Revista Latina de Comunicación Social 35 – noviembre de 2000 / Extra sobre la investigación en Argentina / Coordina: Dra. Paulina Beatriz Emanuelli, UNC,Córdoba

Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social
Depósito Legal: TF-135-98 / ISSN: 1138-5820
Año 3º – Director: Dr. José Manuel de Pablos Coello, catedrático de Periodismo
Facultad de Ciencias de la Información: Pirámide del Campus de Guajara - Universidad de La Laguna 38200 La Laguna (Tenerife, Canarias; España)
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Los pequeños medios del interior y el estado nacional

(6.206 palabras - 14 páginas)

Magister Liliana Llobet ©

Profesora adjunta en Periodismo y Comunicación Impresa y Comunicación Impresa Aplicada. Colaboradora en Ética, Comunicación y Derecho en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina)

lllobet@hum.unrc.edu.ar

INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende plantear algunos aspectos relacionados con los medios locales y regionales que operan en el sur de la provincia de Córdoba, Argentina. El estudio se centra en Río Cuarto, ciudad de 150 mil habitantes emplazada en el centro del país en una zona agrícola y ganadera. Tiene escaso desarrollo industrial y centra su principal actividad en los servicios. Las fuentes de trabajo fundamentales son la comuna y la universidad con un total de 3.000 empleos. El panorama de medios se configura con: un diario, dos canales (uno abierto y otro de circuito cerrado), una radio AM y 12 FM.

Con las modificaciones que registran actualmente los medios, cualquier estudio que pretenda analizar su situación difícilmente deje de advertir las modificaciones provocadas por el creciente desarrollo tecnológico y la concentración económica, unidos al debilitamiento de los estados nacionales. Estos factores repercuten en los medios de comunicación, que se constituyen así en un importante referente de la magnitud del proceso.

Las variaciones se posibilitaron y profundizaron por el proceso de globalización de la economía que presiona a los estados para que mantengan su estabilidad financiera equilibrando su moneda con las divisas mundiales.

Esta presión es más significativa en los países periféricos dado que sin estabilidad monetaria no tienen acceso a la inversión de capitales extranjeros en sus propios territorios.

Argentina no se encuentra al margen de esas transformaciones, luego de la Ley de Convertibilidad que estableció la paridad peso - dólar se consolidó el proceso de descentralización y privatización de empresas y servicios que tradicionalmente estaban en manos del estado.

En el caso de los medios, la tendencia privatista favorecida por la modificación del artículo 43, inciso e, de la Ley de Radiodifusión 22285 originada en la última dictadura militar condujo a que una pocas compañías concentren en sus manos la propiedad del mercado de las telecomunicaciones.

En este momento, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) presentará un proyecto de nueva ley y un plan nacional de televisión con aspectos significativos entre los que se destaca el intento de promocionar y proteger la producción local y aumentar así el porcentaje de este tipo de programas radiales y televisivos, en particular. Se intenta hacer resurgir también los canales abiertos.

El país cuenta con 38 canales de aire en el interior que cubren 31 ciudades importantes. De ellas, 25 tienen un único canal, 5 disponen de 2 y sólo una tiene tres.

Motivaron la propuesta del Plan Nacional de Televisión los resultados de un estudio efectuado por el COMFER. Después de analizar 11 mil horas de programación se estableció que los canales del interior producen, en promedio, el 13 por ciento de lo que emiten. En consecuencia, repiten el 72 por ciento de la programación de los canales de aire de Capital Federal que a su vez generan el 90 por ciento de los contenidos nacionales.

En países de Europa, pero también en Canadá y Estados Unidos, por mencionar sólo algunos, está en franco desarrollo el estudio de la repercusión de estas cuestiones de nivel macro en los medios locales y regionales.

El resultado más frecuente en estas investigaciones es la reflexión acerca de la necesidad de proteger y valorizar la producción local bajo de forma de políticas de comunicación.

Algunos aspectos parecen emerger a priori a la hora de emprender un estudio de campo sobre la realidad mediática local y regional. Debe pensarse en la vinculación de los medios con sus audiencias en términos del rol social de la comunicación y de las expectativas que se tejen en torno a su desempeño; en el estado como garante de derechos y en los alcances del fenómeno de concentración y monopolización.

Se pretende aquí examinar algunos de los aspectos y conceptos básicos relacionados con la problemática descripta.

Hoy nadie duda de la incidencia de los medios de comunicación social en el cambio de la vinculación estado y la sociedad civil.

