y la consideraron como un atentado a la libertad de expresión, dado que trata de regular el derecho de la información.

Tal fue la reacción, que los diputados encargados de la redacción de tal iniciativa calificaron de sospechoso amarillismo los titulares que aparecieron. Entre los más importantes mencionaremos: El Heraldo, en su encabezado principal denunció: "Pretenden los diputados controlar los medios". El Sol de México y La Prensa en sus cintillos, alertaron: "Pretenden diputados el terrorismo informativo" y "Quieren diputados censurar y quitar concesiones a medios de comunicación". Excelsior anunció: también en su primera plana: "Impondría ´mordazas´ la iniciativa que impulsa AN y PRD", y Ovaciones: "Diputados de AN proponen Ley Mordaza".

El 22 de abril de 1997 se presentó en la Ciudad de México un proyecto de iniciativa de Ley Federal de Comunicación por los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución democrática, el Partido Acción Nacional (el llamado partido de oposición con mayor fuerza en el país) y el Partido del Trabajo, durante la LVI Legislatura.

Tal iniciativa, reglamentaria de los artículos 6 º y 7º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y derogatoria de la Ley de Imprenta, vigente desde 1917, fue turnada para su revisión y análisis a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Sin ser dictaminada ni votada por el pleno de la Cámara de Diputados, dicha iniciativa pasó a calidad de proyecto a la LVII Legislatura, donde se encuentra en análisis para la elaboración de un nuevo anteproyecto de dictamen.

Esta iniciativa, argumentan los miembros de la comisión, fue el resultado de un arduo y amplio proceso de consulta entre ciudadanos, investigadores, académicos, periodistas y directivos de medios de comunicación, quienes en conjunto participaron en foros públicos que tuvieron por objeto crear un documento que permitiera su más profundo análisis por parte de la Cámara de Diputados, la sociedad misma y los grupos interesados en la materia, tanto de empresarios como de periodistas.

El proceso de revisión y análisis de la iniciativa de ley de Comunicación Social aún continúa. La Subcomisión Revisora ha efectuado una serie de modificaciones substanciales al proyecto original, modificando hasta la fecha la mayoría de los artículos, eliminando otros, adicionando y mejorando conceptos para evitar ambigüedades, así como ha intervenido en la estructura de los capítulos para introducir algunos nuevos.

Todavía no existe un anteproyecto de dictamen, aseguraron algunos diputados de la actual Legislatura y que lo que ellos pretenden no es coartar la libertad de expresión sino crear una legislación que garantice y proteja los derechos de todos los actores del proceso de comunicación, y esencialmente, de los derechos de los ciudadanos, destinatarios finales de la comunicación y por lo regular los más afectados de la inexistencia de reglas en la materia.

La Comisión de Radio, Televisión y Cine ha informado a la opinión pública que no ha existido, ni existirá, algún intento por coartar las libertades de expresión y de información, sino al contrario, de establecer reglas transparentes para que el estado cumpla con su responsabilidad de garantizarlas, junto con el derecho a la información pública.

De acuerdo al diputado Javier Corral Jurado, la normatividad de las libertades de expresión e información y del derecho a la información cuenta en México con el respaldo del marco internacional establecido por la Organización de Naciones Unidos y la Organización de Estados Americanos, por lo que cualquier propuesta que se desarrolló deberá contemplar lo que ya es norma mexicana y debe ser aludida en los considerando de la normatividad.

El estado tiene la facultad de tutelar las necesidades sociales que garanticen la satisfacción de una situación de carácter general, que la sociedad se mantenga informada con todas las implicaciones del concepto.

De acuerdo al diputado Corral Jurado, no legislar no sólo constituye un incumplimiento jurídico sino una irresponsabilidad social que los poderes constituidos deben valorar, antes de tomar la decisión, de establecer o no, reglas claras para el debido ejercicio de los derechos constitucionales de las libertades de expresión e información y del derecho a la información. Otro de los temas torales es transparentar las reglas de la relación Estado - medios.

Sergio Sarmiento, connotado periodista y comentarista de televisión, manifiesta que los medios de comunicación han adquirido una importancia creciente en la vida pública de nuestro país. Por una parte se han independizado significativamente ante la censura gubernamental. Pero también se han hecho dependientes de nuevos tipos de presión y han adquirido nuevas agendas propias políticas, económicas y empresariales.

Más importante, quizá, es el hecho de que los medios mexicanos se han vuelto impunes. Desde cierto punto de vista hay más libertad en nuestros medios de comunicación que en los Estados Unidos, Canadá o la Gran Bretaña. Pero la razón no es algo que pueda enorgullecernos. En México se puede difamar o calumniar a cualquiera sin temor a sufrir repercusiones legales. En otros países el riesgo de una demanda judicial refrena la difusión de información calumniosa o difamante.

Aun en países con sólida tradición liberal, como la Gran Bretaña, este tipo de instituciones gubernamentales han sido utilizadas como instrumento de censura. Están ahí como ejemplo los intentos del gobierno británico para censurar la cobertura sobre el Ejército Republicano Irlandés (ERI). La experiencia histórica mexicana hace virtualmente imposible pensar que una institución estatal de supervisión no caería en la tentación de la censura.

DISCUSIONES SOBRE EL TEMA

Las discusiones en torno a este tema resultan todo un mosaico de discusiones e interpretaciones de parte, principalmente por parte de los actores en la materia, como son los dueños de los medios de comunicación y los periodistas.