Si se define al estado, al igual que Lechner quien los describe como: "La esfera de mediación de la praxis social. Debe entenderse al estado de manera análoga al capital como una relación entre los individuos y, por ende, entre los grupos sociales de una determinada sociedad" (1987: 232). Puede observarse que la sociedad actual, aún la latinoamericana considerada genéricamente periférica, tiene características muy particulares.

La incidencia de los medios ha determinado, entre otros factores, el surgimiento de un nuevo concepto de espacio público en el que se interrelacionan estado, sociedad y medios de comunicación.

Con la variación del sistema político y la nueva dimensión que han adquirido los medios de comunicación se hace necesario redefinir este espacio público.

Un aporte desde la sociología, lo hace Ferry:

"El ‘espacio público’, que desborda el campo de interacción definido por la comunicación política, es -en sentido lato- el marco ‘mediático’ gracias al cual el dispositivo institucional y tecnológico propio de las sociedades postindustriales es capaz de presentar a un ‘público’ los múltiples aspectos de la vida social". (1992: 32).

Si el estado es el mediador de las relaciones sociales que condensa fuerzas en pugna, esta tarea la realiza hoy en un contexto definido institucional y tecnológicamente como mediático.

En esta esfera pública se gestan las relaciones entre estado, medios de comunicación y sociedad. Esta vinculación ha sido analizada desde distintas construcciones teóricas (autoritaria, libertaria, de responsabilidad social, desarrollista, democrático-paticipativa, soviética y perestroyka) que establecen el "deber ser" de esa vinculación y al mismo tiempo son instrumentos para establecer semejanzas y diferencias entre ese ideal y la realidad.

Sus elementos y sus relaciones fundamentales son:

a) naturaleza del hombre

b) naturaleza del estado y la sociedad

c) relación hombre-estado

d) relación estado-medios de comunicación

A efectos de este trabajo se tendrá en cuenta la teoría libertaria o liberal clásica porque se adapta a casi todas las normativas vigentes, aún las constituciones nacionales de los países cuyo sistema es liberal-occidental.

Este modelo teórico considera al hombre un animal racional y fin en sí mismo, autosuficiente y autónomo. Esta propuesta emerge de la mano del liberalismo político y económico y traslada al manejo de los medios el concepto de libre mercado. La sociedad es promotora de los intereses individuales y el estado desarrolla potencialidades particulares y es el ámbito de ejercicio de esa libertad individual.

El estado existe para dar al individuo un medio apto para realizarse y es protegido contra el poder autoritario. Se constituye así en el punto de inflexión entre lo individual y la cohesión de lo colectivo.

Los medios son de propiedad privada, existe el libre juego informativo, incorpora el concepto de publicidad como recurso económico en el intento de evitar servidumbres políticas. El derecho y deber de los medios es servir como control social extralegal del estado y propugna un mercado libre de ideas. Coinciden con esta postura Milton, Erskine, Jefferson y Stuart Mill, entre otros.

SERVICIO E INTERÉS PÚBLICO

Los conceptos clave a analizar en esta relación estado, medios, sociedad, son los de servicio e interés público incluidos en casi todas las leyes que regulan la actividad de los medios electrónicos.

La noción de interés público, ligada al papel que llevan a cabo los medios de comunicación, resulta decididamente controvertida y recorre largamente la tradición investigativa sobre el tema reuniendo partidarios y detractores.

Entre quienes acuerdan con el uso de esta expresión se registran, al menos, dos variantes claramente definidas, aunque interrelacionadas por vincular la idea de interés público con el estado.

Una de ellas considera el término casi como sinónimo de regulación, en algunos casos con connotaciones negativas, ya que suele utilizarse para justificar una normativa estricta rayana en la censura.

La otra es más ambigua, puesto que se superpone con el concepto de servicio público y se asocia con una forma particular de organización mediática (McQuail, 1992) que atiende a las necesidades comunitarias desde una estructura estatal de las comunicaciones.

Los que sugieren prescindir por completo del uso de esta expresión fundamentan su postura en la indefinición de su sentido y el abuso que se ha hecho de ella. Proponen, en la medida de lo posible, el uso de denominaciones más acotadas aunque menos adecuadas como, por ejemplo, preferencia (ibídem).

Jorge Zaffore utiliza el término servicio público como equivalente de interés público y se manifiesta en contra de su aplicación:

"Pocas categorías jurídicas son tan peligrosas para el desenvolvimiento del derecho a la información, pocas, sin embargo, han sido tan persistentes y recurrentemente utilizadas como la noción de servicio público. Por ello, su supervivencia, especialmente en el campo comunicacional, resulta inexplicable como no sea como sustento de quienes albergan motivaciones intervencionistas" (1990: 81).

Este autor no renuncia a la concepción de servicio aunque ello implique aceptar que el término es casi tan vago como los de interés o servicio público. Para Zaffore, los medios podrían ser considerados dentro de la categoría servicio colectivo (que elabora a partir de una propuesta de De Bernard, Colli y Lewandowsky) por constituir "actividades que ponen los servicios a disposición de todos (servicios colectivos) para (satisfacer) una necesidad idéntica" (ib.: 80).

De todas maneras, el planteo de Zaffore resulta al menos confuso en sus alcances y algunas cuestiones quedan sin elucidar: qué se entiende por necesidad colectiva y cuál es la articulación entre la actividad mediática, poder político, estado y sociedad, por ejemplo.

Denis McQuail tiene una visión más flexible sobre el tema porque si bien reconoce que "se presentan problemas cuando se pasa de estos conceptos a la definición de criterios aplicables a la 'acción' comunicativa de los medios masivos en su función pública" (1992: 29), también advierte la necesidad de rediscutir este tema para poder "identificar manifestaciones específicas de beneficio público originadas en la comunicación que vayan más allá de los fines inmediatos de los propios medios, de sus clientes o de sus audiencias" (ib.: 49).

Esta perspectiva menos categórica permite pensar acerca de qué cuestiones pueden potencialmente formar parte de una definición de interés público, cuestiones que seguramente deben dirimirse en un debate que propicie la participación de todos los actores sociales implicados.

Siguiendo a Held, Mc Quail propone tres teorías diferentes para interpretar el interés público:

-La primera, llamada de la preponderancia considera que el interés público se construye a partir de la "suma de intereses individuales" (ib.: 51), es decir, que prima la voluntad de la mayoría.

-La variante del interés común postula que aquello que probablemente todos los miembros de un grupo social tengan en común será la base del interés público.

-La última teoría, denominada unitaria considera un valor absoluto según el cual lo que "vale para uno, vale para todos", que puede desprenderse de un marco teórico o ideológico más amplio

De las tres alternativas, McQuail adhiere a la segunda, por entender que es la menos extrema y, por tanto, la más adaptable a los fines de intentar algún tipo de regulación sobre la acción de los medios. Tanto la teoría de la preponderancia como la unitaria presentan serias dificultades a la hora de definir el valor o conjunto de valores que se suponen de interés público.

El derecho administrativo argentino establece que servicio público es toda aquella prestación efectuada por el estado nacional. En caso de estar imposibilitado de concretarla puede derivar a terceros (empresas privadas) esta función. Si los particulares no concretan la prestación en los términos estipulados, el estado puede retomar por sí esta actividad.

Esta definición será inaplicable en la práctica en el caso de los medios, puesto que entraría en conflicto la intervención estatal con el derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución Nacional.

Estos conceptos, tal como fueron descriptos, se interpretan como sinónimos en la actividad profesional cotidiana y son asociados por los responsables de los medios, tanto gráficos como electrónicos, con la idea de ofrecer un servicio comunitario o como una manera de favorecer informativamente a la gente y satisfacer así el interés público.

La percepción se asocia con la oferta de programas locales como manera de mantener la propia identidad.

Esa postura se sintetiza en la opinión del responsable de una de las emisoras radiales de la ciudad: "Si, indudablemente la actividad nos obliga, en definitiva, a estar al servicio de la gente"

EL ROL DEL ESTADO

La dificultad de definir eficazmente la significación del concepto de interés público plantea la necesidad de vincular esta temática con el papel que debe jugar el estado al momento de tomar decisiones relacionadas con la regulación de la comunicación masiva.

Queda explicitado en párrafos anteriores que no existe acuerdo entre los autores respecto de las responsabilidades estatales en esta materia, porque algunos de ellos observan la posibilidad de facilitar así un estricto control sobre los medios o su utilización casi exclusiva por el gobierno.

La práctica indica que en las legislaciones vigentes, aun en nuestro país que cuenta con normas obsoletas, se piensa desde el punto de vista de la teoría de la preponderancia pero se habla de servicio público, cuando esta denominación más bien se corresponde con la del interés común.

Quienes justifican esta postura, con la que parecen coincidir los propietarios, directivos y periodistas de los medios, predominante en casi todo el mundo occidental, parten de la idea de estado concebida por el liberalismo: la estructura estatal es garante del derecho de la comunicación y de la información.