Por ejemplo, en México son raros los casos en que periodistas son dueños de los medios de comunicación, sino empresarios o políticos.

Esta parte es sustancial, si se toma en cuenta la relación de la prensa con el poder y la sociedad, pues el dueño del medio actuará en relación a sus intereses políticos y económicos.

Afortunadamente, la presión de la sociedad hacia los medios de comunicación ha provocado que muchos medios se vean obligados a resaltar más la pluralidad antes de morir por la censura hacia el medio en cuestión.

Este punto causa, a su vez, que sean fuerzas políticas las que quieran legislar sobre el derecho a la información, toda vez que advierten el poder de los medios de comunicación puede, en el futuro de mediano plazo, contravenir el horizonte de sus planes de avance político.

Visto de esta manera, estaríamos frente a un análisis de sujetar al interés político de partidos políticos la reglamentación de la información, antes de permitir que sea la misma sociedad la que defina, con una especia de oferta y demanda periodística, quien diga qué medios merecen su reconocimiento y mayor atención y cuáles se quedan rezagados en esa intensa competencia. Este enfoque es angular dentro de cualquier reflexión, y se permite, asimismo, la frescura de que esa relación sea dictaminada de esa manera, para lo cual estaríamos hablando de tiempo.

Y es que en la actualidad, dos sectores son los que más se salvan del problema de falta de credibilidad, como los medios masivos de comunicación y la Iglesia.

En el caso de los medios, se ha registrado una transición entre lo que fue por décadas una prensa sometida, a una liberada que, en muchos casos, se debe de aceptar que se cae en el libertinaje y se abusa del poder como medio masivo.

Con todo y los excesos, es indudable que la prensa ha avanzado enormemente; se ha especializado y ha agudizado sus políticas editoriales hacia la crítica.

En las discusiones, sobresale un fenómeno interesante: no se ha podido llegar a un consenso mayoritario para poder llevar a la legislación el tema. Por ello, no ha habido legislación y seguramente pasará mucho tiempo para que exista esa posibilidad.

En suplencia a esa carencia que apresuran los políticos partidistas en las cámaras legislativas, se ha hecho uso de otros mecanismos realmente interesantes: por citar un caso, la figura del código de ética periodística, con el propio medio puede tomar esa determinación y anunciarla a su publico.

También se ha polemizado profundamente sobre la figura de un "ombudsman" de los medios de comunicación, para que sea una persona que pudiera sancionar excesos de los medios escritos, pero encontrar a un ser "puro" que aglutine un perfil de tan naturaleza, se perfilaría hacia el ejemplo de los organismos electorales, donde, por más que se busca a un ciudadano neutro, éste no existe.

Y si la democracia tiene problemas para definir a conductores de elecciones para los cambios políticos nacionales a través de la renovación de poderes en las urnas, en el caso de los medios de comunicación, el que sean parte del sector empresarial deja mucho que decir al respecto.

Además, sería hipócrita legislar en la materia en países subdesarrollados como México, cuando en los Estados Unidos los más poderosos matutinos y la prensa electrónica toman, incluso, partido por quienes contienden por la presidencia de los Estados Unidos, ¿aquí no habría entonces parcialidad hacia tal o cual personaje de la política? Esta observación también resulta clara en el análisis.

SUSTANCIA

Pero algo que realmente supera muchas expectativas es la interactividad de los usuarios de los medios de comunicación, a través del contacto con los diferentes medios, lo que pulsa realmente una crítica hacia el papel que juega la prensa clásica y la electrónica y le da rumbos muy interesantes.

Esta interactividad cobra cada vez mayor fuerza y se determina en el papel del usuario por dejar la pasividad y pasar a la actividad de los medios, con opiniones o censura al medio de su preferencia, lo que da lugar al debate y a la apertura de nuevas ideas sobre la gran diversidad de temas.

Por ello, legislar sobre el derecho a la información hace que se enfrenten el problema de la transición de los medios, a un real afán de liberar muchas presiones que aun existen -y prevalecerán mucho tiempo- para obtener una real libertad de expresión.

En realidad de ¿qué se trata? ¿Cuál es la materia que estamos revisando y cuáles son las intenciones de los diputados integrantes de la Comisión RTC? ¿Qué es eso del derecho a la información? ¿Se contraponen libertad de expresión y derecho a la información? ¿Una ley sobre comunicación social no es acaso coartar la libertad de expresión? ¿Si una ley no regula, entonces qué se supone que hará?

Después de los intentos de legislación, el presidente actual, Ernesto Zedillo Ponce de León, consideró que en el Plan Nacional de Desarrollo, que "pretender normar las garantías individuales sobre la libertad de expresión entrañaban más riesgos que beneficios". Posteriormente, manifestó que los medios deberían crear sus propios códigos de éticas como complementarios a los derechos de los informadores, pronunciándose por la "autorregulación".

De lo que no cabe duda es que la responsabilidad ética de los comunicadores crece ante el reto de ofrecer a la opinión pública, además de información veraz, opiniones honestas, elementos que ensanchen los horizontes de cultura y confirmen los valores sociales que conforman la grandeza de un país.

 

Trabajo presentado en la II Bienal de la Comunicación,

celebrada en la Universidad de Cartagena (Colombia),

en mayo de 1999


FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS:

Barajas, Edith (1999): Ley mordaza o ley federal de comunicación social. Revista Latina de Comunicación Social, 19. Recuperado el x de xxxx de 200x de:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999fjl/
66bar.htm