Sobre el tema opina el doctor Hugo Osorio Meléndez:

"Afirmar que el estado debe regular el sistema informativo, responsabilizarlo de asumir tareas subsidiarias en caso de que individuos o grupos no puedan o no quieran sostener medios de expresión, no significa abogar por el privilegio de que el estado o el gobierno de turno posean sus propios instrumentos, sino aclarar que la obligación de un estado de derecho es, por una parte, determinar las condiciones dentro de las cuales se ejercen las libertades, ordenando la práctica de las mismas y, por otra, asegurar que buscará los mecanismos necesarios como para que la libertad se ponga en práctica. Es decir, regular con equidad la existencia de la posibilidad informativa, ya que los medios son tarea pública nacional del estado" (1997:151).

De esta afirmación se desprenden algunas características que tienen consecuencias en el plano de la garantía del derecho a comunicarse.

Una de ellas está vinculada a la seguridad jurídica que debe otorgar el estado en materia de información. Otra reclama que el estado debe ofrecer las condiciones materiales para asegurar la pluralidad y para que se propicie la participación. La tercera se refiere a que el estado, debe aplicar el principio de subsidiariedad para hacer posible, de todos modos, el ejercicio de la libertad de informar y de informarse, para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación, aun en el caso de que la iniciativa privada no pueda prestar el servicio.

Los responsables y la mayoría de los trabajadores de los medios coinciden, como ya se dijo, con la idea de servicio público; pero a la hora de pensar que esta prestación debe regularse opinan diferente frente a un tema tan sensible como el de la libertad de información. Esta reacción se explica porque se asocia la idea de normativas con la censura.

El jefe de informativo de la radio AM local plasma un pensamiento que defienden todos los entrevistados a la hora de pensar en una modificación legal:

"No tendría que ser muy reglamentarista, en lo que hace a los puntos básicos, a la faz artística y la información y sobre la información tampoco hay muchas modificaciones que hacer porque la Constitución Nacional nos dé la pauta, no hay censura previa, a partir de ahí creo que todo depende de lo que uno cree que la realidad está demandando, de lo que la opinión pública está demandando",

Aún así, la idea de regulación debe ser pensada en el marco del estado de derecho. El conjunto de normativas, que establecen las fronteras jurídicas, se instrumentan para favorecer la participación democrática con pluralidad de medios y la defensa de los derechos de las minorías a la libertad de expresión.

El interrogante es qué posibilidades reales existen de que pueda surgir una normativa sobre medios que deje conformes a unos y otros y que, además, sea aplicada y controlada desde la máxima institución social, en las postrimerías del estado de bienestar.

La nueva configuración estatal, caracterizada por movimientos de integración hacia fuera y de descentralización hacia el interior de sus fronteras supone el desvanecimiento de compromisos que antes eran primordiales en su accionar. Las empresas que aún conservan propiedad estatal han recibido el aporte de capitales extranjeros al tiempo que la mayoría de los emprendimientos privados han conformado monopolios.

Este proceso ha favorecido la presión de los grupos financieros sobre el estado, que se ve en la necesidad de priorizar los intereses económicos para mantener el ingreso de nuevas divisas. Como consecuencia, el mercado de medios crece a pasos agigantados y sin control del estado.

La actualidad muestra un permanente retorno al debate entre el deber ser y el ser: un estado que ha perdido poder como propietario y regulador pero aún fuerte en su carácter de articulador del tejido social.

A pesar de conservar el papel de regulador de las fuerzas sociales en pugna, en el ámbito específico de la comunicación existe una ausencia notoria del estado que ha dejado en manos de particulares la tarea de informar, formar y entretener a las audiencias. Esta función sólo es ordenada por los vaivenes de la libertad del mercado económico.

En este sentido, las personas consultadas en el único diario local tienen enfoques diferentes. El director periodístico del medio opina:

"Sí, la regulación del estado habría que diferenciar, no regulación del estado en el trabajo del periodista sino la regulación del estado en la función de la empresa periodística o en el desarrollo de la empresa periodística.

Sí, yo incluiría a los diarios en una ayuda general a las PYMES (pequeñas y medianas empresas), a los diarios regionales como éste, en un plan nacional de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, evidentemente los diarios regionales son pequeñas y medianas empresas, no los grandes diarios capitalinos.

Sí, claro, creo que el estado tendría que ayudar a que éstas otras voces alternativas puedan ser viables económicamente. La realidad nos muestra que cada vez cuesta más subsistir en el mercado".

En cambio, el presidente del directorio de la misma empresa considera:

¿Cómo haríamos nosotros, nosotros tres, el estado para resolver esta ecuación si el grupo como tal no pone a nombre del grupo y lo compró igual? Lo compró uno por la sociedad A, el otro por la sociedad B, el otro por la sociedad C. Se hace muy difícil una norma que regule. Lo ideal es que existan diferentes alternativas, diferentes opiniones, ... pero así y todo no sé, sanamente y por una cuestión de interpretar esto, los grandes medios de alguna manera han conservado eso, por ejemplo, Página 12, diario de Buenos Aires, se conserva tal cual era la concepción originaria y es del mismo grupo Clarín. Ahora, puede ser que lo hayan hecho por una cuestión comercial para no perder ese nicho de lectores".

Distinta es la postura de los responsables de los medios radiales y televisivos. En el caso de directivos y encargados de estos medios reclaman con insistencia una actualización legal. Esto les permitiría trabajar en mejores condiciones, más igualitarias respecto de los megagrupos mediáticos. Todos coinciden en el planteo de que la nueva normativa debe respetar, por encima de todo, la libertad de expresión.

Las afirmaciones de uno de los directivos consultados es una muestra de ello:

"Todo dentro del marco de la ley, todo, incluida la designación de frecuencias, la designación de permisiones porque el gobierno es el dueño de las frecuencias, lo que hace cada una de las empresas es ser permisionarios de la onda por un tiempo determinado y que esto signifique respeto además por toda la gente que trabaja y que se puedan cumplir todas la normas, para que la igualdad sea completa. Pero sobre todas las cosas debe respetar la pluralidad y la independencia de poder informar".

CONCENTRACIÓN Y MEDIOS

El proceso de concentración de medios, fortalecido desde los ´90, se analiza hoy con más énfasis desde el reconocimiento de los problemas que trae aparejados.

En el caso particular de la Argentina, el advenimiento de la democracia abrió el mercado de medios a iniciativas particulares. De esta manera el estado, paulatinamente, fue dejando de ser el propietario y administrador casi excluyente de la comunicación.

No se quiere decir con esto que antes del ´83 no hubiera empresas privadas dedicadas a la actividad, sino que la presencia del estado, especialmente como regulador y administrador, inhibía la aparición de medios nuevos. Esto ocurría en parte por la lentitud del proceso de adjudicación de licencias -en el caso de la radio y la televisión- y por la naturaleza del gobierno militar (1976/83), que precisaba un estricto control de las informaciones emitidas.

En este sentido, parece oportuno recurrir a McQuail para quien concentración "denota el grado de monopolio que caracteriza a una firma o sector del mercado determinado: el grado en que las actividades pertenecen al mismo propietario o caen bajo el mismo control" (1992: 136). Esta definición contempla las diversas configuraciones que se presentan en la realidad de los multimedia y admite incluso el cruce de dimensiones útiles para el análisis, como la acumulación de poder sobre los medios tanto en manos privadas como estatales y en el ámbito administrativo o financiero.

Las cifras actuales en nuestro país son más que elocuentes: el 75 por ciento de los sistemas de cable y el 80 por ciento de los canales abiertos de alcance nacional se reparten entre dos empresas que, además, nuclean varias de las cadenas radiales de mayor penetración. También abarcan los sistemas de transmisión satelital directa y se disputan el mercado de telefonía abierta y celular, las principales rutas de acceso a internet y una porción del mercado editorial de diarios y revistas (Umbrales, 1998).

En la provincia de Córdoba, los datos referidos a la televisión por cable también son una muestra del avance del fenómeno. Entre 1991 y 1997 se duplicó la cantidad de abonados al servicio, crecimiento impulsado por el aporte de capitales extranjeros a inversiones locales. La perspectiva para el futuro indica la continuidad de esta tendencia. La empresa líder en la provincia ya inició la ejecución del tendido de redes de fibra óptica, lo que permite suponer que, en un plazo no muy lejano, el cable y las telefónicas quedarán definitivamente emparentados.

El hecho de que la mayoría de las inversiones sean de origen foráneo junto a la precariedad del marco legal sobre los monopolios constituye las aristas más preocupantes de la concentración.

McQuail sostiene que "sin la protección de diversas formas de monopolio limitado, los medios principales serían empresas de muy alto riesgo" (ib.:139).

Esta afirmación es acertada dado que, frente a la envergadura del problema parece difícil pensar en un retorno a otra forma de propiedad de los medios.

La alternativa hoy se acerca más al ámbito de la regulación, tal como lo manifiesta Facundo Gómez Minujín al considerar que las normas antimonopolio "tienen por objetivo la maximización del bienestar social dejando en manos del estado la posibilidad de influir en el mercado cuando se trata de defender a los consumidores sin necesidad de participar mediante la prestación directa de los servicios esenciales" (1998: 59).

La ley antimonopolio sancionada en 1999, y estructurada a partir de la reforma de la 22.262 (más conocida como "de defensa de la competencia") podría ser un primer paso hacia la búsqueda de soluciones.

Sobre el tema hay coincidencia en las apreciaciones entre los entrevistados, al margen del medio en el que trabajen.

El directivo de uno de los canales locales considera:

"Yo no sé si el estado ha favorecido la concentración pero sí el hecho de posibilitarla; hace algunos años la ley no permitía que cada permisionario pudiera tener un sólo medio. Me parece que no es bueno que en el poder de uno estén muchos. No sé si favoreció, pero si sé que ha posibilitado y que se posibilita y lo vemos. Vienen grandes empresas del exterior y te compran una buena parte o todo de tal canal o de esta radio. Eso no es bueno... eso no es bueno...".

El responsable periodístico del diario local describe el problema:

"El nuestro es un diario regional. Desde la perspectiva que nosotros lo miramos, es un diario con una estructura que puede competir con diarios cabecera de provincia chicas sin ningún problema.

El primer efecto que vemos es que comprime las posibilidades de periodistas de diarios locales y regionales porque se ven restringidos dado que el megagrupo que funciona en la Capital Federal ya tiene su hombre puesto en algún lugar del mundo o del país. Nosotros tenemos todavía, como medio chico, la libertad, el desafío, la posibilidad de llevar a nuestro público regional y local lo que ocurre en el país y el mundo desde una visión de Río Cuarto.

Otro aspecto es el marketing que rodee a todos los megagrupos, los adicionales al diario. Luchamos contra eso con nuestro suplemento del Siglo XX de Félix Luna, pero, bueno, los grandes grupos desembarcan con enciclopedias, como la de Clarín a 7 pesos con 90, que es un costo exiguo y que simplemente para Clarín representa eso: penetración de mercado".

ENFOQUE LOCAL Y REGIONAL: ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA

Como se planteó al comienzo de este trabajo, los medios de comunicación son un importante referente de los cambios sociales en tanto cumplen un rol central en la producción y circulación de los significados culturales y dan cuenta de los efectos de la globalización en su estructura organizacional, en sus contenidos y las formas y géneros que estos adoptan y en la manera en que se definen los mercados y las audiencias.

Al interior de una región las situaciones en que aparecen aspectos de la globalización son asociadas a una perspectiva local a partir de las manifestaciones globales que se registran en la propia zona geográfica.

Llegado a este punto, el interés es delinear algunos aspectos relevantes a la hora de encarar un análisis más profundo de la incidencia del desarrollo tecnológico y económico del sistema mediático mundial y de la actividad regulatoria del estado nacional en los medios de comunicación regionales y locales. Se prestará especial atención a aquellos tópicos que permitan establecer la influencia que tiene el contexto descripto en la toma de decisiones en los niveles ejecutivos de la administración y producción mediáticas.

El impacto de la concentración monopólica tienen en los medios locales y regionales rasgos distintivos. La nueva configuración empresarial presenta aristas ambivalentes para los medios chicos: por un lado, los deja fuera de competencia confinándolos a los mercados locales, y por otro le ofrece la posibilidad de constituir un eslabón más en el holding como una salida de supervivencia, no necesariamente positiva con relación a la función que cumplen en su área de influencia.

Esta segunda alternativa es sólo viable para aquellos medios cuya estructura, en el ámbito administrativo y técnico, sea funcional a los requerimientos y expectativas del multimedio al que se incorpora.

En cuanto a la primera opción, el panorama se presenta más complicado. La percepción de los medios locales y regionales está asociada a su función de favorecer cierto grado de cohesión social presentando y preservando características de la identidad de sus audiencias. Sin embargo, a una fuerte limitación para generar y mantener producciones locales se suman los bajos costos de las producciones de los países centrales y la tendencia de que los contenidos locales sean presentados en formatos propios de la producción nacional y mundial, fenómeno observable a escala internacional. Como afirma Mc Quail: "La consecuencia es que la cultura producida dentro del propio país no es necesariamente más autónoma, desde el punto de vista cultural, que el producto importado" (1992: 422).

Hoy la proximidad, como factor que da importancia a la información, surge con mayor fuerza frente al proceso de globalización. Así, muchos de los grandes medios argentinos (cuyas sedes centrales están en Capital Federal) efectúan ediciones especiales en determinadas regiones del país rescatando las problemáticas de esos núcleos sociales. Comienzan a consumirse productos culturales que hablan de lo inmediato y no sólo de lo que es ajeno y lejano.

Estudios realizados en Río Cuarto y su zona de influencia demuestran que los programas locales son los preferidos de las audiencias a la hora de informarse sobre lo acontecido en el lugar donde viven (Grillo, 1999). El interrogante que se abre frente a este tipo de consumo apunta a la relación que se establece entre el contenido vinculado con la proximidad y su presentación en formatos internacionalizados.

Algunos medios locales, como por ejemplo el único canal abierto de Río Cuarto, basan su grilla en la reproducción de una o más señales de alcance nacional.

Una alternativa posible para encontrar una respuesta es, precisamente, la necesidad de los medios locales de competir no sólo con otros medios sino también con la producción que adquieren para completar su programación.

Esta tendencia también se manifiesta en actividades que escapan a la investigación científica pero que son sumamente ilustrativas a la hora de demostrar las diferencias en las condiciones de competencia (nacional y regional).

Uno de los directivos de las emisoras radiales dice:

"Qué le queda a los medios chicos, en todo el proceso de globalización, qué es lo que en definitiva estamos tratando de hacer nosotros: tratar de mantener la identidad del lugar. Los grandes medios no reflejan lo que ocurre en las pequeñas poblaciones".

Desde el medio gráfico su responsable empresaria procura concretar el mismo objetivo:

"Nosotros tratamos de tener, de brindarle a nuestro lector un contexto muy fuerte en lo local, pero obviamente, sin dejar de tener lo que es la noticia importante sea nacional, internacional o provincial. Nosotros tratamos de darle mucha fuerza a lo local sobre todo en lo que hace al trabajo de investigación o al análisis que puede hacer o a la reflexión que puede hacer el periodista".

PERSPECTIVAS

La conformación actual de los medios, en su estructura, en sus contenidos como en su conexión con las audiencias constituye un desafío para los investigadores.

Antiguas discusiones, propias de las décadas del '70 y el '80, reaparecen para cobrar nuevas dimensiones a ser discutidas para adaptarlas a la realidad actual. Debates que parecían superados resurgen a la hora de entender el fenómeno de la globalización y su correlato regional y local.

Aún en los países desarrollados las lagunas o ausencias legales son frenadas por la defensa ilimitada de la libertad de expresión, única bandera que enarbolan quienes pertenecen a los medios, como si evitar la regulación redundara en un ejercicio pleno de esa libertad.

Los fracasos en los intentos de reglamentar la acumulación de situaciones irregulares en la actividad mediática son la impronta que caracteriza el accionar de los medios. La imposibilidad de actualizar, hasta hoy, la Ley de Radiodifusión, por ejemplo, ha favorecido no sólo la falta de organización y control en el manejo del espectro radioeléctrico sino también la formación y afianzamiento de empresas multinacionales propietarias de los medios.

La convivencia de dos niveles de dificultad: la unificación de capitales, dueños de medios diversificados y la supervivencia de las propuestas regionales y locales en inferioridad de condiciones financieras, estructurales y tecnológicas conforman el complejo panorama actual.

De qué manera articular los componentes de esta problemática, cómo armonizar los diferentes niveles de cambio y conflicto involucrados, es un reto a largo plazo que exige no sólo de la investigación más profunda de los aspectos económicos y sociales, sino también la convergencia de opiniones de diferentes orígenes. Una amplia variedad de temas, como, por ejemplo, auto y heterorregulación, libertad y responsabilidad empresarial, contenidos de referencia local, regional y global, estándares técnicos, entre los más relevantes, esperan para ser discutidos más agudamente y alientan la posibilidad de esclarecer un poco más el confuso panorama actual de los medios.

Articular y organizar estos aspectos remite al concepto de políticas culturales o políticas de comunicación. Estas propuestas deberían ser entendidas como un sistema integrado, explícito y duradero de políticas parciales armonizadas que expliciten claramente principios y normas dirigidos a regular la conducta de las empresas e instituciones profesionalmente capacitadas en el manejo del proceso general de comunicación de un país. Uno de los objetivos de un proyecto de estas características sería proteger la producción y difusión de ofertas mediáticas con contenidos locales.

La mayoría de las naciones europeas han asumido una clara postura frente al problema, favoreciendo no sólo el surgimiento de este cuerpo integrado de normativas sino también priorizando la producción local.

El estado, aún con las reformulaciones impuestas por el sistema neoliberal, (como en los casos de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y Holanda) se ha comprometido, a través de una acción efectiva, en la defensa de las identidades locales. La presencia estatal se suma en la protección de las culturas comarcales con el aporte económico no sólo en el caso de emisoras y canales públicos sino también en iniciativas privadas que están en inferioridad de condiciones para competir con medios nacionales.

En este contexto se destaca la participación de las audiencias, no sólo en aquellas propuestas denominadas interactivas sino con la intervención directa, a través del reclamo, para solicitar la presencia de mayor programación vinculada con la proximidad. Existe una mayor conciencia que en los países latinoamericanos, en la tarea de preservar la propia lengua, las costumbres y las tradiciones.

En la Argentina de hoy, en el ámbito privado existen 95 emisoras radiales, 38 canales de televisión abierta y más de un millar de circuitos cerrados de televisión por cable o aéreos codificados. A esto debe sumarse cerca de una veintena de televisoras y una docena de radios de administración provincial.

Fuera de este panorama considerado como plenamente "legal" funcionan en el espectro argentino casi 1.300 radios locales de frecuencia modulada con permisos precarios entregados por el estado nacional. La situación de estas emisoras se regularizaría con llamados a concurso, pero éstos se encuentran suspendidos desde 1984.

El estado ha viabilizado los procesos de privatización favoreciendo la formación de monopolios con el amparo y la salvaguarda de los intereses que obtienen los capitales invertidos por las grandes corporaciones transnacionales.

La dificultad, cada vez más creciente, de separar los intereses económicos de los políticos conspiraría contra la posibilidad de lograr una situación más equitativa para los medios locales y regionales que todavía no han sido absorbidos por los grandes grupos multimedios.

El compromiso estatal, en el caso argentino, para resolver este tipo de situaciones o propulsar la aprobación de normativas más acordes con la realidad de la comunicación masiva, es prácticamente inexistente.

El público no tiene el hábito de exigir mejores productos a los medios. El nivel de participación se reduce a intervenir en las diversas variantes que presentan los programas con concursos y los respectivos premios a los que se hace acreedor si cumple con las consignas que le han sido propuestas.

Otro tipo de intervención de la audiencia consiste en llamados telefónicos para opinar sobre diferentes problemas de la sociedad presentados en el panorama informativo cotidiano.

Estas modalidades se reproducen en el ámbito local y regional como clara manifestación de reproducción de estructuras y formatos.

La relación estado - sociedad civil en nuestro país difiere sustancialmente de la establecida entre estos dos elementos en territorios europeos, imposibilitando la generación de espacios de debate que permitan pensar integralmente el papel de los medios de comunicación social.

Es posible que la desactualización legal favorezca el surgimiento de nuevos medios pero la tendencia indica que se fortalecerá la concentración en detrimento de las alternativas locales y regionales. La desarticulación entre la práctica y el marco jurídico fomenta el predominio de los grandes medios porque cualquier intento de competencia requiere de grandes inversiones, como ya se explicitó en párrafos anteriores, que los medios del interior no están en condiciones de afrontar.

Dada la configuración del actual sistema en nuestro país, no es posible pensar que el estado produzca acciones tendientes a considerar el panorama mediático en un sentido integral, posibilitar el debate entre todos los sectores involucrados con el objetivo de la búsqueda de consenso y plasmar estos criterios en normas generales.

Hoy las acciones deberían generarse desde la sociedad civil, organizada en grupos de presión que reclamaran su propio espacio para opinar sobre esta problemática y tener un papel más protagónico en la relación con los medios.

Esta posibilidad de cambio en uno de los vértices de la relación triangular estado - medios - sociedad no aparece como viable dadas las condiciones que asume la participación de los argentinos en el marco de un gobierno democrático.

BIBLIOGRAFÍA

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FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS:

Llobet, Liliana (2000): Los pequeños medios del interior y el estado nacional. Revista Latina de Comunicación Social, 35 / Extra Argentina. Recuperado el x de xxxx de 200x:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/Argentina2000/
11llobet.htm